1. Causas de la Revolución de 1868

1.1. La Crisis Económica

Gran parte del último período del reinado de Isabel II estuvo caracterizado por una fase de expansión económica que afectó a toda Europa. Pero a mediados de la década de 1860, la situación empezó a cambiar, y en 1866 se hizo patente el inicio de una importante crisis económica. La recesión se manifestó a nivel financiero e industrial, y constituyó la primera gran crisis del sistema capitalista a nivel internacional, pero también coincidió con una crisis de subsistencias, que tuvo importantes consecuencias en las condiciones de vida de las clases populares.

La crisis financiera, provocada por la bajada de las acciones en Bolsa, se originó a raíz de la crisis de los ferrocarriles. La construcción de la red ferroviaria implicó una gran inversión de los capitales en Bolsa, pero al comenzar la explotación de las líneas, su rendimiento económico fue menor del esperado. El escaso desarrollo industrial español no fue suficiente para que el transporte de mercancías y viajeros tuviera una gran demanda, y el valor de las acciones se desplomó. Los inversores exigieron subvenciones al gobierno, pero éste carecía de fondos y le era imposible recurrir al préstamo, ya que las cotizaciones de la deuda pública también se habían desplomado: los bonos de 100 reales valían en el mercado sólo 35 reales en 1866 y 33 en 1868. La situación provocó la crisis de muchas entidades financieras, que cancelaron los créditos y extendieron la alarma hacia particulares y empresas.

La crisis financiera coincidió con una crisis industrial, sobre todo en Cataluña. La industria textil se abastecía en gran parte con algodón importado de Estados Unidos, pero la Guerra de Secesión americana (1861-1865) encareció la importación de esta materia prima y provocó un período de «hambre de algodón». Muchas pequeñas industrias del sector algodonero no pudieron afrontar el alza de precios en un momento en el que descendía la demanda de productos textiles debido a la crisis económica general y al fuerte aumento de los precios de los alimentos provocado por la crisis de subsistencias.

La crisis de subsistencias se inició en 1866 por una serie de malas cosechas que dieron como resultado una escasez de trigo, alimento básico de la población española. Inmediatamente, los precios empezaron a subir: en tan sólo dos años, de 1865 a 1867, el del trigo aumentó en un 65%, y en 1868 este cereal ya había doblado su precio respecto a 1865. El coste del pan sufrió el mismo aumento, y lo mismo ocurrió con otros productos básicos para la alimentación (arroz, bacalao, etc.). La combinación de ambas crisis, la agrícola y la industrial, agravó la situación. En el campo, el hambre condujo a un clima de fuerte violencia social. En las ciudades, la consecuencia fue una oleada de paro que provocó un descenso del nivel de vida de las clases trabajadoras.

1.2. El Deterioro Político

A mediados de la década de 1860, gran parte de la población española tenía motivos de descontento con el sistema isabelino. Los grandes comerciantes reclamaban un gobierno que tomase las medidas necesarias para salvar sus inversiones en Bolsa, los industriales exigían proteccionismo y los obreros y campesinos denunciaban su miseria. En 1866, después de la revuelta de sargentos del cuartel de San Gil y su dura represión, O’Donnell fue apartado del gobierno por la reina, pero los siguientes gabinetes del Partido Moderado (Narváez y González Bravo) continuaron gobernando por decreto, cerraron las Cortes e hicieron oídos sordos a los problemas del país.

Ante la imposibilidad de acceder al poder por los mecanismos constitucionales, el Partido Progresista, dirigido por Prim, practicó una política de retraimiento: se negó a participar en las elecciones y defendió la conspiración como único medio para poder gobernar. En la misma posición se situaba el Partido Demócrata, de modo que ambos partidos firmaron el Pacto de Ostende (1867), con la voluntad de unificar sus actuaciones para acabar con el moderantismo en el poder. El compromiso proponía el fin de la monarquía isabelina y dejaba la decisión sobre la nueva forma de gobierno en manos de unas Cortes Constituyentes, que serían elegidas por sufragio universal tras el triunfo del movimiento insurrecional.

A dicho pacto se unieron los unionistas en noviembre, tras la muerte de O’Donnell. Esta unión fue fundamental para el triunfo de la revolución y para definir su carácter. Por un lado, los unionistas aportaron una buena parte de la cúspide del ejército, dado que contaban con muchos de sus altos mandos, pero, por otro lado, el carácter conservador y opuesto a todo cambio social de los unionistas contrarrestó el peso de los demócratas y redujo el levantamiento de 1868 a un simple levantamiento militar, por mucho que las proclamas y los manifiestos hablaran de revolución y utilizaran las reivindicaciones de libertad y justicia social.

2. La Revolución de Septiembre de 1868

2.1. El Alzamiento y el Gobierno Provisional

El 19 de septiembre de 1868, la escuadra concentrada en la bahía de Cádiz, al mando del brigadier Juan Bautista Topete, protagonizó un alzamiento militar contra Isabel II. Prim, exiliado en Londres, y Serrano, desterrado en Canarias, se reunieron con los sublevados y rápidamente consiguieron el apoyo de la población gaditana, tras la publicación de un manifiesto en el que se pedía a los ciudadanos que acudiesen a las armas para defender la libertad, el orden y la honradez, y que terminaba con el lema «Viva España con Honra». En los días siguientes, con tres fragatas, Prim fue sublevando sucesivamente a Málaga, Almería y Cartagena.

El gobierno de Isabel II se apresuró a defender el trono con las armas. Envió desde Madrid un ejército para enfrentarse con los sublevados que se reagrupaban en Andalucía al mando de Serrano. Ambas fuerzas se encontraron en el Puente de Alcolea, cerca de Córdoba, donde el 28 de septiembre se libró una batalla que dio la victoria a las fuerzas afines a la revolución. El gobierno no vio más salida que dimitir y la reina tuvo que exiliarse. Salió de San Sebastián a Francia el 29 de septiembre de 1868, donde le acogió Napoleón III.

Además del pronunciamiento militar y las guerras, en la revolución tuvieron un gran protagonismo las fuerzas populares, dirigidas por un sector de los progresistas, los demócratas y los republicanos. En muchas ciudades españolas se constituyeron Juntas revolucionarias, que organizaron el levantamiento y lanzaron llamamientos al pueblo. Las consignas eran parecidas en todos lados: demandas de libertad, soberanía nacional, separación de la Iglesia y el Estado, supresión de las quintas, sufragio universal, abolición de impuestos de consumos, elecciones a Cortes Constituyentes, repartos de la propiedad o proclamación de la república.

El radicalismo de algunas propuestas de las Juntas revolucionarias no era compartido por los dirigentes unionistas y progresistas, que ya habían visto cumplido su objetivo de derrotar a la monarquía. En los primeros días de octubre, tras entrar en Madrid, los sublevados propusieron a la Junta revolucionaria de la capital, que se hallaba bajo su control, el nombramiento de un gobierno provisional centrista, sin consultar a las juntas provinciales ni locales. El General Serrano fue proclamado regente y Prim, presidente de un gobierno integrado por progresistas y unionistas. El nuevo ejecutivo ordenó disolver las Juntas y desarmar a la Milicia Nacional.

2.2. La Constitución de 1869 y la Regencia

El nuevo gobierno provisional promulgó una serie de decretos para dar satisfacción a algunas demandas populares (libertad de imprenta, etc.) y convocó elecciones a Cortes Constituyentes. Los comicios, celebrados en enero de 1869, fueron los primeros en España que reconocieron el sufragio universal masculino (mayores de 25 años) y dieron la victoria a la coalición gubernamental (progresistas, unionistas y un sector de demócratas) partidaria de la forma monárquica. También aparecieron en la cámara dos importantes minorías: la carlista y la republicana. Las Cortes se reunieron en febrero y crearon una comisión parlamentaria encargada de redactar una nueva constitución, aprobada el 1 de junio de 1869.

La Constitución de 1869, la primera democrática en España, impuso un amplio régimen de derechos y libertades: se reconocían los derechos de manifestación, reunión, la libertad de enseñanza y la libertad de imprenta. También se reconocía la libertad de culto, aunque el Estado debía mantener el culto católico. La Constitución también proclamaba la soberanía nacional, de la que emanaban la legitimidad de la monarquía y los tres poderes. El Estado se declaraba monárquico, pero sólo las Cortes hacían las leyes: el rey sólo las promulgaba. Las Cortes se componían de un Congreso y un Senado, que se reunían al mismo tiempo. Las provincias de ultramar, Cuba y Puerto Rico, tenían el mismo derecho que las peninsulares; Filipinas tenía una ley especial.

Proclamada la Constitución y con el trono vacante, las Cortes establecieron una regencia, que recayó en el General Serrano; Prim fue designado jefe de gobierno. Los republicanos mostraban su descontento con la nueva situación, los carlistas volvían a la actividad insurreccional, la situación económica era grave y había que encontrar un monarca para la corona española. A gran parte de los gobiernos europeos les pareció bien, pues ponía fin a la etapa inestable de Isabel II y porque los nuevos dirigentes parecían más capacitados en sus labores.

2.3. Intento de Renovación Económica

Un objetivo de la «Gloriosa» era reorientar la política económica. Se quería establecer una legislación que protegiera los intereses económicos de la burguesía nacional y de los inversores extranjeros. Por ello, la política económica de esta etapa se caracterizó por la defensa del librecambismo y por la apertura del mercado español al extranjero.

El ministro de Hacienda, Figuerola, suprimió la contribución de consumos. Para compensar la pérdida de ingresos, introdujo la contribución personal, que gravaba a todos los ciudadanos de forma directa según su renta. Otro decreto estableció la peseta como unidad monetaria en un intento de unificar y racionalizar el sistema monetario.

La deuda pública se elevaba a 22.109 millones de reales, con intereses anuales de unos 591 millones, más las deudas contraídas con la banca extranjera. La grave crisis de los ferrocarriles sólo parecía tener solución utilizando recursos públicos para subvencionar a las compañías ferroviarias. Todo esto se quería solucionar con la Ley de Minas de 1871 (venta o concesión de yacimientos mineros a distintas compañías). Con los ingresos obtenidos de la desamortización del subsuelo, se hizo frente a la devolución de los préstamos.

Por último, se produjo la liberación de los intercambios exteriores, aprobada en julio de 1869, mediante la Ley de Bases Arancelarias, que ponía fin a la tradición proteccionista de la economía española. Contaría rápidamente con algunos opositores (industriales algodoneros, etc.).

2.4. Frustración de las Aspiraciones Populares

La Constitución de 1869 consolidó un régimen político basado en los principios liberal-democráticos, que inspiraron a los impulsores de la revolución de septiembre de 1868. Sin embargo, frustró algunas de las aspiraciones de otros grupos políticos, especialmente muchas de las reivindicaciones de carácter popular.

La forma de gobierno monárquica disgustó a los que aspiraban a establecer un régimen republicano; el mantenimiento del culto y del clero, aprobado por la Constitución, desagradaba a sectores radicales; y la persistencia de las desigualdades sociales no gustaba a campesinos, jornaleros y trabajadores de fábrica, que no veían mejorar su situación.

Durante el período de la regencia (1869-1870) hubo una fuerte conflictividad social que se mantuvo a lo largo de todo el Sexenio. El campesinado demandaba un mejor reparto de la tierra. De igual modo, el incipiente movimiento obrero sufrió un proceso de radicalización en demanda de la mejora de las condiciones salariales y de trabajo.

Los republicanos encarnaron gran parte de ese descontento, pero el fracaso de sus insurrecciones (1869) y la imposibilidad de conseguir por la vía parlamentaria y la política los objetivos populares condujeron a que la mayoría de estos sectores se inclinasen hacia posiciones más radicales y apolíticas (internacionalismo).

Estas ideas internacionalistas llegaron a España a partir de 1868 gracias a la ampliación de las libertades públicas otorgadas por el gobierno provisional. La expansión de las ideas vinculadas a la Primera Internacional (anarquismo y socialismo) abrió una nueva etapa y condujo a la organización del proletariado y del campesinado alrededor de las nuevas organizaciones de clases, alejadas de los partidos clásicos.

3. El Reinado de Amadeo de Saboya (1871-1873)

3.1. Un Monarca para un Régimen Democrático

Prim fue el encargado de sondear a los embajadores extranjeros y de llevar a cabo las negociaciones necesarias para establecer un consenso internacional sobre el candidato más idóneo para el vacante trono español. El rechazo de la dinastía portuguesa (Fernando de Portugal) y la oposición de Francia al pretendiente alemán (Leopoldo de Hohenzollern) limitaron las posibilidades. Consiguió imponerse la candidatura de Amadeo de Saboya, que tenía una concepción democrática de la monarquía y pertenecía a una dinastía que gozaba de popularidad por haber sido la artifice de la unificación de Italia.

El nuevo monarca, de 26 años, fue elegido como rey de España por las Cortes en noviembre de 1870, y llegó al país por el puerto de Cartagena el 30 de diciembre. Asesinaron a Prim tres días antes y, por ello, el nuevo monarca se quedó sin su valedor y consejero fiel. El 2 de enero, Amadeo de Saboya fue proclamado rey y, tras tomarle juramento, las Cortes Constituyentes se disolvieron para iniciar una nueva etapa de monarquía democrática.

3.2. Las Dificultades de la Nueva Dinastía

Pero la nueva dinastía contaba con escasos apoyos. En la votación de las Cortes sólo tuvo 191 votos de los 311 diputados presentes. Satisfacía a progresistas y unionistas, y aun así no todos los sectores de dichos partidos estaban de acuerdo. El rey y su esposa, María Victoria, contaron desde el principio con la clara oposición de la aristocracia, el clero y las camarillas cortesanas de la época de Isabel II, sobre todo cuando el monarca mostró su intención de mantener una escrupulosa neutralidad en cuestiones políticas y redujo el boato de la Corte. A su vez, una parte del ejército, no vinculada a progresistas ni unionistas, mostró su resistencia a expresar fidelidad al nuevo monarca, que fue especialmente grave cuando se desencadenó el conflicto carlista o se inició la guerra en Cuba. Tampoco obtuvo el favor popular, quizás por el arraigo del republicanismo, contrario a la monarquía de cualquier signo.

Cuando se establecieron el sufragio universal y las libertades políticas, el nuevo monarca quiso consolidar un régimen totalmente democrático. Pero los dos años del reinado de Amadeo de Saboya estuvieron plagados de dificultades. Seguían habiendo problemas económicos en el Estado y hubo que recurrir a la emisión de más deuda pública. También se produjo una lucha permanente entre grupos políticos, la revitalización del conflicto carlista, de la Guerra de Cuba y de las insurrecciones republicanas.

3.3. Una Permanente Inestabilidad

Amadeo I contó desde el principio con la oposición de los moderados, que consideraban ilegítima a la nueva dinastía y continuaban fieles a los Borbones. Conscientes de la impopularidad de Isabel II, empezaron a organizar la restauración borbónica en la persona del Príncipe Alfonso, hijo de la reina. Cánovas del Castillo, el principal dirigente de este grupo, fue captando a muchos disidentes unionistas y progresistas, convenciéndoles de que la monarquía borbónica era una garantía de orden y estabilidad. Esta opción contó con los apoyos de la Iglesia (contraria a la nueva situación) después del decreto de Prim que obligaba al clero a jurar la Constitución en 1869. También apoyó a los moderados de la élite del dinero, opuesta a un régimen que legislaba en contra de sus intereses: abolición de la esclavitud en Cuba, etc.

Los carlistas, beneficiados por el clima de libertad de la «Gloriosa», se habían reorganizado como fuerza política. La llegada de Amadeo de Saboya dio argumentos a un sector del carlismo para volver a intentar métodos de insurrección armada, y en 1872, cuando desapareció Isabel II, se sublevaron animados por las posibles expectativas de sentar en el trono al candidato Carlos VII. La rebelión se inició en el País Vasco, se extendió por Navarra y Cataluña (fueron un foco de problemas e inestabilidad). Otra facción del carlismo se fue consolidando como una fuerza política de orientación ultracatólica y opuesta a la nueva monarquía.

Amadeo I tampoco contaba con el respaldo de los sectores republicanos ni de los grupos populares que les daban apoyo y aspiraban a un cambio de sistema social. En 1872 se produjeron nuevas insurrecciones de carácter federalista, donde se combinaba la acción de los republicanos con la influencia de las ideas internacionalistas, especialmente anarquistas, que, aunque fueron reprimidas, dieron más inestabilidad al régimen.

En 1868, con el famoso «Grito de Yara», se inició un conflicto en la isla de Cuba (Guerra de los Diez Años). La insurrección, dirigida por algunos propietarios criollos, contó rápidamente con el apoyo popular, pues prometían el fin de la esclavitud en la isla. La negativa de los sectores económicos españoles con intereses en Cuba frustró la posibilidad de una solución pacífica al conflicto y convirtió la guerra en un grave problema.

La crisis final del reinado de Amadeo de Saboya fue el resultado de la desintegración de la coalición gubernamental. Así, en dos años se formaron seis gobiernos y hubo que convocar elecciones tres veces; la oposición, a partir de 1872, practicaba un total abstencionismo como forma de presión política. Finalmente, sin apoyo, el 11 de febrero de 1873, Amadeo de Saboya presentó su renuncia al trono y abandonó España, dejando una impresión de país ingobernable y contrario a una monarquía democrática.

4. La Primera República Española (1873-1874)

4.1. La Proclamación de la República

La proclamación de la Primera República Española fue la solución más fácil ante la renuncia de Amadeo de Saboya. Las Cortes decidieron someter a votación la proclamación de una república, que fue aprobada el 11 de febrero de 1873 por una mayoría de 258 votos a favor y 32 en contra. Estanislao Figueras (republicano federal) fue elegido para presidir el gobierno y contó con miembros de su partido y algunos republicanos unitarios para gobernar. Pero estos datos no reflejan la realidad. Gran parte de la cámara era monárquica, y su voto republicano fue una estrategia para ganar tiempo y organizar el retorno de los Borbones al trono español. La República nació con escasas posibilidades de éxito y dio lugar al aislamiento internacional del nuevo sistema. Menos Estados Unidos y Suiza, ninguna potencia reconoció la República Española, pues la veían revolucionaria y capaz de poner en peligro la estabilidad de una Europa principalmente burguesa y conservadora.

Mas la República fue recibida con entusiasmo por las clases populares, que creyeron que había llegado el momento de un cambio social. Los federales ocuparon las corporaciones de muchos municipios y constituyeron Juntas revolucionarias para desplazar de la Administración a los antiguos cargos monárquicos. En Andalucía se produjo un movimiento insurrecional que pretendía dar solución al problema del reparto de tierras entre el campesinado, y las protestas se hicieron frecuentes. En las ciudades se produjeron también amplias movilizaciones populares; entre el movimiento obrero, como reivindicaciones a favor de la reducción de la jornada laboral, aumento de salarios e implantación inmediata del Estado federal.

Pero gran parte de los dirigentes del republicanismo federal estaban lejos de las aspiraciones revolucionarias de las bases de su propio partido. El interés de los dirigentes republicanos por respetar la legalidad se exteriorizó en la disolución de las juntas y en la represión de las revueltas populares. Calmado el panorama, se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes, que ganaron los republicanos.

Los federales obtuvieron 344 escaños; los unitarios, sólo 2; mientras que los radicales y constitucionalistas tenían, respectivamente, 27 diputados. Los alfonsinos y representantes de los partidos monárquicos amadeístas obtuvieron unos pocos escaños más. Los carlistas no participaron. La victoria electoral de los republicanos era engañosa, pues más de un 60% del electorado se abstuvo.

4.2. El Intento de Instaurar una República Federal

Las Cortes se abrieron el 1 de junio de 1873 y el día 7 proclamaron la República Democrática Federal. La presidencia quedó en manos de Estanislao Figueras, pero dimitió al cabo de unos días y el gobierno pasó a manos de Francisco Pi y Margall, quien quería elaborar una nueva constitución federal, la separación de la Iglesia y el Estado, la concesión de la independencia a las colonias, la restauración de la disciplina en el ejército y la elaboración de una serie de leyes sociales.

Por la poca duración de la república, no se permitió el desarrollo de esa legislación reformista. La ratificación de la abolición de la esclavitud en las colonias, la supresión de las quintas, la reforma de los impuestos y el inicio de una legislación proteccionista en el ámbito laboral fueron las iniciativas más innovadoras.

En julio se presentó en las Cortes el proyecto de la nueva constitución, pero no fue aprobado. La propuesta de la Constitución Republicana Federal de 1873 seguía la línea de la Constitución de 1869 en relación a la implantación de la democracia y al reconocimiento de amplios derechos y libertades. La república tendría un presidente, y las Cortes mantendrían las dos cámaras, el Senado y el Congreso. También se declaraba la libertad de culto y la separación de la Iglesia del Estado.

Se establecía que la nación española estaba compuesta por 17 estados, entre ellos Cuba, y declaraba que el poder emanaba de tres niveles: municipios, estados regionales y Estado federal. Los estados regionales tendrían autonomía económica, administrativa y política, y elaborarían sus propias constituciones, también compatibles con el Estado federal. El proyecto de Constitución planteaba por primera vez en el liberalismo español un Estado no centralista.

La Primera República tuvo que enfrentarse a graves problemas que paralizaron la acción del gobierno. Uno fue la insurrección carlista: el nacimiento de la república había acelerado y animado el conflicto armado, que pasó del enfrentamiento con unas cuantas partidas armadas a un verdadero frente abierto. En el mes de julio se extendió por gran parte de Cataluña y se consolidó en las provincias vascas y el Maestrazgo. En las zonas sublevadas se fue articulando un embrión de Estado, y los ayuntamientos y diputaciones se organizaron bajo principios forales e impulsaron la lengua propia e instituciones regionales. Las tropas impidieron la extensión del conflicto a las ciudades. También continuó la guerra en Cuba, que continuaba extendiéndose y cuya situación la república fue incapaz de mejorar. Los gobiernos intentaron dar una solución al problema cubano con el proyecto de la estructuración federal del Estado, que consideraba a Cuba y Puerto Rico como un territorio más de la federación española.

Se añadió el obstruccionismo de los partidos monárquicos y las divisiones entre los propios republicanos.

4.3. La Sublevación Cantonal

La sublevación cantonal fue el conflicto más grave y provocó la mayor situación de crisis para el gobierno. El cantonalismo era un fenómeno que mezclaba aspiraciones autonomistas, propiciadas por los republicanos federales intransigentes, con las aspiraciones de revolución social inspiradas en las nuevas ideas internacionalistas. Fue la consecuencia de aplicar de forma directa y radical la estructura federal desde abajo, impulsada al mismo tiempo por el deseo de avanzar en las reformas sociales.

En las zonas con fuerte implantación republicana, la población, radicalizada por las aspiraciones revolucionarias, se alzó en cantones independientes. En julio se proclamaron los cantones de Cartagena, Sevilla, Cádiz, Granada, Málaga, Bailén, Andújar, Tarifa, Algeciras, Castellón, etc. Los protagonistas de los levantamientos cantonalistas eran un conglomerado social compuesto por artesanos, pequeños comerciantes y asalariados, y fueron dirigidos, en general, por los federales intransigentes. El presidente Pi y Margall se opuso a sofocar la revuelta por las armas y dimitió, siendo sustituido por Nicolás Salmerón, quien dio por acabada la política de negociación con los cantones e inició una acción militar contra el movimiento cantonalista. Excepto en Cartagena, la intervención militar acabó rápidamente con la insurrección, pero dio un inmenso poder a los generales que asumieron la represión y volvió a colocar al ejército en el papel de único garante del orden y barrera contra la revolución social.

Salmerón dimitió a principios de septiembre, pues no se sentía capaz de firmar las penas de muerte contra activistas cantonalistas. La presidencia recayó entonces en Emilio Castelar, dirigente del republicanismo unitario. La república inició, a partir de ese momento, un desplazamiento hacia la derecha.

El nuevo ejecutivo intentó aplicar una política de autoridad y fuerza para controlar los problemas que aquejaban al país. El 13 de septiembre, Castelar consiguió plenos poderes de las Cortes para reorganizar el ejército, obtener un crédito y gobernar con el Parlamento cerrado, que se mantuvo así hasta el día 2 de enero de 1874.

4.4. El Fin de la Experiencia Republicana

Desde septiembre de 1873, la república dio un vuelco conservador con el nuevo gobierno de Castelar. Castelar no tenía mayoría en las Cortes y, temiendo ser destituido por la mayoría federal, había suspendido las sesiones parlamentarias y gobernaba autoritariamente, concediendo amplias atribuciones a los jefes militares para que mantuvieran el orden público. En diciembre, un sector importante de los diputados (Figueras, Pi, Salmerón) llegaron al acuerdo de plantear una moción de censura al gobierno de Castelar para forzar su dimisión.

El 3 de enero de 1874 se abrieron las Cortes y el gobierno de Castelar fue derrotado por 120 votos contra 100. El capitán general de Castilla la Nueva, Manuel Pavía, exigió la disolución de las Cortes republicanas. Los diputados se resistieron en principio, pero ante la invasión del hemiciclo por Pavía con fuerzas de la Guardia Civil, abandonaron la cámara (4 de enero de 1874). Apenas hubo resistencia.

El poder pasó en los siguientes meses a manos de una coalición de unionistas y progresistas encabezada por el General Serrano, que intentó estabilizar un régimen republicano de carácter conservador.

El 29 de diciembre de 1874, el pronunciamiento militar de Arsenio Martínez Campos en Sagunto proclamó rey de España a Alfonso XII. Anteriormente, Isabel II ya había abdicado en su hijo, y Cánovas del Castillo era el diligente ideólogo de su causa. El 1 de diciembre, el príncipe Alfonso de Borbón había firmado el Manifiesto de Sandhurst, redactado por Cánovas del Castillo, que sintetizaba el programa de la nueva monarquía alfonsina: un régimen conservador y católico que garantizaría el funcionamiento del sistema político liberal y restablecería la estabilidad política y el orden social.