1. La caída de la Monarquía de Alfonso XIII y la proclamación de la II República

Tras la dimisión de Primo de Rivera el 28 de enero de 1930, el nuevo gobierno presidido por el general Berenguer, hombre de confianza de Alfonso XIII y uno de los principales responsables del desastre de Annual, pretendió la vuelta a la normalidad constitucional. Pero, para buena parte de la opinión pública, el comportamiento del Rey durante la dictadura había significado una trasgresión de su papel moderador y la monarquía misma era cuestionada. Los republicanos, pese a su fraccionamiento, aparecían, junto con los socialistas, como la única fuerza realmente renovadora.

En el Pacto de San Sebastián, republicanos, socialistas y catalanistas de izquierdas se pusieron de acuerdo para exigir la apertura de un proceso constituyente para instaurar un régimen republicano y reconocían el derecho de Cataluña a un estatuto de autonomía. Ante la negativa de Berenguer de conceder estas peticiones, los republicanos recurren a las conspiraciones:

• 12 de diciembre de 1930: insurrección de Jaca que fue reprimida violentamente, hecho que incrementó el desprestigio gubernamental y de la misma monarquía.
• 15 de diciembre de 1930: ocupación del aeródromo de Cuatro Vientos.

El nuevo gobierno presidido por el almirante Aznar aceptó convocar elecciones municipales para abril de 1931, las primeras en 8 años, y por ello tendrían carácter de plebiscito sobre el régimen monárquico. El triunfo republicano en las grandes ciudades significó la caída de la Monarquía.

La campaña electoral aglutinó a las fuerzas políticas en dos bandos: monárquico y republicano. La derecha monárquica se presentó dividida, mientras que los firmantes del Pacto de San Sebastián se presentaban bajo el nombre de Conjunción Republicano-Socialista. La Lliga y el PNV quedaron al margen, mientras que la UGT apoyaba a la coalición, mientras que la CNT dejó libertad de voto a sus militantes.

El día 13 de abril las multitudes empezaron a tomar la calle, mientras que el ejército y la guardia civil no intervinieron para restablecer el orden. Romanones aconsejaba al rey salir del país. A primeras horas del 14 de abril el ayuntamiento de Éibar proclamó la República y al medio día en Barcelona, Macià anunció la instauración de la «República Catalana dentro de la Federación Ibérica». El rey Alfonso XIII salía hacia Cartagena camino del exilio; al mismo tiempo, el comité revolucionario, integrado por los miembros del Pacto de San Sebastián, se constituían en Gobierno Provisional de la República, sin derramamiento de sangre.

Este primer gobierno republicano estaba integrado por una coalición formada por republicanos católicos de derecha, por republicanos de centro-izquierda, socialistas, nacionalistas catalanes y gallegos. Esta coalición era mayoritariamente representativa de la pequeña burguesía y un sector de la clase obrera y obtuvo, al menos al principio, un amplio apoyo. Al margen de este entusiasmo quedaban los grandes propietarios, la oligarquía financiera, parte del ejército y de la Iglesia. La CNT tampoco mostró entusiasmo.

2. El periodo constituyente

El Gobierno Provisional se comprometió a convocar Cortes constituyentes. En esos meses, Azaña, Largo Caballero y Marcelino Domingo redactaron los primeros decretos sobre el ejército, el campo y la cultura. Los primeros conflictos llegaron pronto:

• 11 y 12 de mayo del 31: se produjo la quema de conventos en Madrid y otras ciudades y ello impresionó a importantes sectores católicos; si a ello sumamos el recorte de los privilegios de la Iglesia tenemos las condiciones para que el episcopado pase a la oposición legal.

Las elecciones de junio de 1931 se celebraron con gran civismo, con una participación del 70%; la conjunción republicano-socialista obtuvo una victoria clara sobre los radicales de Lerroux con 90 escaños y 80 las derechas. Las Cortes constituyentes elaboraron una nueva constitución muy avanzada para su tiempo. Los debates más polémicos fueron los referidos a la cuestión religiosa y las autonomías. Fue aprobada el 9 de diciembre de 1931:

• Cámara única.
• El sufragio universal se amplió a mujeres y soldados.
• El Estado era «integral», no federal, pero se daba la oportunidad a las «regiones» para acceder a la autonomía.
• Se reconocían los derechos individuales.
• El gobierno podía expropiar bienes considerados de utilidad pública.

Alcalá Zamora fue elegido Presidente de la República y Azaña presidía el gobierno formado por republicanos, socialistas y nacionalistas.

3. El bienio reformista

El nuevo gobierno va a afrontar una serie de reformas que pretenden la radical separación de la Iglesia y el Estado, la modernización del ejército, la descentralización del Estado para satisfacer a los nacionalistas y la redistribución de la tierra, reformas que acabarán dividiendo el país en dos sectores enfrentados.

a/ La cuestión religiosa

La separación de la Iglesia y el Estado y la laicización de una sociedad de absoluta mayoría católica fueron objetivos prioritarios de los primeros gobiernos republicanos, a la vez que una fuente inacabable de conflictos. Para modificar esta situación sucesivos decretos disolvieron la Compañía de Jesús, confiscaron sus fincas, establecieron el matrimonio civil, el divorcio y la secularización de los cementerios. La ley de Congregaciones de 1933 prohibía a la Iglesia y a las órdenes religiosas la enseñanza (fecha límite para el cese de su actividad docente el 1 de octubre de 1933), el comercio y la industria, lo que provocó una pastoral colectiva que llamaba a la resistencia pacífica.

b/ Hacia la modernización del ejército

La reforma del ejército se debe a Azaña que pretendía un régimen desmilitarizado reduciendo la función de las fuerzas armadas a la defensa exterior. Para modernizarlo había que reducir los mandos, el deterioro técnico, la burocracia y la división entre ejército metropolitano y colonial. El ejército colonial, desde la Guerra de Marruecos, era en cierta manera un instrumento en manos de sus jefes, los «africanistas». Por la Ley Azaña de 1931 se permitía a los jefes oficiales que lo deseasen el retiro con el sueldo íntegro. . Posteriormente creó la Guardia de Asalto y se cerró la Academia General Militar de Zaragoza, dirigida por el general Franco. La derecha pretendió capitalizar el posible descontento que producían estos cambios y la oposición se puso de manifiesto mediante un golpe de Estado fracasado del general Sanjurjo en agosto de 1932 y con la creación de la Unión Militar Española en 1933 como organización clandestina de militares de derechas.

c/ Descentralización: política autonomista

Las aspiraciones de autogobierno de Cataluña estaban recogidas en el Pacto de San Sebastián. El gobierno, sin embargo, nunca pretendió crear una organización política y administrativa de carácter federal, sino que querrá «conjugar la aspiración particularista o la voluntad autonomista… con los intereses o los fines permanentes de España dentro del Estado organizado por la República».

En Cataluña, después de una negociación con el gobierno provisional, se había resuelto el problema originado por la proclamación de la República Catalana. La República quedaba anulada, pero se reconocía un gobierno autónomo que elaboraría un Estatuto que sería aprobado por las Cortes: es el proyecto de Estatuto de Nuria que fue aprobado en referendum con el 99% de los votos. El 18 de agosto de 1931 el Estatuto de Nuria fue presentado por Macià a las Cortes y a pesar de afrontar la oposición de la derecha y las resistencias de los republicanos, al final fue aprobado con numerosos recortes en 1932:

• El gobierno catalán era la Generalitat con tres instituciones: Parlamento catalán, Presidente, Consejo Ejecutivo: Consejerías.
• Catalán y castellano lenguas oficiales.
• Competencias de la Generalitat: hacienda, economía, enseñanza, cultura, sanidad, transportes y comunicaciones y orden público.
• Competencias del Gobierno Central: asuntos exteriores, defensa, control de fronteras…
• Conflictos entre el poder central y el autonómico: Tribunal de Garantías Constitucionales.

La importancia del papel desarrollado en su elaboración por ERC quedó de manifiesto en las elecciones al Parlament de Catalunya, en las que Macià fue elegido Presidente de la Generalitat.

En el País Vasco, el PNV y los carlistas llegaron a un acuerdo en Estella en 1931, en el que se aprobó un proyecto de Estatuto que socialistas y republicanos consideraron reaccionario. . El proyecto quedó paralizado y no fue aprobado por las Cortes hasta 1936, una vez comenzada la Guerra Civil.

En Galicia, la guerra cortó la aprobación por las Cortes de un proyecto de Estatuto ratificado en referendum en junio de 1936.

d/ La cuestión agraria

En la década de los 30 la importancia del sector primario era considerable. Para encarar el problema agrario, ya el Gobierno Provisional promulgó una serie de decretos que trataban de proteger a los arrendatarios y a los campesinos sin tierra: decreto de Términos Municipales, prórroga automática de contratos de arrendamiento, jornada de 8 horas. Pero el verdadero ensayo reformador vino de la elaboración de una ley de reforma agraria que fue aprobada por las Cortes en septiembre de 1932. El objetivo de la ley no fue una revolución agraria o una colectivización de la tierra, sino que sus objetivos fueron más moderados. La ley permitía expropiar sin indemnización sólo las tierras de los Grandes de España, mientras que las mal cultivadas, las arrendadas sistemáticamente, las que podían ser regadas y no lo eran, sólo se podían expropiar con una indemnización previa. Además, los problemas de ineficacia, burocratismo, y el coste de las indemnizaciones contribuyeron al hecho de que su aplicación fuese todavía más limitada. Políticamente la reforma agraria provocó la reunificación de la derecha y que muchos campesinos se alejaran definitivamente de la República.

El descontento campesino dio lugar a numerosos incidentes. En Cataluña el problema se suscitó entre propietarios y arrendatarios que consiguieron que el Parlament mejorase los contratos de cultivo sometidos en parte al arcaico sistema de la «rabassa morta». Esta ley será recurrida ya en 1934 por el Gobierno de derechas y el Tribunal de Garantías la rechazó al considerar al Parlament incompetente para legislar en la materia.

4. El bienio de derechas

a) La crisis de la coalición republicano-socialista

A lo largo de 1933 se hacía cada vez más evidente el desgaste de los políticos del bienio reformador. Grupos importantes de las clases medias se desplazaron hacia la derecha, lo que se tradujo en la aparición de nuevas fuerzas, como la CEDA de Gil Robles de carácter demócrata o la Falange Española de Primo de Rivera que preconizaba un régimen autoritario de carácter fascista. El centro-derecha se agrupaba en el Partido Radical de Lerroux, que consiguió el acercamiento de comerciantes, industriales liberales e, incluso, algunos grandes propietarios. Con estos grupos establecieron contacto los monárquicos alfonsinos, dirigidos por José Calvo Sotelo y también los carlistas.

En estas condiciones Alcalá Zamora aceptó la dimisión de Azaña y, mediante un gabinete presidido por Martínez Barrio, disolvió las Cortes en octubre de 1933. En las elecciones del 18 de noviembre, con una izquierda desencantada y desunida y con la abstención de importantes masas obreras, el centro-derecha alcanzaron la mayoría parlamentaria.

b) La etapa de derechas: 19 de noviembre de 1933 a 29 de diciembre de 1935

Alcalá Zamora nombró a Lerroux jefe de un gobierno compuesto sólo por radicales pero con el apoyo de los monárquicos y de la CEDA. Pronto comenzó la liquidación de la obra hecha en el bienio anterior. Así, se paralizó la reforma agraria, anulándose la expropiación de tierras a los Grandes de España, los decretos de asentamientos, las leyes de salarios y se propuso también la amnistía a los sublevados con Sanjurjo en 1932. El gobierno también se enemistó con el gobierno de Cataluña por el problema «rabassaire» y por otro lado el nacionalismo vasco, hasta entonces muy conservador, se alió con la izquierda en la oposición por el rechazo al Estatuto. .

La influencia de la CEDA en el gobierno radical de Lerroux y «el carácter fascistizante» del grupo de Gil Robles condujo al PSOE, bajo la inspiración de Largo Caballero, a plantear la vía insurreccional como única respuesta al avance de la derecha. La situación estalló cuando Gil Robles impuso la entrada en el gobierno de tres miembros de la CEDA el 4 de octubre de 1934.

La revolución de octubre de 1934: Asturias y Cataluña

La llegada de miembros de la CEDA al gobierno fue interpretada por las fuerzas de izquierda como un camino abierto al fascismo. Por lo tanto, la reacción no se hizo esperar. Al día siguiente de la formación del nuevo gobierno, por iniciativa ugetista y sin la participación de la CNT, se produjeron huelgas generales en las grandes ciudades que fracasaron por falta de coordinación y por la respuesta contundente del gobierno. A pesar de esto, en Cataluña y Asturias los acontecimientos alcanzaron especial importancia.

En Cataluña el PSOE, la UGT, la Unió Republicana de Rabassaires y otras organizaciones obreras intentaron hacer efectiva la huelga general con el visto bueno de la Generalitat. Pero sin el apoyo de las masas anarcosindicalistas, las posibilidades de resistencia eran mínimas. Lluis Companys, Presidente de la Generalitat, entre la alternativa de colaborar con el gobierno conservador de Madrid, optó por encabezar la insurrección y proclamó el 6 de octubre «l´Estat Catalá» dentro de la República Federal Española.

Las tropas del general Batet en 24 horas controlaron la situación: todo el gobierno de la Generalitat detenido y también Azaña que casualmente estaba en Barcelona. En Madrid eran detenidos Largo Caballero y otros miembros del Comité de Huelga.

En Asturias el movimiento obrero duró todavía muchos días, creándose una situación auténticamente revolucionaria. Anarquistas, comunistas y socialistas, unidos en las alianzas obreras, ocuparon la cuenca minera y se hicieron con armas de los cuarteles y fábricas y explosivos de las minas. Ocho mil obreros mineros ocuparon Asturias y proclamaron la Revolución Socialista de los Consejos Obreros, estableciendo una estricta organización revolucionaria, militar y económica. El movimiento fue aplastado, tras una dura resistencia por el ejército el 17 de octubre.

Consecuencias:

1. 1934 fue un preludio de la guerra civil: brutalidad del ejército de África, liderazgo de Franco, ensayo de revolución obrera.
2. Miles de muertos y miles de detenidos.
3. La influencia de la CEDA en el gobierno aumentó: Gil Robles ministro de la Guerra, Franco jefe del Estado Mayor, suspensión del régimen autonómico de Cataluña, devolución de las propiedades expropiadas a los jesuitas… derechización.
4. Enfrentamiento entre radicales y cedistas sobre las penas de muerte y el cumplimiento de las condenas.

Con todo, fueron los casos de corrupción que salpicaron a Lerroux y sus seguidores lo que rompió la alianza radical-cedista. En estas condiciones, en diciembre de 1935 Alcalá Zamora decidió convocar elecciones para febrero de 1936.

5. El Frente Popular

Durante la década de los 30 se fue consolidando en Europa una política de unión de las fuerzas liberales y de izquierdas para contrarrestar un fascismo cada vez más amenazante. Estos frentes amplios recibieron el nombre de frentes populares. Para las elecciones de febrero del 36 se formó un Frente Popular con republicanos socialistas y comunistas. El programa del Frente Popular era más que nada reformista, no se incluían nacionalizaciones y se podía resumir en una amnistía para los presos, y represaliados, y una reforma de la legislación social y de la enseñanza. La derecha comenzó la campaña desunida. Pero pronto vieron la necesidad de formar alianzas, y en algunos lugares los monárquicos se presentaron con la CEDA, agrarios y otros, formando el Frente Nacional, que no tuvo carácter general. Falange Española presentó candidaturas propias.

a) Las elecciones de febrero de 1936

Los resultados electorales prefiguran las dos españas que lucharán en la próxima guerra. El Frente Popular, a pesar de que obtiene un triunfo ajustado en votos, consigue una cómoda mayoría parlamentaria. Las derechas tienen buenos resultados en las dos Castillas, Navarra y Aragón. Por su parte, la izquierda obtendrá la mayoría en las grandes ciudades, en las provincias costeras y en los territorios con sentimientos nacionalistas.

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