Proclamación de la República y contexto histórico
El 14 de abril de 1931 se proclamó la II República Española, tras lo cual Alfonso XIII se exilió a Francia. Este período coincidió con la crisis económica derivada del crack de Wall Street de 1929, la crisis de las democracias occidentales y el auge de los fascismos en Europa.
La II República contó con el apoyo de la clase media trabajadora y los intelectuales (quienes crearon la Agrupación al Servicio de la República). Sin embargo, también enfrentó la oposición de parte del ejército, la oligarquía tradicional (terratenientes, industriales, banqueros, etc.) y la Iglesia, que fundó un partido político con el lema «Religión, Familia, Orden, Trabajo y Propiedad».
Tensiones sociales y elecciones
Desde sus inicios, la República experimentó tensiones sociales y conflictos, incluyendo huelgas y enfrentamientos con la Iglesia, que culminaron en la quema de conventos. El gobierno declaró el estado de guerra. A pesar de ello, se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes, donde las fuerzas republicanas y socialistas obtuvieron la mayoría. Alcalá Zamora fue nombrado presidente de la República y Manuel Azaña, jefe de Gobierno.
La Constitución de 1931
La Constitución de 1931 estableció la soberanía nacional y una serie de derechos y libertades individuales, colectivos, económicas, familiares y culturales. Destacó el sufragio universal (incluido el femenino) para mayores de 23 años. Se estableció el matrimonio civil, el divorcio y la equiparación de derechos de hijos legítimos e ilegítimos. Se declaró la igualdad en el derecho a la educación y el trabajo como obligación social protegida por la ley.
El poder legislativo residía en las Cortes unicamerales, renovadas cada cuatro años. El poder ejecutivo lo ejercía el presidente de la República, elegido cada seis años, quien nombraba al jefe de Gobierno y a los ministros. El poder judicial era independiente, con el Tribunal de Garantías Constitucionales como máximo organismo. Se estableció una nueva organización territorial basada en la posibilidad de formar regiones autónomas con Estatutos de Autonomía aprobados por las Cortes. Se declaró un Estado aconfesional, con la disolución de congregaciones religiosas como la Compañía de Jesús. Se prohibió a la Iglesia ejercer la enseñanza, que pasó a ser gratuita, mixta y laica, eliminando el presupuesto de culto. Esta constitución progresista permitía el desarrollo de un sistema político abierto tanto a izquierdas como a derechas.
El Bienio Reformista (1931-1933)
Durante el Bienio Progresista, la economía se mantuvo relativamente estable, aunque con problemas como la crisis del comercio exterior y el aumento del paro. Se implementaron reformas para modernizar el país:
Reformas laborales
Lideradas por Largo Caballero, se aprobó la Ley de Contratos de Trabajo, que obligaba a firmar convenios colectivos. Se extendió al campo, animando a los trabajadores agrarios a sindicarse, principalmente en la CNT y la FNTT (Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra). Se aprobaron la Ley de Jurados Mixtos (para la resolución de conflictos laborales), la Ley de Términos Municipales (obligando a contratar obreros locales) y la Ley de Laboreo Forzoso (obligando a los latifundistas a cultivar la tierra). Se regularon las jornadas laborales (8 horas), se comenzaron a pagar vacaciones, se subieron los salarios, se estableció un salario mínimo, seguros de accidentes laborales y se puso en práctica la «gimnasia laboral».
Reformas educativas y culturales
Se implementaron reformas para reducir el analfabetismo y promover la igualdad de oportunidades. Se construyeron escuelas y se aumentó el número de maestros. Se eliminó la religión como asignatura y se estableció una educación laica, pública, obligatoria, mixta y gratuita. El Instituto de Enseñanza Libre impulsó el desarrollo cultural. Intelectuales contribuyeron con compañías teatrales ambulantes, como La Barraca de Lorca, y las Misiones Pedagógicas, que ofrecían bibliotecas ambulantes, conferencias, conciertos y proyecciones de películas.