El Fin de la Dictadura y la Proclamación de la República
La dictadura militar de Primo de Rivera decayó hacia 1926. El régimen era muy duradero, con defensores monárquicos, pero la oposición fue consolidándose en diversos partidos de ideología republicana. Los militares mostraban descontento y el dictador, al percatarse de la falta de apoyo de sus camaradas, presentó su dimisión en 1930. Hubo intentos frustrados de establecer la república por la fuerza, así que Juan Bautista Aznar tomó el gobierno en 1931 y puso en marcha elecciones municipales. Estas elecciones eran de sufragio universal masculino. En el medio rural dominaban los alcaldes monárquicos, pero en las ciudades triunfaron los candidatos republicano-socialistas, al igual que en las generales. Este apoyo popular a la democracia provocó la proclamación de la Segunda República. Alfonso XIII renunció y abandonó el país. Se formó así un gobierno provisional constituido por personas del “Pacto de San Sebastián”, representado por republicanos, socialistas y nacionalistas. La promesa de cambio se materializó en medidas para solucionar la crisis, renovar el ejército y los cargos administrativos, proteger a los campesinos expulsados de sus tierras y conceder la amnistía a los presos políticos.
La Constitución de 1931 y las Primeras Reformas
La Constitución de 1931, elaborada por las Cortes Constituyentes, estableció un régimen de igualdad y justicia con el poder en el pueblo. Se reconocieron derechos como el trabajo, la educación, la igualdad ante la ley y el voto a partir de los 23 años, incluyendo a las mujeres. Se atacó a la Iglesia por ser un estado laico y aconfesional. La Constitución reconoció los gobiernos autonómicos, el matrimonio civil y el divorcio. Los poderes se renovaron: el legislativo recaía en las Cortes y el ejecutivo en el gobierno de Manuel Azaña. Su ideología de izquierdas le llevó a integrarse en “Acción Republicana”, que dio lugar a diferentes partidos. En el ámbito regional surgieron la “Organización Republicana Gallega Autónoma”, liderada por Casares Quiroga, y “Esquerra Republicana de Catalunya”, liderada por Macià, ambas partidarias de las reformas republicanas. El PSOE ganó fuerza por su tendencia socialdemócrata, con líderes como Julián Besteiro e Indalecio Prieto, y la UGT, liderada por Largo Caballero, con una acción más revolucionaria. Entre los movimientos obreros y campesinos destacaron el Partido Comunista de España y la CNT, más moderada que la Federación Anarquista Ibérica, liderada por Durruti y Ascaso, que usaron la insurrección armada.
Oposición y Reformas del Bienio de Izquierdas (1931-1933)
El centro-derecha se opuso a las reformas por su postura conservadora, buscando recuperar el protagonismo de la Iglesia y el Ejército, y defender la propiedad privada. Destacaron el Partido Radical, la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) y la Lliga Regionalista. Primo de Rivera unió las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista en la Falange Española. Durante el bienio de izquierdas (1931-1933), el gobierno culminó el objetivo constitucional de limitar la influencia católica, permitiendo la libertad de culto. Los incendios de conventos reflejaron el sentimiento anticlerical de la Semana Trágica. Se buscó el acceso a una educación liberal sin la influencia de la Iglesia mediante la “Ley de Congregaciones” de 1933, que limitó la posesión de bienes de las órdenes religiosas y amenazó con su disolución. Se crearon 10.000 escuelas gratuitas y se mejoró el nivel cultural con las “Misiones Pedagógicas”. Largo Caballero se encargó de mejorar las condiciones laborales: semana laboral de 40 horas, aumento de salarios, seguros sociales y contratos sindicales agrícolas. La “Ley de Contratos de Trabajo” y la “Ley de Jurados Mixtos” no contaron con el apoyo de las organizaciones patronales. Azaña acabó interviniendo en la política militar con la “Ley del Retiro de la Oficialidad” de 1931, que permitía a los oficiales retirarse con el sueldo íntegro si juraban adhesión a la República. Los africanistas vieron un claro ataque a la institución militar, ya que se redujo a un tercio los efectivos, rangos e instituciones para minimizar gastos. El ejército se opuso a la creación de estatutos de autonomía. El Estado colaboró con la organización propia de las regiones. En Cataluña, Macià proclamó la República Catalana, que fue anulada. Se formó un gobierno autónomo provisional, la Generalitat, que elaboró el Estatuto de Autonomía de 1932. El País Vasco tomó el ejemplo, pero su estatuto no se aprobó hasta el consenso político de 1936. En Galicia, el débil compromiso nacionalista hizo que el proceso fuera más lento.
La Reforma Agraria y la Crisis de la Coalición
La reforma agraria fue el mayor reto. En 1931, la mitad de la población era agricultora. Los primeros decretos mejoraron las condiciones de vida de los campesinos pobres y jornaleros: no rescisión de contratos de arrendamiento, fijación de salarios y jornada de 8 horas. En 1932 se aprobó la polémica Ley de Reforma Agraria, con el objetivo de proporcionar tierras a las comunidades campesinas y aumentar la productividad de las tierras incultas o mal cultivadas. Su aplicación fue lenta y el Instituto de Reforma Agraria no ofreció indemnizaciones a los propietarios de grandes latifundios, que poseían más de la mitad del terreno conquistado en la Edad Media o comprado con fines especulativos. Se inició una lucha entre propietarios y campesinos decepcionados por los escasos resultados. Las circunstancias eran cada vez más difíciles para la coalición republicano-socialista. El crack bursátil de 1929 paralizó la emigración a América. Los problemas de la desigual repartición de la tierra en Andalucía, Castilla y Extremadura, o la escasa competencia internacional, se vieron acompañados de los que propició la coalición: el aumento de salarios no fue acompañado de un aumento de la productividad, y descendieron los beneficios empresariales. La política de reducción del gasto público para reducir el déficit heredado de la dictadura hizo caer la inversión industrial privada hasta 1933. Creció la desconfianza de empresarios y campesinado, dominado por el orden burgués. La CNT vio la oportunidad de un proyecto revolucionario con el apoyo de la UGT a través de su poderosa organización socialista. El Partido Comunista se sumó al movimiento. Entre 1932 y 1933 se sublevaron mineros y campesinos para tomar ayuntamientos, quemar registros de la propiedad u ocupar tierras, siguiendo la actuación anarquista y socialista. Todas las revueltas fueron reprimidas violentamente por la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, propiciando la ampliación de la oposición, que se organizó en partidos conservadores y fascistas. El Partido Radical atrajo a empresarios y propietarios agrícolas, y José María Gil Robles lideró la CEDA, surgida en 1933 con gran apoyo. Esto no frenó la actividad de agitación que arrastró al ejército: en 1932, el general Sanjurgo protagonizó un golpe de Estado que fracasó. Un año después se creó la “Unión Militar Española”, predominante en el sucesivo golpe de Estado de 1936.
El Bienio Negro (1933-1935) y la Victoria del Frente Popular
El desgaste del gobierno se agudizó en 1933. El presidente Alcalá Zamora disolvió las Cortes y convocó elecciones, las primeras con voto femenino y alta abstención. La izquierda se debilitó por los conflictos sociales de la etapa anterior, y la derecha se unificó y tomó el gobierno con el Partido Radical, presidido por Alejandro Lerroux y respaldado por la CEDA. Se inauguró el “bienio negro” (1933-1935), en el que todas las reformas fueron paralizadas.
El Frente Popular y el Camino hacia la Guerra Civil
En las elecciones, el Frente Popular fue la fuerza ganadora, seguida de las derechas y luego del centro. La izquierda obtuvo la mayoría en ciudades, zonas industriales y el litoral. El nuevo gobierno estuvo formado por republicanos, mientras que el resto de los partidos mostraron su apoyo. Azaña fue presidente de la República, con la oposición de la derecha y el ejército, y Casares Quiroga fue jefe de gobierno. El programa del Frente Popular puso en marcha una amnistía: las empresas readmitieron a los obreros despedidos por la huelga de 1934, y se reanudó el proceso reformista de 1933, con proyectos de devolución de bienes comunales a los municipios y nuevos asentamientos campesinos. Los partidos de izquierda y los sindicatos iniciaron un movimiento popular. Los anarquistas y sectores del socialismo, encabezados por Largo Caballero, defendieron acciones revolucionarias próximas al PCE. La nueva situación fue rechazada por la derecha: los propietarios de tierras se opusieron a las medidas, los empresarios cerraron empresas y expatriaron capitales, y la Iglesia lanzó campañas contra la República. La Falange Española fomentó un clima de enfrentamiento civil y crispación política. Grupos de falangistas formaron patrullas armadas que realizaron acciones violentas contra líderes izquierdistas. El clima de violencia favoreció a los sectores golpistas. En febrero, Franco ya había planeado un golpe de Estado. La conspiración militar tenía escasa fuerza y mala organización en el ejército de África, pero estaba apoyada por fuerzas políticas de derecha, la Italia fascista y la Alemania nazi. El 14 de julio fue asesinado Calvo Sotelo. La sublevación comenzó en Marruecos el 17 de julio y fue seguida por la Guardia Civil.