2a República: Contexto

La Segunda República Española fue proclamada el 14 de abril de 1931, durante la crisis financiera que prosiguió al Crack del 29. La situación económica había provocado la caída de la dictadura del General Miguel Primo de Rivera el 29 de enero de 1930. En las elecciones municipales, los partidos republicanos lograron el voto de la mayoría. El Rey de España Alfonso XIII había dado su apoyo al régimen dictatorial de Primo de Rivera y por tanto se convirtió en un símbolo de la opresión de la clase trabajadora. Durante el periodo de transición tras la dictadura, las facciones republicanas habían firmado el “Pacto de San Sebastián” para derrocar a la monarquía y establecer la república. En respuesta a la campaña antimonárquica, el Rey Alfonso XIII proclamó la suspensión del poder real e inmediatamente partió al exilio. El Rey de España acabó asentándose en Roma. La salida del Rey condujo a un gobierno provisional, cuyo primer presidente fue Niceto Alcalá Zamora, que conservó el cargo hasta 1935, cuando pasó a Manuel Azaña. Bajo Niceto Alcalá Zamora, se adoptó una nueva constitución española el 9 de diciembre de 1931 en la que se establecía la libertad de expresión y la libertad de reunión, se instauraba el sufragio femenino, se legalizaba el divorcio y se anulaban los privilegios nobiliarios. Una excepción notable en la nueva constitución a esta ampliación de las libertades civiles fue el estricto control sobre los derechos de los católicos a la propiedad y la educación. Estos artículos evitaron que el nuevo gobierno llegase a alcanzar una mayoría democrática y también hicieron que el papa Pío XI condenase al nuevo gobierno español por reprimir a la Iglesia española. La constitución de la Segunda República estuvo vigente desde 1931 hasta 1939. Estableció nuevos procedimientos legales y también modificó los símbolos patrios. El Himno Nacional fue sustituido por el Himno de Riego y la bandera española se volvió tricolor (rojo-amarillo-morado) a rayas horizontales. Además, las regiones adquirieron el derecho de autonomía, que fue declarada por Cataluña en 1932 y por el País Vasco en 1936. Durante el periodo de la Segunda República Española, se llevaron a cabo numerosas medidas de cambio, como la reforma agraria. Sin embargo, no se cumplieron todas las expectativas. En los meses siguientes se intensificó la violencia entre la izquierda y la derecha gubernamental. Asimismo, estallaron huelgas e intentos revolucionarios que contribuyeron a la inestabilidad del nuevo régimen. Como respuesta, un grupo de generales dirigidos por el general Franco inició un alzamiento militar el 18 de julio de 1936 que fue recibido con tenaz resistencia y que desembocó en una auténtica guerra civil (la Guerra Civil Española) contra el gobierno legítimamente elegido de Madrid. La Segunda República Española tuvo su fin el 1 de abril de 1939, cuando el General Francisco Franco y su ejército fueron declarados victoriosos. El 15 de enero de 1941, un mes y medio antes de su muerte, el rey Alfonso XIII abdicó su derecho al trono en su tercer hijo, Juan, padre del futuro rey Juan Carlos. Se formó un gobierno republicano en el exilio en México que más tarde se instaló en París. El 15 de julio de 1977, tras la muerte de Franco, España celebró sus primeras elecciones libres desde 1936. Fue entonces cuando José Maldonado González, el último Presidente del Gobierno en el Exilio, disolvió oficialmente la Segunda República en España al reconocer las elecciones y el nuevo gobierno español.

Constitución 1931

Las Cortes encargaron a una comisión constitucional elaborar la Constitución (9 diciembre 1931). Fue muy avanzada en su tiempo, era de carácter democrático y progresista, definía en el Estado español como “una República de trabajadores” que se organiza en régimen de libertad y justicia, y todos los poderes emanan del pueblo. Sus principios más importantes son:

• Estructura descentralizada: El Estado se configura de manera “Integral”, compatible con las autonomías de los municipios y regiones. Preveía la posibilidad que varias provincias se organizaron en “Región Autónoma” presentando su Estatuto a las Cortes; una vez aprobado el Estatuto se convertía en ley básica para la organización política y administrativa de la región.
• Soberanía popular reside en el pueblo: “los poderes emanan del pueblo”
• El poder legislativo reside en las Cortes con una sola cámara, y tiene competencias muy amplias. El poder ejecutivo recaía en el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno y el Presidente de la República. Es elegido por los Diputados y un número igual de compromisarios. Su mandato dura 6 años. Nombra el presidente de gobierno y ministros a propuesta de este. Pero el gobierno tiene que recibir el beneplácito de las Cortes. El poder judicial estaba en manos de jueces independientes. Se crea un Tribunal Constitucional para vigilar su cumplimiento.
• Amplia declaración de derechos y libertades (libertad de culto, reunión, asociación, expresión… igualdad ante la ley, educación, trabajo, y no discriminación por origen, sexo o riqueza). Se limita el derecho a la propiedad: Posibilidad de expropiación por utilidad pública previa indemnización y opción de nacionalizar servicios públicos. La suspensión de los derechos, solo podría producirse en casos de notoria gravedad, y solo podía suprimirlos las Cortes, que no podían ser disueltas, no el gobierno y como máximo por 30 días.
• Sufragio universal total (23 años) y voto a las mujeres (desde 1933).
• El Estado es laico: Separación Iglesia y el Estado, reconoce matrimonio civil, divorcio, igualdad entre los cónyuges, desaparece la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos. No se declara ninguna religión oficial. La iglesia será mantenida durante solo dos años y se le prohíbe realizar cualquier actividad económica.

Se aprobó sin el consenso de todos y con fuertes discrepancias entre derecha e izquierda por la cuestión religiosa y autonómica. La aprobación de artículos religiosos provocó la dimisión de Alcalá Zamora como presidente del gobierno, siente nombrado presidente de la República. Manuel Azaña se hizo cargo de la jefatura de un gobierno de alianza entre republicanos de izquierda y socialistas.

Bienio Reformista

Un gobierno de coalición republicano-socialista, presidido por Azaña, emprendió un programa de profundas reformas -Bienio reformista, 1931-1933- para solucionar los graves problemas heredados. La mala coyuntura económica internacional tras el Crac de 1929 y el afán de no aumentar la deuda del Estado hicieron fracasar parte de estas reformas por falta de medios:

• La reforma militar: Azaña trató de someter al ejército a la autoridad civil y aumentar su eficiencia reduciendo el excesivo número de oficiales que podía pasar voluntariamente a la reserva con toda su paga. La falta de presupuesto impidió la modernización y creó malestar entre los oficiales. Se encargó del orden público a la Guardia de Asalto, adicta a la República.
• La reforma religiosa: se eliminaba la subvención al clero, la religión en las escuelas, se prohibía a las órdenes religiosas ejercer la enseñanza, se reconocía el matrimonio civil y el divorcio y se disolvía la Compañía de Jesús. El gobierno no supo atajar la violencia anticlerical que estalló en mayo de 1931 en Madrid y otras ciudades. Muchos católicos identificaron República con ataque a Dios.
• La reforma educativa: la escuela primaria era obligatoria, gratuita, laica y mixta. Aumentó en un 50% el dinero destinado a educación, construyéndose más de 10.000 escuelas y se crearon 7000 puestos de maestros, mejor pagados. Misiones Pedagógicas llevó la cultura a regiones rurales atrasadas.
• La reforma regional: se concedió a Cataluña en 1932 el Estatuto de Autonomía: un Gobierno autónomo, la Generalitat, tenía competencias en cultura, obras públicas y orden público. Fue elegido presidente Françesc Macià. En el País Vasco el proyecto de Estatuto elaborado por el Partido Nacionalista Vasco y los carlistas, fue rechazado por tradicionalista y poco democrático. No habrá Estatuto de Autonomía hasta 1936, iniciada la guerra civil.
• La reforma agraria: en septiembre de 1932 se aprobó la Ley de Bases para la Reforma Agraria, con la oposición de la derecha. Se buscaba acabar con el latifundismo, el absentismo y la miseria de 2 millones de jornaleros. Se expropian sin indemnización las tierras a los Grandes de España y se declaran expropiables con indemnización los latifundios mal cultivados o sistemáticamente arrendados. Las tierras serían entregadas a los campesinos. Se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA) para llevarla a cabo. El ritmo de la reforma fue muy lento y sus resultados escasos; los campesinos, decepcionados con la República, se inclinaron hacia el anarquismo revolucionario (Aragón y Andalucía, con los sucesos de Casas Viejas). Por otro lado los terratenientes se mostraron claramente hostiles.

El gobierno de Azaña dimitió. Las elecciones de noviembre de 1933 dieron el triunfo a las derechas; la CEDA fue el partido más votado (115 escaños) y gobernó en coalición con el centrista Partido Radical de Lerroux (102 escaños). El bienio radical-cedista (1933- 1936) muy inestable realizó una política contrarreformista y reaccionaria (