El Inicio de la Transición (1975-1976)
La Transición Española comenzó con la muerte del dictador Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975 y la subsiguiente proclamación de Juan Carlos I como rey y jefe de Estado. Tras el fallecimiento del dictador, se inició un complejo proceso de reforma política, partiendo desde las propias leyes e instituciones del régimen franquista.
El papel del rey fue fundamental durante este periodo inicial. Decidió mantener a Carlos Arias Navarro, último presidente del Gobierno de Franco, al frente del ejecutivo. Este gobierno incluía ministros representantes del franquismo inmovilista, militares y figuras reformistas como José M.ª Areilza, Alfonso Osorio y Manuel Fraga. Torcuato Fernández Miranda fue nombrado presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, una figura clave en el diseño institucional de la reforma.
Sin embargo, el gobierno de Arias Navarro pronto mostró sus limitaciones. El enfrentamiento entre los ministros reformistas y el propio Arias Navarro, la creciente agitación social y la dura represión gubernamental (como en los sucesos de Vitoria de marzo de 1976), junto con la incapacidad del presidente para impulsar una reforma política creíble, llevaron a que este, presionado por el rey, dimitiera en julio de 1976.
El Gobierno de Adolfo Suárez y la Reforma (1976-1977)
El rey nombró entonces presidente del Gobierno a Adolfo Suárez. A pesar de su pasado vinculado al Movimiento Nacional, Suárez tenía experiencia de Estado y demostró una clara actitud reformista. Inmediatamente, inició contactos con las principales fuerzas de la oposición democrática, incluyendo a Felipe González (líder del PSOE) y Santiago Carrillo (líder del PCE), así como con el sindicato Comisiones Obreras (CCOO). Estas reuniones provocaron la dimisión del vicepresidente, el ultraconservador general Fernando de Santiago, siendo sustituido por el general Manuel Gutiérrez Mellado, más abierto a las reformas.
El 15 de diciembre de 1976 se dio un paso decisivo hacia la democracia: se aprobó en referéndum la Ley para la Reforma Política, ingeniosamente diseñada por Fernández Miranda para permitir la autodisolución de las Cortes franquistas y la convocatoria de elecciones democráticas. Esta ley establecía un sistema bicameral (Congreso y Senado) y el sufragio universal.
El año 1977 estuvo marcado por un recrudecimiento del terrorismo, que amenazaba la estabilidad del proceso. Actuaron tanto grupos de extrema derecha (responsables de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha en enero) como organizaciones de extrema izquierda como ETA y los GRAPO (con atentados y secuestros dirigidos contra miembros de las Fuerzas Armadas y del aparato del Estado, como el secuestro del presidente del Consejo de Estado).
Hacia la Democracia Plena (1977-1978)
A pesar de la tensión generada por el terrorismo, el proceso reformista continuó. En febrero de 1977 se aprobó una ley fundamental sobre el derecho de asociación política. Un momento crucial llegó el 9 de abril de 1977 (conocido como Sábado Santo Rojo), cuando Adolfo Suárez, en una audaz decisión, legalizó por decreto ley al Partido Comunista de España (PCE).
Las primeras elecciones generales libres desde 1936 se celebraron el 15 de junio de 1977, consolidando el restablecimiento de la democracia. Los resultados dieron el triunfo, aunque sin mayoría absoluta, a la coalición de centro liderada por Suárez, la Unión de Centro Democrático (UCD). El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por Felipe González, se consolidó como la principal fuerza de la oposición.
Ante los buenos resultados obtenidos por los partidos nacionalistas, en septiembre de 1977 se dio un paso importante hacia la descentralización territorial con la reinstauración provisional de la Generalitat de Cataluña y el regreso del exilio de su presidente histórico, Josep Tarradellas. Paralelamente, se aprobó un régimen preautonómico para el País Vasco, aunque esta medida, contrariamente a las expectativas del gobierno, no logró detener la actividad terrorista de ETA.
Consenso y Constitución (1977-1979)
Entre septiembre de 1977 y octubre de 1978, el Gobierno impulsó la creación de trece entidades preautonómicas para diferentes regiones, sentando las bases del futuro Estado de las Autonomías. Este proceso generó cierto descontento en sectores involucionistas del ejército. Para intentar controlar a la extrema derecha militar, se creó el Ministerio de Defensa, unificando los tres ministerios militares anteriores. Aun así, en noviembre de 1978 se desarticuló la “Operación Galaxia”, una intentona golpista.
En un contexto de grave crisis económica y tensión política, se alcanzaron los Pactos de la Moncloa, firmados el 25 de octubre de 1977 entre el Gobierno, los principales partidos políticos con representación parlamentaria y los sindicatos mayoritarios. Su objetivo era doble: estabilizar el proceso de transición democrática y adoptar un programa económico y social consensuado para hacer frente a la crisis. Se tomaron decisiones económicas importantes (como la devaluación de la peseta, medidas de control financiero y una reforma fiscal) y se avanzó en el ámbito social y de las libertades (mejoras en la Seguridad Social, consolidación de la libertad de prensa, derechos de reunión, asociación política y libertad de expresión).
Estos pactos crearon el clima de consenso necesario para impulsar la elaboración de una nueva Constitución democrática. El texto fue debatido y consensuado en las Cortes entre mayo y octubre de 1978. Fue aprobada mayoritariamente por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y promulgada por el rey el 29 de diciembre del mismo año.
Una vez aprobada la Constitución de 1978, se disolvieron las Cortes Constituyentes y se convocaron nuevas elecciones generales para marzo de 1979. La UCD de Adolfo Suárez volvió a ganar, pero de nuevo sin mayoría absoluta, viéndose obligada a gobernar en minoría.
Crisis, Golpe de Estado y Fin de la Transición (1979-1982)
La segunda legislatura de la UCD estuvo marcada por el desarrollo del Estado de las Autonomías (con la aprobación de los primeros Estatutos de Autonomía para el País Vasco y Cataluña) y la creación del Ministerio de Administración Territorial. Sin embargo, el gobierno de Suárez sufrió un fuerte desgaste debido a la crisis económica, el terrorismo y, sobre todo, las crecientes divisiones internas en la UCD.
El PSOE presentó una moción de censura contra Suárez en mayo de 1980, que, aunque no prosperó, evidenció la debilidad del gobierno. Finalmente, ante la profunda crisis de su partido y del ejecutivo, Adolfo Suárez dimitió como presidente el 29 de enero de 1981.
La UCD propuso como sucesor a Leopoldo Calvo Sotelo. Durante la sesión de investidura de este en el Congreso de los Diputados, el 23 de febrero de 1981 (23-F), se produjo un intento de golpe de Estado. El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero asaltó el hemiciclo, mientras el capitán general de Valencia, Milans del Bosch, sacaba los tanques a la calle, y el general Alfonso Armada intentaba proponerse como cabeza de un gobierno de concentración. La falta de apoyos militares decisivos y, fundamentalmente, la firme intervención del rey Juan Carlos I en defensa del orden constitucional a través de un mensaje televisado, frustraron la intentona golpista.
Este grave suceso, paradójicamente, tuvo el efecto de consolidar la joven democracia española y ayudó a superar el clima de ‘desencanto’ que se había extendido entre parte de la ciudadanía. Durante el breve gobierno de Calvo Sotelo se aprobaron leyes significativas como la Ley del Divorcio (1981) y se tomó la controvertida decisión del ingreso de España en la OTAN (mayo de 1982).
Las elecciones generales anticipadas, celebradas el 28 de octubre de 1982, marcaron un hito histórico. Dieron un triunfo arrollador, con una amplia mayoría absoluta, al PSOE. Este resultado se considera generalmente como el fin de la Transición y el inicio de la etapa de consolidación democrática en España.
La victoria socialista estuvo influida por diversos factores: el desgaste, la fragmentación y la debacle electoral de la UCD; el temor ciudadano a una posible involución política tras el intento de golpe del 23-F; y el fuerte liderazgo y mensaje de cambio encarnado por Felipe González. Estas elecciones registraron una altísima participación, cercana al 80%.
El PSOE ganaría también las tres siguientes elecciones generales (1986, 1989 y 1993), y Felipe González presidiría el Gobierno de España durante cuatro legislaturas consecutivas, hasta 1996.