La Transición Española a la Democracia

El Gobierno de Arias Navarro

La confirmación de Carlos Arias Navarro como presidente del primer gobierno fue criticada. Algunos ministros de este primer gobierno despertaron la esperanza de un cambio que no se produjo. Navarro defraudó las expectativas democráticas de la sociedad. El gobierno de Navarro tramitó el proyecto de ley de asociaciones que permitía la creación de asociaciones políticas al margen del Movimiento Nacional, pero no entró en vigor. La relación entre el rey y el presidente del gobierno fue fría y distante porque el monarca quería avanzar en las reformas, mientras que Arias se posicionó en el sector inmovilista.

La Coordinación de la Oposición Política

La oposición antifranquista se organizó entre 1974 y 1975 en la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática. Defendían la ruptura democrática y exigían: un gobierno provisional fuerte, amnistía general, elecciones a Cortes constituyentes, etc. La protesta social se mantuvo durante 1976 y se extendió por toda España.

El Gobierno de Adolfo Suárez

El rey nombró presidente del gobierno a Adolfo Suárez, lo que sorprendió tanto a la oposición como a los propios reformistas. No obstante, Suárez actuó con realismo y asumió que la sociedad deseaba alcanzar las liberdades. Trató de atraer a la oposición democrática, neutralizar los sectores más inmovilistas y ganar a la opinión pública. Aprobó una amnistía parcial en 1976 que tuvo que ser ampliada en octubre de 1977 mediante un pacto político con la oposición. En octubre de 1976, Coordinación Democrática formó la Plataforma de Organizaciones Democráticas (POD), encargada de negociar con el gobierno. Las elecciones sindicales de principios de 1978 dieron la victoria a Comisiones Obreras (CC.OO.); la Unión General de Trabajadores (UGT) obtuvo buenos resultados. Las movilizaciones a favor de la amnistía para los presos políticos, las liberdades y la autonomía obligaron al gobierno a acelerar el proceso reformista.

El Terrorismo Durante la Transición

La violencia estuvo presente durante todo el proceso a través de grupos terroristas de extrema derecha e izquierda que intentaban impedir su desarrollo pacífico. Estos grupos practicaron todo tipo de asesinatos, atentados y secuestros, que hicieron coincidir con los momentos clave de la transición. Entre 1975 y 1983 murieron centenares de personas, la gran mayoría a causa de la violencia terrorista de la extrema derecha, del GRAPO y de ETA.

La Ley para la Reforma Política

Para avanzar en las reformas era necesario desmontar el franquismo y acabar con sus instituciones. Sus objetivos eran:

1. La soberanía popular.
2. Establecer Cortes con miembros elegidos por sufragio universal, directo y secreto.
3. Defender los derechos fundamentales de la persona.
4. El pluripartidismo.

El gobierno mantuvo contactos con el ejército, la iglesia, la oposición y los procuradores a Cortes. La ley, con rango de fundamental, fue aprobada y sometida a referéndum popular el 15 de diciembre de 1976.

La Legalización de la Oposición Democrática

El buen resultado del referéndum reforzó al gobierno, que suprimió el Tribunal de Orden Público, restableció libertades y convocó elecciones democráticas. En el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), los líderes socialistas europeos lo apoyaron con su presencia, y Felipe González participó en el juego electoral. Se legalizaron hasta 78 partidos. Suárez y los líderes de la oposición pactaron la ley electoral y la convocatoria de elecciones para el 15 de junio. La legalización del Partido Comunista de España (PCE) fue más difícil, ya que este partido era la «bestia negra» y tanto los militares como buena parte del régimen se oponían a que se reconociese. Adolfo Suárez formó y lideró la coalición Unión de Centro Democrático (UCD). En Cataluña destacaron el Pacte Democràtic per Catalunya (PDC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y en el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Las Elecciones Democráticas

La convocatoria de elecciones legislativas libres fijó la fecha del 15 de junio de 1977. La ley electoral favoreció a la UCD con 166 escaños, seguida del PSOE, el PCE y Alianza Popular (AP) con 16. Se formó un gobierno en minoría de UCD presidido por Suárez. Una de las primeras decisiones fue la apertura de negociaciones para la integración de España en la Comunidad Económica Europea (CEE). En noviembre, España fue admitida en el Consejo de Europa por unanimidad.

Crisis Económica y Pactos de la Moncloa

El primer problema fue la grave crisis económica. El encarecimiento del petróleo en 1973 provocó una recesión mundial que afectó a España con enorme fuerza. Los últimos gobiernos no tomaron medidas de ahorro por temor a un aumento del descontento social. Tras las elecciones de junio de 1977, Fuentes Quintana propuso unos pactos para afrontar la crisis económica y amortiguar el impacto del terrorismo. Los llamados Pactos de la Moncloa se firmaron el 25 de octubre de 1977. Los pactos se centraron en dos grandes objetivos:

1. La reforma, modernización y saneamiento de la economía ante la recesión, la falta de inversiones y el aumento del precio del petróleo. Las medidas pretendían reducir la inflación y el déficit exterior. Se devaluó la peseta y se acordó vincular el aumento salarial a la tasa de inflación prevista, ampliar el Impuesto sobre las Retribuciones del Trabajo Personal y luchar contra el fraude fiscal.
2. Avanzar en las reformas políticas para garantizar la libertad de expresión, de reunión y de asociación; la regulación de los medios de comunicación; la reforma del código penal y el código de justicia militar.

Las organizaciones sindicales, CC.OO. y UGT, apoyaron los Pactos de la Moncloa. Las organizaciones patronales no participaron en las reuniones.

Las Nuevas Cortes y la Constitución

El 22 de julio de 1977, el rey presidió un discurso centrado en la soberanía conquistada y en la defensa de las diferencias regionales. La Comisión de Asuntos Constitucionales fue la encargada de elaborar una constitución consensuada. El 6 de diciembre de 1978, la Constitución se sometió a referéndum. Tras ser sancionada por el rey y publicada en el Boletín Oficial del Estado, se disolvieron las Cortes y se convocaron nuevas elecciones legislativas. Se definía a España como un «Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». La Constitución garantizaba los derechos humanos y las liberdades conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la igualdad de todos los españoles ante la ley; abolía la pena de muerte; establecía un Estado aconfesional; garantizaba la libertad ideológica. Los poderes del Estado se dividían en:

1. El legislativo, que radicaba en las Cortes, formadas por dos cámaras, Congreso y Senado. Elaboran las leyes.
2. El ejecutivo, en el gobierno, que dirige la política interior y exterior y tiene poder de presentar proyectos de ley a las Cortes.
3. El judicial, en manos de jueces que administran la justicia que «emana del pueblo» a través de las leyes.

El Estado de las Autonomías

El Título VIII de la Constitución fue muy discutido porque dejaba sin resolver la distribución de las competencias. La nueva organización del Estado posibilitaba que todos los territorios se organizasen como entes autonómicos. En la Constitución había dos vías de acceso a la autonomía:

1. La del artículo 151 para las nacionalidades históricas como Cataluña, el País Vasco y Galicia. Permitía un mayor autogobierno y podían acceder el resto de autonomías.
2. La del artículo 143 para el resto de regiones con un techo de competencias menor.

Gobierno y Crisis de UCD

Las diferencias internas dificultaron la labor del gobierno de Suárez. La acción de gobierno se vio dificultada por diferentes factores:

1. La crisis económica, iniciada en 1973, se agravó por la segunda crisis del petróleo en 1979, que empeoró la crisis bancaria, la disminución de inversiones extranjeras y el descontento empresarial.
2. El proceso autonómico provocó tensiones dentro de UCD.
3. La tensión social, el terrorismo y la rapidez de las reformas alarmaron a los militares más reaccionarios.

Los resultados desfavorables obtenidos en las elecciones aumentaron los problemas internos de UCD. La división interna y la oposición de los militares paralizaron la acción del gobierno. UCD designó a Leopoldo Calvo-Sotelo como sucesor de Adolfo Suárez.

El Golpe de Estado del 23-F

El 23 de febrero de 1981, mientras se celebraba la investidura del nuevo presidente, un grupo de guardias civiles bajo el mando del teniente coronel Tejero asaltó el Congreso de los Diputados y secuestró al gobierno y a los representantes de la soberanía nacional. El golpe militar fracasó y los implicados fueron detenidos.