El gobierno de Adolfo Suárez llegaba en medio de una delicada situación política y económica. Los grupos de oposición al franquismo se habían unido en la “platajunta” para buscar la vía de la “ruptura democrática”, lo que implicaba la formación de un gobierno provisional y la convocatoria a Cortes constituyentes. En el otro extremo, el sector inmovilista del “bunker” franquista se mostraba reacio a cualquier cambio que violara la legalidad franquista. Mientras, la situación económica empeoraba y arreciaban las protestas, huelgas y manifestaciones seguidas de represión.
La vía de la reforma
Suarez tenía que actuar rápido y de una forma decidida. Con el apoyo del rey y de importantes personalidades del franquismo (Torcuato Fernández Miranda, Gutiérrez Mellado) inició un proceso de cambio a partir de las leyes vigentes, desde dentro del propio sistema franquista, por la vía de la reforma y no de la ruptura. Para ello era necesario aislar al bunker y contar con el apoyo de la oposición. Adolfo Suárez inicia un nuevo estilo de hacer política, estableciendo contactos con la oposición, incluidos socialistas y comunistas, y acepta la realidad de los nacionalismos. Para que la vía de la reforma fuese aceptada, en adelante habría que contar con ellos.
Ley de Reforma Política
Su proyecto de reforma se plasmó en la Ley de Reforma Política que establecía unas nuevas Cortes bicamerales (Congreso y Senado) elegidas por sufragio universal y anunciaba elecciones con el concurso de partidos políticos. Esta Ley fue la pieza clave para la transición legal hacia la democracia porque suponía la implantación de un sistema parlamentario y la liquidación política del franquismo. Su aprobación por las Cortes franquistas fue posible gracias al impulso reformista de la Corona, la intervención de Torcuato Fernández Miranda desde el Consejo del Reino y las garantías dadas a los procuradores en Cortes: no exigir responsabilidades a los implicados en la dictadura y no legalizar el PCE. La oposición no estaba satisfecha con la reforma, pero la Ley fue sometida a referéndum en diciembre de 1976 y aprobada mayoritariamente por el pueblo español, lo que hizo que la oposición se replantease su estrategia y abandonase muchos de sus contenidos de ruptura, como el rechazo a la monarquía.
Legalización de partidos políticos y sindicatos
Desde principios de 1977 hubo una progresiva legalización de partidos políticos y sindicatos, se avanzó en el ejercicio de las libertades y se procedió a desmantelar las organizaciones franquistas ligadas al Estado. Todo ello provocó acciones de violencia de extrema derecha, como el asesinato de los abogados laboralistas ligados al PCE en enero de 1977 mientras seguía la acción terrorista de grupos como ETA y GRAPO.
Legalización del PCE
El punto más delicado fue a la legalización del PCE. Si se querían convocar elecciones verdaderamente democráticas era necesaria la participación de todas las fuerzas políticas, incluido el PCE. El comunismo aun suscitaba muchos recelos entre los españoles porque lo asociaban a la Guerra Civil. La dictadura franquista siempre había promovido un anticomunismo visceral que impregnaba al Ejército y la derecha española. El decreto de legalización del PCE provocó una tormenta política, con numerosas dimisiones y protestas militares. Por su parte el PCE de Santiago Carrillo acataba la monarquía de Juan Carlos I.
Elecciones generales a Cortes constituyentes
Por último, son convocadas elecciones generales a Cortes constituyentes para el día 15 de junio de 1977. Serán las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco. Las Cortes resultantes de estas elecciones serán las que elaboren la Constitución de 1978.