La Transición Española
El paso de la dictadura franquista a la democracia se conoce como la «Transición». Es un periodo difícil y complejo que abarca desde 1975 hasta 1978 (para algunos hasta 1982), que culmina con la proclamación de la Constitución de 1978.
Tras una serie de reformas políticas, España volverá a ser un país con un sistema constitucional en el que se recobrarán derechos y libertades. La transición acercó el país a las sociedades de nuestro entorno, viviendo una época de cambio, crecimiento y modernización sin precedentes. Fue fruto de un acuerdo, consenso o pacto entre algunos dirigentes y políticos del Estado franquista y la oposición, que aceptaron la supresión de los aspectos más radicales de sus programas. Las reformas se realizarían desde arriba y desde la legalidad, aunque en un principio no contaban con el apoyo de la derecha, contraria a los cambios, ni la izquierda, que abogaba por una ruptura.
Tras la muerte de Franco, los acontecimientos se desarrollaron de forma muy distinta a la que se imaginaron quienes pretendían continuar el franquismo sin Franco. Fue decisiva la actitud del Rey, que se convirtió en el motor del cambio. Las Cortes proclamaron como rey a Juan Carlos I de Borbón el 22 de noviembre, jurando lealtad a los Principios del Movimiento y las Leyes Fundamentales, pero mostrando sus deseos de apertura política. En contra de lo que esperaban los franquistas, el Rey se opuso a la continuación del régimen anterior y apoyó la proclamación de una democracia.
Pero fue la sociedad española quien verdaderamente protagonizó el proceso, debido al ansia de renovación política de las nuevas generaciones. España se había desarrollado en lo social y económico en los últimos años y demandaba cambios políticos. La presión popular fue clave para las reformas, produciéndose una movilización general con huelgas y manifestaciones pidiendo la apertura.
Gobierno de Arias Navarro
Carlos Arias Navarro fue nombrado presidente del gobierno para no alarmar a los franquistas. Diseñó un programa de reformas limitadas, pero tan restrictivas que las Cortes no tuvieron inconveniente en aprobarlas y nunca pensó en una verdadera democracia, debido a la resistencia del búnker, que defendían sus principios como permanentes e inmutables.
Pretendía seguir gobernando España como lo hubiera hecho Franco, se mostró incapaz de realizar los cambios anunciados por el rey y demandados por la oposición, que se reunió en Coordinación Democrática, la llamada “Platajunta”, iniciando un período de manifestaciones y huelgas que marcaron una gran inestabilidad y fueron reprimidas con dureza, lo que provocó el desgaste del gobierno. Reivindicaban mejoras laborales, ampliación de libertades, amnistía y autonomía. Se exige la liberación de los presos políticos. Una huelga general en Vitoria en marzo del 76 se salda con cinco muertos. Al mismo tiempo, la Iglesia se fue distanciando del Régimen franquista, especialmente significativa es la homilía del cardenal Tarancón al rey pidiendo apertura.
Mientras tanto, el rey, en un discurso ante el Congreso de EEUU, explicaba su propósito de establecer un régimen democrático, con lo que demostró su desconfianza hacia Arias Navarro. Tras los sucesos de Montejurra, un enfrentamiento entre carlistas, los atentados de ETA y las presiones reformistas obligan a Arias Navarro a presentar su dimisión el 1 de julio de 1976.
Gobierno de Adolfo Suárez
El nuevo presidente del gobierno debía ser elegido por el rey entre tres candidatos propuestos por el Consejo del Reino, que dirigía Torcuato Fernández Miranda, entre los que incluyó a Adolfo Suárez, una de las figuras clave de la transición, que demostró una extremada habilidad política, sabiendo captar las necesidades del momento y con un sentido del Estado que resultarían decisivos. Su nombramiento por parte del Rey como presidente sorprendió a toda la población, ya que procedía de las filas falangistas y no se confiaba en él como hombre apropiado para traer la democracia.
Pero, las cosas transcurrieron de manera muy distinta, Suárez contacta con la oposición democrática para convencerles de que su proyecto de transición era el único viable y entre 1976 y 1977 se procedió al desmantelamiento de las instituciones del régimen anterior y a la instauración de una plena democracia. La tolerancia gubernamental en estos meses fue muy amplia: la mayoría de los partidos actuaban abiertamente y la prensa gozaba de total libertad. Se iniciaron conversaciones para legalizar los sindicatos y proclamar una amnistía.
El nuevo gabinete quedó formado por políticos jóvenes y de perfil reformista (los “penenes”: profesores no numerarios, personajes no conocidos). Fue fundamental la aprobación por parte de las Cortes franquistas de la Ley para la Reforma Política en noviembre de 1976, (en lo que se denominó el “harakiri”, pues suponía su desaparición) que proclamaba la democracia como organización política, reclamaba la soberanía popular y establecía la elección de las Cortes por sufragio universal. Las negociaciones fueron complejas, aislando al búnker, sector inmovilista, contó con el apoyo de la monarquía e iba acompañado de garantías: no exigir responsabilidades a los implicados en la dictadura y que se mantendría en la ilegalidad a la izquierda radical, en cambio, en abril de 1977 (“Sábado Santo Rojo”) se legaliza al PCE ante el rechazo del búnker y los militares, que manifestaron un profundo malestar con la dimisión de algunos altos mandos. Tras ser aprobada en referéndum con una enorme mayoría, se declaran legales los partidos políticos, que se replantean su estrategia, renunciando a algunos aspectos de la ruptura, como la aceptación de la monarquía.
El gobierno tuvo que hacer frente a un terrorismo tanto de extrema derecha (“Guerrilleros de Cristo Rey”) como de extrema izquierda y nacionalistas radicales (GRAPO y ETA), que crearon malestar en el Ejército. El asesinato de cinco abogados laboralistas vinculados al Partido Comunista y CCOO en la calle Atocha de Madrid por parte de la ultraderecha despertó muestras de solidaridad y demostró la serenidad del PCE, lo que contribuiría a su reconocimiento y aceptación pública.
El 15 de junio de 1977 se celebraron elecciones generales con una gran participación. El pueblo optó por la moderación y la reforma democrática gradual, rechazando las opciones más radicales. La coalición gubernamental de centro (UCD), en torno a Adolfo Suárez, que reunía al reformismo franquista, democristianos, liberales y socialdemócratas, obtuvo el triunfo (165 escaños), seguida del PSOE de Felipe González. El PCE consiguió solo 20 escaños, con Carrillo y Pasionaria, la extrema derecha de Blas Piñar (Fuerza Nueva) no obtuvo representación y la derecha franquista solo obtuvo 16 escaños con Alianza Popular de Manuel Fraga. Los partidos nacionalistas también consiguieron una representación importante.
Primer Gobierno de la UCD
El nuevo gobierno se enfrentó a tres tareas principales:
- Resolver la crisis económica en la que se encontraba España desde 1973
- Aprobar la constitución
- Solucionar el problema regional.
Para ello realizó acuerdos negociados entre los principales partidos, iniciando así la llamada “política del consenso”. La necesidad de solucionar urgentemente los problemas políticos había relegado los económicos, tratando de evitar la puesta en marcha de medidas que produjeran el aumento de la presión social. La crisis del petróleo afectó gravemente, disparando la inflación, el déficit y el paro, sobre todo en el sector industrial.
Para superarla se firmaron los llamados Pactos de la Moncloa, inspirados por Fuentes Quintana y fruto del consenso. Firmados el 25 de octubre de 1977 por Suárez y representantes de los partidos políticos y sindicatos, constituyeron un gran conjunto de medidas para afrontar la crisis. Sus principales objetivos eran reducir la inflación y el paro, para lo cual se realiza la devaluación de la peseta, se redujo el gasto público y sentó las bases de una reforma tributaria y de la Seguridad Social. Sus efectos se dejaron ver pronto en la mejora del clima social, que se tradujo en descenso de la conflictividad y normalización de las relaciones laborales.
El presidente de la Generalitat de Cataluña en el exilio, Josep Tarradellas, de Esquerra Republicana, fue nombrado oficialmente presidente de la Generalitat provisional, restituida en septiembre de 1977, retornando a Barcelona. Durante este período, fue importante el papel del general Gutiérrez Mellado como ministro de Defensa, cuya misión fue alejar la política de los cuarteles; sometido a una dura tensión modernizó las Fuerzas Armadas.
La Constitución de 1978
Aunque no tenían el rango de Constituyentes, las Cortes se dedicaron a elaborar una Constitución. Su redacción no iba a responder a la imposición unilateral de un partido, sino al acuerdo entre los más importantes, buscando el consenso. Su elaboración fue larga y difícil. Una comisión de siete personas, representantes de distintas fuerzas políticas. Existían profundas discrepancias, sobre todo en las autonomías, la educación, la cuestión religiosa y las libertades individuales. Ante el peligro de ruptura de las negociaciones, la redacción final la llevaron a cabo personalmente Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón por la UCD y José Pedro Pérez-Llorca por Alianza Popular, y Gabriel Cisneros por AP, Miquel Roca por CDC y Jordi Solé Tura por el PCE, pactando uno a uno los puntos más conflictivos y reconduciendo la situación. Tras ser aprobada por el Congreso y el Senado en sesión conjunta, el 6 de diciembre de 1978 fue aprobada en un referéndum en el que se alcanzó el 88 % de votos favorables aunque con una participación baja, especialmente relevante es la falta de legitimidad en el País Vasco por la elevada abstención.
Se establecía una monarquía parlamentaria, en un Estado social y democrático de Derecho, reconocía la soberanía nacional, la separación de poderes y una amplia declaración de derechos y libertades, declaraba un Estado aconfesional y establecía el Estado de las autonomías.
Pretendió restituir el poder a las regiones y nacionalidades. Se reconocen a las demás lenguas como oficiales. Los proyectos de reforma regional producían desconcierto en amplios sectores del Ejército. En octubre de 1979 son aprobados el Estatuto de Cataluña y el vasco mediante sendos referéndum y poco después se aprobó el gallego. Finalmente, ante las demandas de otras regiones, se optó por la extensión del mapa autonómico a todo el territorio, que se dividió enteramente en Autonomías.