Durante la Transición, España experimentó un periodo de cambios profundos y desafíos significativos. La promulgación de la Constitución de 1978 marcó el establecimiento de una monarquía parlamentaria y democrática. A lo largo de las décadas siguientes, los gobiernos democráticos liderados por diferentes partidos como UCD, PSOE y PP han contribuido a consolidar la democracia y modernizar el país, mientras se integraba en la Unión Europea. Sin embargo, este proceso estuvo marcado por crisis económicas (crisis del petróleo), conflictos políticos como la corrupción y el terrorismo, especialmente el perpetrado por ETA durante décadas.
La Transición: del franquismo a la democracia (1975-1977)
La Transición española abarca desde el fin del régimen franquista hasta el establecimiento de la democracia en España. Se inició en 1975, con la muerte de Franco, y su fecha de conclusión varía. Tras la muerte de Franco, surgieron debates:
- Los partidarios de la continuidad, llamados el «búnker», buscaban mantener el franquismo sin Franco.
- El sector aperturista, dominante, abogaba por una evolución hacia la democracia y logró pactar con la oposición (la Platajunta).
El rey Juan Carlos I, nombrado sucesor por Franco en 1969, desempeñó un papel crucial para una Transición pacífica al renunciar a los poderes franquistas. Ante la incapacidad de Carlos Arias Navarro para resolver conflictos, el rey nombró a Adolfo Suárez como nuevo presidente en julio de 1976, asesorado por Torcuato Fernández Miranda.
Adolfo Suárez implementó medidas de reforma política, como la amnistía para presos políticos, el diálogo con la oposición y la convocatoria de elecciones generales en un año. Su iniciativa clave fue la Ley para la Reforma Política (noviembre de 1976), que transformó las Cortes franquistas en un Congreso y Senado elegidos por sufragio universal y con pluralidad de partidos políticos.
Las Cortes Orgánicas aprobaron su disolución el 15 de diciembre de 1976. Este proceso es conocido como el «harakiri» y posteriormente obtuvo un gran apoyo popular en el primer referéndum democrático tras el franquismo en diciembre de 1976.
El proceso de transición se vio obstaculizado por el terrorismo, liderado por grupos como ETA, GRAPO, FRAP, Triple A y GAE, que buscaban desestabilizar la transición a la democracia. También hubo tensiones en torno al Partido Comunista Español (PCE), cuya legalización fue negociada por Suárez con Santiago Carrillo, líder del PCE, y decretada en abril de 1977.
Las primeras elecciones democráticas se celebraron el 15 de junio de 1977, fueron ganadas por UCD, partido liderado por Suárez. Suárez encabezó el primer gobierno democrático, mientras que el PSOE, dirigido por Felipe González y Alfonso Guerra, asumió el papel de oposición. Los partidos más a la derecha (Alianza Popular) y a la izquierda (PCE) obtuvieron resultados minoritarios. Los nacionalistas obtuvieron algunos escaños por lo que Suárez decidió reconocer las preautonomías de Cataluña y el País Vasco. Además, el gobierno de Suárez logró acordar con el PSOE y otras fuerzas los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977), un consenso sobre la política económica que buscaba evitar conflictos laborales hasta que se consolidara la democracia. Estos pactos incluyeron la supresión de la censura, el reconocimiento de derechos de asociación y reunión, el reconocimiento del delito de tortura y la asistencia legal a los detenidos, entre otros aspectos.
La Constitución de 1978
La Constitución de 1978 fue el resultado de un largo proceso constituyente que culminó con su aprobación en un referéndum nacional el 6 de diciembre de ese año. Fue redactada por una comisión de siete miembros de diferentes partidos políticos, conocidos como los «padres de la Constitución». Este texto constitucional, fruto del consenso, definió a España como un Estado social y democrático de Derecho, garantizando una amplia gama de derechos y deberes para los ciudadanos.
Estableció un sistema político de monarquía parlamentaria y democrática, con una división de poderes y la soberanía nacional radicada en las Cortes bicamerales. Reconoció el Estado como no confesional, aunque con una referencia al catolicismo como religión mayoritaria. Además, introdujo el Estado de las Autonomías, que otorgaba a las comunidades autónomas competencias propias en diversas áreas como educación y sanidad. Entre 1979 y 1983, todas las diecisiete comunidades autónomas de España, incluida la Región de Murcia en 1982, declararon su autonomía.
El Golpe de Estado y el inicio de la normalidad
Tras la aprobación de la Constitución, se convocaron nuevas elecciones y Adolfo Suárez formó el primer gobierno democrático, con la victoria de su partido Unión de Centro Democrático (UCD). A pesar del papel de Suárez, los gobiernos de UCD entraron en crisis debido las discrepancias en el partido ante medidas como la ley del divorcio, la política educativa o la autonomía de ciertas regiones. A todo ello se unió el descontento de ciertas regiones ante la desigualdad de las autonomías; la persistencia de la crisis económica agravada por una segunda crisis del petróleo; la ofensiva terrorista de ETA y la oposición del PSOE. Ante todo ello, Adolfo Suárez dimitió en enero de 1981, y fue sucedido por Leopoldo Calvo Sotelo. En la votación de investidura, se produjo el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 por el coronel Antonio Tejero. En dicha crisis fue decisiva la actitud del rey Juan Carlos I que, como jefe del Estado, desautorizó el golpe. El efecto del fracaso del golpe fue la enorme respuesta popular a favor de la democracia. Terminado el golpe de Estado, Calvo Sotelo gobernó hasta las elecciones de octubre de 1982, cuando el PSOE consiguió la mayoría absoluta y se mantuvo en el poder hasta 1996 bajo el liderazgo de Felipe González.
Conclusión:
La Transición se basó en el consenso y la negociación entre los partidos políticos. Esto permitió el paso de una dictadura a una democracia, sin las violencias del pasado reciente. Desde entonces, se ha construido un Estado democrático que reconoce las libertades de los ciudadanos.