Inicios de la Transición
Inmovilistas, reformistas y rupturistas
Tras la muerte de Franco, coexistían diferentes posturas políticas: unos defendían la continuidad del régimen franquista (inmovilistas), otros abogaban por una reforma promovida desde el propio sistema para su democratización (reformistas), y otros exigían una ruptura total con el pasado dictatorial (rupturistas).
El Gobierno de Arias Navarro
El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I fue proclamado rey. Mantuvo a Carlos Arias Navarro al frente del gobierno, quien apostaba por la continuidad del franquismo con leves reformas. Su gobierno, con leyes restrictivas, supuso una gran decepción para los sectores aperturistas.
Movilizaciones populares
Las movilizaciones populares se intensificaron. La Coordinación Democrática (conocida como Platajunta) agrupaba a la oposición y proponía una ruptura democrática para establecer un nuevo sistema político. Los antifranquistas reclamaban libertades democráticas y amnistía para los presos políticos. Se produjeron importantes huelgas en Cataluña y el País Vasco.
El Gobierno de Suárez y la Reforma Política
Ante la incapacidad de Arias Navarro para dirigir el cambio y la presión de los inmovilistas, el rey Juan Carlos I forzó su dimisión en julio de 1976 y nombró como sucesor a Adolfo Suárez. Suárez impulsó la Ley para la Reforma Política (LRP), que reconocía los derechos fundamentales de las personas, concedía la potestad legislativa a la representación popular y establecía un sistema electoral democrático. Contemplaba una nueva Asamblea bicameral (Congreso y Senado) elegida por sufragio universal. La ley fue sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976 y aprobada por una amplia mayoría.
Construcción de la democracia
Primeras Elecciones Generales (1977)
Se permitió la libertad sindical y se procedió a la legalización de los partidos políticos, incluyendo la controvertida legalización del Partido Comunista de España (PCE) en abril de 1977. Estas medidas aseguraron la ruptura con el franquismo y el camino hacia la democracia.
A las primeras elecciones democráticas (15 de junio de 1977) concurrieron diversas fuerzas: a la derecha, Manuel Fraga Iribarne creó Alianza Popular (AP); en el centro, Adolfo Suárez aglutinó a diversas familias políticas en la Unión de Centro Democrático (UCD), que concurrió desde el gobierno. El triunfo fue para la UCD de Suárez, formándose así el primer gobierno democrático después de la Guerra Civil.
La Constitución de 1978
Elaborada mediante una política de consenso (negociación y acuerdo entre las principales fuerzas políticas), la Constitución de 1978 fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre. Estableció una Monarquía Parlamentaria, con un carácter representativo para la Corona y definiendo a España como un Estado social y democrático de Derecho, aconfesional. Incluye una amplia declaración de derechos fundamentales y libertades públicas. Reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Establece los principios rectores de la política social y económica, reconociendo la libertad de mercado.
Gobiernos de la Democracia
Etapa del gobierno socialista (1982-1996)
En las elecciones de octubre de 1982, el PSOE obtuvo una amplia mayoría absoluta, con Felipe González como presidente. Su programa incluía profundas reformas, la lucha contra la crisis económica y el avance hacia el Estado del Bienestar. Se abordó una dura reconversión industrial que, aunque necesaria, aumentó el paro y desencadenó importantes conflictos laborales. Se impulsaron reformas sociales y educativas, como la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación, 1985) y la LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo, 1990). Se desarrolló la Ley del Proceso Autonómico (LOAPA). España se integró en la Comunidad Económica Europea (CEE), firmando el Tratado de Adhesión que entró en vigor el 1 de enero de 1986. Se hizo frente al terrorismo de ETA con reformas en el ejército y la policía, y se buscó la unidad de los demócratas con el Pacto de Ajuria Enea (1988). La huelga general del 14 de diciembre de 1988 fue una masiva respuesta sindical a la política económica. Como respuesta a la grave situación social, se extendió la asistencia sanitaria gratuita, la protección contra el desempleo y se reformó el sistema público de pensiones mediante el Pacto de Toledo (1995). A principios de los años 90, surgieron casos de corrupción y la polémica por la «guerra sucia» contra ETA (caso GAL) que desgastaron al gobierno.
Gobiernos del Partido Popular (1996-2004)
Las elecciones de 1996 fueron ganadas por el Partido Popular (PP), liderado por José María Aznar. Gobernó inicialmente con apoyo de partidos nacionalistas y adoptó una orientación centrista. Su política económica priorizó cumplir las condiciones de la Unión Europea para ingresar en la moneda única (Euro), lo que se consiguió. Se llevaron a cabo privatizaciones de empresas públicas y se suprimió el servicio militar obligatorio. En la lucha contra ETA, se mantuvo una política de firmeza, dificultada por la estrategia del PNV y otras fuerzas nacionalistas plasmada en el Pacto de Lizarra (1998). En las elecciones del año 2000, el PP obtuvo mayoría absoluta. Se aprobaron leyes como la Ley de Extranjería, la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE) y la Ley de Partidos (que permitía ilegalizar a aquellos que no condenasen la violencia, aplicada a Batasuna). El gobierno del PP hizo frente al desastre ecológico provocado por el hundimiento del petrolero Prestige (2002), que provocó una gran movilización social y otra huelga general. Apoyó la invasión de Irak en 2003, liderada por EEUU como respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, decisión que generó un amplio rechazo popular. Para las elecciones de 2004, Aznar designó sucesor a Mariano Rajoy. Tres días antes de las elecciones, los atentados islamistas del 11-M en Madrid causaron una conmoción nacional; el gobierno del PP atribuyó inicialmente la autoría a ETA.
El regreso de los socialistas (2004-2008)
Las elecciones de marzo de 2004 dieron la victoria al PSOE, y José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido presidente del gobierno. Su primera medida fue ordenar la retirada de las tropas españolas en Irak. Retiró el Plan Hidrológico Nacional y reformó las dos leyes educativas anteriores (LOE). Impulsó leyes sociales como la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y la Ley de Dependencia. Se abordó la reforma de varios Estatutos de Autonomía, como los de Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, no exenta de tensiones políticas. En 2008, Zapatero revalidó su mandato en una segunda legislatura, marcada por el inicio de una profunda crisis económica.
Crisis Económica, Consenso Social y Oposición Violenta
La crisis económica internacional de los 70
La Transición coincidió con una grave crisis económica internacional, desencadenada principalmente por la súbita subida del precio del petróleo en 1973. Esto generó un fuerte proceso inflacionario. La pérdida de competitividad hizo descender las exportaciones. Entre 1973 y 1974, el déficit de la balanza comercial española prácticamente se duplicó. La depreciación de la peseta favoreció los ingresos por turismo y la inversión de capital exterior, que paliaron la gravedad del déficit durante los primeros años. La crisis afectó especialmente a la industria, por el aumento de los costes energéticos y de producción. El paro aumentó considerablemente, aunque paradójicamente, la renta anual por habitante también aumentó en el periodo.
La oposición antidemocrática y el terrorismo
Las principales amenazas a la joven democracia provinieron del involucionismo, el golpismo militar y el terrorismo. Fuerzas de extrema derecha crearon agrupaciones violentas como los Guerrilleros de Cristo Rey, la Triple A o el Batallón Vasco Español. Hubo intentos de desestabilización promovidos por sectores del ejército (como la Operación Galaxia en 1978). El terrorismo de extrema izquierda también actuó con la aparición de los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) y el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota). Sin embargo, la principal y más persistente amenaza fue el terrorismo de ETA (Euskadi Ta Askatasuna), que intensificó su campaña de atentados durante la Transición, provocando numerosas muertes y buscando desestabilizar el proceso democrático.
Consolidación Democrática
El Segundo Gobierno de la UCD (1979-1982)
Tras aprobarse la Constitución, se convocaron nuevas elecciones legislativas en marzo de 1979. Volvió a triunfar Adolfo Suárez, y la UCD formó gobierno, aunque sin mayoría absoluta. Continuó la actividad reformista con la promulgación del Estatuto de los Trabajadores (1980), pero no se emprendió una política profunda de reformas de la estructura productiva para afrontar la crisis económica.
El gobierno enfrentó problemas internos y externos: el relativo fracaso en las primeras elecciones municipales democráticas (abril de 1979) y en las elecciones autonómicas en el País Vasco y Cataluña (1980), donde triunfaron los partidos nacionalistas.
Se agudizó la crisis interna de la UCD, reflejada en una moción de censura presentada por el PSOE en mayo de 1980, que aunque no prosperó, evidenció la debilidad del gobierno. Ante el creciente fraccionamiento de la UCD y la pérdida de apoyos, Adolfo Suárez dimitió como presidente del gobierno y del partido en enero de 1981.
El Golpe de Estado del 23-F
El 23 de febrero de 1981, mientras se realizaba en el Congreso de los Diputados la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como sucesor de Suárez, un grupo de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el hemiciclo, secuestrando al gobierno y a los diputados. Simultáneamente, el capitán general Milans del Bosch se sublevaba en Valencia, decretando el estado de excepción. Los objetivos de los golpistas eran paralizar el proceso democrático y otorgar al ejército un papel relevante en el gobierno, posiblemente bajo una fórmula de gobierno de concentración presidido por un militar. La firme actuación del Rey Juan Carlos I, que desautorizó el golpe en un mensaje televisado durante la madrugada, fue crucial para su fracaso.
Declive y fin de la UCD
Dos días después del intento de golpe, Leopoldo Calvo-Sotelo fue finalmente investido nuevo jefe de gobierno. Durante su mandato se firmó el Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) entre gobierno, sindicatos y patronal para contribuir a la estabilidad democrática y económica. También se aprobó la Ley del Divorcio (1981), a pesar de las resistencias internas en UCD.
En política exterior, España ingresó en la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) en mayo de 1982. Se intentó reconducir el desarrollo autonómico mediante un pacto entre UCD y el PSOE, que llevó a la aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), posteriormente recortada por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, Calvo-Sotelo no pudo frenar la desintegración del partido en el gobierno ni alcanzar un entendimiento con Adolfo Suárez. Éste abandonó la UCD para crear su propio partido, el Centro Democrático y Social (CDS). Ante la imposibilidad de gobernar, Calvo-Sotelo disolvió el Parlamento y convocó nuevas elecciones para octubre de 1982.
Las elecciones de 1982 supusieron una victoria arrolladora para el PSOE de Felipe González y el hundimiento de la UCD. Este resultado marcó el final del proceso de Transición e inició una nueva etapa constitucional caracterizada por la alternancia política entre los dos grandes partidos, PSOE y PP.