Las desamortizaciones se enmarcan dentro del principal cambio económico propugnado por el liberalismo: la defensa de la propiedad privada para conseguir la felicidad de los ciudadanos (principal derecho natural del hombre). Y para que los individuos la consigan deben tener libertad y contar con una radical igualdad de oportunidades. Además, para impulsar la industrialización era imprescindible modernizar la actividad agraria, reformando el régimen de propiedad e introduciendo nuevas técnicas, nuevos cultivos y nuevos métodos de gestión. La conversión de la propiedad del Antiguo Régimen en una propiedad libre se inicia en la Constitución de 1812. Las medidas irían encaminadas a desvincular los bienes de la nobleza y a desamortizar los bienes eclesiásticos, estatales y municipales para sacar al mercado libre (compra y venta) los bienes que antes no se podían vender, hipotecar o ceder. Así aumentaría el número de propietarios particulares y, con su trabajo, la riqueza nacional.

La desvinculación supuso una doble decisión. La primera fue la abolición de los señoríos, que convirtió a los antiguos señores en plenos propietarios de esas tierras. La segunda fue la supresión de los mayorazgos, declarando esos bienes libres para ser vendidos.

La desamortización fue la medida de mayor trascendencia. Ésta consiste en poner en el mercado, previa expropiación forzosa y mediante una subasta pública, las tierras y bienes en poder de la Iglesia católica, de órdenes religiosas (“manos muertas”), del Estado y de los municipios (baldíos y tierras comunales). El producto obtenido con la venta se aplicaba a reducir la deuda del Estado.

Las Desamortizaciones de Mendizábal y Madoz

Aunque ya se expropiaron bienes con Carlos III (a los jesuitas, 1767), con Carlos IV (Godoy), en las Cortes de Cádiz y en el Trienio Liberal, las dos desamortizaciones más importantes son las que llevaron a cabo Mendizábal y Madoz, en el reinado de Isabel II.

La desamortización de Mendizábal (1836-1837) afecta a los bienes del clero regular (unos 2000 conventos fueron suprimidos y sus tierras, casas y enseres se pusieron a la venta). En época de la regencia de Espartero se vendieron bienes del clero secular. Mendizábal pretendía lograr varios objetivos:

• Aumentar los ingresos del Estado en un momento en que los gastos habían aumentado mucho con la I Guerra Carlista. Para disminuir la deuda pública se ofreció la posibilidad a los compradores de pagar con deuda del Estado.
• Conseguir apoyo social para Isabel II (para ello era imprescindible ganar la guerra a los carlistas) y para el Estado liberal.
• Poder solicitar nuevos préstamos en el exterior.
• Cambiar la estructura de la propiedad: pasaba a ser libre e individual.
• Crear una clase de pequeños y medianos propietarios que apoyaran a la reina y al liberalismo.
• Disminuir la influencia de la Iglesia católica en la sociedad.

La desamortización de Madoz (1855-1924) se llama “general” porque se pusieron en venta todos los bienes de propiedad colectiva: restos eclesiásticos, propiedades del Estado y de los municipios (baldíos, comunales, utilizados por los vecinos, y propios arrendados).

Consecuencias de las Desamortizaciones

El destino del dinero fue dar un impulso a la industrialización y a la construcción del ferrocarril. La burguesía con dinero fue, de nuevo, la gran beneficiaria, aunque la participación de los pequeños propietarios de los pueblos fue mucho más elevada que en la anterior de Mendizábal.

El resultado de las desamortizaciones no fue el esperado porque no se modificó la estructura de la propiedad de la tierra (continuaron los latifundios en el sur), ni se creó una clase de campesinos medios, ni se acabó con la deuda pública. Pero, sí aumentó la superficie cultivada, aumentando, así, la producción agraria. Y provocó la ruptura con la Iglesia y el papado (que no se resolvería hasta la firma del Concordato con la Santa Sede de 1851).

Quizás las consecuencias más trascendentes fueron la aparición de una burguesía terrateniente que pretendía parecerse a la vieja aristocracia y el nacimiento de un proletariado agrícola (2 millones): jornaleros sin tierra con duras condiciones de vida y trabajo estacional. Este grupo numeroso con graves carencias alimenticias, sanitarias y culturales, que vivía en medio de la más absoluta de las miserias y que reivindicaba el reparto de las tierras, protagonizó numerosas revueltas violentas que atemorizaban a las clases acomodadas y formó parte de la corriente anarquista en nuestro país.

Se ha calculado que desde que se pusieron en venta los primeros bienes de los jesuitas hasta 1924, fecha en que se derogó definitivamente las leyes sobre desamortización de los bienes de los pueblos, pasaron a manos de propietarios particulares 19.900.000 de hectáreas que habían sido propiedad colectiva, o sea, el 39% de la superficie del territorio.