Las Guerras Carlistas y la Consolidación del Estado Liberal en España

Las Guerras Carlistas, Principal Obstáculo al Cambio

Las guerras carlistas fueron una dramática guerra civil entre isabelinos (defensores de Isabel II) e absolutistas o carlistas (defensores de Carlos Mª Isidro, hermano de Fernando VII). Se desarrollaron en su mayor parte durante el reinado de Isabel II, aunque de forma intermitente.

Origen y Desarrollo del Conflicto

Originada inicialmente como pleito sucesorio a la corona española, se transformó rápidamente en conflicto ideológico entre absolutismo y liberalismo por los planteamientos ultraderechistas de los carlistas, defensores del tradicionalismo y el foralismo. Como pleito sucesorio, el carlismo negaba legitimidad a todas las mujeres para ocupar el trono, de acuerdo con la Ley Sálica impuesta por Felipe V, que fue anulada por la Pragmática Sanción en 1789 con Carlos IV y publicada por Fernando VII poco antes de morir. Los carlistas consideraron la publicación una maniobra del rey para favorecer a su hija.

Apoyos y Zonas de Influencia

Sus apoyos, geográficamente se limitaban a la Meseta Norte del país: País Vasco, Navarra, norte de Cataluña, Castilla y zona del Maestrazgo (parte de Castellón y Teruel). Incluía especialmente el campesinado, la baja nobleza, el conservadurismo clerical y el artesanado, además de potencias centroeuropeas (Austria, Prusia, Rusia…). En su contra se sitúa la mayoría del país, especialmente las clases urbanas, además de la jerarquía eclesiástica y el ejército, junto a las grandes potencias (Reino Unido, Francia).

Las Tres Guerras Carlistas

Sucedieron tres enfrentamientos carlistas:

  1. 1ª Guerra Carlista (1833-1840)
  2. 2ª Guerra Carlista (1846-1849)
  3. 3ª Guerra Carlista (1872-1876)

En la 1ª, extendida durante casi toda la minoría de edad de Isabel, fracasado su intento de provocar un levantamiento en el país, se acantonan en el País Vasco y Navarra dirigidos por Zumalacárregui. Poco después, ahora con Cabrera, sus ejércitos son rechazados en Bilbao por el general Espartero, quien obliga al carlista Maroto a firmar el Tratado de Vergara (1839), poniendo fin a la guerra en el País Vasco y Navarra con condiciones: tratamiento de la cuestión foral en las Cortes, integración del ejército carlista en el isabelino respetando sus categorías y empleos, renuncia de Navarra a su condición de reino a cambio de su autonomía simbolizada en la Diputación Foral. Derrotando a Cabrera, que seguía todavía luchando en el Maestrazgo, en Morella, abandonando los carlistas nuestro país. En la 2ª, denominada “guerra dels matiners”, se desarrolló en Cataluña, iniciada con el pretexto del fracaso de la boda entre la reina y el pretendiente carlista, también con Cabrera. Finalmente, en la 3ª, aprovechando el derrocamiento de Isabel II con la revolución del 68, se extendió por Cataluña, País Vasco y Navarra, finalizando con la restauración borbónica y la derrota definitiva del carlismo (Carlos VII), con la abolición de los fueros navarros y vascos.

La Construcción del Estado Liberal (1833-1868)

La construcción y consolidación del Estado liberal (monarquía parlamentaria) resultó un proceso lento, complicado, obstruido por la guerra carlista, pero logrado con el apoyo de los liberales (tanto moderados como progresistas) en dos fases: minoría de edad de Isabel II (1833-1843) y mayoría de edad (1843-1868).

Minoría de Edad de Isabel II (1833-1843)

Durante la minoría o regencia de Mª Cristina, con la primera guerra carlista como fondo, los gobiernos liberales progresistas, a cambio de apoyar a la monarquía, exigen cambios inmediatos. Al principio, con el moderado Martínez de la Rosa como presidente del gobierno, sólo se consiguió el Estatuto Real (1834), que únicamente convocaba una Cortes muy elitistas bicamerales que apenas pudieron ejercer el poder, ya que una insurrección en el verano del 35 obligó a la reina a entregar el poder a los progresistas, cuyo jefe de gobierno, Juan Álvarez Mendizábal, comenzó el desmantelamiento del Antiguo Régimen con la libertad de imprenta, supresión de conventos y desamortización de los bienes del clero regular, para financiar los gastos de la 1ª guerra carlista y amortizar la deuda pública. Después, dimitido Mendizábal por la regente, una nueva sublevación, ahora protagonizada por la Guardia Real en el Palacio de la Granja, impuso un nuevo gobierno progresista que, liderado por José Mª de Calatrava, continuó la labor de demolición del Antiguo Régimen, con la supresión definitiva del régimen señorial, las vinculaciones, el mayorazgo, el diezmo y el inicio ya de la monarquía parlamentaria con la Constitución de 1837; aunque la reina conservaba amplios poderes (vetar leyes aprobadas en las Cortes), se defendía un régimen de soberanía compartida y unas Cortes todavía apoyadas en el sufragio censitario: Cámara Alta o Senado y Cámara Baja o Congreso de los Diputados. Finalmente, una nueva insurrección impuso la Regencia de Espartero (1840-1843) que sustituyó a Mª Cristina, profundizando la ruptura con el Antiguo Régimen al extender la desamortización de Mendizábal al clero secular (1841). Espartero tuvo que exiliarse en 1843 ante el nuevo pronunciamiento de Ramón Mª Narváez, que formaría un sistema político ultraconservador.

En conclusión, durante este periodo se logra el mayor desmantelamiento del Antiguo Régimen por parte de los liberales progresistas, consiguiendo la aplicación del programa liberal de las Cortes de Cádiz, la recuperación de la Constitución del 12 a través de la Constitución del 37, por parte de Calatrava, y la desamortización de las propiedades del clero por Mendizábal y Espartero.

Mayoría de Edad de Isabel II (1843-1868)

Durante la mayoría de edad de Isabel II (1843-1868), se consolidó el nuevo Estado liberal anterior, protagonizado por los liberales moderados y conservadores. Se trató de un período de gobiernos autoritarios, con la intervención activa de la reina en la vida política a favor de los conservadores y en contra de los progresistas, con la participación permanente del ejército en los gobiernos y la exclusión de la gran mayoría del país a través del sufragio censitario y de la manipulación electoral.

Se distinguen tres etapas:

  1. Década Moderada (1844-1854)
  2. Bienio Progresista (1854-1856)
  3. Gobierno de la Unión Liberal (1856-1868)

Década Moderada (1844-1854)

Durante la Década Moderada, con el general Narváez de líder, se logró la estabilidad política mediante un régimen conservador y oligárquico, represor y antidemocrático, que reformó la Hacienda y se aproximó a la Iglesia católica. Terminó por la oposición a la que tuvo que enfrentarse tanto de carlistas, progresistas, la izquierda de los moderados como la izquierda del progresismo que creó el nuevo Partido Demócrata (1849), que propició el pronunciamiento del general O’Donnell, lo que obligó a la reina a dejar el poder en manos de Espartero (progresistas) y de O’Donnell (izquierda de los moderados o Unión Liberal), quienes consiguieron el apoyo popular por la difusión del Manifiesto de Manzanares.

Bienio Progresista (1854-1856)

Durante el Bienio Progresista, se recuperó la Constitución del 37 y culminó, con Pascual Madoz, la desamortización eclesiástica y la desamortización civil que recayó sobre los bienes municipales y estatales, al tiempo que se creaba el Banco de España.

Gobierno de la Unión Liberal (1856-1868)

Finalmente, durante los gobiernos de la Unión Liberal, lo decisivo resultaron las inversiones públicas en infraestructuras y, sobre todo, la incapacidad de la Constitución del 45 para asegurar la alternancia pacífica de las tendencias liberales, de modo que los opositores al régimen, progresistas, demócratas y republicanos, promovieron desde el exilio el Pacto de Ostende (Bélgica, 1866), con dos objetivos: destronamiento de la reina y convocatoria de Cortes Constituyentes por sufragio universal, facilitando el pronunciamiento del general Serrano y el exilio de Isabel II.

En conclusión, durante este periodo se consolidó el Estado liberal por parte de los conservadores y moderados, manteniéndose una Constitución rebajada en derechos (la del 45), una monarquía parlamentaria todavía con poderes legislativos y la paralización de la desamortización del clero, al tiempo que los liberales logran el exilio de la reina.

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