1) Introducción

En el siglo XIX, la agricultura continuaba siendo la actividad económica más importante. Sin embargo, soportaba un permanente atraso como consecuencia de la ausencia de innovaciones tecnológicas, motivado por una desigual distribución de la tierra y una legislación de carácter medieval. El triunfo del liberalismo en España durante el reinado de Isabel II supuso la paulatina supresión de estas formas jurídicas y económicas propias del Antiguo Régimen. No obstante, como su objetivo fundamental no fue llevar a cabo una auténtica transformación agraria, sino recaudar dinero para el Estado y contentar a los grupos sociales más influyentes, los resultados no fueron los que en teoría se pretendían.

2) Revolución Agraria Liberal

2.1) Situación

La situación agrícola a principios del siglo XIX se caracterizaba por:

• La mayoría de las tierras estaban en manos de la Iglesia (sobre todo las órdenes religiosas), la nobleza rentista (señoríos y mayorazgos), el Estado (realengo) y los municipios (bienes de propios y comunales), y estaban amortizadas y vinculadas (no se podían vender).
• Algunos de estos señores poseían además derechos jurisdiccionales, es decir, administración de justicia, nombramiento de cargos públicos, mantenimiento de ciertos monopolios (molino, puentes, hornos, etc.), privilegios de caza y pesca, etc.

Ante esta situación, los liberales emprendieron una serie de medidas encaminadas a implementar el libre mercado en el sector agrario con el objetivo de que la tierra pudiera circular libremente y que la propiedad se convirtiera en individual y libre. Para ello, se tomaron las siguientes medidas:

• Liberalización del mercado: abolición de los privilegios de la Mesta, libertad de cercamiento de las tierras, de arrendamientos, de comercialización de las cosechas y de fijación de los precios. Este proceso se inició durante las Cortes de Cádiz y se completó durante el reinado de Isabel II.
• Desvinculaciones: se liberaron las tierras vinculadas a la nobleza, pasando sus titulares de usufructuarios a propietarios, pudiendo de este modo vender sus posesiones. Supuso tanto la supresión de los mayorazgos (1836) como la abolición del régimen señorial (1837).
• Desamortizaciones: el Estado nacionalizó los bienes eclesiásticos o civiles para su posterior venta en subasta pública a particulares que, al adquirirlos, se convertían en bienes privados y libres.

2.2) Proceso de Desamortización

2.2.1) Precedentes

Ya durante el reinado de Carlos III en el siglo XVIII, ilustrados como Jovellanos, Campomanes y Floridablanca criticaron el sistema existente e incluso propusieron suprimirlo. Fue a partir de 1795, con Godoy, el gobierno bonapartista y las Cortes de Cádiz (1808-14), así como durante el Trienio Liberal (1820-23), cuando se iniciaron las primeras desamortizaciones que afectaron principalmente a los bienes del clero regular. Sin embargo, no fue hasta la muerte de Fernando VII (1833), cuando los liberales llegaron definitivamente al poder y pusieron en marcha los grandes procesos desamortizadores.

2.2.2) Eclesiástica: Mendizábal (1836-51)

La desamortización de Mendizábal en 1836 (jefe del Gobierno primero y ministro de Hacienda después), también denominada eclesiástica, debido al importante volumen de bienes pertenecientes a la Iglesia, principalmente de las órdenes religiosas. Tres fueron los objetivos que Mendizábal aspiraba a alcanzar:

• Financiero: conseguir fondos para ganar la guerra carlista y disminuir la deuda pública del Estado (se ofrecía la posibilidad de pagar con títulos emitidos por el Estado).
• Político: ampliar el número de simpatizantes al liberalismo, creando un sector de propietarios afines al régimen liberal isabelino.
• Social: crear una clase media agraria de propietarios emprendedores que modernizaran las explotaciones con criterios capitalistas.

Se puso en marcha en febrero de 1836 al declararse en venta todos los bienes pertenecientes al clero regular (aunque permanecían las dedicadas a la enseñanza y la beneficencia): tierras, casas, monasterios y conventos con todos sus enseres. Al año siguiente, otra ley amplió la acción al sacar a la venta los bienes del clero secular (catedrales e iglesias), aunque su ejecución se llevó a cabo durante la regencia de Espartero (1840-43).

Los que ya eran propietarios de tierras y los inversores burgueses acapararon las compras, puesto que eran los únicos que tenían liquidez y podían controlar fácilmente las subastas. Además, la forma de pago fue un excelente negocio, ya que podía hacerse en metálico (20% en el acto y el resto a plazos) o con títulos de deuda por su valor nominal (muy devaluados en bolsa, pagar con ellos era una ganga). En total, entre 1836 y 1844, se desamortizaron el 66% de las propiedades de la Iglesia. El Estado recaudó unos 3.500 millones de reales, de los que solo 500 fueron en metálico; el resto fue en títulos de la deuda.

Este proceso no se aprovechó para hacer una reforma agraria, como propuso el diputado Flores Estrada, para quien el Estado debía arrendar la tierra a los pequeños campesinos y destinar esos ingresos al pago de la deuda pública. Así podría satisfacer las peticiones campesinas y serviría para crear una masa social adicta a Isabel II.

2.2.3) Civil: Madoz (1855-1924)

Con la llegada de nuevo al poder de los progresistas durante el Bienio Progresista (1854-1856) se procedió a la última etapa de este proceso con la Ley Madoz (ministro de Hacienda) o “Desamortización General”, de 1 de mayo de 1855, con la que se pusieron en venta los bienes de los municipios, tanto los de propios (tierras arrendadas por los Ayuntamientos) como los comunales o baldíos (aprovechados libremente por los vecinos), y los eclesiásticos que faltaban por desamortizar. Los objetivos que se plantearon fueron:

• Económicos: obtener recursos para el Estado, sanear la Hacienda Pública y financiar la construcción de obras públicas como el ferrocarril.
• Políticos: desarrollar una burguesía agraria favorable al régimen liberal.

Se desarrolló a gran velocidad. El Estado ingresó entre 1855 y 1895 casi el doble que en la anterior. Se utilizó también la subasta pública para su venta. Aunque se admitieron títulos de deuda para pagar, se hizo de acuerdo con su cotización en bolsa, lo que motivó que la burguesía no mostrara tanto interés. Así, el campesinado participó en mayor medida en las compras en el centro y norte peninsular. Sin embargo, en el sur, el gran tamaño de las fincas continuó impidiendo el acceso del pequeño campesinado a las subastas.

Estuvo vigente hasta 1924. No obstante, desde 1867 apenas hubo subastas, ya que poco quedaba por vender.

3) Consecuencias

Aunque se transformó el régimen jurídico de la propiedad, la estructura apenas se vio modificada, puesto que en cada región se reforzó la preexistente (predominio de la pequeña y mediana propiedad en la zona septentrional y latifundista en el centro y sur). Provocaron continuas tensiones con la Iglesia, pero ayudaron a la consolidación del liberalismo, puesto que la antigua nobleza, burguesía, militares y funcionarios formaron una nueva oligarquía agraria que mantuvo un estilo de vida rentista. Por contra, se desarrolló un proletariado agrícola, formado por más de dos millones de jornaleros, sometido a unas condiciones de trabajo y vida muy duras.

Pese a que atenuaron el problema de la deuda pública, desviaron dinero que hubiera sido de vital importancia para la industrialización del país, y los municipios se empobrecieron al perder sus ingresos (arriendo de los bienes propios). Hubo una expansión de la superficie cultivada y de la producción, sin aumento de la productividad, y se mantuvo el atraso técnico, ya que no se introdujeron la mayoría de las novedades puestas en práctica en otras zonas de Europa (fertilizantes, mecanización, selección de semillas…) porque los nuevos propietarios prefirieron la obtención de grandes beneficios mediante la explotación de una mano de obra abundante y barata. Las únicas innovaciones de corte moderno se realizaron en el litoral valenciano, desde mediados de siglo, con cultivos especializados hortofrutícolas. El salto más espectacular correspondió a las naranjas, y también a algunos regadíos del interior como la remolacha y el arroz destinado a la exportación.

Se produjo la decadencia de la cabaña ganadera lanar (muchas de las tierras de pastos se cultivaron, se introdujeron productos textiles más competitivos y se suprimió la Mesta en 1836), y aumentó la deforestación (se adquirieron lotes de monte para convertirlos en tierras de labor o para la venta de leña).

Desde el punto de vista urbanístico, se contribuyó a la modernización de las ciudades, ya que muchos conventos se convirtieron en edificios públicos (museos, hospitales) o se derribaron para construir grandes plazas, ensanches o nuevas calles.

5) Conclusión

Si bien posibilitaron la puesta en explotación de más tierras, su libre circulación, ayudaron a ganar la guerra contra el carlismo, inyectaron capital a la Hacienda y proporcionaron dinero para la construcción del ferrocarril, por otra parte, no cumplieron con todas las expectativas, pues se primó su carácter recaudatorio, no solucionaron los problemas del mundo agrario ni favorecieron de manera clara su modernización. Ante esta situación, el tema agrícola continuó siendo uno de los asuntos que más controversias generó dentro del panorama político nacional, convirtiéndose años después, con la aprobación de la Ley de la Reforma Agraria en 1932, en uno de los principales elementos de disputa durante la II República.