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Para poder entender esta cuestión debemos situarnos en el comienzo del reinado de Alfonso XIII en 1902, el cual coincidíó con una larga y permanente crisis política y con el colapso final del sistema de la Restauración.
Debido a causas como: la pérdida de fuerza del caciquismo por el desarrollo urbano, el aumento de la oposición política y social y el debilitamiento de los partidos de turno; el gobierno y los partidos dinásticos se unieron a la corriente del Regeneracionismo, pretendiendo llevar a cabo algunas reformas para hacer una revolución desde arriba, desde el poder, y así evitar una revolución desde abajo. Querían modernizar España pero sin alterar las bases del sistema de la Restauración. A esto se le conoce como revisionismo político.
El gobierno del partido conservador estaba liderado Antonio Maura, quien intentó regenerar el sistema formando de una nueva clase política que tuviese el apoyo social de las masas neutras. Con su ayuda pretendía configurar un Estado fuerte y eficaz, desbancar a la vieja casa caciquil e impedir un excesivo protagonismo de las clases populares. Su proyecto modificó la Ley electoral y la Ley de Administración Local para poner fin al caciquismo, pero al introducir la elección automática y al solo haber un único candidato en un distrito, se favorecíó al mismo.
Además, se adoptaron medidas proteccionistas para impulsar la actividad industrial española y se mejoró la legislación laboral con la Ley protectora de accidentes de trabajo, la Ley sobre las condiciones de trabajo de mujeres y niños y la Ley de huelga; y se creó el Instituto Nacional de Previsión (1908).
El talante autoritario de Maura, su falta de entendimiento con el Partido Liberal y la dura represión de la Semana Trágica en 1909, supusieron el fin de su etapa frente al Gobierno.
En 1910, José Canalejas, líder del Partido Liberal, llevó a cabo el último intento regeneracionista. Planteó la separación de la Iglesia y Estado y promovíó la denominada Ley de Candado, que prohibía temporalmente la implantación de nuevas órdenes religiosas en España.
Por otro lado, como respuesta a las reivindicaciones
regionalistas y nacionalistas, su gobierno elaboró el proyecto de la Ley de Mancomunidades y la Ley de Cabildos Insulares.
Asimismo, reformó el sistema impositivo y promovíó la Ley de reclutamiento que establecía como obligatorio el servicio militar en tiempos de guerra.
Todas estas reformas parecían marchar bien, hasta que Canalejas fue brutalmente asesinado por un anarquista en 1912. Su asesinato marcó el final de la etapa regeneracionista. A partir de entonces se agravó la crisis de los partidos del turno, tanto por las divisiones internas como por la falta de entendimiento entre ambos.
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Para entender esta cuestión debemos situarnos en el 13 de Septiembre de 1923, día en el que el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un Golpe de Estado militar en España, el cual califica de necesario para acabar con los problemas que el sistema de la Restauración era incapaz de resolver.
La Dictadura duró siete años en los que se sucedieron dos formas de gobierno: el Directorio Militar (1923-25) y el Directorio Civil (1925-30).
El Directorio Militar comenzó cuando Alfonso XIII nombró a Primo de Rivera presidente del directorio, un gobierno integrado exclusivamente por militares.
Sus principales medidas fueron la declaración del estado de guerra en todo el país, la suspensión de la Constitución, la disolución del Parlamento y la ilegalización de los partidos políticos y organizaciones obreras. Para acabar con el caciquismo, reemplazó los ayuntamientos por juntas de vocales y elaboró un estatuto municipal y otro provincial. Además, instauró una política de orden pública muy represiva, dirigida principalmente a la CNT. Se prohibieron las manifestaciones y huelgas y se encarceló a los principales dirigentes obreros. La represión redujo drásticamente los conflictos laborales y puso fin a la violencia social y al pistolerismo en las calles.
El carácter regeneracionista del Directorio Militar se concretó en una legislación social, con medidas como la regulación del trabajo de la mujer, y una política de inversiones en obras
públicas para reducir el desempleo.
Estos primeros éxitos dieron popularidad a Primo de Rivera, que a finales de 1925 decidíó cambiar la composición del directorio, estableciendo un Directorio Civil, con el objetivo de abandonar la “excepcionalidad” política iniciada con el golpe militar y regresar a la “normalidad”, institucionalizando el nuevo régimen y cediendo protagonismo a los civiles.
El Directorio Civil comienza cuando algunos ministros son civiles. Uno de los primeros es Calvo Sotelo. Se crea una Asamblea Nacional Consultiva, con la finalidad de institucionalizar el nuevo régimen, siendo su función meramente consultiva y actuando bajo el control del gobierno. Su objetivo era elaborar una Constitución, que finalmente fue publicada en 1929, pero nunca entró en vigor.
Se llevó a cabo una reorganización de las instituciones del Estado, siguiendo el modelo corporativo implantado en Italia por Mussolini. Se creó la Uníón Patriótica, un partido gubernamental para proporcionar apoyo social a la dictadura. Asimismo, se creó el Somatén, como órgano auxiliar del Directorio. Para frenar la conflictividad laboral y controlar el movimiento obrero se fundó el Consejo de Trabajo u Organización Corporativa Nacional, un sindicato que se encargaba de la reglamentación de los salarios y las condiciones de trabajo, etc., bajo el control del Estado.
Aunque Primo de Rivera no contó con una oposición importante en sus inicios, con el tiempo esta fue creciendo, convirtiéndose progresivamente en antimonárquicas debido al apoyo de la Corona al dictador e impulsando actuaciones para poner fin a la dictadura.
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Para poder entender esta cuestión debemos situarnos en la caída de Primo de Rivera, tras la cual, Alfonso XIII intentó restablecer los mecanismos políticos de la Restauración. Pero el mantenimiento del sistema vigente era cada vez más complicado debido al descrédito de la monarquía por su vinculación al régimen de la Restauración y a la dictadura. Por esto se dio un creciente respaldo social que originó la instauración de una república.
En cuanto a los principales acontecimientos que conllevaron
a la proclamación de la Segunda República Española debemos destacar que tras el fin de la dictadura de Primo de Rivera, Alfonso XIII trató de volver al régimen constitucional existente hasta 1923, nombrando como jefe de Gobierno al general Berenguer, lo que dio lugar a la llamada “dictablanda”. La oposición republicana se movilizó rápidamente, y en 1930 se firmó el Pacto de San Sebastián, un pacto para poner fin a la monarquía, al que se unieron socialistas y algunos intelectuales como Ortega y Gasset. En consecuencia se creó el Comité Revolucionario, presidido por Alcalá Zamora, el cual preparó una huelga general que no llegó a realizarse y un pronunciamiento militar que fracasó, para forzar la proclamación de la república. También repercutíó la sublevación de Jaca, en la cual los capitanes Galán y García Hdez, junto a otros compañeros, se sublevaron al grito de “Viva la República española”. Esta sublevación fue derrotada por una columna militar y sus dirigentes fueron ejecutados. Otra de las causas fue la modernización de la sociedad española. Al entrar en una sociedad moderna, industrializada y con mayor movilidad política, se dio un desarrollo urbano, que permitíó la formación de una clase media. Asimismo, la industrialización dio lugar a una clase obrera que demandaba sus derechos políticos y sociales.
Sin embargo, el desarrollo de la Segunda República se vio dificultado por la crisis económica de 1929, la fase más grave de una depresión económica mundial que se prolongó a los años venideros. Aunque los efectos de esta crisis fueron menores en España con respecto a otros países, debido al poco peso del comercio exterior español, ésta afectó a regiones que dependían de las exportaciones agrícolas. El desempleo, la bajada de los salarios, y la lentitud en la aplicación de las reformas por parte del Estado, radicalizó a las organizaciones obreras. Todo esto produjo una creciente conflictividad social a la que se le añadían las huelgas y el auge de ideologías radicales (totalitarismo).
La República no fue fruto de un consenso. Contó con el apoyo de las clases medias y del movimiento obrero moderado, pero no con el de la clase alta ni del movimiento obrero revolucionario, que desde la extrema derecha e izquierda radical pusieron en peligro el sistema, hasta el punto de provocar una cruenta Guerra Civil.