Ley de Responsabilidades Políticas: Represión y Control en el Franquismo

La idea principal del texto es la articulación de diferentes medidas para velar por la pureza del régimen franquista y evitar la existencia de cualquier oposición política. Concretamente, se analizan tres artículos de la Ley de Responsabilidades Políticas que criminalizan la pertenencia o el haber pertenecido a cualquier organización política, social o nacionalista diferente al Movimiento Nacional.

Estructura Temática

La estructura temática del texto se divide en tres partes, correspondientes a los tres artículos analizados:

Artículo 1: Definición de Responsabilidad Política

La primera parte comprende el primer artículo (líneas 1 a 5), donde se establece el concepto de “responsabilidad política”, equiparándolo a delito político y, por lo tanto, al inicio de un proceso judicial. Se considera delito político cualquier oposición, tanto de personas físicas como jurídicas, al Movimiento Nacional.

Es importante destacar el carácter retroactivo de esta ley, que afectaba a aquellas personas que durante la II República participaron en otros partidos o asociaciones, o se manifestaron en contra del Movimiento Nacional. Este carácter retroactivo pretendía eliminar y controlar a todas aquellas personas que habían sido contrarias al bando sublevado o llamado “nacional”.

Artículo 2: Ilegalización de Partidos y Agrupaciones

La segunda parte se corresponde con el artículo 2 (líneas 6 a 11). En él, con gran claridad y dureza, se afirma que “…quedan fuera de la ley todos los partidos y agrupaciones políticas y sociales,…que… han integrado el llamado Frente Popular,…..las organizaciones separatistas…. (y los) que se hayan opuesto al Movimiento Nacional…)”.

Esta ley convierte en delito político a todos los demás partidos, con el objetivo de luchar contra la pluralidad política y salvaguardar el régimen totalitario que estaban ideando y organizando Franco y sus seguidores. Así, se elabora la cobertura legal para la política represiva característica de cualquier régimen autoritario y totalitario.

Artículo 3: Expropiación de Bienes

La tercera parte es el artículo 3 (líneas 12 a 15). En este artículo, se despoja de todos sus bienes a los partidos y sindicatos que habían existido en la II República. Se les quitan, con la ley en la mano, todas sus propiedades, que pasan al Estado. Con esta medida, se contribuye a evitar una reorganización en la clandestinidad y, a su vez, se impone un castigo por ser diferente.

Síntesis

El 1 de abril, las tropas “nacionales” o sublevadas entran en Madrid, y a este día se le conoció como el día de la Victoria. La Guerra Civil había terminado con el triunfo del bando nacional o sublevado y la derrota del republicano. A partir de esta fecha, se inicia la formación y consolidación de un nuevo régimen político de características totalitarias, que trata de imitar al nazi o fascista.

Antes de haber ganado definitivamente, Franco había ido diseñando leyes y medidas para organizar el futuro Estado, y entre esas leyes debemos recordar la que ahora comentamos: “La Ley de Responsabilidades Políticas”, que se había publicado en febrero de 1936, con efecto retroactivo a octubre de 1934, como indica el propio texto.

Es la ley de los vencedores, donde los vencidos no tienen cabida, no eran admitidos, y podían, según esta ley, ser objeto de denuncia por delito político y, por lo tanto, iniciarse un proceso judicial. Con esta ley en la mano, todos los que durante la República habían pertenecido a un sindicato, a un partido político, o que se habían manifestado a favor de la República o del nacionalismo, o en contra de la Iglesia, se veían afectados por la ley, ya que esa pertenencia o manifestación se convertía en delito político y podían ser encarcelados y procesados.

Las cárceles se llenaron; en 1939 había una población carcelaria de 271.000 reclusos. En 1950 había disminuido a 54.000. Se habilitaron cárceles especiales. El trato en las prisiones fue humillante; la tortura, el hambre, las miserias y vejaciones llegaron a una situación extrema. La aplicación de la propia pena de muerte provocó más de 30.000 ejecuciones. Esta ley les daba la justificación legal para realizar la depuración ideológica que pretendía el régimen totalitario de Franco.

El nuevo régimen político (franquismo), dentro de su actuación, incluye la política represiva, que es característica de todo régimen autoritario y que le garantiza el pensamiento único y el orden social y político. Junto a esta ley, se elaborarán otras que responden al mismo objetivo: el control ideológico. La Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (1942) y la Ley de Seguridad del Estado (1941), la Ley de Represión del Bandidaje y el Terrorismo (1947). Todas ellas pretendían mantener el orden ideológico único, el pensamiento del franquismo con los valores tradicionales defendidos por la Iglesia, el orden político único representado por el partido único, el del Movimiento Nacional, y todo lo que no esté bajo la dirección de la Iglesia, del Estado y del Movimiento Nacional es ilegal y, por lo tanto, delito político.

El miedo se convirtió en un elemento presente en la sociedad: ver, oír y callar. El disidente callado y la crítica desaparecida por absoluto, se asentía todo y no se cuestionaba nada. Los sectores intelectuales se verán resentidos. Se empobrece el ámbito cultural e intelectual. Los profesores universitarios contrarios emigran, los científicos huelen, los maestros republicanos son depurados y se crea un cuerpo de maestros adictos al régimen y a través de ellos se pueda ideologizar a la juventud.

Recordar el proceso de Burgos en 1970 fue el último juicio donde se condenó a muerte a 16 miembros de ETA, fue el último gesto de represión. Franco se vio obligado a indultar a algunos por la presión internacional.

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