BLOQUE 12: Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975).
12.1. La Transición: alternativas políticas tras la muerte de Franco. El papel del rey y el Gobierno de Adolfo Suárez. El restablecimiento de la democracia: las elecciones de Junio de 1977. La Constitución de 1978. El Estado de las Autonomías. El terrorismo durante la transición.
Transición
La transición supuso un cambio de régimen político –de la dictadura a la democracia- gradual, no violento y basado en el acuerdo de las principales fuerzas políticas. La democracia era una exigencia de la mayor parte de la población y representaba la única solución para que España se integrara en Europa. Comenzó con la muerte de Franco (20 de Noviembre de 1975) y finalizó en 1982, con la victoria electoral del PSOE.
A la muerte del dictador se daban tres alternativas políticas: la continuidad del régimen franquista con alguna modificación superficial, defendida por el búnker; la reforma política a partir de las leyes e instituciones del franquismo, propuesta por los aperturistas y que sería la que se impusiera; y la ruptura democrática, acabando con el régimen dictatorial de forma inmediata, vía defendida por la oposición democrática.
El papel del rey fue fundamental. El 22 de Noviembre de 1975 asumíó la jefatura del Estado, jurando los Principios del Movimiento Nacional y las Leyes Fundamentales del régimen, pero dejando entrever en su discurso de proclamación, su voluntad democrática: afirmaba su legitimidad en base a la tradición (no aludía a su condición de heredero del régimen de Franco); expónía su intención de establecer un marco representativo de todos los españoles; y, por último, expónía su intención de caminar hacia el reconocimiento de derechos sociales y económicos, como condición para el ejercicio de las libertades políticas. El nuevo monarca suscitó el recelo tanto de la extrema derecha como de los republicanos.
El rey decidíó mantener a Carlos Arias Navarro como presidente de un Gobierno formado por ministros representantes del franquismo inmovilista, militares, y reformistas como José Mª Areilza, Alfonso Osorio y Manuel Fraga, con Torcuato Fernández Miranda como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. El enfrentamiento entre reformistas y Arias Navarro, la agitación social, la represión del gobierno y la incapacidad de Arias Navarro para impulsar la reforma política; llevó a que éste, presionado por el rey, dimitiera. A continuación, el rey nombró como presidente a Adolfo Suárez, que tenía un perfil falangista, experiencia de Estado y actitud reformista. Suárez inicia contactos con Felipe González, Santiago Carrillo y con CCOO; provocando la dimisión del vicepresidente, el ultraconservador general De Santiago, dando entrada al general Gutiérrez Mellado, militar liberal que llevó a cabo una importante reforma de las Fuerzas Armadas.
Para hacer posible la transición a la democracia, Suárez presentó al país el proyecto de Ley para la Reforma Política, ideada por Fernández Miranda, que fue aprobado por las Cortes franquistas y ratificado por el pueblo español en referéndum (15 de Diciembre de 1976). En esta ley se establecía la soberanía popular y unas nuevas Cortes bicamerales: Congreso elegido por sufragio universal y Senado, con una quinta parte nombrada por el rey.
Surgieron en el ámbito nacional, numerosos partidos políticos, entre los que destacan:
Alianza Popular (AP): formación de derechas, creada en Octubre de 1976, encabezada por Manuel Fraga.
Uníón de Centro Democrático (UCD): Grupo centrista que aglutinaba en torno a Suárez a numerosos ministros de los primeros gobiernos de la monarquía, además reunía a socialdemócratas, liberales y democristianos.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE):
partido presidido por Felipe González.
Partido Comunista de España (PCE): Partido presidido por Santiago Carrillo.
Junto a estos cuatro grandes partidos había otros, también de ámbito nacional, aunque de menor importancia. Tal era el caso de Fuerza Nueva, grupo dirigido por Blas Piñar, de extrema derecha y, el Partido Socialista Popular (PSP) encabezado por Tierno Galván (“el viejo profesor”) y que acabaría integrándose en el PSOE. Dentro de los partidos nacionalistas destacan: El PNV (Partido Nacionalista Vasco), partido tradicional de la derecha nacionalista moderada vasca; dentro de la izquierda nacionalista surge la coalición Herri Batasuna, ligada a la organización terrorista ETA. En Cataluña tenemos Ezquerra Republicana de Catalunya, de izquierdas y, la coalición Convergencia i Uníó (CIU), liderada por Jordi Puyol, de carácter moderado. En Galicia destacó el Bloque Nacionalista Galego; en Andalucía, el Partido Socialista Andaluz, luego el Partido Andalucista; y en Valencia, la Uníó Valenciana.
El camino hacia la cita electoral (15 Junio 1977) fue difícil. En 1977 hubo un recrudecimiento del terrorismo, tanto de extrema derecha (matanza de los abogados laboralistas de Atocha), como de ETA y GRAPO (atentados y secuestros a miembros de las Fuerzas Armadas y del aparato del Estado, como el secuestro del presidente del Consejo de Estado). A pesar del obstáculo terrorista en Febrero se aprueba la ley sobre el derecho de asociación política. El 9 de Abril de 1977, Suárez legaliza el PCE por decreto ley, provocando la reacción negativa del ejército. Las elecciones generales celebradas el 15 de Junio de 1977, consiguieron el restablecimiento de la democracia. Dieron el triunfo (en minoría) a la UCD de Adolfo Suárez, siendo la principal fuerza política de la oposición el PSOE. Ante los resultados favorables de los nacionalistas, fue reinstaurada la Generalitat en Cataluña, con Josep Tarradellas como presidente; y se aprobó un régimen preautonómico para el País Vasco.
Constitución de 1978
Las Cortes inician la elaboración de la nueva Constitución, en manos de una ponencia de siete miembros. Se debatíó en las Cortes, siendo aprobada en referéndum el 6 de Diciembre de 1978, y promulgada el 29. El texto constitucional contiene los siguientes principios:
España se define como un “Estado social y democrático” * “La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”
La forma del Estado es la monarquía parlamentaria. Con el consecuente papel limitado de la Corona.
El rey es el Jefe del Estado y tienen el mando supremo de las Fuerzas Armadas.
En la sucesión a la Jefatura de Estado se favorece al varón sobre la mujer.
El poder legislativo reside en dos cámaras elegidas por sufragio universa: el Congreso y el Senado. El Senado tiene además, representación territorial.
El poder ejecutivo reside en el Gobierno, que dirige la política interior y exterior y depende para su permanencia de la confianza del legislativo.
El poder judicial corresponde a los juzgados y tribunales.
El Estado se define como no confesional, aunque establece relaciones de cooperación con la Iglesia Católica.
Se recoge una declaración de derechos y libertades muy avanzada, incluyendo numerosos derechos de carácter social y económico (título I). La Constitución contiene un marcado carácter social. El Estado se comprometía a promover el bienestar dentro de un sistema de economía de mercado que sancionaba la propiedad privada, pero también el derecho de intervención del Estado.
La unidad de España es compatible con la pluralidad nacional (artículo 2). Esto significa que el Estado español es unitario, es decir, no federal, pero tampoco centralista, sino autonómico (título VIII). Distingue entre nacionalidades y regiones; con dos vías para crear comunidades autónomas: vía rápida (art. 151) para las nacionalidades históricas (utilizado por Andalucía), y vía lenta (art. 143).
El castellano es el idioma oficial del Estado; el resto de las lenguas existentes en España son también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas.
Estado de las Autonomías
Ya aprobada la Constitución de 1978, se disolvieron las Cortes y se convocaron nuevas elecciones (Marzo 1979), ganadas por la UCD, que volvíó a gobernar en minoría. En esta segunda legislatura se desarrolló el Estado de las Autonomías. La organización territorial del Estado español diseñado en la Constitución se corresponde con un modelo de Estado unitario de las autonomías. Es unitario porque la Constitución establece la “indisoluble unidad de la Nacíón española, patria común e indivisible de todos los españoles”, y además porque el Estado tiene competencia exclusiva en numerosas materias fundamentales. Sin embargo, también en la Constitución, se reconocen las diferentes comunidades históricas que conforman España y les concede amplio margen de autonomía, que puede modificarse y ampliarse con el tiempo. La Constitución:
Establecíó un régimen especial para País Vasco y Navarra sobre la base de los derechos históricos de los territorios forales.
Distinguíó a las comunidades históricas, aquellas que habían visto aprobados sus estatutos de autonomía durante la Segunda República (Cataluña, País Vasco y Galicia, este último en fase de promulgación cuando estalló la Guerra Civil). En ellas, la presencia de partidos nacionalistas era más evidente y pudieron acceder a la autonomía a través del artículo 151 de la Constitución.
El resto de territorios accederían a la autonomía acogidos al artículo 143. Esta distinción fue alterada como consecuencia del referéndum autonómico de Andalucía que se acogíó al artículo 151.
Con ello se puso en marcha el proceso autonómico, que pasó por la elaboración de los estatutos por las correspondientes asambleas de parlamentarios y por su posterior aprobación por las Cortes y ratificación en referéndum. Surgíó así el actual mapa administrativo de España, compuesto por 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Tras la aprobación de los correspondientes estatutos de autonomía se convocaron en cada territorio elecciones autonómicas para configurar los Parlamentos. El siguiente paso fue negociar la transferencia de competencias desde el Gobierno central a las distintas Comunidades Autónomas. Así se aprobó la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico).
Esta ley fue recurrida por los gobiernos vasco y catalán en el Tribunal Constitucional, por lo que, en 1983, fue reformulada como Ley de Proceso Autonómico. La cesión de transferencias precisó del establecimiento de fuentes de financiación, que quedó reflejado en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. En 1992, PSOE y PP firmaron el segundo gran pacto autonómico, por el que se acordó transferir nuevas competencias e igualar a las comunidades que accedieron a la autonomía. Este proceso de descentralización dio lugar a una nueva organización territorial del Estado que la acercó a los sistemas de corte federal.
La escalada terrorista
Mientras la mayoría de las fuerzas políticas y de la sociedad española apostaban por un consenso que posibilitase una transición pacífica, algunos sectores pretendieron desestabilizar el país y obstaculizar la construcción del sistema democrático. Las principales amenazas provénían del involucionismo político, del golpismo militar y del terrorismo extremista. Las fuerzas de extrema derecha, nostálgicas del franquismo, organizaron manifestaciones en las que, con la excusa de condenar algunos atentados terroristas, se atacaba al Gobierno, al proceso democrático y se exigía que el ejército se hiciera con el poder. Se crearon algunos grupos armados, como los Guerrilleros de Cristo Rey, la triple A o el Batallón Vasco Español, que cometieron atentados y asesinatos. También hubo intentos de desestabilización política promovidos por algunos militares y, en buena parte, incitados por la prensa ultraderechista, como el intento de Golpe de Estado conocido como “Operación Galaxia” (1978); y, evidentemente, el frustrado Golpe de Estado del 23-F de 1981.
Sin embargo, la principal actividad terrorista provénía del grupo vasco ETA, que emprendíó una campaña de atentados que causaría 365 muertos entre 1975 y 1982. El terrorismo etarra buscó sus víctimas entre las fuerzas armadas, los cuerpos de seguridad y algunas personalidades vinculadas al franquismo al franquismo, estimulando así las apetencias involucionistas de estos sectores. Surgíó asimismo un terrorismo de extrema izquierda vinculado a organizaciones como el GRAPO (Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre), los Comandos Autónomos Anticapitalistas y el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico), que protagonizaron atentados con víctimas y diversos secuestros. Si bien finalmente se impuso el consenso y un acuerdo político generalizado, durante el proceso de transición, entre 1975 y 1982, en España se produjeron más de 3.200 actos violentos que produjeron casi 600 víctimas mortales y más de 2000 heridos, el 60% de ellos realizados por ETA.