El intento de Fernando VII de volver en 1814 al absolutismo provocó un enfrentamiento permanente entre liberales y absolutistas en el cual el absolutismo consiguió siempre imponerse por la fuerza.
La crisis definitiva se desató ante la cuestión sucesoria. Mientras que los absolutistas más recalcitrantes defendían el trono de Carlos, hermano del rey, su hija y heredera, Isabel, buscó el apoyo de los sectores liberales.
El Sexenio Absolutista (1814-1820)
Cuando Fernando VII volvió a España en 1814, no cumplió las promesas que había hecho de acatamiento del régimen constitucional. Amparándose en las peticiones de los absolutistas formuladas en el Manifiesto de los Persas, restableció el Antiguo Régimen. Declaró nulos la Constitución y los decretos de Cádiz e inició una persecución de liberales. Además, el estallido de los movimientos de emancipación de las colonias exigió recursos extraordinarios e interrumpió los flujos monetarios que llegaban de América. Ante esto, los gobiernos se mostraron incapaces de solucionar los problemas aunque tenían un punto en común: la necesidad de que los privilegiados contribuyan al fisco pero, el rey, no las aceptó y se negó a aprobar medidas que alteraron las normas tradicionales. Esto da lugar a una desafección social y política.
Entre el campesinado se mantuvo la resistencia a pagar determinadas rentas señoriales y diezmos. Los que habían comprado tierras con las desamortizaciones, reclamaban que se respetara la propiedad. Por otra parte, se preconizaba la libertad de industria y de mercado. Todo ello favorecía la reivindicación liberal y constitucional y estimulaba los pronunciamientos militares a favor de la Constitución, con el apoyo civil en las ciudades.
El Trienio Liberal (1820-1823)
A principios de 1820 triunfó un pronunciamiento en favor de la Constitución, encabezado por el coronel Rafael del Riego. La pasividad del ejército real y la acción de los liberales en las ciudades obligaron al rey a aceptar la Constitución de 1812.
Las nuevas cortes se formaron con una mayoría de diputados liberales e iniciaron una obra reformista muy importante.
El objetivo fue consolidar la abolición del Antiguo Régimen y se tomaron las medidas siguientes:
- Supresión de las señorías jurisdiccionales, las primogenituras y las vinculaciones. La tierra aconteció mercancía y esto favoreció las relaciones de tipo capitalista.
- Aprobación de una reforma eclesiástica, que suprimió los conventos y secularizaba los frailes. De este modo se pretendía limitar el poder de la Iglesia, conseguir recursos para la hacienda pública y potenciar la producción agraria.
- Reforma del sistema fiscal.
- Eliminación de los gremios, y por tanto, aprobación de la libertad de industria y de circulación de mercancías.
- Se instauró la Milicia Nacional, se hizo una nueva división del territorio en provincias y se promulgó un primer Código penal.
Las reformas ocasionaron:
- La oposición de la monarquía y los absolutistas.
- El descontento del campesinado. Los antiguos señores eran ahora los nuevos propietarios, y los campesinos se convertían en arrendatarios, aparceros o jornaleros que podían ser expulsados de las tierras si no pagaban y perder así los derechos tradicionales.
- Las nuevas contribuciones estatales agredieron la situación y los campesinos pobres se encontraron indefensos ante las nuevas relaciones capitalistas.
- La nobleza tradicional y la Iglesia, perjudicadas por la supresión del diezmo y de los privilegios y por la venta de bienes monacales. Se alzaron partidas realistas en extensas zonas y se estableció una regencia absolutista en la Seu d’Urgell.
- Las tensiones se produjeron entre los liberales, que se dividieron en dos tendencias:
- Moderados: eran partidarios de reformas más favorables a las élites sociales, que no provocaran conflictos con el rey y los absolutistas.
- Exaltados: planteaban la defensa inapelable de las libertades, el desarrollo pleno de la Constitución y la necesidad de reformas radicales más próximas a las clases medias y populares.
La Década Ominosa (1823-1833)
El triunfo del liberalismo contagió otros territorios y alarmó a las potencias que habían formado la Santa Alianza. Las demandas de ayuda de Fernando VII dieron lugar a la formación de un ejército francés, los Cien Mil Hijos de San Luis, con el fin de restablecer el orden tradicional. Así, Fernando VII recuperó la condición de monarca absoluto e inmediatamente inició la persecución de los liberales e implantó un régimen de terror. Ante la gravedad de la situación social, algunos ministros proponían la conveniencia de una amnistía para superar la situación de violencia.
La pérdida de las colonias americanas no hizo más que agravar la crisis. El rey buscó la colaboración del sector moderado de la burguesía y propuso que impulsase una reforma fiscal para recaudar más impuestos haciéndolo pagar a los sectores privilegiados. Esto incrementó la desconfianza de los sectores más tradicionalistas de la Corte.
En esta situación, interfirió la cuestión sucesoria: Fernando VII se casó con María Cristina de Borbón con quien tuvo una hija, Isabel. Para poder nombrarla sucesora, el rey promulgó la Pragmática Sanción, una norma que autorizaba la sucesión femenina al trono, prohibida hasta aquel momento por la ley sálica. Los más conservadores consideraron ilegal la sucesión de Isabel y apoyaron la sucesión a favor de Carlos María Isidro, hermano del rey y defensor firme del absolutismo.
irme del absolutismo.