Organización Política del Estado Franquista

El régimen de Franco supuso una adaptación del fascismo a las condiciones especiales de España. Se legitimó tras ganar la guerra y fue muy autoritario. El Estado que surgió entonces fue una mezcla de una dictadura militar y un estado fascista. Sus rasgos principales son:

a) Autoritarismo

Suprime la Constitución de 1931, clausura las Cortes y prohíbe todos los partidos políticos y sindicatos. Sólo habrá un partido y un sindicato. El militarismo impregna la vida cotidiana; los símbolos militares y la organización del Ejército se reflejan en los emblemas.

b) Caudillismo

Concentración de todos los poderes en la figura de Franco. Al acabar la guerra tomó el título de Caudillo de España. Era el Jefe del Estado, del Gobierno, del Ejército y del Partido. Se establece el culto a la personalidad. El providencialismo era resaltado (Caudillo de España por la gracia de Dios).

c) Unitarismo y centralismo

Abole los estatutos de autonomía y españoliza a la población catalana, vasca y gallega (se prohíben las lenguas vernáculas). La asignatura que fomentaba estos ideales se llamaba Formación del Espíritu Nacional.

d) Represión de la oposición

Se persigue a los simpatizantes de la República (republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, etc.) durante todo su mandato. El concepto de “rojo” se extiende a todos los que se oponen a su régimen. Cuando España es admitida en los organismos internacionales, la propaganda se ceba en el anticomunismo.

e) Catolicismo

La Iglesia católica se identificó con la sublevación señalando la causa nacional como una cruzada contra el comunismo. El régimen fue definido como nacional-católico y dio a la Iglesia un control absoluto sobre la vida social.

Un objetivo prioritario de Franco, tras su victoria en la Guerra Civil, era la creación de un nuevo Estado, cuya configuración concreta estaba todavía por definir. En este sentido, Franco únicamente tenía claro que sería un Estado autoritario, nacionalista y católico, en el que él mismo ejercería la máxima autoridad con el apoyo incondicional del Ejército, y cuya imagen exterior debería girar en torno a la defensa de la religión y la lucha contra el comunismo.

En el afán de ganarse el apoyo de las democracias occidentales, vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, la propaganda franquista empezó a calificar al nuevo régimen como democracia orgánica. La democracia orgánica partía del hecho de que los órganos naturales de asociación eran tres: la familia (donde se nace), el municipio (donde se vive) y el sindicato (donde se trabaja). Por tanto, la democracia verdadera sería la que recogiera la representación de estos tres órganos naturales de la sociedad y no de los partidos políticos. Se trataba de presentar al exterior una organización política con la apariencia de un Estado de derecho. Para ello se elaboró un conjunto de Leyes Fundamentales (equivalentes a una Constitución), que pretendían proporcionar al franquismo una imagen de Estado democrático a su manera. Estas Leyes Fundamentales eran solamente una fachada jurídica para ocultar la férrea dictadura militar de Franco. En conjunto quieren parecer una Constitución pero no lo son. Destacan:

1. Ley Constitutiva de Cortes (1942): Las define como el órgano de participación del pueblo español en las tareas del Estado. Sus representantes se llaman procuradores y son designados por el poder (ministros, Consejo Nacional del Movimiento y Organización Sindical, alcaldes, rectores de Universidad y altas jerarquías eclesiásticas).
2. Fuero de los Españoles (1945): Pretende aparentar que en la España franquista hay libertades.
3. Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958): Se reafirma en el partido único, que cambia de nombre, y dice que todos los altos cargos civiles y militares sean considerados miembros natos del Movimiento.
4. Ley Orgánica del Estado (1966): Separa los cargos de Jefe del Estado y Presidente del Gobierno, se aumenta el número de procuradores a Cortes, se afianza la institución monárquica y se pueden crear asociaciones con fines pacíficos.

Para controlar el aparato productivo del país, se estableció una organización sindical en la que se encuadra de forma obligatoria a empresarios, técnicos y obreros, agrupados por ramas o sectores de producción. El nombre de sindicatos verticales, deriva de este criterio de agrupación por ramas. Su fundamento ideológico era el principio fascista de que no existían conflictos entre trabajadores y patronos, sino armonía social e intereses comunes entre todos los españoles.

Reformas de la Segunda República Española

Las primeras elecciones republicanas fueron las más democráticas celebradas hasta entonces en la historia de España. El partido que obtuvo más escaños fue el PSOE. Considerados en conjunto, la izquierda alcanzó una clara mayoría. Tiempo después se formó el primer gobierno constitucional, presidido por Manuel Azaña (Acción Republicana) e integrado principalmente por republicanos de izquierdas y socialistas. En un gesto conciliador se cedió la presidencia de la República al conservador Alcalá Zamora.

El nuevo gobierno se propuso la tarea de realizar una profunda transformación de la realidad española, con el fin de satisfacer las amplias expectativas sociales depositadas en él.

Política religiosa

Se empezaron a promulgar leyes que afectan directamente los intereses de la Iglesia (disolución de la Compañía de Jesús y confiscación de sus bienes, matrimonio civil, divorcio, prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas, etc.). Amplios sectores del clero interpretaron estas medidas como una provocación. Esto significó una constante oposición entre la Iglesia, apoyada por el partido de Acción Popular, y la República.

La enseñanza y la cultura

En el campo de la educación, el problema básico con el que se enfrenta la República fue el elevado índice de analfabetismo y la falta de escolarización de casi la mitad de la población infantil. Por ello los mayores esfuerzos se centraron en la enseñanza primaria. Para ello se programó la construcción de nuevas aulas que en algunos casos se vieron frenadas por falta de presupuestos pero que supusieron un aumento de un 50 % sobre las ya existentes. Otro objetivo, en concordancia con el carácter laico del Estado, fue establecer en la escuela la libertad religiosa, tanto para profesores como para alumnos.

La reforma del ejército

La mayoría de los militares se habían mostrado contrarios al régimen republicano, por tanto, la reforma del ejército se convirtió en un asunto prioritario. Los objetivos eran dos: ganarse la fidelidad del ejército para la República y aumentar su eficacia. Para resolver este problema Azaña propuso el retiro, con el sueldo íntegro, de todos los oficiales que no quisieran prestar juramento de fidelidad a la República. Además, se colocó al frente de las principales capitanías generales a militares de confianza. Con ello se aseguró, teóricamente, la lealtad del ejército. Paralelamente, se creó la Guardia de Asalto, como cuerpo afín a la República y encargado del orden público, con el fin de sustituir al ejército en esta función.

La política autonómica

La Constitución mencionaba la posibilidad de conceder la autonomía a las regiones que lo solicitasen. De esta manera Cataluña conseguía su Estatuto en septiembre de 1932, a través del cual se convertía en región autónoma, que sería regida por un gobierno propio, la Generalitat, formada por un presidente, un parlamento y un consejo ejecutivo. El País Vasco, a pesar de la fuerza del movimiento autonomista, no tuvo su estatuto hasta 1936. No obstante, la política autonómica levantó el recelo de un sector del ejército y de los sectores sociales más conservadores temerosos de la posible división de España.

El problema social

A causa de la crisis económica mundial de 1929, el paro obrero en España constituye uno de los elementos dominantes del panorama social entre 1931 y 1936. La legislación laboral alcanzó gran amplitud durante los dos primeros años de gobierno de la República: leyes de jornada máxima, de regulación del derecho a la huelga, etc. La actitud de los grandes sindicatos frente a la cuestión social no seguía una línea única, aunque, en general, destacó la oposición violenta de los anarquistas hacia la República.

La reforma agraria

La reforma agraria fue, sin duda, el proyecto económico y social de mayor magnitud que debía acometer la República, pues España seguía siendo un país eminentemente agrario; los campesinos eran casi el 50 % de la población activa y de ellos la mayoría eran jornaleros, es decir, campesinos sin tierra. Sin embargo, el principal problema del campo afectaba a la estructura de la propiedad con amplios latifundios al sur del Tajo, que colocaba a amplios sectores sociales en una situación de miseria y paro. Por ello, periódicamente se producían ocupaciones ilegales y estallidos de violencia social. La Ley de Reforma Agraria establecía la expropiación con indemnización de las grandes fincas que no fuesen cultivadas según las costumbres de la zona, para ser repartidas entre las familias de campesinos o entre colectividades de agricultores. Para llevar a cabo la redistribución de las tierras se creó el Instituto de Reforma Agraria. Sin embargo el sistema de redistribución presentó muchos problemas, a los que hay que unir la oposición de los terratenientes expropiados, el carácter excesivamente burocrático del Instituto, la falta de estudios previos sobre calidad y rendimientos de la tierra, etc. La tan anhelada reforma agraria supuso una considerable frustración para los campesinos que habían depositado la esperanza de un futuro mejor.

A mediados de 1933, la oposición de los partidos de derechas y la postura violenta de los anarquistas en la cuestión agraria, hicieron aparecer síntomas de inestabilidad. En 1933, Azaña dimitió como jefe del gobierno y Alcalá-Zamora decidió convocar nuevas elecciones, que desembocaron en el bienio radical-cedista.

El Bienio Conservador y el Frente Popular

La dureza de los enfrentamientos políticos del Bienio Conservador provocó que la política española se polarizara y quedara dividida entre derechas e izquierdas. Los partidos de derechas se agruparon en el Bloque Nacional (CEDA, monárquicos, tradicionalistas y, en algunas provincias, radicales y Lliga Catalana) pero no lograron elaborar un programa electoral consensuado.

Las izquierdas (republicanos, socialistas y comunistas) se agruparon en el Frente Popular, cuyo programa exigía la amnistía para los encarcelados políticos y el restablecimiento de la Constitución. En un ambiente de creciente radicalización, se presentaron las siguientes candidaturas a las elecciones de febrero de 1936:

1. Frente Popular: pacto electoral firmado en enero de 1936 por Izquierda Republicana, PSOE, PCE, POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) y Esquerra Republicana de Catalunya. Este pacto agrupaba a todas las izquierdas. La CNT, con muchos presos en la cárcel, no pidió la abstención y apoyó de forma tácita a la coalición de izquierdas.
2. Coalición de la CEDA y Renovación Española, acudió con un programa muy moderado basado en el miedo a la revolución social.
3. La Falange y el PNV se presentaron por su cuenta.

La victoria fue para el Frente Popular, que basó su triunfo en las ciudades y las provincias del sur y la periferia. La derecha triunfó en el norte y el interior del país. Tras las elecciones, Manuel Azaña fue nombrado Presidente de la República. El presidente del gobierno fue Casares Quiroga y estaba formado exclusivamente por republicanos de izquierda (sin socialistas, dominado por su sector más radical, ni comunistas). El nuevo gabinete tomó las siguientes medidas:

1. Amnistía para todos los condenados por la Revolución de Octubre de 1934. También se decretó el reingreso a sus puestos de trabajo.
2. Restablecimiento del Estatuto catalán, suspendido tras la revolución de octubre. Companys volvió a ocupar la presidencia de la Generalitat.
3. Alejamiento de Madrid de los generales enemigos de la República. Franco (a Canarias), Mola (a Navarra) y Goded (a Baleares).
4. Reanudación de la reforma agraria. Se retornó también a la expropiación y adjudicación de tierras a los campesinos, al amparo de la reforma agraria de 1932. Entre marzo y julio se expropió y repartió más de medio millón de hectáreas. Sin embargo, esta medida fue rápidamente desbordada por la acción de los jornaleros que se lanzaron a la ocupación de fincas.
5. Tramitación de nuevos estatutos de autonomía. El Estatuto de Galicia, fue aprobado en plebiscito en junio de 1936, y el del País Vasco estaba prácticamente terminado en julio de 1936.

Sin embargo, el ambiente social era cada vez más tenso. La izquierda obrera había optado por una postura claramente revolucionaria y la derecha buscaba de forma evidente detener esta revolución. Desde el mes de abril se sucedieron los enfrentamientos violentos en las calles entre grupos falangistas y milicias socialistas, comunistas y anarquistas. Unos y otros parecían prepararse para el enfrentamiento inminente.

La conspiración militar contra el gobierno del Frente Popular avanzaba. Por un lado, había una trama política conformada por los principales líderes de los partidos: Gil Robles, Calvo Sotelo, José Antonio Primo de Rivera. Por otro lado, crecía el número de generales implicados (Franco, Goded, Fanjul, Varela) y Mola, destinado en Pamplona, se convirtió en el jefe de la conspiración, el «director» del golpe. Iniciaron contactos con Mussolini y Hitler. La madrugada del 13 de julio era asesinado José Calvo Sotelo, jefe de la oposición monárquica. El enfrentamiento era inevitable.

Conclusión

En suma, la República fue recibida con entusiasmo popular ante el ambicioso programa de reformas que abordó y que eran necesarias para modernizar el Estado, la economía y la sociedad. Sin embargo, la República encontró grandes obstáculos en el contexto internacional (crisis económica a nivel mundial tras la caída de la Bolsa de Nueva York y enfrentamiento entre el fascismo y la democracia en Europa) y en el interior (consenso débil, fuerte y heterogénea oposición desde derecha e izquierda, inestabilidad política, conflictividad social, falta de cultura democrática,…).