El nacimiento del nacionalismo vasco surgió a finales del siglo XIX, centrándose en un principio en Bizkaia, aunque con posterioridad incluyó en su reivindicación a todas las provincias con población vasca. Los elementos en que se basaba la nacionalidad vasca se asentaban en la raza, la religión, la lengua, la ley, el carácter y las costumbres. Nació sobre la idea de dos planteamientos políticos: la recuperación de los fueros abolidos en 1876 y hacer frente a un modelo de sociedad que la industrialización estaba imponiendo.

El impulsor de este nacionalismo fue Sabino Arana, que apostaba por la ruptura de todo vínculo con España y la proclamación de la independencia. Defendía la defensa de la sociedad tradicional, el rechazo de la industrialización y de la emigración, verdaderos causantes de la pérdida de los valores de la sociedad vasca, y por la necesidad de independencia política para poder mantenerlos. Según este, la independencia política preservaría a la sociedad vasca de los males del mundo moderno, como el laicismo, los emigrantes, la industrialización, etc. Sabino Arana empezó su vida política en 1893 y en 1894 creó la primera sociedad política, la sociedad nacionalista Euzkaldun Batzokija.

El 31 de julio de 1895 se fundó el Partido Nacionalista Vasco con una solemne declaración antiespañola y con la voluntad de restaurar en el territorio el orden jurídico tradicional. En los primeros momentos, el nacionalismo no fue capaz de conseguir nada. Con los primeros seguidores de Sabino Arana se incorporó a las tesis nacionalistas un grupo ya constituido de liberales fueristas (Sociedad Euskalerria) con Ramón de la Sota. Esta incorporación aportó influencia, prestigio social y moderación política. Este hecho mejoró los resultados electorales, consiguiendo buenos resultados en Bizkaia. En 1903 muere Sabino Arana.

En 1910, el PNV sufrirá una separación, el grupo Askatasuna, que era el más favorable a un nacionalismo laico y republicano. Este tendrá éxito en la 2ª República cuando se funde (Acción Nacionalista Vasca).

La Autonomía Vasca durante la Segunda República

La proclamación de la República, en abril de 1931, inició el proceso para establecer una autonomía vasca, que había sido solicitada, sin éxito, durante la Restauración. El principal impulsor de la autonomía era el PNV, que se había excluido del Pacto antimonárquico de San Sebastián. Los carlistas, defensores de los Fueros, también eran partidarios de la autonomía, aunque, en términos generales, eran contrarios al régimen republicano. Ambos factores explican que la proclamación de la República no supuso la inmediata concesión de autonomía al País Vasco, como sí ocurrió en Cataluña.

El Estatuto de 1936 es la culminación de un proceso que había comenzado mucho tiempo atrás. Con la llegada de la República, se dieron los primeros pasos para la autonomía, y se fueron redactando sucesivos proyectos de Estatuto. A finales de 1931, desde posiciones republicanas se encargó la redacción de un nuevo estatuto a las comisiones gestoras. En 1936, el golpe de estado del 18 de julio y el comienzo de la guerra civil, trastocaron el calendario previsto. Finalmente, el acuerdo entre los grupos nacionalistas y el gobierno de la República, en octubre de 1936, supuso la aprobación de una Ley sobre el Estatuto Vasco, mediante Decreto, la formación de un Gobierno Vasco y la entrada de un representante del PNV en el gobierno de la República. El 1 de octubre, Agirre reafirmó su compromiso con la República en la lucha contra el fascismo. El estatuto fue aprobado por unanimidad de los escasos cien diputados presentes en las Cortes.

El nuevo estatuto fue denominado “Estatuto de Elgueta” por coincidir su aprobación y promulgación con el momento en que el avance fascista en el P. Vasco es detenido por la resistencia de las milicias sindicales y los gudaris nacionalistas. El Estatuto era diferente en su contenido al que fue aprobado en 1933. Fijaba las competencias del poder autonómico, mantenía la vigencia de los Conciertos Económicos que daban a las Diputaciones Forales amplias competencias. Se deja para más tarde la organización de las instituciones de gobierno y del poder legislativo que deberá ser acordada por una representación democrática.

La Industrialización en el País Vasco

La industrialización española fue lenta y en parte fracasada a excepción de las zonas periféricas como el País Vasco y Cataluña. La falta de mercado y de capitales suficientes fueron las causas de este retraso. La industria española se basó en dos sectores: el textil catalán y el siderúrgico vizcaíno.

La industrialización en el País Vasco tiene un fuerte impulso tras la Segunda Guerra Carlista. La reclamación de esta defensa es la firma de Tratados de Comercio, entre ellos el hispano-alemán, por el gobierno liberal de la Restauración, y cuyo objetivo era favorecer las relaciones comerciales con el extranjero. Para ello era necesario deshacer la labor proteccionista de la ley arancelaria de 1891, tan beneficiosa para la industria vizcaína.

La siderurgia vizcaína fue uno de sus pilares básicos de la industrialización española. La liberalización del sector minero en 1868 facilitó que muchas compañías extranjeras se instalaran en Bizkaia en busca del mineral de hierro vizcaíno de gran calidad y muy adecuado para su conversión en acero mediante el procedimiento Bessemer. Se desarrolló una importante industria ya que había abundante mineral de hierro, de fácil extracción y próximo al mar. Este hecho, basado en los Altos Hornos (1902) supuso, además, el desarrollo de los transportes, la industria naval, la banca y el desarrollo de los negocios.

Si bien una parte de los beneficios generados por la explotación del hierro fue a parar al extranjero, un sector de la burguesía local derivó parte de ellos hacia la industria siderúrgica. Así se pudo financiar la industrialización vasca, junto a capitales procedentes de Cataluña y Madrid y la creación de una banca industrial con la fundación del Banco de Bilbao (1857) y del Banco de Vizcaya (1901).

La Proclamación de la Segunda República

Tras la dimisión del general Primo de Rivera, en 1930, el Rey (Alfonso XIII) nombró al general Dámaso Berenguer como jefe de gobierno, en un intento de iniciar la vuelta a la normalidad constitucional de la Restauración. En agosto de 1930, republicanos, socialistas y catalanistas de izquierdas se pusieron de acuerdo en el llamado Pacto de San Sebastián para instaurar un régimen republicano y reconocer el derecho de Cataluña a un estatuto de autonomía. Ante la negativa de Berenguer de conceder estas peticiones, los republicanos recurrieron a las conspiraciones. El general Berenguer fue sustituido por el almirante Aznar, quien aceptó convocar elecciones municipales para abril de 1931, las primeras en 8 años, que tendrían carácter de plebiscito sobre el régimen monárquico para casi todos los partidos políticos. El triunfo de las candidaturas republicanas en las grandes ciudades precipitó la proclamación de la República, el 14 de abril de 1931. El cambio de régimen se realizó sin derramamiento de sangre tras la proclamación de la República. El conde de Romanones, ministro de Estado, recomendó al rey abandonar España.

Inmediatamente se formó un Gobierno Provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora formado por republicanos (Lerroux, Azaña), socialistas (Prieto y Largo Caballero) y nacionalistas catalanes. El gobierno debía dirigir el país hasta que unas nuevas Cortes Constituyentes dieran forma al nuevo régimen. El nuevo gobierno tuvo que responder desde un principio al ansia general de reformas. Adoptó las primeras medidas para la reforma agraria, inició reformas laborales, emprendió la reforma militar, aprobó una legislación educativa que extendía la enseñanza a las clases más pobres y puso en marcha el Estatuto provisional de autonomía de Cataluña.

En junio de 1931, tuvieron lugar las elecciones a Cortes Constituyentes en un ambiente de relativa tranquilidad. Las urnas dieron una clara mayoría a la coalición republicano-socialista. Los diputados, tras elegir presidente de la cámara a Julián Besteiro, socialista moderado, aprobaron la Constitución en diciembre de 1931. Estado democrático, laico, con cámara única, un gobierno responsable ante ella y un Presidente de la República que durante su mandato de 6 años tenía la facultad de disolverlas 2 veces.

• Soberanía popular
• Unicameral. Congreso de los Diputados elegidos por sufragio universal
• Sufragio universal directo masculino y femenino, mayores de 23 años
• Estado Laico. Separación de la Iglesia y el Estado. Prohibición de ejercer la educación. Libertad de conciencia y de cultos y una rigurosa separación de poderes (Ejecutivo: Presidente; Legislativo: Cortes; Judicial: Tribunales.
• Estado central fuerte, pero reconocía la autonomía municipal y la posibilidad de promulgación de estatutos de autonomía, pero con primacía del derecho común del Estado sobre el de las regiones autónomas.

El Gobierno Vasco durante la Guerra Civil

En el gobierno formado el 7 de octubre en Gernika figuraba una mayoría nacionalista y representantes del Frente Popular, pero no de la CNT. Fue un gobierno de concentración al igual que lo era el de Largo Caballero e inauguró la fórmula de juramento ante el árbol de Gernika, con un programa de gobierno moderado. La guerra mediatizó la aplicación del Estatuto y la actuación del Gobierno, que estuvo orientada a la organización del ejército vasco y a la gestión de una sociedad en guerra: sanidad, industria, abastecimiento, prensa y propaganda, etc.

La división del territorio vasco en los dos bandos enfrentados en la guerra (Álava apoyó la sublevación y Guipúzcoa fue conquistada casi en su totalidad en las primeras semanas de la guerra) hizo que el Estatuto sólo afectará a Bizkaia y a los habitantes que residían en ese territorio, muchos de ellos refugiados procedentes de otros territorios vascos. La aplicación del estatuto acabó con el final de la guerra en Bizkaia, en junio de 1937.

Proteccionismo y Siderurgia Vizcaína

Pero la enorme competencia de la industria europea que ya llevaba más de medio siglo funcionando, hacía que el desarrollo de la siderurgia en Bizkaia y el del resto de los sectores industriales en España fuera muy dificultoso, la siderurgia vizcaína tenía que enfrentarse a la llegada de productos más baratos del exterior.

Por esta razón, el proteccionismo fue muy demandado por burgueses y oligarcas, dueños de fábricas, durante toda la Restauración. El sistema canovista, impuso un régimen arancelario a los productos extranjeros (1891) con el fin de favorecer la producción nacional. La siderurgia vizcaína se vio muy beneficiada por este principio económico gracias al cual pudo hacer frente a la competencia extranjera, convirtiéndose en la principal zona productora de hierro del país, lo que derivó en el desarrollo de otros sectores industriales como el naval, químico y metalúrgico. El mercado interior quedaba así asegurado.