T-16   La dictadura de Primo de Rivera. El final del reinado de Alfonso XIII

Durante el reinado de Alfonso XIII concretamente desde 1917, el régimen de la Restauración estaba en crisis ya que era difícil formar mayorías parlamentarias. Ademas aumento la conflictividad social, a lo que hay que sumar el desastre de Annual, y por este motivo, en la primavera de 1923 se estaba conspirando contra el gobierno desde dos movimientos: Uno vinculado a la Junta de Defensa de Barcelona y el otro desde Madrid y que buscaba instaurar un gobierno fuerte manteniendo la monarquía y la Constitución.

Miguel Primo de Rivera se une al 2º movimiento y da un Golpe de Estado.

El general se presento como un <<un cirujano de hierro>> dispuesto a actuar como salvador de la patria. Influido por el fascismo de Mussolini en Italia, Primo de Rivera creo una dictadura, que tuvo dos etapas: el Directorio militar presentado con un carácter interino, y el Directorio civil, con el que pretendíó la institucionalización del régimen.

Al llevar a cabo el Golpe de Estado, el General Primo de Rivera dio numerosos motivos para justificar la necesidad de ese acto ilegal, como la violencia social, la radicalización del catalanismo, el descrédito del sistema parlamentario y la inexistencia de una oposición eficaz. Además, la situación había empeorado a causa del desastre de Annual, cuya responsabilidad alcanzaba incluso al propio monarca.

El golpe contó con la aprobación del rey
Alfonso XIII y fue apoyado por los sectores sociales conservadores, especialmente la burguésía industrial, que deseaba la paz social para aprovechar el auge económico de los años 20.

Sin embargo, la dictadura de Primo de Rivera no fue un régimen fascista,  ya que el general no accedíó al poder gracias a un partido de masas y un programa concreto, sino que establecíó una dictadura militar autoritaria, condicionada por la personalidad del dictador.

En una primera etapa, provisional, el general asumíó todos los poderes al frente de un Directorio Militar que dejó en suspenso la Constitución, disolvíó las Cortes, prohibíó los partidos políticos e introdujo la censura de prensa, paralizó el expediente Picasso y sustituyo a los gobernadores civiles por militares.

Para restablecer el orden social, se abolieron las libertades y se intensificaron las acciones represivas contra el movimiento obrero. Con este fin, se organizó una milicia inspirada en el sometent catalán. Además, se aplicó una dura política contra los nacionalismos catalanes y vascos, que fue especialmente anticatalanista. Se suprimíó la Mancomunitat de Cataluña y se prohibíó el uso público del catalán, y también se persiguió al nacionalismo vasco (PNV).

El problema marroquí se resolvíó favorablemente gracias a una ofensiva militar conjunta entre tropas españolas y francesas. El éxito del desembarco en la bahía de Alhucemas condujo a la rendición del líder Abd-el-Krim y a la ocupación efectiva del territorio rifeño. 

La victoria en Marruecos afianzó el poder de Primo de Rivera que, además, consiguió cierta popularidad al restablecerse la paz social. Conseguidos los objetivos en lugar de abandonar el gobierno, intentó institucionalizar su dictadura mediante la sustitución del Directorio militar por un Directorio civil.

El Directorio civil se constituyó en 1925 como un consejo dirigido por Primo de Rivera e integrado por militares y por miembros del único partido legal, la Unión Patriótica, a imitación del fascismo italiano. Emprendíó una política social y económica intervencionista, que logró un aparente éxito, respaldado por la coyuntura económica internacional.

Durante los felices años 20, se aplicó al proteccionismo arancelario para favorecer a los empresarios españoles, catalanes y vascos.

Se mejoró la red de carreteras y de ferrocarril, y se crearon confederaciones hidrográficas, que eran financiadas con capital público, lo que acabo generando graves problemas de endeudamiento del Estado.

Se crearon monopolios que se beneficiaron de la política proteccionista. Se creo la Compañía Telefónica Nacional de España y la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA), con capital del Estado y de la banca privada española.

La ausencia de reformas estructurales en la agricultura mantuvo al campo español en su atraso.

La política social se caracterizó por la represión de los sindicatos (la CNT fue ilegalizada, pero no la UGT, que había adoptado una actitud pasiva) y por un cierto reformismo social de carácter paternalista, que introdujo algunas mejoras en la situación de los trabajadores: seguro de enfermedad, descanso dominical, viviendas protegidas…

El Estado creo la Organización Corporativa Nacional, a semejanza de las corporaciones fascistas italianas, que integraba a obreros y patronos, agrupados por oficios y profesiones.

Desde la legalización de los partidos políticos, las primeras voces contrarias a la dictadura surgieron de los círculos de intelectuales, como Vicente Basco Ibáñez o Miguel de Unamuno. El alumnado universitario también se uníó a la oposición.

La oposición a la dictadura alcanzó a todos los sectores políticos: el socialismo con la UGT; el anarquismo con la CNT prácticamente desarticulada, sufríó la separación de su sector más radical, que creó la Federación Anarquista Ibérica (FAI), un grupo muy violento; el catalanismo se decantó hacia la izquierda; los republicanos, aunque seguían divididos, fundaron la Alianza Republicana, junto con el socialismo, se perfilaron como la única opción renovadora, a la que se adhirieron el mundo académico e intelectual, los estudiantes y algunos sectores del ejército.

A partir de 1928, se intensificaron las críticas a la dictadura a causa de la crisis económica. En este clima de malestar el rey Alfonso XIII quiso evitar que la opinión pública nacional e internacional identificara la monarquía con la dictadura.

Tras la dimisión del dictador, el rey quiso retomar el sistema del turno, el mismo cuyo fracaso había conducido a la dictadura. Por ello, se intentó recurrir a los antiguos partidos domésticos de los que había prescindido durante los últimos 7 años. Sin embargo, sus dirigentes rechazaron el retorno a la Constitución de 1876 y no apoyaron al rey. Ante esta situación, Alfonso XIII encargo a Berenguer, un Gobierno que iba a pasar a la historia como la Dictablanda.

El rey sustituyó a Berenguer por el almirante Aznar, con el encargo de convocar elecciones a Cortes Constituyentes. Se convocaron elecciones municipales el 12 de Abril, cuando los republicanos habían firmado el Pacto de San Sebastián, a los que también se habían sumado la UGT y la CNT. En estas elecciones se produjo la victoria de las candidaturas republicanas en las ciudades, lo que fue acogido con euforia por la población, mientras el monarca decidía abandonar el país, comenzando así  la 2ª República.