Proclamación de la Segunda República Española: Elecciones de 1931 y Constitución

De la Dictadura a la Segunda República: El Preludio del Cambio

El general Berenguer fue el encargado de sustituir a la dictadura, con la misión de celebrar unas elecciones que permitieran retornar a la normalidad constitucional. La oposición comenzó a organizarse y los republicanos, los catalanistas de izquierda y el PSOE acordaron la firma conjunta del Pacto de San Sebastián, un programa para presentarse a las elecciones y constituir un comité revolucionario que debería convertirse en el gobierno provisional de la futura República. Berenguer fue incapaz de preparar las elecciones y, en febrero de 1931, fue sustituido por un gobierno presidido por el almirante Aznar, que puso en marcha unos comicios en los tres niveles establecidos: municipales, provinciales y legislativos. El gobierno decidió convocar en primer lugar las elecciones municipales y las fijó para el 12 de abril de 1931. Se intentaba volver a la normalidad, pero Alfonso XIII se había comprometido con la dictadura y las elecciones se presentaron como plebiscito a favor o en contra de la monarquía.

La Segunda República Española (1931-1936): Proclamación y Período Constituyente

Las Elecciones y el Gobierno Provisional

El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales en España, mediante sufragio universal masculino. La participación fue muy alta y las candidaturas republicano-socialistas triunfaron en las grandes ciudades, en 41 de las 50 capitales de provincias y en la mayor parte de los núcleos industriales. El 14 de abril los concejales electos de la localidad guipuzcoana de Éibar proclamaron la República y, a lo largo del día, lo hicieron los concejales de Valencia, Sevilla, Oviedo, Zaragoza, Barcelona, etc. Ante la nueva situación, el rey Alfonso XIII decidió renunciar a la potestad real y ese mismo día abandonó el país, partiendo hacia el exilio. En Madrid, los representantes de los partidos firmantes del Pacto de San Sebastián constituyeron un gobierno provisional, que el mismo día 14 se presentó en el Ministerio de Gobernación, en la Puerta del Sol, y proclamó oficialmente la Segunda República española. El gobierno provisional convocó inmediatamente elecciones a Cortes constituyentes para el día 18 de junio. El gobierno decretó una serie de medidas de extrema urgencia: la concesión de una amnistía general para los presos políticos, la proclamación de las libertades políticas y sindicales y la designación de altos cargos de la administración. Las promesas de cambio de la nueva República contaron con un amplio apoyo popular, pero también con la animadversión de los grandes propietarios agrícolas, la oligarquía, parte del ejército y la Iglesia. Las elecciones generales del 18 de junio tuvieron una alta participación. La victoria fue para la coalición republicano-socialista, que obtuvo 250 diputados sobre los 464 que componían la Cámara Baja.

La Constitución de 1931

Los diputados electos formaron las nuevas Cortes republicanas, y el ejecutivo quedó en manos de la coalición vencedora, que ratificó en sus cargos al jefe de gobierno, Niceto Alcalá Zamora, y a los ministros del gobierno provisional. Las Cortes nombraron inmediatamente una comisión encargada de elaborar un proyecto de constitución, que fue aprobado en diciembre de 1931, después de intensos debates. La Constitución de 1931 tenía un marcado carácter democrático y progresista donde se define a España como «una República de trabajadores de todas las clases que se organiza en un régimen de Libertad y Justicia» y se establece que todos los poderes emanan del pueblo. La constitución agrupaba los siguientes principios:

  • El Estado se configuraba de forma «integral», pero se aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones.
  • El poder legislativo residía plenamente en las Cortes, constituidas por una sola cámara.
  • El poder ejecutivo recaía en el gobierno, así como en el presidente de la República.
  • El poder judicial se confiaba a unos jueces independientes.
  • Se reconocía una amplia declaración de derechos y libertades, y existía una preocupación por los temas sociales.
  • Se garantizaba igualdad absoluta ante la ley, la educación y el trabajo y la no discriminación por razón de origen, sexo o riqueza.
  • Se reconocía la facultad del gobierno para expropiar bienes de utilidad social y se definía el trabajo como una obligación social.
  • Se establecía el voto desde los 23 años y, por primera vez, se concedía el voto a las mujeres.
  • Por último, se hacía una clara afirmación de la laicidad del Estado.

La Constitución no consiguió el consenso de todas las fuerzas políticas, y aunque fue aprobada por amplia mayoría, existían profundas discrepancias entre la izquierda y la derecha, sobre todo en lo referente a la cuestión religiosa y autonómica.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *