Proclamación y Consolidación de la Segunda República Española (1931-1933): Causas, Constitución y Reformas
Causas de la Proclamación de la República y las Elecciones de Abril de 1931
La proclamación de la Segunda República Española fue el resultado de una serie de factores clave:
- La incapacidad de los gobiernos de Berenguer y Aznar para restaurar la monarquía constitucional.
- La debilidad y el derrotismo de los monárquicos.
- La creciente fuerza de la oposición republicana y socialista, unificada tras el Pacto de San Sebastián.
Estos elementos fortalecieron la idea de la República como la solución viable. Sin embargo, el régimen no se instauró mediante elecciones a Cortes Constituyentes, sino a través de la victoria republicano-socialista en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 en la mayoría de las capitales de provincia. Aunque las candidaturas monárquicas prevalecieron en áreas rurales y ciudades conservadoras, y a pesar de la paridad en votos y el mayor número de concejales monárquicos, la situación política cambió drásticamente.
El 14 de abril, tras la proclamación de la República en varios municipios, como Eibar, Alfonso XIII optó por el exilio, sin abdicar formalmente. En una carta publicada en el diario ABC, justificó su decisión como un intento de evitar un conflicto civil y por la falta de apoyo. Ese mismo día, el Comité Revolucionario, liderado por Alcalá Zamora, se erigió como gobierno provisional, asumiendo el poder del almirante Aznar. La Segunda República fue proclamada oficialmente en Madrid, en la Puerta del Sol, en la tarde del 14 de abril de 1931.
Gobierno Provisional, Elecciones a Cortes Constituyentes y la Constitución de 1931
El Gobierno Provisional se formó con los firmantes del Pacto de San Sebastián, presidido por Niceto Alcalá Zamora. Incluía a figuras como Miguel Maura (Derecha Liberal Republicana), Indalecio Prieto, Francisco Largo Caballero y Fernando de los Ríos (PSOE), Alejandro Lerroux y Diego Martínez Barrio (Partido Republicano Radical), Manuel Azaña (Acción Republicana), Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz (Partido Republicano Radical Socialista), y Lluís Nicolau d’Olwer (ERC).
Este gobierno provisional implementó una serie de reformas:
- Ámbito agrario: Jornada laboral de ocho horas, obligación de contratar jornaleros locales y de cultivar productos de la tierra.
- Educación: Construcción de escuelas, creación de plazas de maestro, bibliotecas rurales y la no obligatoriedad de la enseñanza religiosa.
El gobierno provisional también enfrentó desafíos iniciales significativos:
- La proclamación de la República catalana por parte de Francesc Macià.
- El anticlericalismo, manifestado en asaltos y quema de conventos.
- Movimientos huelguísticos, especialmente anarquistas, que fueron reprimidos con dureza.
En este contexto, se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes. Para controlar el proceso, se colocaron gestoras republicano-socialistas en las diputaciones provinciales y se aprobó una nueva ley electoral. Esta ley establecía el derecho al voto para varones mayores de 23 años y un sistema electoral mayoritario, donde la lista ganadora obtenía el 80% de los escaños en cada distrito.
Las elecciones de junio de 1931, con una participación del 70%, resultaron en:
- Partidos del gobierno: Aproximadamente 400 escaños (115 PSOE, 90 PRR, 60 PRRS, 36 ERC y unos 90 el resto).
- Otras fuerzas políticas: Alrededor de 70 escaños, incluyendo grupos de derecha (agrarios, liberal-demócratas) y nacionalistas (Lliga Regionalista de Cataluña, PNV).
Ideológicamente, las izquierdas sumaban unos 260 escaños, el centro alrededor de 120 y las derechas cerca de 90. Este resultado inauguró un sistema multipartidista, donde se requerían al menos tres partidos para alcanzar la mayoría absoluta.
La Constitución de la Segunda República, aprobada en diciembre de 1931, fue un hito en el reconocimiento de los derechos humanos y la organización democrática del Estado. Casi un tercio de su contenido se dedicaba a los derechos y libertades individuales y sociales. Sin embargo, su principal debilidad fue la falta de consenso, con un predominio de aspectos ideológicos de izquierda:
- Definía a España como «una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en un régimen de libertad y de justicia».
- La soberanía era popular, residiendo el poder en el pueblo.
- Establecía el sufragio universal para mayores de 23 años.
- Permitía la expropiación de bienes por utilidad social y la nacionalización de entidades privadas.
- España se declaraba Estado laico, con separación Iglesia-Estado y libertad de culto.
- Introducía la enseñanza gratuita y laica.
- Configuraba España como un «Estado Integral», con la posibilidad de formar Regiones Autónomas.
Organización política del Estado:
- Jefe del Estado: Presidente de la República, elegido cada seis años. Tenía prerrogativas como el nombramiento del Presidente del Gobierno, pero su poder real era limitado.
- Poder legislativo: Unicameral, formado por las Cortes o Congreso de los Diputados, con un mandato de cuatro años y preeminencia sobre el ejecutivo.
- Presidente del Gobierno: Elegido por el Presidente de la República y ratificado por las Cortes, encargado del poder ejecutivo.
- Tribunal de Garantías Constitucionales: Velaba por la constitucionalidad de las leyes.
Se afirmaba la igualdad jurídica y se establecía una amplia declaración de derechos y libertades (expresión, opinión, movimiento, residencia, culto, prensa). La bandera nacional era roja, amarilla y morada, y el Himno de Riego sustituyó a la Marcha Real.
El Bienio Reformista (1931-1933)
Tras la aprobación de la Constitución, Niceto Alcalá Zamora fue elegido Presidente de la República y Manuel Azaña asumió la presidencia del gobierno en octubre de 1931. El gobierno, compuesto por el PSOE y las fuerzas republicanas de izquierda, inició un ambicioso programa de reformas para modernizar el país. Estas reformas, sin embargo, generaron una creciente oposición y problemas desde diversos sectores.
La Ley de Defensa de la República
Esta ley de excepción tenía como objetivo asegurar la implantación de las leyes republicanas y permitía al gobierno suspender las garantías constitucionales para reprimir a los opositores del régimen. Fue utilizada, por ejemplo, durante la Revolución de octubre de 1934.
La Reforma Agraria
La República abordó el problema agrario, un desafío histórico, en un contexto de crisis económica. La Ley de Bases para la Reforma Agraria, aprobada en septiembre de 1932, buscaba asentar entre 60.000 y 70.000 campesinos al año. Establecía que los campesinos se asentarían en nuevas tierras, en régimen de colectividad o individual, sin poder venderlas, arrendarlas o hipotecarlas. Estas tierras provendrían de expropiaciones a grandes propietarios. Se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA) para gestionar el proceso.
La reforma fracasó debido a la complejidad de la ley, la falta de fondos y la resistencia de los terratenientes. En 1933, solo 2.500 familias se habían asentado en unas 24.000 hectáreas. En 1935, el gobierno radical-cedista presentó una nueva ley que paralizó el proceso.
Las Reformas Militares
Manuel Azaña, como ministro de la Guerra, impulsó una profunda transformación del ejército. Sus reformas iniciales se centraron en reducir gastos y ajustar los efectivos, con la Ley de Retiro de Oficiales. También buscó subordinar el poder militar al civil, suprimiendo los Tribunales de Honor, la prensa militar y el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Estas medidas generaron hostilidad hacia Azaña, aunque hubo divisiones dentro del ejército: los «junteros» o liberales (como Rojo y Miaja) lo apoyaron, mientras que los «africanistas» (como Franco, Sanjurjo y Mola) se opusieron.
Las Reformas Educativas
El ministro Marcelino Domingo promovió un ambicioso proyecto educativo que incluía la construcción de más de 30.000 escuelas para combatir el analfabetismo, que afectaba a cerca del 45% de la población. Se incrementó el número de escuelas de 35.000 a 45.000 y se aumentó el presupuesto en un 50%. Sin embargo, estos esfuerzos fueron insuficientes para reemplazar a los centros religiosos. Este periodo también vio el auge de la Institución Libre de Enseñanza y la promoción de las misiones pedagógicas.
La Cuestión Religiosa
La cuestión religiosa fue uno de los temas más conflictivos para la República. La Iglesia reaccionó negativamente ante la instauración de un régimen laico (cementerios, matrimonio y hospitales civiles, pérdida de privilegios, fin del monopolio educativo). Se abordó en tres momentos clave:
- 1931: Debate del artículo 26 de la Constitución, que prohibía la enseñanza a las instituciones religiosas. Se establecieron medidas como la libertad de cultos, la laicidad, el divorcio, la secularización de cementerios y la supresión del presupuesto del clero por dos años.
- 1932: Disolución de la Compañía de Jesús (Jesuitas) y transferencia de sus bienes al Estado.
- 1933: Aprobación de la Ley de Congregaciones, que permitía la disolución de órdenes religiosas consideradas peligrosas para el Estado, el control estatal de sus bienes y la limitación de su número.
Las Reformas Socioeconómicas
La llegada de Largo Caballero al Ministerio de Trabajo impulsó importantes medidas en este ámbito. Durante el Gobierno Provisional, se promovieron reformas en el sector agrario:
- Decreto de Términos Municipales: Obligaba a contratar obreros locales.
- Decreto de Laboreo Forzoso: Obligaba a los propietarios a mantener las tierras cultivadas.
- Jornada laboral de 8 horas para trabajadores agrarios.
En los dos años siguientes, Largo Caballero implementó otras reformas:
- Ley de Jurados Mixtos de Trabajo Rural: Foros para resolver conflictos entre obreros y patronos, monopolizados por la UGT.
- Generalización del Seguro de Trabajo y regulación de la jornada de ocho horas.
- Ley de Contratos de Trabajo: Intervención estatal en las relaciones laborales.
Quedaron pendientes proyectos como la Ley de Control Obrero de las Empresas y el Seguro de Desempleo. Indalecio Prieto intentó combatir el desempleo con un Plan de Obras Públicas, que no se ejecutó por falta de presupuesto.
El Problema Autonomista
La Constitución definía a España como un Estado Integral, permitiendo la formación de Regiones Autónomas:
- Cataluña: ERC, liderada por Macià y Companys, desplazó a la Lliga Regionalista de Cambó. En abril de 1931, Macià proclamó la República Catalana, obligando al Gobierno a negociar y acordar el establecimiento de la Generalidad de Cataluña, encargada de elaborar un estatuto de autonomía. El Estatuto de Nuria, aprobado en referéndum en Cataluña, fue reemplazado por el Estatuto de 1932, que repartía competencias entre la Generalidad y el Estado: el catalán se convirtió en lengua cooficial, la Generalidad podía crear centros educativos y contaba con fuerzas del orden propias (los Mossos d’Esquadra).
- País Vasco: El PNV colaboró inicialmente con la derecha tradicionalista, pero luego buscó la autonomía. El primer proyecto, el Estatuto de Estella/Lizarra de 1931, fue considerado inconstitucional. El Estatuto de 1932 fracasó en Navarra y casi en Álava debido a la oposición tradicionalista. La autonomía vasca no se concretó hasta octubre de 1936, durante la Guerra Civil.
- Galicia: A pesar de los esfuerzos de la ORGA, la autonomía no avanzó significativamente, aunque se celebró un referéndum poco antes de la Guerra Civil.
- Resto de España: Surgieron movimientos autonomistas, pero no prosperaron, probablemente debido a la corta duración de la República.
La Caída del Gobierno Azaña
El conjunto de reformas, junto con los efectos de la crisis económica de 1929, incrementaron la oposición y los problemas del gobierno:
- Reorganización de la oposición de derechas con la creación de la CEDA, liderada por José María Gil-Robles.
- División interna de los republicanos entre los partidarios de Alcalá Zamora, Lerroux (PRR) y Azaña.
- Falta de apoyo del PSOE al gobierno, dividido entre un sector revolucionario (Largo Caballero) y uno moderado (Julián Besteiro).
- Resistencia de parte del ejército al reformismo, materializada en «La Sanjurjada», un pronunciamiento liderado por el general Sanjurjo en 1932, que fue rápidamente reprimido.
- Radicalización de la CNT debido a la percibida lentitud de las reformas. Se produjeron graves incidentes revolucionarios en el ámbito agrario, como los sucesos de Castilblanco (1931), Arnedo (1932) y Casas Viejas (1933), que dañaron la imagen del gobierno.
En 1933, las derechas obtuvieron victorias en las elecciones municipales y en las elecciones para renovar el Tribunal de Garantías Constitucionales. A finales de año, Alcalá Zamora forzó la dimisión de Azaña. Al no lograr la elección de Lerroux como presidente del gobierno, Alcalá Zamora nombró a Martínez Barrio y convocó elecciones anticipadas a Cortes. Estas elecciones resultaron en la victoria de las derechas, destacando la CEDA, y del centro, con el PRR como principal fuerza.