Antonio Cánovas fue quien afirmó los principios ideológicos y sentó las bases institucionales y

jurídicas del sistema de la Restauración.

Sistema político:

El sistema político ideado por Cánovas estaba inspirado en el bipartidismo británico y

basaba su funcionamiento en el turno pacífico de los dos partidos llamados “dinásticos”, es decir, fieles a
la Corona. Estos dos partidos eran:
16.
El Partido Liberal-Conservador, liderado por Cánovas. Su origen estaba en el partido alfonsino
creado durante el Sexenio Democrático y era el heredero del moderantismo, el unionismo y parte
del progresismo de la época isabelina. Representaba los intereses de la burguésía latifundista y
financiera y de los grupos residuales del Antiguo Régimen. (se mostraban más defensores de la
Iglesia y el orden social)
17.
El Partido Liberal-progresista, cuyo líder era Práxedes Mateo Sagasta. Integraba a antiguos
progresistas, demócratas y ex republicanos moderados. Estaba respaldado por profesionales
liberales, la burguésía industrial y comercial y el alto funcionariado. (estaban más inclinados hacia
las reformas sociales y una educación más laica)
Las diferencias ideológicas y políticas entre ambos partidos eran mínimas. De hecho, la creación del
Partido Liberal se debíó a las necesidades del sistema canovista, de “crearse” una oposición con un
programa político similar al partido gobernante. En la práctica, la actuación de ambos partidos cuando
alcanzaban el poder no difería mucho, ya existía un acuerdo de no promulgar nunca una ley que forzase al
otro partido a derogarla cuando regresase al gobierno.
La Restauración no integró a las formaciones políticas no dinásticas (carlistas y republicanos).
También fueron excluidos los regionalistas, que cuestionaban la administración centralista, y las
organizaciones obreras, contrarias al orden liberal y capitalista.
Los dos partidos dinásticos pactaban el acceso al gobierno. De este modo se evitaba el peligro de que
la monarquía se identificase con un solo partido, como había sucedido con Isabel II, y además se
garantizaba la continuidad del régimen, puesto que se alejaba a las tendencias políticas antimonárquicas.
Para garantizar el turno, se recurría al fraude electoral y a los caciques locales. Así el sistema político no
utilizaba procedimientos realmente democráticos. Como diría años más tarde el escritor y político
regeneracionista Joaquín Costa, el sistema político de la Restauración fue una síntesis inmejorable de
“oligarquía y caciquismo”.
El régimen político de la Restauración se rigió por la Constitución de 1876, estuvo en vigor hasta el
Golpe de Estado del 23, y es, la más duradera de la historia constitucional española. Establecía la
soberanía compartida entre el rey y las Cortes, quien controlaba el poder ejecutivo y tenía la iniciativa
legislativa, con derecho de veto; las Cortes eran bicamerales, con un Senado que garantizaba el control
del poder legislativo por las minorías privilegiadas; garantizaba las libertades de expresión, reuníón y
asociación; se acordó la tolerancia religiosa (el catolicismo como religión oficial), pero se permitía el
ejercicio privado de otros cultos.
El texto constitucional no se pronunciaba sobre el tipo de sufragio. Sin embargo, estuvo vigente el
sufragio censitario, que excluía al al 95% de la participación política en España, hasta que en 1890 se
implantó el sufragio universal masculino. Por último, no teniendo en cuenta las crecientes demandas
descentralizadoras del país, sosténía el carácter centralista y unitario del Estado.
Era una constitución inspirada en la moderada de 1845, aunque con aspectos democráticos de la del
69, como el reconocimiento de derechos y libertades, aunque estos estuvieron restringidos.
Esta vaguedad permitía que la Constitución de 1876 se adaptara a las diferentes tendencias liberales que
formaban parte de la Restauración, que le daba la apariencia de una democracia parlamentaria a la
Restauración, acabando toda semejanza con una democracia auténtica.

Funcionamiento del sistema político:

el mecanismo del turno era como sigue. Periódicamente, o
cuando el partido sufría un proceso de desgaste político y perdía la confianza de las Cortes, el rey
encargaba al jefe del partido en la oposición a formar nuevo gobierno. Entonces, se convocaban
elecciones para construirse una mayoría parlamentaria para ejercer el poder controladamente. Desde el
Ministerio de la Gobernación se confeccionaba el encasillado o listas de diputados que deberían salir
elegidos en cada distrito, donde estaban formadas por miembros de la alta burguésía y la aristocracia,
es decir, una oligarquía que monopolizaba los cargos político-administrativos y los escaños de las Cortes.

De este modo, podían controlar todo el poder, ejercíéndolo en beneficio de las clases dominantes a las
que representaban. El encasillado se entregaba a los gobernadores civiles para que lo impusieran en la
provincia y en los ayuntamientos a través del cacique local. El caciquismo era más evidente en las zonas
rurales, donde una buena parte de la población estaba dominada a sus intereses gracias a:
• al control al de los ayuntamientos
• hacían informes y certificados personales
• controlaban el sorteo de las quintas,
• podían resolver o complicar trámites burocráticos y proporcionaban puestos de trabajo.

Con sus “favores”, agradecían la fidelidad electoral y el respeto a sus intereses. Si los mecanismos
caciquiles fracasaban, los resultados se hacían en el Gobierno Civil, asegurando el triunfo de la
candidatura oficial. Todo un conjunto de trampas electorales ayudaba a conseguir este objetivo. Así, no
se dudaba en falsificar el censo electoral:
• incluyendo a personas fallecidas o impidiendo votar a las vivas
• manipular o cambiar las actas electorales
• colocar las urnas en lugares inaccesibles
• ejercer la compra de votos y amenazar al electorado con coacciones de todo tipo.
El fraude electoral fue una práctica habitual durante todo el período de la Restauración, incluso cuando
se introdujo el sufragio universal (1890). Sólo en los núcleos urbanos importantes, donde la oposición
política era más fuerte, se hizo cada vez más difícil el control caciquil del sufragio. Por otro lado, todas
estas prácticas fraudulentas se apoyaban en la abstención de una buena parte de la población, cuya apatía
electoral se explica como el desencanto de las fuerzas de la oposición y deno sentirse representada en
la participación del proceso electoral.
En general, la participación electoral durante casi todo el período no súperó el 20%.