Se conoce como Transición al proceso de cambio que condujo de la dictadura franquista al régimen democrático actual. 

Fue un fenómeno peculiar debido a una serie de factores previos y posteriores a la muerte del dictador. Por lo que respecta a los factores previos destacar que a nivel internacional España quedaba como único reducto de este tipo de régimen en Europa. A nivel interno, el desarrollo económico de los 60 trajo profundas transformaciones sociales que se plasmaron en las exigencias de participación política por parte del pueblo. Por lo que respecta a los factores posteriores a la muerte de Franco, destacar la neutralización del ejército, la reforma pactada por todos los partidos de la oposición para acabar con la dictadura sin desarticular el aparato del Estado y la coronación de Juan Carlos I.

El monarca prometíó cumplir las Leyes Fundamentales franquistas en el acto de su coronación a la vez que se ofrecíó como “rey de todos los españoles. Su papel fue clave por dos aspectos fundamentales: su doble legitimidad (elegido por Franco y ser el heredero legítimo de los Borbones) y su saber evolucionar, que le llevará a lograr la plena aceptación de la monarquía y de su figura por todos los sectores democráticos.

El rey confirmó a Arias Navarro como presidente del primer gobierno de la monarquía, quien dejó claro su apuesta por el continuismo franquista. En respuesta a esto, medios de comunicación y líderes políticos definieron un programa común para todas las fuerzas antifranquistas y se unieron en la Coordinación Democrática o “Platajunta” (Marzo de 1976), cuyo objetivo era la ruptura democrática.

Fueron unos meses duros y conflictivos por la constante movilización de los trabajadores, el aumento del terrorismo (ETA y GRAPO), o los continuos problemas de orden público. Esta tensa situación polarizó las posturas de los políticos procedentes del franquismo. Así por un lado quedaron los y por otro los reformistas.

Las relaciones entre el presidente y el rey fueron distantes y tensas, lo que llevó a que el rey forzase la dimisión de Arias Navarro el 30 de Junio de 1976 y nombrase sucesor Adolfo Suárez.

Suárez recogíó en su programa la necesidad de elaborar una ley para la reforma y de convocar elecciones, a la vez que frenaba a los defensores del franquismo e iniciaba contactos con las fuerzas democráticas. Paso a paso se estaba llevando a cabo la ruptura democrática con el franquismo desde el franquismo (“ir de la ley a la ley”).  

La actividad política del gobierno se vio dificultada por el terrorismo, por intentos de golpes de estado y por el agravamiento de la crisis económica que provocó movilizaciones y huelgas.

En Octubre de 1976 se aprobó una ambiciosa amnistía y se decretó la Ley de Libertad sindical, que conllevó la dimisión del Ministro de Defensa (inmovilista). En su lugar se nombró a Gutiérrez Mellado. 

El proyecto más ambicioso del gobierno de Suárez fue la Ley de Reforma Política (LRP) que tenía como objetivo democratizar el sistema. Su principal problema era que la LRP fuese aprobada por las Cortes franquistas teniendo en cuenta que propónía su desmantelamiento y el establecimiento de Cortes democráticas. Finalmente, la Ley fue aprobada en referéndum el 15 de Diciembre de 1976 (“el harakiri de las cortes Franquistas”) y entra en vigor el 4 de Enero de 1977.

En los meses siguientes se prepararon las condiciones para la celebración de elecciones generales. La legalización del PCE (el 9 de Abril de 1977, que era Sábado Santo y no había prensa) provocó una crisis de gobierno pero garantizó la legitimidad democrática de las elecciones.

Los partidos se prepararon para las elecciones:

• Alianza Popular (derecha conservadora) liderado por Manuel Fraga. 

• Uníón de Centro Democrático (centro-derecha) encabezado por Suárez.

• PSOE (izquierdas) liderado por Felipe González.

• PCE (izquierdas) de Santiago Carrillo. 

También se reorganizaron los partidos nacionalistas vascos y catalanes.

Las elecciones se celebraron el 15 de Junio de 1977 con una alta participación. El triunfo fue para la UCD. Con estos resultados Adolfo Suárez constituye el primer gobierno democrático de España después de la Guerra Civil. Sin embargo, no podemos considerar la Transición verdaderamente terminada hasta Octubre de 1982, cuando un partido de izquierdas (PSOE) asumía el gobierno de España por primera vez desde la implantación de la dictadura franquista

Las primeras Cortes Democráticas de la “Transición”, con carácter constituyente, debieron ocuparse de dos temas claves: la terrible situación económica a la que se reaccionaría mediante la firma de los “Pactos de la Moncloa” y el problema de las nacionalidades.

Los Pactos de la Moncloa fueron firmados por los principales partidos en Octubre de 1977. Conténían una serie de acuerdos para la reforma y saneamiento de la economía y un programa de actuación jurídica y política.

En el terreno político, el gobierno se comprometíó a una regulación de la vida pública de acuerdo con los principios democráticos que encontrarían su plasmación en la Constitución. En el terreno económico, los objetivos fundamentales serán la reducción de la inflación y la puesta en práctica de un conjunto de reformas para repartir equitativamente los costes de la crisis. También se procedíó a una reforma tributaria para acometer la modernización de la estructura fiscal española y se acometíó una reforma de la Seguridad Social que permitíó la extensión del seguro de desempleo y un incremento de las pensiones de jubilación.

El problema de las nacionalidades se tratará en la Constitución de 1978. El 25 de Julio se creó la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso integrada por 36 diputados de los diferentes partidos. Esta Comisión designó a su vez a un grupo de siete miembros para la redacción del texto constitucional: Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero de Miñón, Miquel Roca, Manuel Fraga, Gregorio Peces Barba y Jordi Solé Tura.

La comisión trabajó sobre un primer borrador y para superar dificultades y evitar llegar a una constitución apoyada sólo por una parte de los partidos, se pactaron los temas más espinosos.

La Constitución fue aprobada por las Cortes el 31 de Octubre de 1978 y sometida a referéndum popular el 6 de Diciembre del mismo año. La consulta dio una amplia mayoría a favor (88% de síes). Poco después se procedíó a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de nuevas elecciones generales a las que debían seguir las municipales.

El texto era largo (169 artículos) y rígido y presentaba cierta ambigüedad producto del consenso. La libertad se convertía en el valor de valores y se proclamaba que la soberanía nacional residía en el pueblo español, del que   emanan los poderes del Estado organizado como una monarquía parlamentaria.

La Constitución establece la separación e independencia de los tres poderes:

• El poder legislativo quedaba en manos de las Cortes (Congreso y Senado), ambas elegidas por sufragio universal directo y secreto, depositarias de la soberanía nacional y con la misión de elaborar las leyes.

• El poder ejecutivo quedaba en manos del gobierno que se encarga de la política interior y exterior y que contaba también con poder legislativo al poder presentar proyectos de leyes a las Cortes. 

• El poder judicial está constituido por jueces y magistrados independientes.

Además, en sus distintos artículos, garantiza los derechos humanos y las libertades junto a la igualdad de los españoles ante la ley. Abole la pena de muerte, fija el carácter no confesional del Estado, fija la mayoría de edad a los 18 años y establece que todas estas libertades y derechos quedaban protegidos por el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el poder judicial.  El texto recoge también los principios rectores de la política social y económica, además de reconocer al castellano como lengua oficial, junto a las lenguas propias en las respectivas Comunidades Autónomas.

La Carta Magna establece el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. El proceso de construcción del Estado de las Autonomías tuvo dos etapas: la de las preautonomías (concesión de autonomía provisional a regiones cuyos representantes la solicitaran) y la que se inició a partir del momento en que la Constitución reguló definitivamente el régimen autonómico.

La primera preautonomía se le concedíó a Cataluña (Septiembre de 1977), después al País Vasco (Enero de 1978) y más tarde a Galicia (Marzo de 1978). La Constitución establecía la posibilidad de que todas las regiones se convirtieran en Comunidades Autónomas que se regirían por un Estatuto de Autonomía y a las que se dotaría de órganos legislativos y ejecutivos elegidos por sufragio universal. Se establecían dos procedimientos distintos:

● El previsto en el Art. 151, que era rápido y completo, al que podían acceder las nacionalidades históricas. Esta vía permitía alcanzar un mayor autogobierno y a ella podían acceder el resto de las autonomías siempre que la petición estuviese respaldada por la mayoría de la población de la regíón, como ocurríó en Andalucía.

● El previsto en el Art. 143, mucho más lento, estaba diseñado para el resto de las regiones y su techo de competencias era menor.

La plasmación jurídica del régimen autonómico tuvo lugar mediante la aprobación de los Estatutos de Autonomía que conténían las competencias y las instituciones de las Comunidades Autónomas. Los primeros estatutos promulgados fueron los de Cataluña y el País Vasco en 1979,  los de Galicia y Andalucía se aprobaron en 1981 y posteriormente, entre 1982 y 1983, los del resto de Comunidades Autónomas. Por último, en 1995, se regularon los regíMenes autonómicos para las ciudades de Ceuta y Melilla.

En esta etapa el proceso autonómico estuvo respaldado por la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), consensuada entre UCD y PSOE para limitar las competencias de las distintas autonomías.  

El proceso autonómico proporciónó un nuevo mapa político-administrativo de España, que pasó a contar con 17 Comunidades Autónomas entre 1977 y 1983, más las ciudades de Ceuta y Melilla (1995). Había nacido el Estado de las Autonomías.