La Cuestión Religiosa

Los objetivos de la República fueron limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la sociedad española. Estas intenciones se plasmaron en la Constitución, que estipuló la no confesionalidad del Estado, la libertad de cultos y la supresión del culto y clero. Se permitieron el divorcio, el matrimonio civil y se secularizaron los cementerios. Dado que las órdenes religiosas ejercían en la educación, el gobierno les prohibió dedicarse a la enseñanza. El enfrentamiento más grave se produjo con los jesuitas, debido a la existencia de un cuarto voto de obediencia al Papa profesado por esta orden. La jerarquía eclesiástica no dudó en manifestar su antagonismo hacia la República y en movilizar a los católicos en su contra.

La Modernización del Ejército

El gobierno republicano estaba convencido de que el ejército necesitaba una transformación. Manuel Azaña impulsó una reforma que pretendía crear un ejército profesional y democrático. Se creyó necesario reducir los efectivos militares, acabar con la macrocefalia, poner fin al fuero especial de los militares, asegurar su obediencia y terminar con la tradicional intervención del ejército en la vida política. Se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad, que establecía que todos los oficiales debían prometer su adhesión a la República. Se suprimieron algunos rangos tradicionales, se redujo el número de unidades y oficiales, y se cerró la Academia Militar de Zaragoza. Se clausuraron las Capitanías Generales y desaparecieron los Tribunales de Honor. Se creó la Guardia de Asalto, una fuerza de orden público fiel a la República.

La Reforma Agraria

La reforma de la agricultura fue el proyecto de mayor envergadura iniciado por la República. Pretendía poner fin al predominio del latifundismo existente en el centro y el sur de España y mejorar las condiciones de vida de los campesinos pobres. En Andalucía, Castilla y Extremadura, más del 50% de la tierra estaba en manos de un reducido grupo de grandes propietarios. Una serie de primeros decretos perseguían proteger a los campesinos sin tierra, establecieron la prohibición de rescindir los contratos de arrendamiento, fijaron la jornada laboral de ocho horas en el campo y determinaron el establecimiento de salarios mínimos y la obligación de los propietarios de poner en cultivos las tierras aptas para ello. La verdadera reforma consistía en la elaboración de una Ley de Reforma Agraria, aprobada por las Cortes en 1932. El objetivo era la modernización de la agricultura. La Ley permitía la expropiación sin indemnización de las tierras de una parte de la nobleza. Esta ley se encomendó al Instituto de la Reforma Agraria (IRA), que contaba con un presupuesto anual para indemnizar a los propietarios expropiados y se encargaba de facilitar los asentamientos de familias campesinas. La aplicación de la Ley de Reforma Agraria originó un considerable aumento de la tensión social. Los grandes propietarios se opusieron a la reforma y se aliaron con los enemigos de la República, consolidando un frente de fuerzas conservadoras dispuestas a acabar con ella. Los campesinos se orientaron hacia posturas más revolucionarias y de enfrentamiento con las fuerzas del orden (ocupación de tierras, incendios de cortijos, reyertas con la Guardia Civil).

La Reforma del Estado Centralista

La configuración de un Estado que permitiera a las regiones con sentimientos nacionales tener una organización propia y acceder a la autonomía era una cuestión pendiente en la vida política española. Francesc Macià había proclamado la República Catalana. La negociación entre el gobierno provisional de la República y los dirigentes políticos catalanes permitió la anulación de esta decisión, a cambio de la formación de un gobierno autonómico provisional (Generalitat), cuya tarea sería la elaboración de un Estatuto de Autonomía. El régimen autonómico catalán contaba con un gobierno y un parlamento propios con competencias en materia económica, social, educativa y cultural, y se reconocía la cooficialidad del catalán. En el País Vasco, nacionalistas del PNV y carlistas aprobaron un proyecto de estatuto (Estatuto de Estella). En Galicia, la conciencia nacionalista era menos acusada y el nacionalismo gallego distaba mucho de ser una fuerza hegemónica.

La Obra Educativa y Cultural

Otra reforma importante fue la de la enseñanza. El objetivo primordial era promover una educación liberal y laica. El centro de su actividad fue la enseñanza primaria. Se intentó acabar con la hegemonía de la enseñanza religiosa y se adoptó un modelo de escuela mixta, laica, obligatoria y gratuita. Los dirigentes republicanos estaban convencidos de la necesidad de mejorar el nivel cultural de la población y hacer de la cultura un derecho para la mayoría.