La evolución política de la Segunda República se puede dividir en cuatro fases:

• El Gobierno Provisional, que comprende desde el 14 mayo de 1931 hasta la aprobación

de la constitución en noviembre de ese mismo año.

• El Bienio Reformista, que comprende desde la aprobación de la constitución, cuando Azaña formó un nuevo gobierno con republicanos de izquierdas y socialistas, hasta noviembre de 1933 en que se celebraron elecciones.

• El Bienio Radical-cedista, que comprende desde la victoria electoral de los partidos de centro (radicales) y de derecha (CEDA) hasta su derrota electoral en febrero de 1936.

• El Frente Popular, que abarca desde febrero de 1936 hasta el comienzo de la Guerra Civil.

Tras proclamarse la República, el Gobierno Provisional ordenó de forma inmediata una serie de reformas a la espera de que las Cortes, una vez constituidas, las ratificasen (son los decretos urgentes).

Las reformas se centraron en conceder la autonomía a Cataluña ante las demandas que habían estallado en esta región. También se trató de paliar la miseria de los campesinos mediante la promulgación de dos decretos, que obligaban a los propietarios a cultivar sus tierras y a contratar a los braceros del propio término municipal para combatir el paro. La república se propuso además erradicar el analfabetismo y promover la enseñanza mediante la creación de escuelas y la contratación de

maestros, también se estableció la coeducación y la enseñanza de la religión dejó de ser obligatoria en las escuelas. Asimismo quiso conseguir un ejército moderno, eficaz y leal disminuyendo el número de oficiales con retiros voluntarios garantizando el sueldo; se cerró la Academia Militar de Zaragoza y se abolió la Ley de Jurisdicciones. Estas medidas fueron mal vistas por la derecha, el clero y los militares más conservadores.

En estos primeros meses la convivencia se crispó debido a varios factores. Por un lado, a la campaña de huelgas promovida por la CNT. Por otro, al asalto y quema de iglesias y conventos en mayo de 1931 provocados por el anticlericalismo de los sectores populares y al enfrentamiento de la Iglesia con el nuevo régimen, lo que provocó que los católicos no se mostraran afectos a la República.

El gobierno republicano-socialista, surgido tras la aprobación de la constitución y presidido por Azaña prosiguió la labor reformista.
En materia civil y religiosa se aprobaron la Ley de Divorcio y la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, por la que el Estado dejaba de costear a la Iglesia y procedía al cierre de los centros docentes religiosos. Respecto a la educación, se construyeron numerosas escuelas e institutos y se aumentaron los maestros y profesores. En cuanto a la organización territorial, la constitución reconocía el derecho de los territorios a organizarse en regiones autónomas. En 1932 se aprobó el Estatuto de autonomía de Cataluña. Otras regiones iniciaron procesos autonómicos, pero solo el País Vasco pudo sancionar su estatuto en octubre de 1936, cuando ya había empezado la Guerra Civil. La política laboral se centró en regular las relaciones entre empresarios y trabajadores con la aprobación de la Ley de Contratos de Trabajo, por la que se regularon los convenios colectivos y la creación de Jurados Mixtos formados por obreros  y patronos con funciones de conciliación. La política social se plasmó en la reforma agraria,que fue aprobada en 1932, y para la que se creó el IRA, entidad encargada de expropiar las tierras y distribuirlas entre los campesinos.

La política reformista del Gobierno provocó el rechazo de los conservadores más exaltados del país.

En 1932 se produjo un golpe de Estado protagonizado por el general Sanjurjo, cuyo detonante fue el debate en las Cortes del Estatuto de autonomía catalán. La Sanjurjada, como se la conoció, fracasó por su escasa preparación y por la falta de apoyos en el ejército y entre la opinión contraria a la república y tuvo como efecto que se acelerase la aprobación del Estatuto de Núria y Sanjurjo fue
condenado a muerte, aunque el Gobierno le conmutó la pena por cadena perpetua.
Por su parte, la CNT impulsó desde fines de 1931 una intensa campaña de huelgas y tomas de fincas, con la que pretendía provocar la huelga general y establecer el anarquismo libertario. Ante esta actividad revolucionaria, el gobierno reaccionó con contundencia lo que degeneró en refriegas entre campesinos y las fuerzas policiales. En enero de 1933, la matanza de campesinos en Casas Viejas minó la confianza en el gobierno y motivó en gran medida su caída.
Las elecciones de 1933 dieron paso a los gobiernos de centro derecha. Los primeros gobiernos estuvieron formados por el Partido Radical, con el apoyo parlamentario de la CEDA. Estos gobiernos iniciaron una política de rectificación consistente en paralizar la aplicación de leyes como la de congregaciones religiosas o la de términos municipales, desvirtuar el sentido de la reforma laboral y la devolución de tierras a los latifundistas expropiados por la reforma agraria. Desde el primer
momento hubo conflictos de competencias con la Generalitat y se concedió la amnistía a Sanjurjo, lo que provocó la división del Partido Radical y una crisis de gobierno.
La crisis se solventó con la entrada en el gobierno de miembros de la CEDA, a lo que se negaba la izquierda, que llamó a la huelga general, dando lugar a los sucesos de octubre. La huelga tuvo poco seguimiento excepto en Asturias, donde socialistas y anarquistas colaboraron y el llamamiento se transformó en la revolución de Asturias, en la que las organizaciones obreras ocuparon las cuencas mineras y las principales ciudades, y que fue sofocada por el ejército de Marruecos (dirigido por el
general Franco) y la Guardia Civil. La revolución se saldó con más de mil muertos entre los insurrectos y unos 300 entre la policía y el ejército. En Cataluña se produjo la insurrección de la Generalitat, que comenzó cuando proclamó la República catalana dentro de la República Federal Española. El movimiento catalanista fue abortado por la intervención del ejército. Como represalia, la Generalitat
fue disuelta y los líderes del gobierno autónomo, encarcelados. La represión fue muy dura; se encarceló a miles de militantes de izquierda, muchos de los cuales sufrieron torturas, y se aplicó la pena de muerte. Tras los sucesos de octubre, la revisión emprendida por el Gobierno no se culminó por la descomposición del Partido Radical debido a los escándalos de corrupción, del estraperlo y el asunto Nombela; la situación desembocó en unas nuevas elecciones, que se celebrarían a principios de 1936.
Las nuevas elecciones convocadas para febrero de 1936 estuvieron muy polarizadas entre las posiciones de izquierda y de derecha. La izquierda se presentó unida en el Frente Popular, mientras que las derechas y el centro concurrieron desunidos. Así, el Frente Popular ganó de forma muy ajustada, pero obtuvo una amplia mayoría de diputados. Tras la victoria se formó un Gobierno republicano presidido por Azaña que decretó la amnistía, restauró la Generalitat y reanudó la reforma agraria, religiosa y militar. Mientras, en la calle el ambiente se fue crispando con rapidez y desde abril fueron frecuentes los enfrentamientos violentos entre falangistas y las milicias obreras de socialistas, comunistas y anarquistas. Por otra parte, los partidos obreros se radicalizaron y comenzaron a sostener posturas revolucionarias, mientras la derecha daba un giro antidemocrático.
En paralelo, y una vez conocido el resultado electoral, comenzó la conspiración militar que el Gobierno trató de desarticular trasladando a los principales jefes militares. Pero continuó adelante bajo la dirección del general Mola y el apoyo de monárquicos, falangistas y carlistas. El asesinato del líder de Renovación Española, Calvo Sotelo, sumó al golpe a los indecisos, como Franco, y precipitó la sublevación, que comenzó el 17 de julio en el protectorado de Marruecos.