El Gobierno Provisional y las Primeras Reformas
El Gobierno Provisional de la Segunda República Española asumió el poder tras la caída de la Monarquía de Alfonso XIII. Este periodo se inició después de la sublevación de Jaca y Cuatro Vientos durante la «dictablanda» del General Berenguer. Las autoridades acusaron de rebelión militar a los firmantes del Pacto de San Sebastián, una reunión promovida por Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura el 17 de agosto de 1930. A esta reunión acudieron representantes de casi todas las corrientes republicanas, constituyéndose un comité revolucionario presidido por Alcalá-Zamora, que se convertiría en el Gobierno Provisional. Este Gobierno se mantuvo hasta la formación del primer gobierno ordinario el 15 de diciembre de 1931, tras la aprobación de la Constitución de 1931. Hasta el 15 de octubre de 1931, el Gobierno Provisional estuvo presidido por Alcalá-Zamora, a quien sucedió Manuel Azaña tras su dimisión.
La Reforma Militar de Azaña
El ministro de la Guerra, Manuel Azaña, pretendía crear un ejército profesional defensor de la democracia. Sus objetivos eran reducir el excesivo número de oficiales y acabar con el poder autónomo de los militares, sometiéndolos a la autoridad civil. Para ello, se aprobó un decreto el 25 de abril de retiros extraordinarios, al que se acogieron casi 9.000 mandos. Se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad, que obligaba a jurar fidelidad a la República o retirarse voluntariamente conservando el sueldo íntegro. Se cerró la Academia Militar de Zaragoza, se clausuraron los Consejos de Honor, el Consejo Supremo de Justicia Militar y se eliminó la prensa militar. Azaña también abordó los ascensos, anulando gran parte de los producidos durante la Dictadura de Primo de Rivera, lo que supuso un retroceso en el escalafón para algunos militares.
Uno de los hitos para civilizar la vida política fue la derogación de la Ley de Jurisdicciones de 1906. Sin embargo, los militares siguieron al frente de las fuerzas de seguridad, y la jurisdicción militar se ocupaba de las actuaciones de la Guardia Civil y otros cuerpos militarizados como los Carabineros, así como de los civiles que los criticaban. La nueva Sala Sexta de Justicia Militar del Tribunal Supremo quedó integrada por cuatro magistrados militares y solo dos civiles, resolviendo los conflictos entre la jurisdicción ordinaria y la militar.
La reforma militar de Azaña fue duramente criticada por un sector de la oficialidad, los medios políticos conservadores y los órganos de expresión militares, considerándola una agresión a la tradición militar. Esto provocó tensiones, especialmente entre los africanistas. A Manuel Azaña se le acusó de querer «triturar» al Ejército.
Las Relaciones con la Iglesia
Las relaciones con la Iglesia fueron uno de los problemas más graves para la República. Los partidos de los gobiernos de izquierda eran anticlericales y partidarios de la separación entre Iglesia y Estado.
Las medidas tomadas fueron vistas como un ataque directo a la Iglesia. Las relaciones Iglesia-Estado llegaron a ser tan tensas que el primado arzobispo de Toledo fue expulsado del país por sus pastorales antirrepublicanas.
La República trató de limitar la influencia de la Iglesia en la sociedad y la política. La Constitución establecía un Estado no confesional y proclamaba la libertad de cultos. La Ley de Congregaciones (1933) prohibía a la Iglesia dedicarse a la industria, el comercio y la enseñanza. Se suprimía el presupuesto del clero, que el Estado pagaba a la Iglesia desde el Concordato de 1851 como reparación por la desamortización de Mendizábal. Se establecía el matrimonio civil, el divorcio y se secularizaban los cementerios.
Se decretó la disolución de las órdenes que tuvieran como cuarto voto la obediencia al Papa frente a cualquier otra autoridad, garantizando la obediencia de todos los españoles al Estado. La orden de los jesuitas quedó disuelta en España y sus bienes nacionalizados.
Estas medidas provocaron una polarización radical de la opinión pública. Del ámbito religioso surgieron importantes enemigos de la República. La mayor parte de la población era católica, por lo que la jerarquía religiosa movilizó a importantes sectores en contra del gobierno. El gobierno expulsó de España a aquellos religiosos especialmente activos y molestos para los planes de modernización.
La Cuestión Agraria
Uno de los problemas más urgentes que tuvo que resolver el Gobierno Provisional en la primavera de 1931 fue el desempleo y los abusos en la contratación de jornaleros. El ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero, aprobó siete decretos agrarios, entre ellos el Decreto de Términos Municipales, de 20 de abril de 1931, que proporcionaba a los sindicatos un mayor control del mercado de trabajo, y el Decreto de Jurados Mixtos, de 7 de mayo, que creaba organismos integrados por 6 patronos, 6 obreros y 1 secretario nombrado por el Ministerio de Trabajo para regular las condiciones de trabajo en el campo.
La aplicación de los decretos encontró la oposición de los propietarios, que se apoyaron en los ayuntamientos y en la Guardia Civil para enfrentarse a los representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra y a las Casas del Pueblo socialistas.
La Ley de Bases de la Reforma Agraria
En 1932 se aprobó la Ley de Bases de la Reforma Agraria, que buscaba el reasentamiento de campesinos sin tierra en latifundios insuficientemente explotados. Esta ley alineó frente a la República tanto a los latifundistas como a sectores del campesinado, que, frustrados ante la falta de resultados, se reorientaron hacia posiciones revolucionarias.
El Instituto de la Reforma Agraria (IRA), creado para la aplicación de la ley, se encontró con numerosos problemas burocráticos y administrativos y con falta de estudios previos sobre los latifundios.
En lugar de crear una base de campesinos-propietarios adictos a la República, la Ley de Reforma Agraria provocó dos tendencias:
- Las derechas mostraron su oposición, acusándola de radical e incluso comunista.
- Los campesinos, descontentos, la acusaban de lentitud e insuficiencia.
En el campo se produjeron serios enfrentamientos entre los campesinos y las fuerzas de orden público. La tensión y los desórdenes desgastaron el prestigio del gobierno de Manuel Azaña, que se vio obligado a dimitir. El presidente de la República, Alcalá Zamora, convocó nuevas elecciones para noviembre de 1933.
La Cuestión Autonómica: El Caso de Cataluña
En agosto de 1930, republicanos, socialistas y catalanistas de izquierdas firmaron el Pacto de San Sebastián, que preveía atender las reivindicaciones nacionalistas.
En Cataluña, el 14 de abril de 1931, Francesc Macià, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, proclamó la República Catalana. El Gobierno Provisional reconoció este gobierno autónomo, la Generalitat, y encargó a una comisión la elaboración del Estatuto de Nuria. El proyecto fue discutido en las Cortes en mayo de 1932. El fallido golpe de Estado del general Sanjurjo aceleró el debate y la aprobación del proyecto el 9 de septiembre de 1932. Tras una serie de arreglos, el Estatuto de Cataluña fue aprobado por amplia mayoría. Cataluña pasaba a tener gobierno y parlamento propio, pero carente de competencias en materia económica, social, educativa y cultural.
Cuando los radicales llegaron al gobierno en 1933, se originaron los primeros conflictos con la Generalitat. La aprobación de la Ley de Contratos de Cultivo por parte de la Generalitat llevó a la derecha catalana a reclamar la declaración de inconstitucionalidad de dicha ley, pidiéndole al gobierno que la recurriese ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. Este declaró la inconstitucionalidad de la ley el 8 de junio de 1934.
Este hecho fue considerado por Esquerra Republicana como un ataque a la autonomía catalana. En octubre de 1934, la Generalitat se alzó contra el Gobierno de coalición derechista de los radicales y la CEDA, proclamando “el estado de Cataluña dentro de la República federal de España”. La derrota del alzamiento trajo como consecuencia la suspensión de la autonomía. En 1936, tras la victoria del Frente Popular, el Estatuto sería puesto en vigor de nuevo. La Generalitat fue restaurada bajo la presidencia de Companys. Durante la Guerra Civil, la autonomía vivió un periodo de gran turbulencia, al que puso fin la entrada de las tropas franquistas en Cataluña en enero de 1939, eliminándose de nuevo la autonomía.
Las Fuerzas Políticas y la Tensión Social
En la Segunda República se enfrentaron dos fuerzas:
La derecha tradicional quedó desorganizada tras la proclamación de la República. La oposición conservadora quedó restringida a las Asociaciones Patronales, como la Unión Económica Nacional, y el Partido Radical de Lerroux, que dirigió la oposición al gobierno en las Cortes.
Por otro lado, la izquierda revolucionaria no dio tregua al nuevo gobierno. La CNT siguió la línea extremista marcada por los militantes de la FAI. El PCE también se hallaba en una línea radical.
La crisis económica, la línea radical de la CNT y la negativa de la patronal a las reformas llevaron a un marco de fuertes tensiones sociales. Los enfrentamientos entre huelguistas y la Guardia Civil fueron frecuentes y violentos.
En 1931 surgieron pequeños grupos de corte fascista, como las JONS, que más tarde se unirían a Falange Española, partido fundado en 1933 por José Antonio Primo de Rivera, que impulsó la formación de grupos paramilitares.
Todo esto llevó al gobierno a convocar nuevas elecciones en noviembre de 1933. Para estas elecciones, la derecha se había reorganizado. Tres nuevos grupos se presentaron a los comicios:
- CEDA, dirigida por Gil Robles, grupo mayoritario auspiciado por la Iglesia Católica.
- Renovación Española, dirigida por Calvo Sotelo, en la que se agruparon los monárquicos.
- Falange Española, la versión española del fascismo, dirigida por José Antonio Primo de Rivera.
La izquierda se presentó fragmentada y los anarquistas llamaron a la abstención. Las elecciones dieron la victoria a los grupos conservadores: el Partido Republicano Radical y la CEDA, dando lugar al Bienio Conservador o Bienio Negro.