La Regencia de María Cristina (1833-1840): Transición al Liberalismo en España
Tras la muerte de Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, se inició una etapa de transición que tuvo como telón de fondo la primera guerra carlista. Durante este periodo, su viuda, María Cristina, asumió la regencia. Fue una etapa crucial en la que se consolidó la división del liberalismo en dos corrientes: los liberales moderados y los liberales progresistas.
El Régimen del Estatuto Real
Tras el fallecimiento del rey, María Cristina asumió la regencia y nombró un gabinete presidido por Cea Bermúdez, defensor de la monarquía absoluta. Las reformas necesarias fueron llevadas a cabo por Javier de Burgos. Ese mismo año, los sectores más absolutistas se congregaron en torno a Carlos María Isidro, hermano del difunto rey, quien reclamaba la corona. El inicio de la guerra civil obligó a la regente, poco afín a las tesis liberales, a considerar la convocatoria de Cortes para consolidar el trono. Posteriormente, la reina llamó a Martínez de la Rosa, quien concibió el Estatuto Real. Esta constitución, de influencia francesa, tenía el carácter de carta otorgada, propia del liberalismo doctrinario. El sufragio se limitaba a una minoría de rentas elevadas, aproximadamente 160.000 individuos, sobre una población total en España de unos 12 millones de habitantes. Esta reforma constitucional no satisfizo a los liberales doceañistas.
Los Gobiernos Progresistas
El conde de Toreno sustituyó a Martínez de la Rosa en la presidencia del gobierno en junio de 1835. Durante su breve mandato de cuatro meses, llevó a cabo importantes reformas con la ayuda de Juan Álvarez Mendizábal, ministro de Hacienda. Este gobierno decretó la disolución de los conventos con menos de doce religiosos y disolvió de nuevo la Compañía de Jesús en julio de 1835. La milicia urbana protagonizó levantamientos en Barcelona, Zaragoza, Valencia, Málaga y Cádiz. Como consecuencia de las medidas del gobierno y de la revolución de 1835, se rompieron las relaciones con la Santa Sede y el clero regular.
La Desamortización de Mendizábal
Desde agosto de 1835 hasta el mismo mes de 1837, se consumó la transición política hacia el sistema liberal, en cuyo proceso tuvo un papel notable el propio Mendizábal. El nuevo gabinete afirmó la necesidad de una declaración de derechos del ciudadano, someter el gobierno al parlamento e integrar a las juntas en las diputaciones provinciales creadas en aquel momento. La desamortización de Mendizábal consistió en la nacionalización por parte del Estado de las propiedades rústicas y urbanas de la Iglesia, que se vendieron después en subastas públicas a particulares. Con ello se pretendía crear una clase de nuevos propietarios adictos a la causa liberal y sanear la deuda pública. Los planes de Mendizábal no dieron los resultados esperados, pues la guerra continuó y el intento de sanear la deuda fracasó.
La Constitución de 1837
La situación política no se estabilizó. Ese año, los progresistas intentaron un cambio de gobierno mediante un pronunciamiento: a fines de julio, la Guardia Nacional se declaró a favor de la Constitución de 1812, pero ante la negativa de la Corona a aceptar este cambio, el 12 de agosto se produjo la rebelión de un grupo en el Palacio de La Granja. El nuevo gobierno restableció parte de la legislación de las Cortes de Cádiz y del Trienio sobre propiedad señorial y desamortización, y sobre todo, de los gobiernos municipales. Los ayuntamientos pasaron a ser elegidos por sufragio universal masculino. La Constitución de 1837, de carácter progresista, recuperaba algunos aspectos del liberalismo de 1812, a la vez que aceptaba algunos planteamientos del ideario moderado. Los cambios más destacados fueron:
- Se reforzó el poder de la Corona.
- Las Cortes pasaron a ser bicamerales.
El Trienio Moderado
Tras el regreso de los exiliados políticos, el gobierno cesó y la reina gobernadora ofreció el gobierno al general progresista Espartero, quien no aceptó. Las elecciones de 1837 dieron el triunfo a los moderados, que gobernaron hasta 1840 y pusieron fin al espíritu de conciliación de la Constitución de 1837. Durante tres años, los gobiernos moderados se vieron condicionados por el poder militar, la marcha de la guerra carlista y la deuda económica. El poder militar estaba protagonizado por los generales más prestigiosos: Narváez y Espartero. Tras el final de la guerra carlista y los acontecimientos de Madrid, los moderados iniciaron una ofensiva legislativa para recuperar el control. El nuevo gabinete inició el trámite de varias leyes, entre ellas una sobre el gobierno de los ayuntamientos. La oposición de los progresistas a que la Corona nombrase a los alcaldes obligó a la regente a trasladarse a Barcelona para lograr el apoyo de Espartero sobre la ley. El motín desatado en Madrid el 1 de septiembre, con la formación de juntas, obligó a la regente a pedir a Espartero que lo reprimiese. La reina gobernadora nombró a Espartero presidente y renunció a la regencia el 12 de octubre.