Regencia de María Cristina (1833-1840): Inestabilidad Política y Primera Guerra Carlista
Tras la muerte de Fernando VII, el trono pasó a su hija Isabel, aún menor de edad. Su madre, María Cristina de Borbón, asumió la regencia. Debido al enfrentamiento con los defensores de los derechos de su cuñado, María Cristina buscó apoyos con reformas como la división provincial de 1833. Los liberales se dividieron en dos corrientes que terminaron por conformar dos partidos políticos: moderados (más conservadores) y progresistas (partidarios de asumir toda la legislación de las Cortes de Cádiz).
Tras la reclamación del trono por parte de los carlistas y el estallido de la Primera Guerra Carlista, María Cristina, que rechazaba las ideas liberales, tuvo que buscar apoyo en los moderados. A partir de entonces, siempre apoyó a esta rama del liberalismo. Martínez de la Rosa volvió y se encargó del nuevo gobierno para hacer frente a la guerra. Por él se publicó el Estatuto Real de 1834, una carta otorgada que concebía unas Cortes bicamerales, la soberanía compartida entre la Corona y el Parlamento, y un sufragio censitario restringido.
Ante las tensiones, la guerra en marcha, el endeudamiento de la Hacienda y una epidemia de cólera, el conde de Toreno asumió el gobierno en 1835 con Juan Álvarez Mendizábal como ministro de Hacienda. Tras conflictos sociales, Mendizabal terminó por asumir el gobierno, mientras la Milicia Nacional llevaba a cabo revueltas y se formaron de nuevo juntas locales para defender los avances liberales. Buena parte de estos conflictos se debieron al intento de modernizar las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado, siendo su máximo exponente el intento de desamortización de los bienes eclesiásticos por Mendizábal en 1836. Estas medidas provocaron la oposición de la mayor parte del clero y su decantación por el bando carlista.
Tras ganar las elecciones (1836), los progresistas tomaron varias medidas como retomar gran parte de la legislación de Cádiz, establecer el sufragio universal para los ayuntamientos y convocar elecciones para unas Cortes constituyentes que elaboraron la Constitución de 1837. La ley electoral de 1837, que desarrollaba la Constitución, establecía un sufragio censitario y extendió el falseamiento de los resultados electorales y los pucherazos. En base a este restringido sufragio, los moderados subieron al poder en 1837 y se puso fin al espíritu conciliador de la Constitución. El gobierno fue a manos del general Narváez. Durante este trienio moderado se puso fin a la Primera Guerra Carlista, pero la intensificación de la vida política y la Ley de Ayuntamientos de 1840 provocaron que Espartero asumiera el gobierno y María Cristina dimitiera y huyera a Francia.
Primera Guerra Carlista (1833-1839)
El carlismo se basaba en la defensa del catolicismo más ortodoxo, la monarquía absoluta, el retorno al desfasado Antiguo Régimen y la defensa del foralismo, lo que le granjeó un gran apoyo en el norte peninsular. Socialmente, se nutría del apoyo del clero, el campesinado pobre, gran parte de la nobleza y parte de las clases medias de los territorios forales. Configuraron guerrillas y partidas rurales sin demasiado apoyo popular, a lo que hay que sumar el mayor poderío económico del bando liberal. Tras algunos éxitos, los combates se extendieron por buena parte del país en una segunda fase entre 1835 y 1837, pero tras el fracaso de la Expedición Real a Madrid, fueron derrotados por Espartero en 1839.
Tras la derrota, los carlistas se dividieron entre los apostólicos y los menos radicales, dirigidos por el general Maroto. Con estos últimos se firmó el Convenio de Vergara en agosto de 1839, por el que Espartero se comprometía a mantener los cargos de los oficiales del ejército carlista que se rindieran y a respetar los fueros navarros y vascos.
Etapa de la Unión Liberal y Regreso del Moderantismo (1856-1868)
En los primeros meses del gobierno de O’Donnell, se derogaron muchas medidas del bienio progresista, incluyendo la Constitución de 1856 y la Milicia Nacional, y se estableció el estado de sitio. La reina destituyó a O’Donnell y nombró a Narváez, quien adoptó un moderantismo conservador, reestableció la Constitución de 1845, anuló la libertad de prensa y el proceso de desamortización, y mantuvo un sistema electoral fraudulento.
Se creó la Ley de Instrucción Pública y se completaron obras públicas importantes. Una crisis de subsistencia en 1857 causó conflictos sociales que el gobierno de Narváez reprimió. Luego, O’Donnell asumió nuevamente el control, dando inicio a un periodo más estable hasta 1863. Su gobierno trató de equilibrar a progresistas y moderados, retomando la desamortización, aunque el sistema electoral siguió siendo fraudulento. O’Donnell llevó a cabo una política exterior activa en África y América, buscando prestigio militar. Sin embargo, la división política y la injerencia de la reina llevaron a su salida del gobierno en 1863.
Posteriormente, hubo varios gobiernos ineficaces y el regreso de Narváez en 1864. La crisis económica de 1866 afectó gravemente a varios sectores, generando descontento social. Además, los escándalos de la reina Isabel II contribuyeron a su desprestigio. Con este panorama, el general progresista Prim intentó una sublevación en 1866, pero no triunfó y se fue al exilio, donde, aliado con los demócratas, conspiró para derrocar a Isabel II. Otros intentos de revolución, como la Noche de San Daniel y el pronunciamiento del cuartel de San Gil, mostraban la tensión del momento. En agosto de 1866, se firmó el Pacto de Ostende para desalojar a la reina. En septiembre de 1868 estalló una sublevación en Cádiz que llevó a la reina a huir a Francia, poniendo fin a su reinado.