La Crisis del Antiguo Régimen (1808-1833)

El Reinado de Carlos IV (1788-1808)

El reinado de Carlos IV (1788-1808) se caracterizó por la actuación de un rey inepto que dejó el gobierno en manos de diferentes ministros, entre los que destacó Manuel Godoy. Este tuvo que enfrentarse a los problemas derivados de la Revolución Francesa, que convulsionó a toda Europa.

Este reinado se inicia con la necesidad de dar respuesta a una serie de dificultades crecientes, como son el bloqueo de la economía (sobre todo a partir de 1797), el recrudecimiento de la protesta social, la agudización de las contradicciones en política exterior respecto a Francia, la explosión de la controversia ideológica con la difusión de las ideas liberales y los enfrentamientos en el exterior. Estos últimos condujeron a la bancarrota y a los primeros movimientos de emancipación de las colonias americanas (Túpac Amaru, 1780).

Tras el inicio de la Revolución Francesa, el gobierno de Carlos IV tomó decisiones erráticas. El 10 de noviembre de 1799, Napoleón dio un golpe de Estado y proclamó el Consulado en Francia. La España de Carlos IV y de Godoy se alió con la Francia napoleónica frente al resto de potencias europeas. Como consecuencia, en 1801 se declaró la guerra a Portugal, que no aceptaba el “bloqueo continental” (Guerra de las Naranjas y conquista de Olivenza); en 1805, la flota francoespañola fue derrotada en Trafalgar por Nelson, perdiendo definitivamente la gran flota que había costado un siglo construir; y en 1807, el Tratado de Fontainebleau, que preveía la conquista y el desmembramiento de Portugal, fue la ocasión para la entrada de los ejércitos napoleónicos en España.

En el interior, aprovechando el desprestigio creciente de Godoy por los fracasos militares, un grupo de nobles apoyaba al príncipe Fernando para obligar a abdicar a su padre, Carlos IV. Este “partido fernandino”, formado por los elementos más reaccionarios de la sociedad, se dedicó a conspirar (Conspiración de El Escorial, 1807) y terminó promoviendo el Motín de Aranjuez el 17 de marzo de 1808, que acabó con la abdicación de Carlos IV y una grave crisis institucional.

La Guerra de la Independencia

El vacío de poder originado por la ausencia de Fernando VII del país y la invasión silenciosa del territorio español por las tropas francesas motivó el 2 de mayo el levantamiento de la población de Madrid contra los mandos franceses que controlaban la ciudad. Este fue el inicio de la Guerra de la Independencia (1808-1813).

Los oficiales de baja graduación apoyaron la sublevación (los capitanes Daoíz y Velarde y el teniente Ruiz). La represión francesa, dirigida por el mariscal Murat, fue muy dura. Las más altas autoridades, las Cortes y el Consejo de Castilla, permanecieron fieles y acataron las órdenes que llegaban desde Bayona de colaborar con las autoridades francesas.

No obstante, el movimiento se extendió rápidamente por las provincias y, aprovechando el vacío de poder, surgieron Juntas Locales y Provinciales (13 en total) como representantes de la voluntad popular. Estas Juntas depusieron a las autoridades dependientes de Carlos IV o Fernando VII y colocaron a otras autoridades nuevas. Por doquier surgieron «milicias» y las unidades del ejército regular acantonadas en zonas donde no estaba presente el ejército francés acataron las órdenes de las autoridades junteras.

La Guerra de la Independencia no es solo una guerra contra un ejército invasor, sino que adquiere notas de guerra civil. A José I le apoyaron los llamados afrancesados: ilustrados, altos mandos del ejército y autoridades que, ante la imposibilidad de aplicar las reformas, vieron la oportunidad de reformar el país con el apoyo del ejército francés y la Constitución de Bayona (1808). Esta no es una auténtica Constitución, sino una carta otorgada que había sido elaborada por Napoleón y José I, en la que se concedían algunos derechos (libertad de imprenta, inviolabilidad del domicilio…), se suprimían privilegios reales y nobiliarios y se mantenía a la religión católica como la única permitida. Entre estos afrancesados hubo muchas autoridades y altos mandos del ejército.

Frente a los afrancesados surgió el bando de los patriotas. Este era un grupo heterogéneo que únicamente tenía en común el deseo de independencia y del regreso de Fernando VII. Dentro de los patriotas hay grupos de absolutistas, partidarios de la unión del Trono y Altar y de un regreso a las fórmulas sociales y económicas del Antiguo Régimen. También existían liberales, partidarios de acabar con la sociedad del Antiguo Régimen, que veían en la revolución de Francia un ejemplo a imitar. Hubo asimismo grupos de ilustrados moderados.

La Constitución de Cádiz

La Constitución de Cádiz, conocida popularmente como “La Pepa”, fue aprobada el 19 de marzo de 1812. Sus 384 artículos fueron aprobados ese día. El texto constitucional era amplio y pretendía abordar parte de los aspectos de la vida política; establecía algunos principios muy avanzados, como el sistema de representación unicameral, el carácter electivo de los ayuntamientos, la separación de poderes, los impuestos únicos, la milicia nacional o la generalización de las escuelas elementales. Modernizaba la administración (aprobación de los primeros presupuestos), organizaba un sistema judicial unificado y se proponía establecer códigos penal y criminal comunes.

Sus características se pueden resumir en los siguientes puntos:

• Se proclama la soberanía nacional y la igualdad jurídica de los españoles «de ambos hemisferios«.
• Se proclama a España como una monarquía parlamentaria, moderada y hereditaria.
• Aparece una clara división de poderes:
  • El poder legislativo recaía en las Cortes: elaboran y aprueban las leyes y los presupuestos, y para que una ley entrase en vigor era necesaria la sanción real. El rey podía negarse a firmar una ley tres veces.
  • El poder ejecutivo lo tendrá el rey. El rey nombraba a los ministros, que tenían responsabilidad ante las Cortes.
  • El poder judicial estaba en manos de tribunales civiles y criminales compuestos por jueces profesionales.
• Las Cortes serán elegidas por todos los españoles mediante un sistema indirecto (parroquia, comarca, provincia) y sufragio universal masculino.
• La Constitución reconoce una serie de derechos y libertades del ciudadano: igualdad ante la ley, libertad de expresión y de imprenta, libertad de asociación…
• La fuerza de la Iglesia Católica se demuestra con la declaración como oficial de la religión católica y el reconocimiento de su control sobre las publicaciones de temas religiosos.