El reinado de Isabel II constituye una etapa revolucionaria y esencial en la historia de España: el paso de la Monarquía absoluta a un Estado burgués parlamentario. Es un periodo muy complejo desde el punto de vista político. En él hay dos regencias -la de María Cristina (1833-1840) y la del general Espartero (1840-1843)-, la Guerra Carlista (1833-1839), cuatro constituciones y continuos levantamientos revolucionarios. Además, en esta etapa se produce una serie de transformaciones que supone el desmantelamiento del sistema social y económico del Antiguo Régimen y la organización jurídica de un sistema capitalista moderno. Estudiaremos por separado la evolución política, los cambios económicos y la transformación de la sociedad y de la cultura que trajo aparejada el liberalismo.

Minoría de edad de Isabel II. La Regencia de María Cristina

María Cristina fue proclamada reina gobernadora al morir Fernando VII, teniéndose que enfrentar a una guerra civil provocada por Carlos María Isidro, hermano del difunto rey. La cuestión política que provoca esta guerra no solo está en el conflicto dinástico que se plantea al no reconocer Carlos los derechos sucesorios de la hija del rey, Isabel, sino también en una oposición absolutista e intransigente con los cambios políticos que se estaban produciendo en España y en Europa (en el inicio de la década de los años 30 el liberalismo se extiende por Francia, Bélgica, Portugal, y se amplía en Reino Unido). Los liberales, que al final del reinado de Fernando VII vieron mejorar su posición política, ofrecen su apoyo a la reina gobernadora María Cristina, que, pese a su escaso entusiasmo por la causa liberal, acaba cediendo el poder a los liberales. Una vez en el poder, Martínez de la Rosa (liberal moderado) inicia un proyecto de constitución que acabó convertido en una “carta otorgada” conocida como el Estatuto Real de 1834. No es propiamente una constitución, pero al establecer limitaciones a su propio poder, la monarquía deja de ser absoluta y se abre el camino hacia el régimen liberal: reconoce algunos derechos y libertades políticas sin aceptar la soberanía nacional ni la separación de poderes; las Cortes no pueden iniciar ninguna actividad legislativa sin la aprobación real. Se basa en un liberalismo censitario que da acceso exclusivamente a las clases