Durante los años 90 la ayuda norteamericana a los insurrectos cubanos fue constante a través de la Liga Cubana, formada por estadounidenses que apoyaban la causa independentista. Las reformas introducidas en la isla por el gobierno de Sagasta no satisficieron las exigencias del nuevo presidente norteamericano McKinley que reclamaba la compra o la conquista de la isla. A la debilidad del gobierno español vino a sumarse la creciente presión de Estados Unidos por ocupar la isla en aquellos años. En Febrero de 1898 la explosión del acorazado estadounidense Maine anclado en el puerto de la Habana en el que hubo 266 víctimas, fue el pretexto para la declaración de la guerra por parte norteamericana. En medio de una fuerte campaña presión contra el gobierno español, Estados Unidos presentó un plan de compra de la isla en Marzo de 1898 que España rechazó. La presión de la prensa y la diplomacia estadounidenses, que acusaban a los españoles de haber provocado el hundimiento, exaltó el fervor patriótico de los españoles y encendíó aún más los ánimos. Estados Unidos declaró la guerra a España en Abril de 1898.
A la guerra se opusieron en España parte de los carlistas, republicanos, anarquistas, socialistas y sectores populares de la sociedad ya que éstos soportaban el conflicto de forma directa como soldados. Aún conscientes de la inferioridad militar, la flota española se enfrentó a la poderosa armada de Estados Unidos. El resultado fueron dos derrotas estrepitosas, una en Cavite (Filipinas) y otra en Santiago de Cuba.
Las negociaciones de paz se plasmaron en el Tratado de París, firmado en Diciembre de 1898, por el que España reconocía la independencia de Cuba y cedía Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam a Estados Unidos, a cambio de una compensación de 20 millones de dólares. La representación española apenas tuvo capacidad para negociar ya que le fueron impuestas las condiciones. España entregó al Imperio alemán las islas Carolinas, las Marianas y las Palaos a cambio de 25 millones de dólares. Quedaba así liquidado el Imperio español, cuyos restos pasaron a manos de las grandes potencias imperialistas del momento.
La derrota no produjo un cambio de gobierno ni hizo peligrar la monarquía, pero sí generó un espíritu:
el regeneracionismo que significa un examen de conciencia, un balance llevado a cabo por intelectuales y políticos de aquel momento. Como resultado de ese ambiente pesimista se formó un gobierno presidido por Francisco Silvela (conservador) que pretendía regenerar el país sin modificar apenas el sistema de la Restauración. Así se intentaron algunas reformas sin éxito en Hacienda, Ejercito y organización territorial. El fracaso de gobierno de la Restauración regeneracionista de Silvela demostraba la incapacidad del sistema para modernizarse. Por ello hubo otro movimiento regeneracionista al margen del político que fue el de los intelectuales protagonizado por personajes como Joaquín Costa y la llamada generación del 98 (Unamuno, Valle Inclán, Machado, Azorín, Baroja). Para los intelectuales regeneracionistas del 98, España estaba en un estado de postración por lo que intentaron formular un diagnóstico y unas soluciones que llevaron el calificativo de “regeneración nacional”. Todos ellos cuestionaban la capacidad del pueblo español para progresar, consideraban la falta de educación uno de los males fundamentales causantes del atraso del país. Sin embargo, poco a poco, el regeneracionismo fue perdiendo fuerza en la sociedad y dejo de ser un peligro para el sistema político de la restauración. Cuando Alfonso XIII subíó al trono (1903), ya habían desaparecido Cánovas, Castelar y Pi i Margall y pocos meses después fallecía Sagasta. Se cerraba una etapa de la vida política de España y del Siglo XIX que dejaba abiertos numerosos problemas para el nuevo siglo.
2. CRISIS CANOVISTA
A. Los gobiernos de Maura y Canalejas
A comienzos del Siglo XX el sistema político de la Restauración seguía vigente. Sus fundamentos eran una monarquía liberal poco democrática que descansaba en la Constitución de 1876.
Este sistema político había funcionado con bastante estabilidad gracias al pacto entre los dos grandes partidos dinásticos para alternarse pacíficamente en el gobierno. Uno y otro partido pactaban de antemano el resultado de las elecciones. Pero a finales del Siglo XIX, una nueva corriente ideológica, el regeneracionismo, denunció ese sistema y realizó propuestas para la modernización política, social y económica de España.
Cuando Alfonso XIII accedíó al trono en 1902 los partidos dinásticos, tras la separación de sus dos grandes líderes, el conservador Cánovas y el liberal Sagasta vivieron sendas crisis motivadas por las disputas internas y la ausencia de un liderazgo fuerte. A pesar de ello el sistema de turno se mantuvo. En esta situación ambos partidos optaron por reforzarse eligiendo nuevos líderes: Antonio Maura (conservador) y José Canalejas (liberal).
El llamado gobierno largo de Maura puso en marcha su proyecto de revolución desde arriba. Se trataba de hacer grandes reformas políticas que diesen autenticidad al sistema liberal-parlamentario, pero sin alterar las bases del régimen. Su proyecto más importante fue la reforma de la Ley de Administración Local, que también pretendía acabar con el caciquismo. Contemplaba una mayor autonomía local. Otro de sus objetivos era satisfacer las crecientes aspiraciones autonomistas de Cataluña. Pero eso levantó la oposición de los liberales e incluso de los conservadores y no fe aprobado por el Parlamento. Su programa incluyó una serie de medidas sociales, como la creación del Instituto Nacional de Previsión, la obligatoriedad de descanso dominical y la legalización de la huelga. Otro de sus proyectos, la Ley de Represión del Terrorismo, dirigida contra los atentados anarquistas que fracasó por la oposición de republicanos socialistas y liberales, que la consideraron una amenaza a las libertades fundamentales.
Tras la crisis de 1898, la acción colonial de España se centró en el norte de África. En el marco de un imperialismo dominante en toda Europa, España intentó formar parte del nuevo orden de las relaciones internacionales y poner fin al aislamiento exterior. Marruecos pasó a constituir el centro de la política exterior española. Pero la expansión colonial de España en Marruecos estuvo subordinada y limitada por los intereses de las grandes potencias coloniales europeas. Tras sucesivas negociaciones internacionales (Conferencia de Algeciras de 1906), Francia y España fijaron sus respectivas zonas de influencia en Marruecos, marginando a Alemania. A España le correspondía la zona norte, cuya pieza esencial era el Rif, un territorio muy accidentado y habitado por cabilas o tribus bereberes muy celosas de su independencia, hostiles a la presencia extranjera lo cual dificultaba el dominio militar. Ello obligó al gobierno a incrementar el número de tropas y llevar a cabo diversas campañas militares para tratar de someter al territorio, asegurar la explotación de las riquezas mineras y proteger la construcción del ferrocarril que debía unir las minas con Melilla. En Julio de 1909 los rifeños atacaron y asesinaron a cuatro obreros. EL gobierno decidíó enviar tropas peninsulares de refuerzo y movilizó a los reservistas en Cataluña, en su mayoría casados y con hijos. El embarque de las tropas en el puerto de Barcelona, el 18 de Julio de 1909, desencadenó un movimiento de protesta contra la guerra de Marruecos y más aún al comprobar que se libraban de ir quienes podían pagar una cantidad en metálico. El republicanismo más radical y anticlerical, los socialistas y los anarquistas promovieron una huelga general contra la guerra y la política del gobierno en Marruecos, que comenzó en Barcelona el 26 de Julio y se extendíó a otras poblaciones cercanas. Las noticias sobre la batalla del Gurugú y la emboscada del barranco del Lobo, donde murieron 1284 soldados españoles, desataron la violencia. Entre el 26 de Julio y el 1 de Agosto, la huelga degeneró en una revuelta espontanea, sin dirección ni planificación conocida como la Semana Trágica de Barcelona. Grupos armados con fusiles y pistolas se enfrentaron a las fuerzas del orden. El gobierno reprimíó con dureza la revuelta con un balance de casi ochenta muertos y unos dos mil detenidos. Se celebraron juicios militares sumarísimos y hubo diecisiete condenas a muerte de las que se ejecutaron 5. Francisco Ferrer Guardia era un pedagogo librepensador anarquista y anticlerical acusado sin pruebas y sin garantías legales de ser jefe de la rebelión. Su fusilamiento produjo una gran conmoción en la opinión pública internacional. En España, los liberales con el respaldo del bloque de izquierdas exigieron la destitución de Maura. Alfonso XIII, temeroso de que la oposición interna e internacional contra el gobierno dañase la imagen de la monarquía forzó la dimisión de Maura, que se sintió traicionado por el rey y los liberales.
El monarca llamó a formar gobierno a José Canalejas, que emprendíó el intento más importante de regeneración del sistema de la Restauración para lograr su progresiva democratización y ampliar las bases sociales del régimen. La modernización del estado implicaba la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad religiosa y el control de la Iglesia incluyendo el fin del monopolio de las ordenes religiosas en el campo de la enseñanza. A tal fin, Canalejas, trató de negociar con el Vaticano una nueva Ley de Asociaciones Religiosas. Mientras tanto se aprobó la llamada Ley del Candado que impedía el establecimiento de nuevas ordenes religiosas en España. Más fructífera fue su política de reformas sociales. Se regularon las relaciones laborales y se mejoraron las condiciones de vida y de trabajo de las clases trabajadoras. Con amplias medidas de protección social, por ejemplo, reducción de la jornada laboral, ley de accidentes de trabajo. Con la Ley de Reclutamiento se establecíó el servicio militar obligatorio sin distinciones en caso de guerra, si bien en tiempo de paz se admitía que los soldados que pagasen una cantidad de dinero hiciesen un servicio militar reducido de 5 meses.
B. La crisis de 1917
Desde comienzos del Siglo XX la inestabilidad política y social se había adueñado del país por diferentes motivos así en medio de este clima de tensiones, en el verano de 1917 el sistema político de la restauración atravesó por una de las situaciones más críticas, al confluir tres tipos de conflictos: el militar, el político y el social.
- La crisis militar: las Juntas de Defensa.
Uno de los factores que explican el malestar de los militares fue el proyecto de reforma militar, que pretendían modernizar el ejército mediante una reducción del excesivo número de oficiales. Otro motivo era el sistema de ascensos, en su mayoría por méritos de guerra, lo cual favorecía a los militares que servían en África frente a los peninsulares que no tenían oportunidad de ir a la guerra. El conflicto surgíó en los oficiales jóvenes peninsulares de los cuerpos de ingenieros e infantería, que exigieron el establecimiento de la “escala cerrada”, es decir, que los ascensos fuesen por rigurosa antigüedad. El descontento entre estos oficiales cristalizó en la formación de Juntas de Defensa que se extendieron a todo el ejército. A los objetivos económicos y profesionales de estas Juntas se añadiría el deseo de autonomía corporativa frente al favoritismo de los políticos. El gobierno temeroso de la revelación militar y la amenaza de un Golpe de Estado se doblegó ante sus exigencias.
- La crisis política: la Asamblea de Parlamentarios.
El lenguaje poco claro que hablaba de regeneración en España por parte de las Juntas fue interpretado por diversos grupos políticos de la oposición como una señal inminente de la caída de la Restauración. Cambó, líder de la Liga Regionalista Catalana, tomó la iniciativa en ese momento así ante la suspensión de las garantías constitucionales, la censura de prensa y el cierre de las Cortes decretado por el gobierno conservador de Dato, Cambó convocó a todos los senadores y diputados españoles a una Asamblea de Parlamentarios en Barcelona en Julio de 1917. La Asamblea acordó la formación de un gobierno provisional y la celebración de Cortes constituyentes que reformasen la antigua constitución. Pero el reducido apoyo político a esta Asamblea (sólo asistieron 70 diputados de un total de 760 en su mayoría republicanos y socialistas) permitieron disolver esta Asamblea Parlamentaria.
- La crisis social: la huelga general de 1917
En el verano de 1917, se añadió un tercer problema, el del movimiento obrero y su disposición a lanzarse a una huelga general. En Marzo de 1917 dos sindicatos UGT y CNT suscribieron un manifiesto convocando una huelga general que debería servir para derrocar el régimen e implantar una república democrática en España. Finalmente, en Agosto de 1917 estalló la huelga general, pero sólo tuvo un gran seguimiento en los centros industriales de Madrid, Barcelona, País Vasco y Asturias. Apenas tuvo impacto en las zonas rurales. El ejercito cumplíó la orden de disparar contra los obreros en huelga general, así se produjeron 71 muertos y 2000 detenidos en todo el país