El Republicanismo: Principal Fuerza de Oposición

El republicanismo fue la principal fuerza de oposición. En 1903 nació la Unión Republicana, liderada por Nicolás Salmerón y Alejandro Lerroux. La Unión Republicana consiguió diversos éxitos electorales y se acercó a los nacionalismos regionalistas de Cataluña, Galicia y Valencia. Esta orientación del partido fue rechazada por un sector que se escindió y fundó en 1908 el Partido Radical. Con su discurso, logró influir en amplios sectores de las clases populares catalanas. Hacia 1910 perdió su apoyo, moderó su discurso y se trasladó a Madrid. La colaboración del republicanismo con el Partido Socialista Obrero Español llevó a la creación de la Conjunción Republicano-Socialista. En 1912 apareció un nuevo grupo político de carácter republicano, el Partido Reformista, fundado por Melquíades Álvarez.

La Derecha Antiliberal: Carlismo

En los inicios del siglo XX, el carlismo mantuvo sus bases. En 1909 falleció el pretendiente Don Carlos de Borbón, siendo sucedido por su hijo Jaime. La disputa más importante se produjo a raíz de la Primera Guerra Mundial, cuando un sector del partido se manifestó germanófilo y uno de sus principales hombres abandonó la militancia y fundó el Partido Tradicionalista. El Partido Católico Nacional o Integrista se manifestaba ajeno a las formas de gobierno. Las bases militantes del integrismo, como las del carlismo, se concentraban en Navarra, País Vasco y Cataluña, pero también se desarrollaron grupos en Andalucía y otras regiones. Con la llegada de la República, los tres grupos (carlistas, integristas y tradicionalistas) consiguieron reunificarse en un solo partido que se llamaría Comunión Tradicionalista.

La Oposición Obrera: Partido y Sindicatos Socialistas

Al comenzar el siglo XX, el PSOE era una fuerza pequeña pero con sólidas bases que le permitieron un progresivo crecimiento. El partido se organizó a través de las agrupaciones socialistas locales, reunidas en las agrupaciones provinciales. La dirección la ejercía la Comisión Ejecutiva, que presidió Pablo Iglesias hasta su muerte. El partido seguía unas directrices que marcaron su actuación:

• La preservación de la organización.
• La diferenciación con respecto a los partidos burgueses.
• La convicción de que el socialismo debía aprovechar las oportunidades que daba el sistema parlamentario.

En 1905, el PSOE obtuvo concejales en Madrid y en 1910 Pablo Iglesias consiguió un acta de diputado. El sindicato socialista UGT tuvo un crecimiento todavía mayor. Se mostró partidario de la acción política. En el Instituto de Reformas Sociales siempre participaron los socialistas, entre los que destacó Francisco Largo Caballero. La organización del sindicato se basaba en la federación, a escala local y provincial, de sindicatos de oficio, recogiendo la vieja tradición artesanal. A partir de 1917, el sindicato socialista empezó a crecer. La vinculación entre el PSOE y la UGT era muy estrecha, y sus principales dirigentes fueron militantes de ambas formaciones. El auge del sindicalismo socialista estuvo acompañado por el crecimiento del partido socialista. Sus nuevos dirigentes se mostraron claramente partidarios del parlamentarismo y de una práctica política reformista y moderada. El estallido de la Revolución Rusa dio origen a que algunos militantes se mostraran partidarios de la línea bolchevique y se escindieran del PSOE, fundando el Partido Comunista de España.

Los Anarcosindicalistas: La CNT

El anarquismo tenía su mayor presencia en Cataluña, pero también era poderoso en Andalucía, Aragón, Asturias y Levante. En Barcelona, las sociedades obreras y los sindicatos autónomos crearon Solidaridad Obrera. Esta contó con prensa propia e impulsó la fundación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Nació con el objetivo de dar estabilidad al sindicalismo anarquista. La CNT se definía como revolucionaria y presentaba una ideología basada en tres presupuestos básicos:

• La independencia del proletariado.
• La necesidad de la unidad sindical de los trabajadores.
• La voluntad de derribar el capitalismo.

La acción revolucionaria debería llevarse a cabo mediante la huelga general revolucionaria. La evolución de la CNT sufrió notables altibajos y al final fue prohibida hasta 1911. En los años posteriores a la guerra, la CNT pasó de 15.000 afiliados a 700.000. Fue también el momento de sus grandes líderes. Se tomaron importantes acuerdos, como la creación de sindicatos únicos de industria, y se reafirmó el apoliticismo y la necesidad de la negociación directa entre obreros y patronos.

Conflictividad Obrera y Pistolismo

Los años siguientes fueron de gran conflictividad en toda Europa. El triunfo de la Revolución Bolchevique y el establecimiento del estado soviético en Rusia dieron alas y esperanzas a todos los grupos revolucionarios. En España, la producción descendió, aumentó el paro y subieron los precios, lo cual provocó de nuevo la movilización obrera y un espectacular crecimiento del sindicalismo. Fue en Barcelona donde alcanzó mayores dimensiones. En 1919 se inició una huelga en La Canadiense que consiguió la paralización del 70% de la industria local. Duró un mes y medio y finalizó con un acuerdo por el cual la patronal aceptaba la readmisión de los despedidos, aumentos salariales y la jornada de 8 horas.

En Andalucía dio paso al Trienio Bolchevique. Los anarquistas y los socialistas impulsaron revueltas campesinas motivadas por el «hambre de tierras» y el deterioro de los salarios y de las condiciones de vida. Córdoba, con 23 huelgas agrarias y más de 30.000 trabajadores, se convirtió en la punta de lanza de un movimiento campesino que se extendió a otras provincias andaluzas. La declaración del estado de guerra, la ilegalización de las organizaciones obreras y la detención de sus líderes pusieron fin a la rebelión. La conflictividad laboral degeneró en la radicalización de las posiciones de los sindicatos y la patronal. Para detener la fuerza sindical, los patronos instituyeron la Federación Patronal, contrataron a pistoleros a sueldo y recurrieron al lockout. Fundaron el Sindicato Libre. Algunos grupos vinculados a la CNT respondieron a esta situación practicando también un activismo violento. Entre estos grupos cabe citar a Los Solidarios, que actuaron en Barcelona. Todo ello originó la época conocida como el «pistolerismo».

Las Reformas de Maura y Canalejas

En 1902 subió al trono Alfonso XIII. En 1903 murió Sagasta y alcanzó la jefatura del Partido Conservador Antonio Maura, mientras que en el Partido Liberal se afianzaba José Canalejas. Esta nueva generación de políticos, influida por el regeneracionismo, impulsó los más importantes proyectos de reforma.

En 1904, el conservador Antonio Maura se convirtió en jefe de Gobierno. Maura tenía un espíritu renovador y reformista. Su proyecto político defendía la necesidad de que el régimen debía reformarse desde el gobierno para impedir que lo transformase una revolución popular. Intentó la regeneración del sistema a partir de las «masas neutras». Se llevó a cabo una reforma electoral que no consiguió ni acabar con la corrupción ni democratizar el sistema político, esto hizo más difícil el fraude electoral. Maura procuró atraer hacia el régimen moderado no republicano. El gobierno de Maura también adoptó medidas económicas, aprobó algunas leyes y creó el Instituto Nacional de Previsión, dedicado a los seguros obreros.

En 1910, Canalejas formó un nuevo gobierno liberal. Proponía la modernización de la política e intentaba atraer a ciertos sectores populares a partir de un reformismo social. Profundizó en la separación de la Iglesia y el Estado. Se promulgaron una serie de leyes encaminadas a mejorar las condiciones laborales, como el trabajo de la mujer. Canalejas fue sensible al problema de las autonomías regionales. El gobierno liberal elaboró la Ley de Mancomunidades, que aceptaba la posibilidad de la unión de las diputaciones provinciales para hacerse cargo de algunos servicios públicos.

Las Elecciones y el Gobierno Provisional de la Segunda República

En 1931 se celebraron elecciones municipales mediante sufragio universal masculino. La participación fue muy alta y las candidaturas republicano-socialistas triunfaron en las grandes ciudades, en 41 de las 50 capitales de provincia y en la mayor parte de los núcleos industriales. Por ello, se hizo evidente que una buena parte del electorado había apostado por un cambio de signo. El 14 de abril por la mañana, proclamaron la República los concejales de Valencia, Sevilla, Oviedo, mientras la población salía a la calle de forma espontánea y pacífica para celebrarlo. El rey Alfonso XIII decidió renunciar a la potestad real y ese mismo día abandonó el país.

En Madrid, constituyeron un gobierno provisional y proclamó oficialmente la Segunda República Española. Los miembros de ese gobierno representaban a las principales fuerzas de la conjunción republicano-socialista. Al margen de la coalición quedaban la derecha monárquica, los nacionalistas vascos y el obrerismo más radical. El gobierno provisional convocó inmediatamente elecciones a Cortes Constituyentes para el día 28 de junio. El gobierno decretó una serie de medidas de extrema urgencia: la concesión de una amnistía general para los presos políticos, la proclamación de las libertades políticas y sindicales, y la designación de altos cargos de la administración. Se proyectaron algunas tareas urgentes: la reforma del ejército, el inicio de negociaciones con catalanes y vascos, medidas para proteger a los campesinos expulsados de las tierras por no poder pagar las rentas y actuaciones para afrontar la crisis económica.

La Constitución de 1931

Los diputados electos formaron las nuevas Cortes republicanas y el ejecutivo quedó en manos de la coalición vencedora, que ratificó sus cargos al jefe del gobierno, Niceto Alcalá Zamora, y a los ministros del gobierno provisional. La Constitución de 1931 fue muy avanzada para su tiempo. Tenía un carácter democrático y progresista que se evidencia en el artículo del título preliminar, donde se define a España como «una República de trabajadores de todas las clases que se organiza en un régimen de Libertad y Justicia».

La Constitución agrupaba los siguientes principios:

• El Estado se configura de forma integral, pero se aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones.
• El poder legislativo residía plenamente en las Cortes.
• El poder ejecutivo recaía en el gobierno, formado por el Consejo de Ministros y el jefe de Gobierno.

La Constitución incluía también una amplia declaración de derechos y libertades. Garantizaba la igualdad absoluta ante la ley, la educación y el trabajo, y la no discriminación por razón de origen, sexo o riqueza. Reconocía la facultad del gobierno para expropiar bienes de utilidad social. Establecía el voto desde los 23 años y concedía el voto a las mujeres. La Constitución no consiguió el consenso de todas las fuerzas políticas, existían profundas discrepancias entre la izquierda y la derecha, sobre todo en lo referente a la cuestión religiosa y autonómica. Manuel Azaña sustituyó en la jefatura del gobierno a Niceto Alcalá Zamora y este pasó a ser Presidente de la República.

Una Coyuntura Económica Desfavorable

El cambio de régimen coincidió con la fase más grave de la depresión económica mundial, iniciada con el hundimiento de la Bolsa de Nueva York. Esta crisis incidió de manera más débil en la economía española debido a la reducida relación de nuestra economía con el mercado internacional, aunque imposibilitó el crecimiento económico. La crisis mundial paralizó la emigración a América, que constituía una válvula de escape para el paro crónico.

La crisis internacional agravó los ya tradicionales problemas internos de la economía española: paro agrícola, reparto desigual de la tierra, déficit de la balanza comercial… A estos se sumaron los derivados de la política económica del gobierno republicano. El aumento generalizado de los salarios industriales y agrícolas que decretó el gobierno del primer bienio, aunque tuvo algunos efectos positivos sobre la economía, no se correspondió con un crecimiento de la productividad e hizo descender los beneficios empresariales. El gobierno optó por una política orientada a disminuir el gasto público para reducir el déficit heredado de la dictadura de Primo de Rivera y conseguir el equilibrio presupuestario. La disminución de la inversión pública tuvo repercusiones desastrosas sobre los sectores de bienes de inversión al reducirse la inversión pública y la privada.