18. CONSTITUCIÓN DEL 78 Y ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS
Tras más de cuarenta años sin poder hacerlo, el pueblo español volvíó a expresarse
democráticamente en las elecciones a Cortes constituyentes el 15 de Junio de 1977. A partir de estas elecciones se abríó un periodo constituyente (1977-1978), que se enmarca en el periodo de la historia de España conocido como «La Transición», y que condujo al país de la dictadura franquista a la democracia. Se optó por elaborar un texto de consenso entre las fuerzas parlamentarias para dotar a la Constitución de un gran respaldo. A su vez, ésta fue aprobada en referéndum por el pueblo español el 6 de Diciembre de 1978. Se caracteriza por lo siguiente: Declara a España como un «Estado social y democrático de derecho«. Define el sistema político español como una monarquía parlamentaria, en la que el rey ostenta la jefatura del Estado, con funciones representativas y moderadoras. Contiene una declaración de derechos y libertades políticas y civiles muy completa, inspirada en los Derechos Humanos. Establece una clara división de poderes: el legislativo corresponde a las Cortes (integradas por el Congreso de los diputados y el Senado), el ejecutivo recae en el gobierno (integrado por el presidente y los ministros) y el judicial corresponde a los jueces y magistrados. También fija el carácter no confesional del Estado. Uno de los elementos más destacados es el modelo territorial del Estado que recoge en el Título VIII y, que consagra el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, estableciendo un
potencial Estado autonómico descentralizado, donde los poderes se distribuyen en tres niveles: estatal, autonómico y local (diputaciones provinciales y municipios). La plasmación jurídica del régimen autonómico tiene lugar. Cuando se aprueban los Estatutos de Autonomía, que contienen las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas (y transferidas por el Estado), así como las instituciones de las que se dotan. Cada Comunidad Autónoma cuenta con órganos legislativos como los parlamentos y ejecutivos, los gobiernos autonómicos.
LA INTEGRACIÓN DE España EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA.
La Comunidad Económica Europea se crea en 1957. Sin embargo, la dictadura franquista supuso entre otras cosas, la negativa al ingreso de España. Habrá que esperar a la llegada de la democracia. En 1977, el gobierno de Adolfo Suárez solicitó de nuevo la adhesión, aunque será a partir del gobierno socialista de Eelipe González desde 1982 cuando se intensifiquen las negociaciones. Será precisamente en el ámbito de las relaciones internacionales donde este gobierno logre sus mayores éxitos. La integración y reconocimiento de España en el ámbito internacional supone uno de los factores más importantes para la consolidación de la democracia. Por ello, la diplomacia socialista adquiríó tintes marcadamente europeístas. Las negociaciones fueron complicadas porque Francia puso muchas:trabas con el fin de salvaguardar su agricultura
de la competencia española y mantener su papel predominante en la Política Agraria Comunitaria. Finalmente, el 12 de Junio de 1985, España firmó su adhesión a la C.E.E y desde el 1 de Enero de 1986 se convirtió en un Estado miembro de pleno derecho. La expansión económica de finales de los ochenta facilitó la adaptación de la economía española, que debía cumplir una serie de requisitos como la liberalización de algunos sectores, la reducción de la deuda pública, el control de la inflación, etc. Gracias a la estabilidad política que daba la mayoría absoluta del PSOE, al consenso en materia política europea y a los fondos de cohesión, España incluso logró acortar el periodo de transición. En 1986 España firma el Acta Única que conduce a la creación de un mercado común europeo sin fronteras. En 1992 se aprobó el Tratado de Maastricht que significó un paso más hacia la uníón política (libre circulación de personas, libertad de residencia, etc) y un nuevo impulso hacia la uníón monetaria que supondrá la llegada del Euro.
20. “PUEDO PROMETERY PROMETO»: Adolfo SUÁREZ Y LA UCD EN LA TRANSICIÓN
A principios de Julio de 1976 el rey Juan Carlos sustituyó al presidente del gobierno Arias
Navarro por Adolfo Suárez, un joven político reformista procedente del Movimiento. Con Suárez se inicia la estrategia de ruptura pactada, es decir, el paso a un sistema democrático a partir del desmantelamiento de la dictadura mediante la propia legalidad franquista. Suárez aisló al búnker y ofrecíó garantías a los procuradores como la no exigencia de responsabilidades a los implicados en la dictadura y la ilegalidad del comunismo. El 18 de Noviembre de 1976, las Cortes franquistas aprobaron la Ley de Reforma Política por la cual proclama la democracia como organización política propia del Estado español y reclamaba la soberanía popular. La ley fue refrendada por el pueblo en referéndum. Se inició una progresiva legalización de partidos políticos y sindicatos,y se ampliaron las libertades. Proceso que no estuvo exento de violencia. Finalmente, con la legalización del Partido Comunista incluida, el 15 de Junio de 1977 se celebraron elecciones democráticas y libres a Cortes Constituyentes La victoria fue para el partido organizado por el propio Suárez, la Uníón de Centro Democrático (UCD Las célebres palabras «pueblo prometer y prometo», forman parte del discurso de campaña electoral que Suárez dio ante las cámaras de TVE.
Entre 1977 y 1978 se abre un periodo constituyente que culminó con la aprobación en referéndum el 6 de Diciembre de 1978 de una Constitución de consenso. Con el nuevo marco constitucional se celebran elecciones en Marzo de 1979, de nuevo UCD sale victorioso. Durante su gobierno,Suárez tuvo que hacer frente a graves problemas, y no siempre con el acierto con el que abordó la Transición: La grave crisis económica mediante los Pactos de la Moncloa, la ralentización de la descentralización autonómica, la escalada terrorista (ETA, GRAPO), divisiones en UCD. En Enero de 1981 Suárez presentó su dimisión.