La Restauración Borbónica y la Estabilidad Política en España
Los grupos conservadores recibieron con satisfacción la Restauración de los Borbones porque esperaban que la nueva monarquía devolviera la estabilidad política y pusiera fin a todo intento de revolución democrática y social en España. Cánovas del Castillo no pretendía el regreso a los tiempos de Isabel II, sino la vertebración de un nuevo modelo político que superase algunos de los problemas endémicos del liberalismo precedente: el carácter partidista y excluyente de los moderados durante el reinado isabelino, el intervencionismo de los militares en la política y la proliferación de enfrentamientos civiles.
Para conseguir su propósito se propuso dos objetivos: elaborar una constitución que vertebrase un sistema político basado en el bipartidismo y pacificar el país poniendo fin a la guerra de Cuba y al conflicto carlista. La primera medida política fue la convocatoria de elecciones para unas Cortes constituyentes, pues la Constitución de 1869 era defendida por las fuerzas políticas más democráticas. Pese a que Cánovas no era partidario del sufragio universal, dispuso que las primeras elecciones del nuevo régimen se hiciesen por ese sistema, aunque después debería volverse al sufragio censitario.
La Constitución de 1876
La constitución elaborada en 1876 es una clara muestra del liberalismo doctrinario, caracterizado por el sufragio censitario y la soberanía compartida entre las Cortes y el rey. Se trataba de una constitución de carácter marcadamente conservador e inspirada en los valores históricos tradicionales de la monarquía, la religión y la propiedad.
La Constitución consideraba a la monarquía como una institución superior. Constituía un poder moderador que debía ejercer como árbitro en la vida política y garantizar el buen entendimiento y la alternancia entre los partidos políticos. Por ello concedía amplios poderes al monarca. Las Cortes eran bicamerales y estaban formadas por el Senado y el Congreso de los Diputados, este último de carácter electivo.
La Constitución no fijaba el tipo de sufragio, pero una ley de 1878 estableció el voto censitario, limitado a los mayores contribuyentes. Sin embargo, en 1890, el partido liberal aprobó el sufragio universal masculino. En el Senado se daba opción al rey y al gobierno a nombrar directamente a los senadores. La Constitución también proclamaba la confesión católica del Estado; en consecuencia, se restableció el presupuesto del culto. Asimismo, el nuevo texto constitucional contaba con una prolija declaración de derechos, pero su concreción se remitía a leyes ordinarias posteriores que tendieron a restringirlos, especialmente los derechos de imprenta, expresión, asociación y reunión.
Bipartidismo y Turno Pacífico
Antonio Cánovas del Castillo introdujo un sistema de gobierno basado en el bipartidismo y en la alternancia en el poder de los dos grandes partidos dinásticos, el conservador y el liberal, que renunciaban a los pronunciamientos como mecanismo para acceder al gobierno. Se estableció un turno pacífico de partidos que aseguraría la estabilidad institucional mediante la participación en el poder de las dos familias del liberalismo y pondría fin a la intervención del ejército en la vida política. El ejército quedó subordinado al poder civil. Así, una Real Orden de 1875 estableció que la misión del ejército era defender la independencia nacional y que no debía intervenir en las contiendas de los partidos. Como contrapartida se otorgaba a los militares una cierta autonomía para sus asuntos internos y se dotaba al ejército de un elevado presupuesto. El turno pacífico eliminó el problema de los pronunciamientos y el protagonismo de la presencia militar en los partidos.
El Fin de los Conflictos Bélicos
La estabilidad del régimen se vio favorecida por el fin de las guerras carlista y cubana. La Restauración borbónica privó a la causa carlista de una buena parte de su hipoteca legitimista y algunos personajes del carlismo acabaron reconociendo a Alfonso XII. El esfuerzo militar del gobierno a lo largo de 1875 hizo posible la reducción de los núcleos carlistas en Cataluña, a pesar de que habían conseguido algunos éxitos militares en las batallas de Alpens y Castellfollit. La intervención del ejército al mando de Martínez Campos forzó finalmente la rendición de los carlistas en Cataluña, Aragón y Valencia. Sin embargo, el conflicto continuó unos meses más en el País Vasco y Navarra, donde fue trasladada la mayor parte del ejército gubernamental, que consiguió debilitar la resistencia navarra y vasca hasta su total rendición en 1876.
En febrero, Carlos VII cruzó la frontera francesa hacia el exilio y la guerra se dio por finalizada en todo el territorio. La consecuencia de la derrota carlista fue la abolición definitiva del régimen foral. Sin embargo, en 1878 se estipuló un sistema de conciertos económicos que otorgaba un cierto grado de autonomía fiscal a las Provincias Vascas. El final de la guerra carlista permitió acabar más fácilmente con la insurrección cubana (Guerra de los Diez Años). Como resultado de la actuación militar y de la negociación con los insurrectos, en 1878 se firmó la Paz de Zanjón, que incluía una amplia amnistía, la eliminación de la esclavitud y la promesa de reformas políticas y administrativas por las que Cuba tendría representantes en las Cortes españolas. El retraso de estas reformas provocaría el inicio de un nuevo conflicto en 1879 (Guerra Chiquita) y la posterior insurrección de 1895.