La Regencia de María Cristina de Habsburgo y el Turno de Partidos. La Oposición al Sistema. Regionalismo y Nacionalismo.

En 1885, a la muerte de Alfonso XII, su esposa María Cristina de Habsburgo, embarazada del que sería Alfonso XIII, asumió la Regencia de 1885 a 1902. Cánovas, jefe del Gobierno cuando falleció el Rey, acordó con Sagasta cederle el poder durante los primeros años de la Regencia (Pacto de El Pardo). La finalidad de este acuerdo era dar apoyo a la Regencia de María Cristina y garantizar la continuidad de la Monarquía ante las fuertes presiones de carlistas y republicanos.

Durante el llamado Gobierno Largo de Sagasta, que se extendió entre 1885 y 1890, se impulsaron una serie de medidas: se trató de introducir todos los derechos individuales del texto constitucional de 1869 que la Constitución de 1876 permitiera; se aprobó así la libertad de prensa e imprenta, la de cátedra y la de asociación (Ley de Asociaciones de 1887), que permitió la aparición de sindicatos como UGT; se aprobó la Ley del Jurado en 1888, un Código Civil en 1889 y la legislación que implantaba el sufragio universal masculino en 1890. Estas reformas constituían prácticamente la totalidad del programa liberal; el mérito de los conservadores al regresar al poder fue respetar los cambios que habían realizado sus adversarios.

En 1883, por iniciativa de Segismundo Moret, los liberales crearon la Comisión de Reformas Sociales para estudiar todas las cuestiones relativas al bienestar de las clases trabajadoras. Esta comisión fue el precedente del Instituto de Reformas Sociales (1903), que posteriormente daría lugar al Ministerio de Trabajo.

El debate entre los partidarios del proteccionismo (mayoría entre los conservadores) y los del librecambismo (Moret) se resolvió a favor de los primeros. Se creó el arancel de 1891 para proteger los intereses de la industria catalana y vasca, de la minería asturiana y de los productos de cereal castellanos. El proteccionismo, sin embargo, perjudicaba a los consumidores españoles.

En el sistema político de la Restauración, el candidato a presidente del Gobierno debía ser designado por el Rey y contar con una mayoría sólida en las Cortes para gobernar. En caso contrario, obtenía del monarca el decreto de disolución de las Cortes, promovía la convocatoria de elecciones y lograba la mayoría favorable que le permitía seguir gobernando. El proceso, por tanto, era inverso al de una democracia de masas auténtica: en la primera se obtiene la mayoría en las elecciones y después se forma Gobierno. Para garantizar la victoria electoral, cada grupo procedía a la manipulación de elecciones y cada partido se comprometía a esperar su turno para acceder al poder, por lo que no denunciaba las irregularidades. Cuando el partido de turno llegaba al poder, se dedicaba a repartir cargos, concesiones y privilegios a sus clientes. A menudo, cada dirigente controlaba políticamente una comarca a la que estaba vinculado por razones familiares o por tener en ella propiedades; cuando había elecciones, movilizaba a sus clientes, compraba o presionaba a los electores y a los poderes locales (Juez, Gobernador y Guardia Civil), falseaban las listas electorales, manipulaban los votos obtenidos, etc. El conjunto de prácticas fraudulentas en las elecciones recibió la denominación de «pucherazo».

El Ministerio de Gobernación (equivalente al actual Ministerio del Interior) era el organismo encargado de controlar el proceso electoral a través de los gobernadores civiles y las personalidades locales. Este Ministerio se ocupaba generalmente de elaborar el «encasillado», acuerdo por el que se decidía, antes de las elecciones, qué cargos debían recaer en el partido del Gobierno y cuáles en el de la oposición. Los políticos que realizaban estas prácticas fraudulentas eran los denominados caciques, que llegaron a ejercer un poder paralelo al del Estado. Este sistema, conocido como caciquismo, conseguía que un sector amplio de las clases populares no acudiera a votar, ya que consideraban estas elecciones una farsa inútil. A partir de la Ley Electoral de 1907, los candidatos únicos se designaban automáticamente sin votación alguna. El caciquismo era más eficaz en las zonas rurales, apolíticas y desmovilizadas, que en las urbanas, más difíciles de controlar, así como en las zonas donde había otros partidos políticos que no entraban en el juego electoral de la Restauración.

Este sistema se benefició de la debilidad de la oposición, compuesta por un grupo heterogéneo que puede clasificarse en movimientos antidinásticos y en corrientes nacionalistas.

Movimientos Antidinásticos

• Los carlistas, que se encontraban a la derecha del sistema y se dividieron en dos grupos: los que rechazaban el régimen y no colaboraban con él y los que creyeron conveniente formar un partido político y luchar dentro de la legalidad.
• Los republicanos, se encontraban a la izquierda del sistema y estaban muy desunidos. Castelar lideraba el grupo de los «posibilistas» que colaboraron con Sagasta. Y el grupo de Ruiz Zorrilla que organizó un pronunciamiento militar que fracasó en 1886. Salmerón y Pi y Margall estaban divididos por su concepción de la República: Salmerón abogaba por una República Unitaria y Pi y Margall por una República Federal. Ambos grupos tenían gran influencia entre las clases medias y los trabajadores urbanos; cuando se unían lograban mayorías electorales, como sucedió en Madrid, Barcelona y Valencia en 1893.

Movimientos Nacionalistas

A la oposición al sistema se sumaron los regionalismos y nacionalismos, cuyos objetivos eran la creación de instituciones propias o la consecución de la autonomía administrativa. Otros más radicales proponían lograr la independencia de sus territorios, a los que consideraban auténticas naciones. Entre ellos destacaron el catalán y el vasco y, en menor medida, el gallego y el valenciano.

Entre los factores que propiciaron el nacionalismo destacan:

• La existencia de movimientos culturales que rescataban la riqueza de las lenguas vernáculas y las costumbres autóctonas. Estos movimientos reivindicaban la memoria colectiva de cada reino, cuya historia era inevitablemente idealizada, y el uso de lenguas marginadas por el castellano.
• La crítica del centralismo unificador del Estado liberal.
• La presencia de dos vertientes anticentralistas: una conservadora y antiliberal, partidaria de recuperar los antiguos fueros, y otra progresista, federalista y republicana.
• La repercusión de la industrialización y los cambios económicos del siglo XIX afectaron al equilibrio de algunas regiones y a su manera de percibir la realidad nacional. La burguesía de las regiones periféricas reivindicó la defensa del proteccionismo y sus intereses como productora frente a las medidas liberales adoptadas por el Gobierno de Madrid.

Nacionalismo Político Catalán

El nacionalismo político catalán surgió durante el Sexenio democrático representado por el federalismo que reivindicaba una Cataluña integrada en un conjunto de estados españoles federados.

En 1882, el ex republicano Valentí Almirall fundó el Centre Català para aglutinar a todos los catalanistas.

Otros intelectuales eran partidarios de un nacionalismo catalán de signo tradicionalista, rural y antiliberal, por ejemplo, Jacinto Verdaguer. La Unión Catalanista (1891) intentó unificar todas las tendencias en torno a la burguesía nacionalista, ilustrada pero conservadora, y promovió las Bases de Manresa (1892), un documento que recogía el primer programa explícito de catalanismo e incluía un proyecto de Estatuto de Autonomía de carácter conservador y tradicionalista. Sin embargo, hasta el inicio del siglo XX no se formó el primer gran partido catalanista, La Liga Regionalista, liderada por Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó (1901).

Nacionalismo Político Vasco

reivindicó la defensa de los fueros perdidos y rechazó el proceso de industrialización porque fracturaba y erosionaba la sociedad tradicional vasca (1). En su origen el nacionalismo vasco identificó el capitalismo y el centralismo con lo español y señaló a los inmigrantes o «maketos» como los culpables de la degeneración de la raza vasca a causa del mestizaje. Esta tendencia se inscribía en una línea de pensamiento católica y antiliberal que se resumía en el lema de Dios y Ley Vieja. A partir de 1898 , el nacionalismo vasco osciló entre el independentismo radical y la integración autónoma del País Vasco dentro de España.

(1) El ideólogo del nacionalismo vasco fue Sabino Arana, fundador del periódico Bizkaitarra (1893), primer órgano de propaganda del nacionalismo, del primer batzoki (1894) o lugar de reunión y, más tarde,

del Bizkai-Buru-Batzar o Consejo Provincial Vizcaíno en 1895, origen del Partido Nacionalista Vasco (PNV). También diseñó la ikurriña o bandera

nacional vasca