La Revolución Gloriosa y el Reinado de Amadeo de Saboya
El desprestigio del régimen de Isabel II llevó a una alianza entre progresistas y demócratas, que firmaron el Pacto de Ostende en 1866 (al que se adhiere la Unión Liberal, en concreto, el General Serrano, tras la muerte de O’Donnell), que incluía el acuerdo para destronar a Isabel y celebrar elecciones por sufragio universal. En septiembre de 1868, la Armada española atracada en Cádiz y dirigida por el almirante Topete se sublevó, con el apoyo de los generales Prim y Serrano. Comenzó así la Revolución Gloriosa, que se extendió con levantamientos populares (Manifiesto de “Viva España con honra”), ocupando las plazas de sus localidades al grito de “Mueran los Borbones”. Serrano venció al ejército gubernamental en Alcolea (Córdoba), e Isabel II huyó a Francia.
En un primer momento, el poder político fue ejercido por la Junta Revolucionaria de Madrid, que confió el poder al general Serrano, que presidiría (octubre 1868-junio 1869) un Gobierno Provisional integrado, entre otros, por Prim, Topete, Ruiz Zorrilla, Sagasta y Figuerola. Dicho gobierno adoptó medidas para estabilizar la revolución, estimular la economía (fijó la peseta como unidad monetaria) y convocó elecciones a Cortes constituyentes. Las elecciones dieron la mayoría a la coalición de unionistas, progresistas y demócratas. Elegidas por sufragio universal (masculino) confirmaron en su cargo a Serrano y comenzaron a elaborar un nuevo texto constitucional: la Constitución de 1869, que es considerada la primera Constitución democrática de la historia de España, y destaca porque incluye una amplia declaración de derechos. Además, se reconoce la soberanía nacional y la división de poderes, con unas Cortes bicamerales que controlan al gobierno. El problema es que se declara que España será una monarquía, sin saber en quién recaerá el trono.
El general Serrano fue nombrado regente y el general Prim se convirtió en jefe de gobierno, encargado de encontrar un candidato para el trono español que fuera aceptado por la mayoría gubernamental y que no despertase recelos en el ámbito internacional. Después de barajar diversos candidatos y de una difícil labor diplomática, el gobierno optó por Amadeo de Saboya, ratificado por las Cortes en noviembre de 1870. El nuevo rey tuvo que hacer frente a una difícil situación. Su principal apoyo, el general Prim, fue asesinado en un atentado muy poco antes de que llegase a España.
Políticamente no tenía tampoco demasiados apoyos, el Partido Progresista se dividió (Partido Constitucional de Sagasta y el Radical de Ruiz Zorrilla) y tenía la oposición abierta de la Iglesia, de los republicanos, de los carlistas (que con Carlos VII se levantaron en armas en mayo de 1872, desencadenando la tercera guerra carlista) y de los partidarios del príncipe Alfonso, el hijo de Isabel II.
Igualmente, tuvo que enfrentarse a otros dos graves problemas, como la agitación social ligada al desarrollo del movimiento obrero y la Guerra de los Diez Años (1868-1878) en Cuba, iniciada con el “Grito de Yara” y apoyada por Estados Unidos.
En tales circunstancias (desencadenante: la “cuestión de los artilleros”), y tras dos años de reinado, el 11 de febrero de 1873 Amadeo presentaba el acta de abdicación a la Corona española, regresando a Italia. Ese mismo día, Congreso y Senado proclamaban la I República, con dudosa legitimidad y sin verdaderos republicanos.
La Primera República Española (1873-1874)
La Primera República transcurrió entre el 11 de febrero de 1873 y el 3 de enero de 1874. En tan corto espacio de tiempo se sucedieron cuatro presidentes debido a la constante inestabilidad política y social, lo que le granjeó la enemistad de las clases medias y altas y de la Iglesia y el Ejército. Con Estanislao Figueras el desorden aumentó y aunque se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes nunca se llegó a promulgar una Constitución republicana. Le sucedió Francisco Pi y Margall, que tenía el propósito de instaurar una república federal, pero no se realizó sobre todo porque hubo que atender a otros graves problemas como la guerra carlista, alentada por el pretendiente Carlos VII, y la insurrección cantonal promovida por los republicanos federales más exaltados. La rebelión cantonal comenzó en julio con la proclamación del cantón de Cartagena y el movimiento se extendió por toda la Península, en especial por Levante y Andalucía. Estos hechos le hicieron dimitir y le sucedió Nicolás Salmerón, con el que la República dio un giro conservador, con el apoyo de generales monárquicos. Los cantonalistas proclamaron entonces un gobierno provisional de la Federación española en Cartagena y declararon la guerra a Madrid, pero fueron cayendo uno a uno los diferentes focos y sólo el cantón de Cartagena resistió hasta enero de 1874. Salmerón dimitiría en septiembre por negarse a confirmar dos penas de muerte impuestas por la autoridad militar. Le sucedió Emilio Castelar, que actuó con firmeza: aplicó la pena de muerte, llamó al ejército para imponer el orden y reforzó el poder del Estado gobernando por decreto durante tres meses, pero perdió la confianza de las Cortes.
La posibilidad de que el poder recayera de nuevo sobre los federalistas radicales ofreció el pretexto para el golpe de estado de Pavía, Capitán General de Madrid, que al día siguiente invadió el hemiciclo del Congreso y disolvió las Cortes. Tras el golpe, la Junta de Capitanes Generales nombró jefe de gobierno al general Serrano, que mantuvo las formas republicanas pero aplicó una política autoritaria y represiva con un claro protagonismo del ejército.
Tal inestabilidad provocó un viraje de la burguesía a posiciones conservadoras y el fracaso de la República despertó el deseo de una restauración monárquica y borbónica. El principal defensor de la candidatura del Príncipe Alfonso fue Cánovas del Castillo, que deseaba que la vuelta a la monarquía fuera el resultado del deseo del pueblo español y no de un nuevo pronunciamiento militar. Para ello había hecho firmar a Alfonso el Manifiesto de Sandhurst (el 1 de diciembre de 1874) en el que exponía al pueblo español sus propósitos conciliadores y se presenta como legítimo representante de la monarquía española, católico y liberal. Sin embargo y en contra del parecer de Cánovas, el 29 del mismo mes el general Martínez Campos proclamó rey a Alfonso XII, tras un pronunciamiento en Sagunto, siendo la monarquía borbónica restaurada mediante un golpe militar. La mayor parte del ejército le apoya, Serrano dimite y parte al exilio. Cánovas, que desde 1869 había trabajado a favor de Alfonso de Borbón, formó un ministerio-regencia el 31 de diciembre, que será el primero de la monarquía restaurada.