La Segunda República Española (1931-1936): De la Esperanza a la Crisis
Introducción
Tras la dictadura de Primo de Rivera, España experimentó una convulsa etapa que se dividió en dos fases: la Dictablanda del general Berenguer y el gobierno de Aznar. El rey Alfonso XIII, tras la caída de Primo de Rivera, encargó a Berenguer la formación de un gobierno con el objetivo de restaurar el sistema político anterior, basado en la Constitución de 1876, y convocar elecciones. Sin embargo, este proceso fracasó debido a la desconfianza de los españoles hacia el rey, quien había apoyado al dictador. A Berenguer le sucedió el gobierno del almirante Aznar, que tampoco logró solucionar los problemas del país y convocó elecciones municipales con la intención de sondear la opinión pública. Se esperaba que una victoria de los partidos monárquicos en las municipales se tradujera en un triunfo en las elecciones generales.
Paralelamente, se gestaron movimientos para proclamar la República. En 1930, se firmó clandestinamente el Pacto de San Sebastián entre republicanos, socialistas y nacionalistas gallegos y catalanes. Este pacto estableció una política antimonárquica y la creación de un Comité Revolucionario para llevarla a cabo, incluyendo una posible acción militar. En diciembre de 1930, se produjo la fallida Sublevación de Jaca, liderada por Galán y García Hernández, quienes fueron fusilados. Estos fusilamientos desacreditaron aún más a la monarquía e incrementaron la tensión social.
Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 se convirtieron en un plebiscito entre monarquía y república, tal como lo plantearon los partidos del Pacto de San Sebastián. Los monárquicos confiaban en ganar en los pueblos gracias al caciquismo. Sin embargo, la coalición del Pacto de San Sebastián triunfó en casi todas las capitales de provincia, grandes ciudades y zonas industriales y mineras. El 14 de abril de 1931 se proclamó la II República, con la esperanza de establecer por primera vez en España un sistema democrático moderno. El poder pasó a las clases medias y al obrerismo más moderado, sectores que no eran fuertes ni estaban organizados. Se enfrentaban a la oposición de las clases populares, que demandaban una revolución y reformas rápidas, y a la oligarquía, que había perdido el poder.
La República se enfrentó a un contexto desfavorable marcado por las repercusiones de la crisis económica de 1929, la debilidad internacional de los sistemas democráticos y el ascenso de los totalitarismos de izquierda y derecha (comunismo y fascismo). El paso de la monarquía a la república fue pacífico, visto como la única vía para solucionar los problemas de España. Las elecciones municipales del 12 de abril reflejaron el agotamiento de la monarquía, especialmente en las ciudades donde el voto era más difícil de manipular. El triunfo republicano-socialista fue un rechazo a la monarquía más que una adhesión incondicional a la república. El 13 de abril, el pueblo se manifestó en las calles con la bandera republicana, y los monárquicos facilitaron el traspaso de poderes. Niceto Alcalá Zamora, presidente del todavía ilegal gobierno republicano, contó con el apoyo de la Guardia Civil.
Desarrollo: La Constitución de 1931 y el Bienio Reformista
El aislamiento del régimen de la dictadura, la caída de Primo de Rivera y los hechos posteriores desembocaron en la convocatoria de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. El gobierno del almirante Aznar las consideraba un mero trámite previo a las elecciones generales. El triunfo de las candidaturas republicanas en la mayoría de las capitales de provincia fue interpretado como un veredicto desfavorable para la monarquía. El rey optó por suspender el ejercicio del poder y salir de España, sin renunciar a sus derechos. El 14 de abril se proclamó la II República.
El gobierno provisional convocó elecciones a Cortes Constituyentes y encargó la elaboración de un anteproyecto constitucional. La comisión jurídica asesora designada para este fin no satisfizo al gobierno, y las Cortes nombraron otra comisión de parlamentarios para redactar un nuevo proyecto. Tras intensos debates, el texto definitivo fue aprobado el 9 de diciembre como Constitución de la República Española.
Esta constitución, de carácter progresista, no contó con el consenso de todas las fuerzas políticas. Definía al Estado español como “una república de trabajadores de todas clases”, lo que generó el rechazo de la derecha, que la consideraba alejada de la opinión mayoritaria del país, especialmente por su carácter aconfesional y su apertura a las autonomías. También fue criticada por sectores del movimiento obrero que la tildaban de burguesa.
La nueva constitución se inspiraba en textos tradicionales como las de 1812 y 1869, pero también en la Constitución de México de 1917 y la de la URSS de 1924, así como en las doctrinas de destacados teóricos del socialismo. Entre sus principales características destacan:
- Proclamación de la soberanía popular.
- Amplia declaración de derechos sociales, económicos y laborales, incluyendo:
- Derecho al divorcio.
- Reconocimiento de los hijos habidos fuera del matrimonio.
- Limitaciones del derecho de propiedad en función de su utilidad social, contemplando la posibilidad de socializar la propiedad y nacionalizar los servicios públicos.
- Sufragio universal directo para mayores de 23 años.
- Consideración del trabajo como un deber social.
- Igualdad de todos los ciudadanos ante el derecho a la educación.
- Separación Iglesia-Estado, aconfesionalidad del Estado, libertad de cultos y enseñanza laica.
- En cuanto al tema de los regionalismos, la constitución sentaba las bases para las autonomías y encomendaba al parlamento la deliberación de los posibles estatutos, dentro del marco de un Estado integral.
Estructura del Poder
- Poder legislativo: Sistema unicameral. Se creó la Diputación Permanente de las Cortes para garantizar la continuidad de las actividades y la observancia de la Constitución. Los diputados elegían al presidente de la república, quien tenía la facultad de disolver el parlamento, con un límite de dos veces durante su mandato. El gobierno era responsable ante el parlamento.
- Poder ejecutivo: Recaía en el Consejo de Ministros y en el presidente de la república, elegido por el Congreso de Diputados. Sus competencias estaban bajo el control de la cámara.
- Poder judicial: Tribunales de Justicia. Se creó un Tribunal de Garantías Constitucionales para resolver recursos de inconstitucionalidad de las leyes y amparar las garantías individuales. También existía un Tribunal Supremo, cuyo presidente era nombrado por el presidente de la república a propuesta de una asamblea.
Las constantes tensiones sociales, religiosas y autonómicas, junto con la imposibilidad de una convivencia civil ordenada, desembocaron en la Guerra Civil de 1936, que puso fin a la vigencia de este texto constitucional. El intento democratizador que supuso esta constitución y la II República se vio truncado por la dictadura de Franco.
Fases de la República
- Bienio Reformista o Social-Azañista (1931-1933)
- Bienio Radical-Cedista o Bienio de Derechas (1933-1936)
- Frente Popular (1936)
Bienio Reformista (1931-1933)
La pequeña burguesía, sin experiencia política, asumió el poder representando a las nuevas fuerzas democráticas unidas en oposición a la monarquía. Entre sus primeras medidas estuvo la redacción de una nueva constitución para desarrollar el nuevo régimen político. Las izquierdas, ahora en el poder, debían solucionar los problemas de España. Sus medidas generaron oposición, tanto de quienes las consideraban demasiado rápidas como de quienes las veían demasiado lentas. El presidente de la República fue Alcalá Zamora, y el jefe de gobierno, Manuel Azaña.
Principales Problemas y Reformas
- Problema religioso: La Iglesia se percibía como un freno para la modernización del país. Se promulgó la extinción en dos años del presupuesto del clero y el culto, y el sometimiento de las órdenes religiosas a una ley especial. Esto generó la oposición del cardenal Segura. Se aprobaron leyes y decretos complementarios como la disolución de la Compañía de Jesús y la confiscación de sus bienes, la secularización de cementerios, el matrimonio civil y el divorcio, y la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas, cerrando sus centros educativos. La relación entre la Iglesia y la República se deterioró, culminando con la expulsión del cardenal Segura (antirrepublicano). La Iglesia mantuvo su influencia y participó en la política a través de Acción Popular. La movilización de los católicos y de la Iglesia contribuyó a la recuperación política de las derechas. El anticlericalismo se manifestó en las calles con la quema de iglesias y conventos por grupos incontrolados. La tardía reacción del gobierno provocó el alejamiento de muchos católicos de la República.
- Problema militar: Existía un desprecio hacia el poder civil por parte de los militares, a quienes Primo de Rivera había otorgado mayor poder. Había descontento por el sueldo y el sistema de ascensos, y no entendían a los obreros. Azaña intentó modernizar el ejército, encontrando la oposición de un sector dirigido por Sanjurjo. La Ley Azaña buscaba crear un ejército profesional, eliminar el fuero especial de los militares y asegurar su obediencia al poder civil y a la República. Se estableció la “ley de retiro de la oficialidad”, que permitía el retiro con sueldo íntegro a los generales y oficiales que no juraran fidelidad a la República. Sin embargo, pocos oficiales monárquicos se acogieron a esta ley. Se creó la Guardia de Asalto, una policía urbana de ideología republicana.
- Problema agrario: Largo Caballero, a la espera de la reforma agraria, obligó a los propietarios agrícolas a dar trabajo prioritario a los jornaleros locales. Los propietarios reaccionaron creando la Asociación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas. La reforma agraria se plasmó en varios proyectos que llegaron a las Cortes en 1932. Las medidas de 1931 buscaban evitar la insurrección en el campo e incluían la congelación de arrendamientos y la jornada laboral de 8 horas. La Ley de Reforma Agraria establecía la expropiación con indemnización de las grandes fincas no cultivadas por sus dueños, las incultas y las de regadío no regadas. Se contemplaba la expropiación sin indemnización a los nobles y a quienes participaron en el levantamiento de Sanjurjo. La aplicación de la ley se encomendó al Instituto de la Reforma Agraria (IRA), del que dependían las juntas provinciales y las comunidades de campesinos, que decidían el régimen de explotación (colectivo o individual). La lentitud de la reforma decepcionó a los campesinos, que retiraron su apoyo al gobierno, aumentando la conflictividad. Esto influyó en el fin de la coalición de izquierdas. La CNT y los terratenientes se opusieron a la reforma.
- Problema laboral-social: Se produjeron huelgas, como la de la Telefónica convocada por la CNT, que desafiaron a la República. La CNT se radicalizó, con predominio de la FAI, que abogaba por la revolución inmediata. El paro obrero era elevado debido a la crisis de 1929. Largo Caballero, como ministro de Trabajo, implementó medidas como la jornada máxima de contratación laboral, jurados mixtos, la ley de accidentes en la agricultura y la regulación del derecho a la huelga. Intentó generalizar los seguros sociales, pero la falta de presupuesto lo impidió. La UGT se dividió en dos tendencias: la de Prieto, que buscaba un desarrollo pausado, y la de Largo Caballero, que quería reformas más rápidas por temor al avance de la CNT. Los anarquistas también se dividieron entre los anarcocomunistas, que rechazaban cualquier programa, y la tendencia sindicalista, dispuesta a esperar (Pestaña y Peiró). Los anarquistas ejercieron una oposición violenta contra la República.
- Problema regional: En Barcelona, Maciá (Esquerra Republicana de Cataluña) proclamó la República horas antes que en Madrid. El gobierno de Madrid envió a dos ministros catalanes, Nicolau d’Olwer y Marcelino Domingo, para negociar el cambio del nombre de Estado catalán por el de Generalitat. Las Cortes aprobaron el Estatuto de Autonomía catalán, que convertía a Cataluña en una región autónoma dentro del Estado español, dirigida por un presidente, un parlamento y un consejo ejecutivo. La Generalitat tenía facultades legislativas y ejecutivas en Hacienda, Economía, Educación y Cultura, Transportes y Comunicaciones. Compartía con el gobierno central la administración de impuestos y el orden público. El gobierno de Madrid se reservaba el ejército y los Asuntos Exteriores. El castellano y el catalán fueron declarados cooficiales. El primer presidente, Maciá, formó gobierno con Esquerra Republicana, con la colaboración de los socialistas. Tras su muerte, le sucedió Companys. En el País Vasco y Navarra, el proceso autonómico se retrasó por la falta de acuerdo entre las fuerzas políticas vascas. El carácter confesional del PNV dificultó las negociaciones. Otras regiones iniciaron trámites autonómicos, pero no se concretaron debido al estallido de la guerra.
Conclusión
Las reformas del Bienio Reformista se implementaron en un ambiente poco propicio, lo que dificultó la consolidación de la República. La oposición al gobierno comenzó a organizarse. La derecha y los monárquicos conspiraron con el ejército, culminando en el fallido alzamiento de Sanjurjo en 1932. En 1933, se creó la UME (Unión Militar Española), una organización clandestina de militares derechistas y antirreformistas. La derecha se reorganizó rápidamente con la fundación de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), que aglutinaba a diversos grupos como la derecha civilizada, los alfonsinos, los carlistas y grupos fascistas. Los radicales de Lerroux colaboraron con ellos. Por otro lado, la extrema izquierda, con anarquistas, ugetistas y comunistas unidos en ocasiones, protestó contra la lentitud de la reforma agraria, destacando la insurrección de Casas Viejas (Cádiz), que desacreditó al gobierno.
En noviembre de 1933 se convocaron elecciones, que resultaron en un éxito para la CEDA y las derechas, y un fracaso para la izquierda. Comenzó así la segunda fase de la II República, conocida como Bienio Radical-Cedista o Bienio de Derechas.