La Evolución Política del Sexenio Democrático (1868-1874)

El Sexenio Democrático (1868-1874) comenzó con la Revolución de Septiembre de 1868, también conocida como la Gloriosa Revolución, iniciada en Cádiz el 19 de septiembre. Este periodo se caracterizó por una gran inestabilidad política, con varios regímenes y un esfuerzo por establecer un nuevo orden político y social. La pequeña burguesía urbana y el emergente movimiento obrero jugaron un papel clave en este proceso.

La Revolución de Septiembre de 1868 y el Gobierno Provisional

Revolución de 1868

En la década de 1860, España vivió una crisis económica que derivó en una fuerte violencia social y descontento generalizado. Las protestas fueron duramente reprimidas por el gobierno de los moderados, lo que aumentó el rechazo hacia la monarquía. El Partido Progresista, dirigido por Prim, y el Partido Demócrata firmaron en 1866 el Pacto de Ostende, con el objetivo de destronar a los Borbones y convocar Cortes Constituyentes mediante sufragio universal.

La revolución comenzó el 17 de septiembre de 1868 con el pronunciamiento del brigadier Topete en Cádiz. Otros militares, como Prim y Serrano, se unieron al levantamiento, que se extendió por todo el país. Se formaron Juntas Revolucionarias que exigían reformas como la separación Iglesia-Estado, el sufragio universal y la abolición de las quintas. La revolución triunfó rápidamente con apoyo popular y casi sin violencia. Isabel II, sin apoyos, huyó a Francia el 29 de septiembre de 1868, donde fue acogida por Napoleón III.

Gobierno Provisional

Tras la huida de Isabel II, se creó un Gobierno Provisional dirigido por el general Serrano, compuesto por progresistas y unionistas como Prim, Sagasta y Topete. Este gobierno implementó medidas para modernizar España, como la instauración de libertades básicas (asociación, expresión, enseñanza, libertad de cultos) y la restauración de los docentes expulsados por sus ideas contrarias a la reina. También adoptó reformas económicas librecambistas, como la eliminación del impuesto de consumos y la reforma de los aranceles aduaneros.

El Gobierno Provisional convocó elecciones constituyentes mediante sufragio universal masculino, resultando en una amplia mayoría progresista (159 diputados), frente a los demócratas (20) y unionistas (69). Tras las elecciones, comenzaron las reuniones para elaborar la nueva Constitución en enero de 1869. Aunque se intentó incluir todas las tendencias políticas de la Gloriosa Revolución, predominó la mayoría liberal progresista, lo que generó quejas de los grupos radicales. También surgieron diferencias sobre la forma de gobierno, entre los que favorecían la monarquía y los que preferían la república.

La Constitución de 1869, la primera democrática de España, fue aprobada el 1 de junio. Sus principales novedades incluyeron un catálogo de derechos y libertades del ciudadano (como derecho de reunión, libertad de prensa, enseñanza y culto), la proclamación de la soberanía nacional y la división de poderes:

• Legislativo: Cortes bicamerales (Congreso y Senado) elegidas por sufragio universal masculino.
• Ejecutivo: El monarca ostentaba el poder, pero lo ejercía el gobierno, que podía convocar y disolver las Cortes y nombrar ministros.
• Judicial: Tribunales de justicia con jurado.

Se adoptó la monarquía democrática, con el lema «el rey reina pero no gobierna», limitando el poder del monarca, quien lo ejercía a través de ministros. Aunque España era una monarquía, no tenía rey en ese momento.

La Sociedad Española del Estamentalismo a la Sociedad de Clases (S. XIX)

El proceso de reforma agraria y la industrialización transformaron las relaciones sociales en España, llevando a la desaparición de los estamentos y al surgimiento de una sociedad de clases basada en el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley y la fiscalidad. Esta nueva sociedad permitió una mayor movilidad social, ya sea por éxito en los negocios, la carrera administrativa o, especialmente, la carrera militar.

A lo largo del siglo XIX, la población española creció significativamente, pasando de 10 a casi 19 millones de habitantes, aunque a un ritmo inferior al de otros países europeos debido a la alta mortalidad por crisis de subsistencias, epidemias y enfermedades endémicas, a pesar de una alta tasa de natalidad. La esperanza de vida era inferior a los 35 años. El proceso de urbanización fue lento, debido al predominio de la agricultura y a la escasa industrialización.

A mediados del siglo XIX, España ya era una sociedad de clases modernas, tras las leyes de la década de 1830 que eliminaron los privilegios del Antiguo Régimen. Sin embargo, la nobleza conservó ciertos privilegios formales y una notable influencia social. La revolución liberal instauró un sistema político basado en la igualdad ante la ley. La sociedad isabelina se puede dividir en tres grandes grupos:

A) La vieja nobleza, aunque perdió sus privilegios estamentales, conservó su riqueza gracias a la desvinculación de la tierra y la desamortización, lo que le permitió ampliar sus propiedades. Mantuvo poder en la Corte, el Ejército y la política, y comenzó a invertir en sectores como la Deuda, la Bolsa, la Banca y el Ferrocarril, aliándose con la burguesía.

La clase dirigente incluía a los altos mandos del Ejército, la jerarquía eclesiástica y funcionarios de alto rango, muchos de los cuales pertenecían a la nobleza terrateniente o a familias con altos impuestos y tendencias conservadoras.

La alta burguesía se dividió en varios grupos: la burguesía terrateniente y rentista, que se benefició de la desamortización; los comerciantes, que operaban principalmente en ciudades costeras; la burguesía financiera, que jugó un papel clave en la creación del ferrocarril; la burguesía profesional, formada por abogados, médicos y funcionarios; y los grandes industriales, que eran un grupo reducido pero influyente, especialmente en Barcelona y Bilbao.

Las clases bajas constituían la mayoría de la población y estaban formadas por varios sectores desfavorecidos. Dos grandes grupos destacan: los campesinos pobres y jornaleros sin tierra, y el nuevo proletariado industrial.

• El campesinado, alrededor del 70% de la población, vivió una caída en su nivel de vida debido a la desamortización, malas cosechas y la expulsión de colonos de las tierras desamortizadas. Vivían en condiciones precarias, con salarios bajos, hambre y paro estacional. Su vida estaba marcada por una mentalidad conservadora y religiosa.

• El proletariado industrial creció a partir de 1840, especialmente en Cataluña y Vizcaya, debido al desarrollo de la industrialización. Las condiciones laborales eran miserables: largas jornadas, salarios bajos para mujeres y niños, falta de seguridad e higiene en los centros de trabajo y viviendas insalubres. A partir de la última parte del siglo XIX, el Gobierno y la Iglesia empezaron a atender la «cuestión social».

Esta situación llevó a la creación de sindicatos y a la expansión de ideologías obreras como el anarquismo y el marxismo. En 1864, se fundó la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), que dividió a los obreros en dos corrientes: la marxista y la anarquista. En España, las primeras organizaciones obreras vinculadas a la AIT surgieron durante el Sexenio Democrático. Tras la ruptura entre las dos corrientes, la Federación Regional Española adoptó el anarquismo, y en la década de 1890 se produjo una serie de atentados y represalias.

Durante la Restauración, los partidos y sindicatos obreros crecieron, con la creación del PSOE en 1879 y la UGT en 1888, lo que reflejó el creciente peso social de la clase trabajadora.

Las Regencias y el Problema Carlista (1833-1843)

El Problema Carlista

El periodo comenzó con una guerra civil (1833-1840) debido al conflicto dinástico sobre la sucesión al trono tras la muerte de Fernando VII. Los carlistas apoyaban a Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, mientras que los liberales respaldaban a Isabel, hija del rey. Tras la muerte de Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, Carlos María Isidro reclamó el trono desde Portugal, lo que provocó que algunas ciudades españolas se unieran a su causa, mientras que otras apoyaron a la reina regente y a Isabel. La guerra fue más que un conflicto por la sucesión, ya que involucró profundas divisiones políticas y sociales.

Análisis de los Dos Bandos Enfrentados

El bando carlista estaba formado por los absolutistas más intransigentes, defensores del Antiguo Régimen, el clero conservador, la pequeña nobleza, la clase campesina de las provincias vascas, Navarra, Valencia, Aragón y Cataluña, así como trabajadores artesanos. Idealizaban el medio rural y se oponían a las reformas liberales, defendiendo la religión, la propiedad tradicional y los fueros. Las zonas con mayor apoyo carlista fueron Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y el Maestrazgo. Aunque no contaron con apoyo de otros países, sí recibieron simpatías de los imperios absolutistas europeos.

El bando isabelino, apoyado por la reina regente María Cristina, buscaba apoyo tanto en absolutistas moderados como liberales para implementar reformas constitucionales y económicas. Contaron con el respaldo de la nobleza, el alto clero, los generales, la alta burguesía, las clases medias urbanas, los obreros industriales y parte del campesinado del sur. Además, recibieron apoyo de países como Portugal, Inglaterra y Francia, que enviaron tropas a la causa isabelina.

La Primera Guerra Carlista (1833-1840) tuvo dos fases principales:

Primera etapa (1833-1835): La guerra se estabilizó en el norte con victorias carlistas. Carlos María Isidro se estableció en Navarra, creando una monarquía alternativa sin deseos de separarse de España. Tomás Zumalacárregui, líder de las tropas carlistas del norte, logró conquistar varias ciudades, pero murió en 1835, debilitando el bando carlista. En el Levante, el General Cabrera tuvo éxitos más limitados.

Segunda etapa (1836-1840): La guerra se inclinó hacia el bando liberal tras la victoria de Espartero en Luchana (1836), que permitió el control de Bilbao. Los carlistas intentaron expandirse hacia otras ciudades, pero no lograron consolidar su dominio y se replegaron al norte.

Final de la guerra: La debilidad del carlismo provocó la firma del Convenio de Vergara (1839) entre los carlistas moderados, liderados por el general Maroto, y los liberales, que permitió la integración del carlismo en el ejército real a cambio de mantener los fueros en las provincias vascas y Navarra. Los carlistas más intransigentes continuaron resistiendo en el Maestrazgo hasta su derrota en Morella (1840), poniendo fin a la guerra.

Tras la muerte de Fernando VII en 1833, su hija Isabel II asumió el trono, pero debido a su minoría de edad, el poder recayó en regentes, primero su madre María Cristina (1833-1840) y luego el general Espartero (1840-1843). Durante la Regencia de María Cristina surgieron los dos principales partidos políticos: Moderados y Progresistas.

• Partido Moderado: Estaba formado principalmente por la alta nobleza y la alta burguesía. Defendían un Estado centralizado, con un monarca fuerte y un sufragio censitario que excluía a las clases bajas. Buscaban mantener el orden y la estabilidad, favoreciendo a las clases altas. Su visión era una monarquía moderada, en la que el rey tenía amplios poderes, y una división de poderes relativa. Defendían una Iglesia Católica oficial y políticas económicas proteccionistas.

• Partido Progresista: Su base social era la pequeña burguesía, funcionarios y profesionales. Buscaban avances políticos y económicos que beneficiaran a las clases medias. Defendían la Soberanía Nacional, el sufragio censitario menos restrictivo y la monarquía parlamentaria, en la que el rey tenía poderes limitados. Promovían un Estado aconfesional, respetando la libertad religiosa, y apoyaban políticas librecambistas.

Ambos partidos se oponían a la participación de las clases bajas en la vida política y mantenían diferentes enfoques sobre el poder del monarca y la relación con la Iglesia.

A lo largo del reinado de Isabel II, otros partidos como la Unión Liberal, el Partido Demócrata y el Partido Republicano emergieron, especialmente durante el periodo de inestabilidad política que culminó en la Revolución Gloriosa de 1868.

La Regencia de María Cristina de Borbón (1833-1840)

Los Primeros Gobiernos de Transición

Tras la muerte de Fernando VII, Cea Bermúdez asumió el gobierno con la intención de mantener la política anterior, mientras realizaba algunas reformas administrativas, como la división de España en 49 provincias. Sin embargo, las tensiones carlistas y la creciente demanda de reformas liberales llevaron a la regente María Cristina a formar un nuevo gobierno bajo Francisco Martínez de la Rosa en 1834. Este gobierno promulgó el Estatuto Real, que no era una constitución, sino una concesión de la Corona que otorgaba un sistema bicameral con muy limitados poderes a las Cortes y mantenía grandes prerrogativas para el monarca, incluyendo el derecho de veto.

El Camino Hacia el Liberalismo

Las reformas del gobierno de Martínez de la Rosa fueron insuficientes, y en 1835 las revueltas progresistas y otros problemas (como la guerra carlista y una epidemia de cólera) forzaron la salida del gobierno moderado. En su lugar, el liberal progresista Mendizábal asumió el gobierno y llevó a cabo reformas significativas, incluida la desamortización de los bienes eclesiásticos para financiar la lucha contra los carlistas. Esta medida generó la oposición del clero y de los sectores conservadores, lo que derivó en nuevas revueltas. En 1836, el Motín de La Granja obligó a María Cristina a restaurar la Constitución de 1812 y permitió el retorno de los progresistas al poder, con José María Calatrava al frente del gobierno.

La Constitución de 1837

La Constitución de 1837, resultado de un consenso entre moderados y progresistas, estableció un sistema parlamentario y de soberanía nacional, con una declaración de derechos y la división de poderes. A pesar de sus avances liberales, también otorgaba amplios poderes al monarca, como el derecho de veto y la disolución del Parlamento. Además, mantenía el sufragio censitario y un sistema bicameral con un Senado nombrado por el rey y un Congreso elegido por los ciudadanos con derecho a voto.

El Trienio Moderado (1837-1840)

Tras la aprobación de la Constitución, las elecciones de 1837 favorecieron a los moderados, que comenzaron a revertir algunas de las reformas progresistas. Evaristo Pérez de Castro, presidente del gobierno, implementó políticas más restrictivas, incluyendo una ley electoral más exclusiva y limitaciones a la libertad de prensa. En este contexto, se destacó la rivalidad entre los militares Ramón María Narváez (moderado) y Joaquín Baldomero Espartero (progresista), quien ganó protagonismo tras la victoria en la Primera Guerra Carlista y la firma del Convenio de Vergara en 1839.

En 1840, el enfrentamiento entre los moderados y los progresistas estalló cuando Espartero se opuso a una reforma que limitaba la autonomía de los ayuntamientos. Esto desató una insurrección y obligó a María Cristina a renunciar a la regencia y exiliarse.

La Regencia de Espartero (1840-1843)

Tras la renuncia de María Cristina, el general Espartero asumió la regencia (1840-1843), inicialmente con el apoyo de los progresistas. Sin embargo, su gobierno se tornó autoritario, y las represiones en Barcelona y otras ciudades por medidas como el arancel para los productos extranjeros, junto con su creciente aislamiento, causaron su pérdida de popularidad. En 1843, un levantamiento liderado por el moderado Ramón María Narváez forzó a Espartero a exiliarse. Ante el caos político, se adelantó la mayoría de edad de Isabel II, quien fue coronada, marcando el fin de la regencia y el inicio de una nueva etapa en el reinado de Isabel II.

La Década Moderada (1843-1854)

Tras la salida de Espartero de la regencia en 1843, gracias a las conspiraciones de los moderados encabezadas por los generales Narváez y O’Donnell, Isabel II fue proclamada reina a los 13 años, el 10 de noviembre de 1843. Esto marcó el inicio de un periodo de gobiernos moderados que perduró hasta 1854.

El nuevo gobierno, presidido por Narváez, se basó en el predominio de la burguesía terrateniente y adoptó un liberalismo moderado. Este modelo político buscaba conciliar los intereses de la alta burguesía con la nobleza y el clero, conformando una oligarquía española. En este contexto, se limitaban las libertades propuestas por los progresistas y se fortalecía el poder de la Corona. Las reformas fueron centralistas, y se creó la Guardia Civil en 1844 para mantener el orden, especialmente en el medio rural.

El liberalismo moderado favorecía un centralismo estatal y defendía la autoridad frente a los movimientos revolucionarios. A diferencia del principio de soberanía nacional defendido por los progresistas, los moderados sostenían la soberanía compartida entre las Cortes y la Corona. También implementaron un sufragio censitario muy restringido, donde solo unos 100,000 españoles podían votar, y las condiciones económicas para ser elegido eran estrictas.

En lo religioso, los moderados buscaban un entendimiento con la Iglesia Católica tras las tensiones derivadas de la desamortización eclesiástica y las políticas de los progresistas.

La Constitución de 1845

La Constitución de 1845 fue sancionada por la Corona el 23 de mayo, y aunque se presentó como una reforma de la de 1837, en realidad fue un texto completamente nuevo con un enfoque moderado. En su preámbulo se afirmaba que la soberanía no residía en el pueblo, sino que era compartida entre el rey y las Cortes, lo que aumentaba los poderes del rey y reducía la autonomía de las Cortes. Esto implicó un retroceso respecto a los avances liberales previos.

Características clave de la Constitución de 1845:

• Confesionalidad del Estado: La religión católica fue declarada como la religión oficial de España.
• Recorte de derechos: Se recortaron los derechos individuales, sobre todo la libertad de expresión y de prensa.
• Soberanía compartida: La soberanía ya no residía solo en las Cortes, sino que se compartía entre la Corona y las Cortes.

La Constitución de 1845 no fue bien recibida: los progresistas se opusieron, pero incluso dentro de los moderados, algunos consideraron que era insuficiente, pidiendo aún más poder para la Corona.

Reformas Realizadas Durante la Década Moderada

Reformas Administrativas

Se promulgó la Ley de Ayuntamientos, que incrementaba el poder de la Corona y centralizaba la administración. La Reina pasaba a nombrar a los alcaldes de las principales ciudades, mientras que los gobernadores provinciales designaban a los de otras ciudades.

Reformas Militares

En 1844 se creó la Guardia Civil, un cuerpo militar destinado a mantener el orden en el medio rural, mientras que en las ciudades el ejército seguía siendo el encargado del orden.

Reformas Económicas

• Reforma fiscal: El sistema de impuestos heredado del Antiguo Régimen fue reemplazado por un sistema basado en impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos, aunque más justos, resultaban ineficaces debido a la corrupción, mientras que los impuestos indirectos, como los consumos (impuestos sobre productos básicos), fueron muy impopulares.
• Despegue del ferrocarril: El Estado invirtió en la construcción de vías férreas, pero debido a la corrupción, los avances fueron limitados y apenas se construyeron nuevas líneas.

Reformas Religiosas

Los moderados trabajaron para restablecer las buenas relaciones con la Iglesia Católica, que se había distanciado debido a la desamortización de Mendizábal. En 1851, se firmó un Concordato con la Santa Sede, que reconocía a Isabel II como reina, y a cambio, el Estado se comprometía a mantener a la Iglesia y a devolver ciertos bienes.

Reformas Jurídicas

La centralización jurídica se reflejó en la creación de un nuevo Código Penal, que abolía los fueros particulares y buscaba unificar el sistema legal en todo el país.

Oposición al Régimen Moderado y Caída

A lo largo de la Década Moderada, las reformas y cambios fueron acompañados de varias crisis económicas, lo que afectó principalmente a las clases más modestas. Además, surgió un nuevo conflicto con la segunda guerra carlista (1846-1849), conocida como la «Guerra dels matiners». El conflicto fue menos violento que el primero, pero causó tensión en diversas regiones, especialmente en Cataluña.

Aunque la segunda guerra carlista fue un fracaso para los carlistas, la situación del régimen moderado seguía siendo inestable. El gobierno de Juan Bravo Murillo adoptó políticas represivas que eliminaban en la práctica la vida parlamentaria, lo que provocó la frustración tanto de la oposición como de sectores moderados como Narváez y O’Donnell.

Esta creciente insatisfacción culminó en la revolución de 1854, en la que se derrocó al gobierno moderado, lo que dio paso al Bienio Progresista. En este nuevo periodo, O’Donnell y Espartero tomaron las riendas del gobierno en un proceso de concentración política.