Sexenio Revolucionario (1868-1874)
En el último periodo del reinado de Isabel II (1863-1874) se produjeron una serie de crisis económicas y políticas que originaron el desgaste del régimen liberal, produciéndose en 1868 una revolución. En 1866 se inició una importante crisis económica a nivel financiero e industrial, además de una crisis de subsistencia. Se produjo un deterioro del gobierno moderado a causa del autoritarismo practicado. De este modo se inicia en 1868 una revolución, conocida como «La Gloriosa». Topete protagonizó la revolución junto a Prim y Serrano. En muchas partes del país se formaron juntas revolucionarias y de este modo el ejército leal a la reina fue derrotado e Isabel II se exilió a Francia.
El nuevo gobierno provisional convocó elecciones a cortes. Los comicios dieron lugar a la victoria de la coalición de progresistas, unionistas y parte democrática que rápidamente elaboró una Constitución (1869), la primera democrática de la historia de España. La constitución estableció un amplio régimen de derechos y libertades, libertad de culto, libertad de enseñanza, la soberanía nacional y cortes bicamerales. En las cortes también aparecían minorías republicanas y carlistas. Se nombró a Prim jefe de gobierno mientras se buscaba un rey para España. Finalmente consiguió imponerse la candidatura de Amadeo de Saboya. De esta forma las cortes se disuelven para iniciar una etapa de monarquía democrática. Pero la nueva dinastía contó con escasos apoyos y los dos años del reinado de Saboya se vieron marcados por constantes dificultades. Amadeo enfrentó la oposición de los moderados y los carlistas, que volvieron a reorganizarse como fuerza política. Además, la insurrección de Cuba empeoró la situación. El final del reinado de Amadeo de Saboya fue resultado de la desintegración de la coalición gubernamental. En febrero de 1873 Amadeo de Saboya abandonó el trono español.
Ante la renuncia de Amadeo de Saboya se proclamó la Primera República. Para presidir el gobierno fue elegido Estanislao Figueras. Se convocaron elecciones a cortes otra vez y fue puesto como presidente Pi y Margall. Su pretensión era la elaboración de una constitución federal y grandes reformas. Sin embargo, los pocos meses que duró la experiencia republicana no permitieron el desarrollo de esa legislación reformista. El aspecto más novedoso del nuevo gobierno era la estructura del Estado, pues la nación española estaba compuesta por 17 estados, entre ellos Cuba. El conflicto carlista y cubano dio lugar a la división entre las propias repúblicas. La sublevación cantonal fue el conflicto más grave que se produjo en el breve período republicano. El cantonalismo era un fenómeno en el que se mezclaban las aspiraciones de las repúblicas federales intransigentes, con las nuevas ideas internacionalistas que defendían la revolución social.
De este modo se produjo una sublevación popular que exigía la liberación de los cantones, que comenzó en Cartagena y se fue expandiendo. Pi y Margall se opuso a sofocar la revuelta por las armas y dimitió, siendo sustituido por Salmerón que inició una dura represión contra los cantones. Salmerón dimite y Emilio Castelar es elegido presidente que desplaza la República hacia la derecha. Finalmente el General Pavía da un golpe de Estado con las fuerzas de la guardia civil. El poder pasó en los meses siguientes a una coalición de progresistas encabezados por Serrano. Finalmente en diciembre de 1874 un pronunciamiento protagonizado por Martínez Campos proclamó rey de España a Alfonso XII.
Al-Ándalus (Siglos VIII-XV)
El islam es una religión monoteísta que apareció en Arabia en el siglo VII y consiguió rápidamente un gran número de fieles. En su expansión, los musulmanes iniciaron en el año 711 la invasión de la península ibérica, puerta de entrada a Europa.
A principios del siglo VIII, un ejército de bereberes procedentes del norte de África inició la conquista de la península ibérica. La debilidad de los visigodos les permitió apoderarse del territorio peninsular, donde crearon un estado que recibió el nombre de Al-Ándalus (711-1492).
Las fases de la conquista:
- Primera fase (711-716): Se inició después de la derrota del rey Don Rodrigo en la batalla de Guadalete (711) ante un ejército de bereberes dirigidos por Tariq. Se formó un poderoso ejército que bajo las órdenes de Muza y Tariq, recorrió la península sin apenas combatir y negoció la rendición de la aristocracia. De este modo, hacia el año 716 la mayor parte de la península estaba en sus manos.
- Segunda fase (716-732): Fue más difícil y comportó la conquista de los territorios próximos a los Pirineos y de la Septimania. Los musulmanes fueron derrotados por el reino franco en Poitiers (732) en su intento de expansión más allá de los Pirineos. Para proteger su reino, los francos crearon en los valles pirenaicos unos condados (marcas hispánicas) para controlar la expansión. Los invasores fracasaron en la repoblación del norte de la meseta y de este modo el valle del Duero se convirtió en una «tierra madre» que hacía frontera entre Al-Ándalus y los reinos cristianos del norte peninsular.
Emirato dependiente:
El estado creado por los musulmanes, Al-Ándalus, pasó a ser un emirato dependiente, es decir, una provincia gobernada por un emir del califato Omeya de Damasco. Entre el año 714-749 se vieron los emires en medio de un clima de luchas incesantes. El origen de los conflictos provenía tanto del interés de los distintos grupos por controlar el gobierno como de las discriminaciones de los árabes a los bereberes.
El emirato independiente (756-929)
En el año 750 se produce un golpe de estado protagonizado por los Abasíes en Damasco, quienes destronaron a los Omeyas, la dinastía reinante. La mayor parte de la familia Omeya fue asesinada. Abd al-Rahman I, uno de los supervivientes, se refugió en Al-Ándalus donde se autoproclamó emir independiente. Su reinado (756-788) se caracterizó por la lucha constante para afianzar su poder. También creó un ejército mercenario. A partir de Abd al-Rahman II (822-852) Al-Ándalus adquirió una organización estatal completa. Pero esta organización se vio en peligro porque las marcas pretendían independizarse. Las revueltas en algunas ciudades en tiempos de Al-Ahkam I (796-822) ya habían evidenciado las dificultades de mantener el poder central. Asimismo, se produjeron enfrentamientos entre la población muladí y la población mozárabe.
Todos estos conflictos propiciaron la debilidad política del emir y hacia el año 900 su poder se circunscribía prácticamente a Córdoba.
Califato de Córdoba (929-1031)
El advenimiento al poder del emir Abd al-Rahman III provocó un cambio de rumbo en la política. En 20 años logró someter todo el territorio andalusí y frenó el avance cristiano. Se proclamó califa, que asumía además del poder político, jurídico, militar y también el religioso. El califa controló más el poder mediante una fuerte red de impuestos, también creó tropas mercenarias y una aristocracia palatina (por elecciones). Además, estableció relaciones diplomáticas con Constantinopla. Su hijo y sucesor Al-Hakam II heredó un esplendor cultural y crítico en Al-Ándalus.
En la última etapa del Califato de Córdoba, Al-Mansur consiguió monopolizar el poder durante el califato de Hisham II, trasladando la administración del Estado a su palacio de Medina Azahara. Al-Mansur estableció una dictadura militar donde llevó a cabo más de razias (acciones contra los cristianos) y además buscó castigo a los infieles. La destrucción de Barcelona y de Santiago fueron sus campañas más devastadoras.
La Romanización
El desarrollo de la economía:
Roma impuso en Hispania sus estructuras económicas: la formación de latifundios agrícolas, la propiedad privada de la tierra, la utilización de mano de obra esclava, la ciudad como centro de producción y de intercambio de mercancías y el uso de la moneda. La economía fue creciendo de forma considerable. Las tierras conquistadas, en general, pertenecían al pueblo romano. Parte de las tierras era devuelta a sus antiguos propietarios o solían ser repartidas, el resto quedaba en manos del Estado que los alquilaba. Con el tiempo, muchas tierras arrendadas pasaron a ser propiedad privada. De este modo, la clase senatorial se hizo con enormes extensiones de tierra, trabajadas por esclavos.
La actividad agrícola y ganadera fue la base económica. Los cultivos esenciales fueron, en secano, los cereales, la vid y el olivo; y en regadío, los frutales y hortalizas. Los romanos introdujeron nuevas técnicas como el barbecho, el regadío y la utilización de animales de tiro. Las actividades pesqueras resultaron frecuentes en todo el litoral y también supusieron el desarrollo de sectores complementarios como la producción de sal y salazón de pescado. La actividad minera también fue importante, mejorando técnicas de extracción y aumentando la producción. Obtenían plata, cobre y oro de diferentes minas. El estado monopolizó la explotación minera. El trabajo en las minas era realizado por esclavos. La artesanía también conoció un gran impulso y parte de la producción se exportaba a Roma.
La sociedad hispanorromana:
La sociedad estaba dividida en los libres y los no libres. En cuanto a los no libres existían dos niveles: los libertos (esclavos que ya habían sido liberados pero que aún dependían de sus antiguos dueños) y los esclavos (considerados propiedad de sus amos). Estas últimas eran la base de la economía. En cuanto a los hombres libres, existían diferentes niveles según su riqueza y su origen familiar, por orden estaban: la vieja aristocracia romana y los ricos propietarios, por debajo una aristocracia y finalmente la plebe.
La romanización:
El proceso por el cual los pueblos prerromanos fueron asimilando la lengua, cultura, religión y tradiciones de los romanos se conoció como romanización. La lengua latina se extendió por todo el imperio. También se extendió el uso del Derecho romano. Por otro lado, la integración de Hispania a la cultura romana se muestra en el hecho de que nuestro territorio fue cuna de intelectuales como Séneca y emperadores como Teodosio. El culto a los dioses romanos fue practicado por todo el imperio, pero a partir del siglo III, el cristianismo se difundió por Hispania y sus seguidores fueron perseguidos hasta la proclamación del edicto de Milán (313) que declaró la libertad religiosa. Con la conversión del cristianismo en religión oficial, surgieron diversos movimientos heréticos (priscilianismo). El patrimonio artístico fue otro de los legados de Roma, que dejó constancia del urbanismo que los romanos aplicaron en las ciudades.
La crisis del Imperio:
A partir del siglo III, el imperio romano tuvo que enfrentarse a una serie de dificultades que generaron una crisis generalizada del sistema imperial, que desapareció tras las invasiones bárbaras (siglo V). Se produjo una disminución considerable de los ingresos fiscales del Estado y un encarecimiento de la mano de obra esclava. Como consecuencia, se produjo la disminución de la producción agrícola y en el campo, los esclavos empezaron a ser sustituidos por colonos, muchos de los cuales entregaban su tierra a un propietario más poderoso para luego seguir cultivándola a cambio de una parte de la cosecha. De este modo se había dado el primer paso hacia la servidumbre. La producción artesana experimentó un importante descenso y el imperio se ruralizó. El sistema económico entró en crisis y se mostró un recurso para gobernar un territorio tan extenso. Paralelamente, las fronteras comenzaron a verse presionadas por los pueblos bárbaros que habitaban al otro lado del limes por lo que los emperadores comenzaron a gobernar de forma dictatorial. Hubo saqueos y revueltas campesinas que hundieron la economía y la vida urbana. Muchas ciudades quedaron en ruinas y se despoblaron. A partir de ese momento Hispania no volvió a recuperarse y se volvió a un régimen de autosuficiencia, a la práctica del trueque y casi desapareció la economía monetaria. En el siglo V, el último emperador fue depuesto por los pueblos bárbaros que ocuparon Roma. El imperio romano y su estructura se hundió definitivamente (476).
La Romanización (Parte A)
La presencia de Roma en la Península Ibérica se prolongó desde finales del siglo III a.C. hasta principios del siglo V d.C. Durante ese tiempo la Península conoció un intenso proceso de romanización.
La conquista romana:
La sumisión a los romanos de los pueblos indígenas que habitaban en la Península Ibérica duró aproximadamente unos 200 años. Este proceso de conquista se realizó en etapas. La llegada de los romanos a la Península se produjo dentro del escenario general de la II Guerra Púnica, que enfrentaba a Roma y a Cartago.
Amílcar Barca, un general cartaginés, formó un poderoso ejército con el fin de vencer a los romanos. De este modo en 238 a.C. los cartagineses desembarcaron en Gadir (Cádiz) y en pocos años dominaron los pueblos del sur y sudeste peninsular donde fundaron Cartago Nova. En el 220 a.C. Aníbal fue elegido jefe del ejército púnico e ideó la conquista de Roma desde la Península Ibérica y en su avance atacó la ciudad de Sagunto, cuyos habitantes fueron casi exterminados.
- Primera etapa (218-197 a.C): La conquista romana de la Península se inició cuando los romanos, como represalia a lo sucedido en Sagunto y con el fin de impedir el paso de Aníbal a Italia, enviaron a la Península dos ejércitos que desembarcaron en Ampurias y lucharon 12 años contra los cartagineses. Hasta 206 a.C. lograron dominar la costa mediterránea y expulsar a los enemigos.
- Segunda etapa (197-133 a.C): Comportó la conquista de la Meseta que supuso una dura represión contra los lusitanos. Un caudillo lusitano, Viriato, se reveló contra el poder de Roma e inició una guerra de guerrillas. Viriato fue asesinado por sus propios oficiales, que habían pactado la rendición a cambio de tierras y privilegios. Para someter a Numancia, el ejército romano rodeó la ciudad con campamentos para cortar el contacto con el exterior. Tras resistir ocho meses, la ciudad se rindió. En esta etapa también se conquistaron las Islas Baleares.
- Última etapa: Tuvo lugar a finales del siglo I a.C., ya en época de Augusto, cuando se iniciaron las guerras cántabras, por los que fueron sometidos cántabros, astures y galaicos. Finalizada la conquista de toda la península, sus habitantes quedaron integrados durante cinco siglos en el poderoso Imperio Romano.
La organización administrativa y política:
El objetivo de los romanos era conseguir un gobierno eficaz y dar cohesión al territorio. De este modo durante la conquista, los romanos organizaron sus dominios en dos provincias: Hispania Citerior e Hispania Ulterior. En tiempos de Augusto, el número de provincias aumentó a tres: Tarraconensis, Baética y Lusitana. Después, Diocleciano estableció cinco provincias añadiendo la Carthaginesis y la Gallaecia y por último se creó la provincia Balearica. Estas provincias se dividían en senatoriales (controladas por el senado) y las imperiales (dependían del emperador).
Las ciudades hispanorromanas:
La ocupación romana comportó la creación de una extensa red de ciudades que ayudaron a unir el territorio y contribuyeron a romanizar a sus habitantes, pero se convirtieron en el centro administrativo, jurídico, político y económico. Las ciudades romanas surgieron de la revitalización de antiguos municipios o de nuevas colonias. De hecho, la mayoría de las ciudades romanas tienen su origen en los primitivos campamentos del ejército, que se convirtieron en establecimientos permanentes. Las ciudades romanas estaban unidas por una excelente red de calzadas que las comunicaba entre sí y con el resto del imperio, entre las más importantes cabe destacar la Vía Augusta, la Vía de la Plata y la Vía Transversal.
Las ciudades eran gobernadas por un Consejo elegido entre la oligarquía local. En un principio no todas las ciudades poseían el mismo derecho, a partir de finales del siglo I se concedió el derecho latino a todas las ciudades de Hispania y en el siglo III se les otorgó el derecho de la ciudadanía romana (todas las personas del Imperio gozaban de los mismos derechos de los romanos).
Cortes de Cádiz y Constitución de 1812
Carlos IV asciende al poder y se lo confía a Godoy, que inicia reformas que llevarán al descontento de la población. Godoy firma el Tratado de Fontainebleau que autorizaba al general napoleónico a pasar por España para invadir Portugal. Los franceses aprovecharon la oportunidad y se instalaron en España, lo que condujo a un levantamiento de la población (Motín de Aranjuez). En Bayona, Carlos IV y su hijo Fernando VII abdican en la persona de Napoleón que pone en el trono español a su hermano José I Bonaparte. Ante esto se produce el levantamiento del pueblo español que supuso el inicio de la Guerra de Independencia contra los franceses. Para coordinar la lucha y dirigir el país se creó una Junta Suprema Central.
La convocatoria de cortes:
La Junta Suprema Central se vio incapaz de dirigir la guerra y decidió disolverse en 1808, no sin antes iniciar un proceso de convocatoria de cortes. Mientras se reunían las cortes se mantenía una regencia de 5 miembros y se organizó una «consulta del país» a través de las juntas provinciales o de los ayuntamientos sobre las reformas a realizar por las Cortes. Se hizo muy difícil el proceso de elección de diputados a cortes y su reunión en Cádiz, debido a la guerra, por lo que la mayoría de las veces se optó por elegir sustitutos entre las personas presentes en Cádiz. Las cortes se abrieron en septiembre de 1810 y el sector liberal forzó la creación de una cámara única frente a la tradicional representación estamental. En su primera sesión aprobaron la soberanía nacional.
Constitución de 1812:
Las Cortes promulgaron la Constitución el 19 de marzo de 1812, el día de San José, por lo que se la conoció popularmente como «la Pepa». La constitución contiene la declaración de derechos del ciudadano: libertad de pensamiento y de opinión, la igualdad de todos ante la ley, la libertad civil, el derecho de propiedad y el reconocimiento de todos los derechos legítimos de los individuos que componen la nación española. La nación se definía como el conjunto de ciudadanos de ambos hemisferios: territorios peninsulares y colonias americanas.
La estructura del Estado se basaba en la división de poderes. El poder legislativo, las Cortes unicamerales, representaban la voluntad nacional y poseían amplios poderes como la elaboración de leyes, aprobación de los presupuestos… El mandato de los diputados duraba 2 años. El sufragio era universal masculino e indirecto. El poder ejecutivo lo tenía el monarca que poseía la dirección del gobierno e intervenía en la elaboración de las leyes poseyendo el derecho a veto. Las decisiones del monarca debían ser refrendadas por los ministros. El poder judicial estaba en manos de los tribunales que establecían los siguientes principios: códigos únicos en materia civil, criminal y comercial, por ejemplo.
Otros artículos de la constitución planteaban la reforma de los impuestos y la hacienda, la creación de un ejército nacional, servicio militar obligatorio, la enseñanza obligatoria… El territorio se dividía en provincias gobernadas por diputados provinciales y se creó la milicia nacional. El texto constitucional plasmaba la confesionalidad católica del Estado.
La acción legislativa de las Cortes:
Las Cortes de Cádiz aprobaron una serie de leyes y decretos con el fin de eliminar el Antiguo Régimen y ordenar el Estado como un régimen liberal. Se procedió a la supresión de los señoríos jurisdiccionales que pasaron a ser propiedad privada; lo que apuntaba a un tipo de reforma agraria. También se eliminaron los mayorazgos y la desamortización de las tierras comunales con el fin de amortizar la deuda. Se votó la abolición de la Inquisición con una fuerte oposición del clero y absolutistas. Se aprobó la libertad de trabajo, la anulación de los gremios y la unificación del mercado. Este primer liberalismo marcó las líneas básicas de la modernización de España. Los legisladores de Cádiz aprovecharon la situación revolucionaria creada por la guerra para elaborar un marco legislativo avanzado. Sin embargo, la obra de Cádiz no tuvo incidencia práctica debido a la situación de guerra, y al final de la guerra, el retorno de Fernando VII dio lugar a la vuelta del absolutismo (1814).