El Decreto de Nueva Planta, promulgado en 1707, se aplicó a los territorios de Aragón y Valencia. Felipe V consideró haber perdido estos reinos debido a la rebelión de sus habitantes, quienes faltaron a su juramento de fidelidad. En consecuencia, todos sus fueros, privilegios, exenciones y libertades fueron abolidos, equiparándolos a los del resto de la Corona. Felipe V justificó esta medida con el derecho de conquista y la rebelión, alterando la imposición y derogación de leyes.