Introducción: Durante el periodo entre 1833 y 1868 se produjo en España una transformación en la estructuración del Estado, dando lugar a una monarquía constitucional parlamentaria. Se transformó la propiedad feudal en propiedad privada capitalista y se asentó la libertad de contratación, industria y comercio. Surgió la burguesía agraria, fruto de la unión entre la vieja nobleza y la burguesía financiera, que impulsó el desarrollo del capitalismo. Este proceso fue largo y complejo. Se inició con una larga guerra entre carlistas e isabelinos, unida a los enfrentamientos entre partidos políticos, y culminó con una revolución que expulsó a la reina Isabel II del trono.

El Problema Dinástico y las Guerras Carlistas

El Pleito Dinástico

La muerte sin descendencia masculina de Fernando VII dio lugar a la aplicación de la Ley de las Partidas, que declaraba heredera al trono a Isabel II. Esta ley había sido excluida al llegar los Borbones a España, quienes, según el Auto Concordato de 1713, establecieron la ley sálica, excluyendo a las mujeres del trono. Sin embargo, Fernando VII invalidó esta ley anteriormente, publicando la Pragmática Sanción de 1830, año en el que nació su hija mayor, Isabel II, sancionando así la costumbre de las Partidas. Los carlistas, partidarios del derecho al trono de Carlos, hermano de Fernando VII, provocaron enfrentamientos entre liberales y carlistas. Finalmente, se privó a Don Carlos del trono y se estableció que Isabel II accedería al trono, pero, dado que apenas tenía 3 años, su madre se estableció como regente.

Apoyos Sociales y Planteamientos de Ambos Lados

Aunque algunos enfrentamientos comenzaron antes de morir el rey, tras su muerte se produjeron los primeros levantamientos. Por un lado, estaban los carlistas, integrados por la nobleza rural del País Vasco, Navarra, parte de Cataluña, Aragón y Valencia. La mayor parte eran propietarios empobrecidos y artesanos arruinados que temían la supresión de las fórmulas del Antiguo Régimen y la implantación de la uniformidad y la igualdad jurídica. Estos se agruparon como defensores de la monarquía absoluta, la preeminencia de la Iglesia católica y la conservación del sistema foral particularista.

Por otro lado, estaban los liberales, que apoyaban a Isabel II. Se dividían en las clases medias ilustradas, la aristocracia latifundista, la burguesía de negocios, artesanos y pequeños comerciantes, unidos a campesinos sin tierras que esperaban una transformación en la estructura agraria tradicional. Eran partidarios de un compromiso con la Corona que garantizase un tránsito al régimen liberal.

Desarrollo de la Guerra

La guerra se inició en el País Vasco y Navarra, y los carlistas controlaron el ámbito rural. Las ciudades de Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona permanecieron fieles a Isabel II y al liberalismo. El general Zumalacárregui reunió a unos 25.000 hombres, mientras que el general Cabrera (isabelino) unificaba a las partidas aragonesas y catalanas. Don Carlos recibió el apoyo de potencias absolutistas como Rusia, Prusia y Austria, que le enviaron dinero y armas. El gobierno de Isabel II contó con el apoyo de Inglaterra, Francia y Portugal.

La muerte de Zumalacárregui marcó el inicio de una reacción liberal, pero el general Espartero venció a las tropas carlistas en Luchana en 1836 y puso fin al sitio de la ciudad. El último periodo del conflicto estuvo marcado por la división ideológica del carlismo. Los transaccionistas se mostraron partidarios de llegar a un acuerdo con los liberales, mientras que los intransigentes eran partidarios de continuar la guerra. El general Maroto (transaccionista) firmó con Espartero el Convenio de Vergara en 1839, que recomendaba al gobierno la convocatoria de Cortes, el establecimiento de fueros en el País Vasco y Navarra, y la integración carlista en el ejército real. Esta guerra carlista radicalizó la vida política, intensificó el desorden y la inseguridad en las zonas rurales, y familiarizó al pueblo español con el heroísmo, la crueldad y la barbarie.

Nacimiento de los Partidos Políticos

Neutralizados los carlistas, el escenario político fue ocupado por los moderados, que pretendían la reconciliación con las antiguas clases dirigentes. Defendían la soberanía bicameral, concibiendo un poder legislativo bicameral en el que el Senado estaría integrado por miembros elegidos por la Corona, y el Congreso, elegido mediante sufragio censitario, apoyando a un Estado centralizado y un poder ejecutivo fuerte. Estaban integrados por la alta burguesía y por sectores de las clases medias.

Por otro lado, los progresistas defendían que la soberanía nacional residiera exclusivamente en las Cortes, aunque en la práctica defendían el sistema legislativo bicameral, pero limitando las prerrogativas al trono. Admitían el sufragio censitario y amparaban la libertad de prensa y el carácter democrático de los ayuntamientos, creando un modelo municipal democrático y la Milicia Nacional. Estaban integrados por las clases medias y artesanas de la ciudad, junto a pequeños comerciantes, participando en el poder en periodos muy cortos. Para dar estabilidad al Estado, ambos admitían la constitución, el sufragio censitario, la opinión pública y las libertades individuales.

Periodos Políticos Durante el Reinado de Isabel II

La muerte de Fernando VII abrió un largo periodo de transformación de la vida política española, que dio lugar al nacimiento y a la consolidación de nuevas estructuras políticas, económicas, sociales y culturales. Dentro del reinado de Isabel II se distinguen 2 etapas: la minoría de edad de Isabel II y la era Isabelina.

Minoría de Edad de Isabel II (1833-1843)

La Regencia de Mª Cristina (1833-1840)

Se trató de un comienzo difícil por la falta de coherencia entre partidos políticos y la estructura social del país, debido a una débil burguesía y una gran masa campesina. En el Estatuto Real de 1834 se plasma un régimen basado en la soberanía de las 2 instituciones históricas y la formación de estas en 2 cámaras distintas: la Cámara de los Próceres, integrada por la aristocracia y el alto clero, y la Cámara de los Procuradores, elegida por sufragio censitario. Este estatuto no plasmaba la soberanía nacional y el reconocimiento de los derechos fundamentales del individuo.