Tradición y Revolución en la España del Siglo XIX
La sociedad española del siglo XIX, heredera del Antiguo Régimen, se caracterizaba por su estructura estamental, la desigualdad jurídica y un sistema señorial donde los señores ejercían amplios poderes. Los Reyes Católicos ya habían iniciado un proceso para revertir los beneficios señoriales a la corona, buscando limitar la autonomía de estos señoríos. Sin embargo, este modelo de organización política, social, económica y jurídica sería reemplazado en Europa por uno nuevo, impulsado por la burguesía.
En esta nueva sociedad, se eliminarían los estamentos privilegiados, se establecería una ley única e igual para todos y se proclamaría la igualdad jurídica. Se impuso la libre liberación de bienes, se suprimió el régimen señorial y las monarquías o repúblicas se regularon bajo una norma fundamental (Constitución). Existe un debate sobre si este cambio fue un proceso revolucionario o una transformación gradual.
La Revolución Francesa, con su doble vertiente (proletaria y burguesa), influyó en la España de Carlos IV y Godoy. La sociedad española se dividió en tres sectores:
- Una minoría que rechazaba las ideas revolucionarias por considerarlas anticatólicas.
- Un grupo que apoyaba cualquier cambio para transformar España.
- Otra minoría que buscaba un cambio combinando elementos positivos del exterior y del interior.
Se puede hablar de una revolución burguesa en España como un proceso estructural que transformó las bases del Antiguo Régimen y sentó las bases del nuevo régimen burgués, tanto en lo político (estado liberal) como en lo económico (liberalismo económico). Este proceso en España no siguió el modelo francés, sino que se adaptó a las características de la sociedad española. Se pueden distinguir tres grandes etapas:
1. Periodo de las Frustraciones (1808-1833)
Durante esta fase, la ideología revolucionaria se plasmó en textos radicales y liberales, como los decretos de las Cortes de Cádiz de 1812, que buscaban transformar la estructura política e ideológica de España mediante la soberanía nacional. Sin embargo, la llegada de Fernando VII en 1814 supuso la abolición de estos logros y la restauración del absolutismo (Sexenio Absolutista). En 1820, un levantamiento militar obligó a Fernando VII a restablecer las Cortes de Cádiz, dando inicio al Trienio Liberal. No obstante, la intervención de otras monarquías autocráticas (Rusia, Alemania y Francia) acabó con el Trienio Liberal y reinstauró el absolutismo, dando paso a la Década Ominosa.
2. Triunfo Liberal (1833-1843)
En esta etapa, los liberales lograron consolidar su poder en España. Se estableció la primera legislación que permitió el despegue económico gracias a la introducción de capitales extranjeros.
3. Etapa Democrática (1868-1874)
Se intentó instaurar un régimen democrático, alcanzándose alianzas entre la burguesía y las clases populares.
Liquidación de las Bases Económico-Sociales del Antiguo Régimen: Señoríos, Mayorazgos y Desamortización
El decreto del 6 de agosto de 1811 de las Cortes de Cádiz abolió el régimen señorial. Este decreto incorporó a la nación todos los señoríos jurisdiccionales y suprimió las prestaciones personales y reales derivadas de la jurisdicción señorial, exceptuando aquellas provenientes de contratos libres en uso del derecho de propiedad. Los señoríos territoriales pasaron a ser propiedad particular, salvo aquellos que, por su naturaleza, debían incorporarse a la nación o aquellos cuyos títulos de adquisición no cumplieran las condiciones establecidas. Los contratos entre antiguos señores y vasallos se consideraron contratos particulares.
El decreto también suprimió los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos (monopolios de caza, pesca, molinos, etc.) que tuvieran origen señorial, quedando disponibles para el uso de los pueblos.
La Desvinculación de los Mayorazgos
La ley del 11 de octubre de 1820 suprimió todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y cualquier otra forma de vinculación de bienes raíces, restituyéndolos a la condición de libres. Aunque esta ley fue derogada por Fernando VII en 1824, la reina gobernadora la restableció en 1833, poco después de la muerte del monarca, derogando también la regulación del derecho de integración del precio de los bienes vinculados al mayorazgo. En las primeras Cortes del Estatuto Real, se presentó una petición para eliminar los mayorazgos con rentas inferiores a 3000 ducados anuales. Con la llegada de Mendizábal al poder en 1836, se restableció la ley desvinculatoria de 1820, aunque el decreto de 1836 fue tachado de inconstitucional y revolucionario.
La Desamortización
Los bienes en manos de la Iglesia y de los ayuntamientos, que no podían ser enajenados y estaban fuera de la circulación, se denominaban «bienes amortizados». La desamortización buscaba liberar estos bienes para ponerlos en circulación. Se define como el largo e intermitente proceso por el cual una gran cantidad de fincas rústicas y urbanas, pertenecientes hasta el fin del siglo XVIII a entidades eclesiásticas y municipales, fueron convertidas en bienes nacionales y vendidas.
La primera disposición desamortizadora fue el Real Decreto de 1836, que declaró en venta todos los bienes raíces de las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas del clero regular. La segunda disposición fue obra de Mendizábal en 1837, que dispuso la adjudicación a la nación de todas las propiedades del clero secular, convirtiéndolas en bienes nacionales. Estas medidas fueron frenadas por los moderados a finales de 1837 y restablecidas con la ley del 2 de septiembre de 1841, bajo el gobierno de Espartero.
La última operación desamortizadora tuvo lugar durante el Bienio Progresista, declarando en venta todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes al Estado, entre otros.
La Consolidación del Estado Liberal (1843-1856)
La Década Moderada (1843-1854)
Los primeros años del reinado de Isabel II se caracterizaron por un estancamiento de las reformas y una política conservadora. Los progresistas pasaron a la oposición, mientras que los moderados, liderados por el general Narváez, accedieron al poder con el apoyo de la reina. A pesar del carácter moderado del gobierno, no se produjo un retroceso en la consolidación del régimen liberal. El absolutismo y el Antiguo Régimen quedaban atrás, y ni Isabel II ni Narváez pretendían restablecerlos.
Las desamortizaciones y otros cambios en la propiedad de la tierra fueron respetados. La burguesía revolucionaria se transformó en conservadora, temerosa de la agitación social. Se aprobó una nueva Constitución en 1845, que proclamaba la soberanía compartida entre la Corona y las Cortes (Congreso y Senado). El sufragio fue muy restringido, limitado a los grandes propietarios. Las nuevas leyes reafirmaron el carácter conservador del nuevo estado liberal.
Este gobierno se caracterizó por sus relaciones con la Iglesia y el orden público. El Concordato con la Santa Sede de 1851 resolvió el pleito iniciado con la desamortización de Mendizábal. La Iglesia reconoció la validez de los nuevos propietarios, recuperó los bienes no vendidos y obtuvo el compromiso estatal de sufragar al clero. Se declaró la religión católica como la única y oficial del estado español, y se reconocieron a la Iglesia labores de gran consideración, como la enseñanza, que permaneció vigente hasta 1931.
El gobierno disolvió las milicias nacionales y creó la Guardia Civil, el primer cuerpo profesional de policía, destinado a cometidos civiles en medios rurales.
El Bienio Progresista (1854-1856)
En 1854, los progresistas y la Unión Liberal accedieron al poder mediante un pronunciamiento y revueltas populares. Espartero formó un nuevo gobierno. Los progresistas modificaron la Constitución, pero mantuvieron disposiciones clave como el Concordato y la Guardia Civil. El gobierno progresista, que duró solo dos años, emprendió reformas económicas decisivas para la consolidación del nuevo régimen. Se decretó la desamortización de los bienes comunales o municipales y se aprobaron leyes de carácter financiero e inversionista.
El gobierno progresista también amplió las libertades, permitiendo la formación de sindicatos obreros. Sin embargo, la inestabilidad social llevó al general O’Donnell al poder en 1856.