Crisis del Antiguo Régimen. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

En 1788 España mantiene rasgos de una sociedad feudo-señorial. El modelo político del absolutismo ilustrado es incapaz de resolver los problemas estructurales de la sociedad española. Además, la influencia revolucionaria de Francia y su intervención en España agudizó las contradicciones de una sociedad en crisis.

El levantamiento del pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808 marca el inicio de la Guerra de la Independencia (1808-1814). Este movimiento tuvo un doble significado. Por una parte, Guerra de liberación ya que gran parte del pueblo español luchaba contra la Invasión Napoleónica. Y por otra parte, un movimiento revolucionario en el que la sociedad española buscaba la posibilidad de establecer un nuevo orden liberal. Esta última vertiente de la guerra gira en torno a Cádiz, ciudad refugio protegida por los ingleses que se convierte en el símbolo del cambio.

Como consecuencia de esta guerra, la inmensa mayoría del país no reconoció a José I como rey de España y, ausente Fernando VII, el rey legítimo, se provoca un vacío de poder que dio lugar al surgimiento de la Junta Suprema Central (septiembre de 1808) con el objetivo de dirigir la guerra y poner las bases de la Revolución liberal burguesa. En enero de 1810 la Junta, refugiada en Cádiz, traspasó sus poderes a un Consejo de Regencia. Este convocó Cortes y en septiembre de 1810 se reunían como Asamblea Constituyente y revolucionaria.

Los diputados de las Cortes llegaron a los 300 miembros. En el Congreso de los Diputados predominaron los intelectuales, funcionarios, militares privilegiados y burgueses comerciales e industriales. No había ni mujeres ni campesinos. Surgieron dos tendencias: los liberales, partidarios de cambios, y los absolutistas, llamados despectivamente «serviles», partidarios del viejo orden. La tendencia liberal se fue imponiendo en los primeros debates.

Aunque la Constitución es su gran trabajo, no por ello dejaron de aprobar una serie de decretos que desmantelan el Antiguo Régimen y que establecen un nuevo orden liberal en España:

• La libertad de imprenta
• La abolición de los señoríos jurisdiccionales
• La derogación de los gremios
• La abolición de la Inquisición
• La supresión de la Mesa

Finalmente, en 1812 se aprobó lo más importante de la obra legislativa realizada en Cádiz: la Constitución de 1812 en ausencia de Fernando VII. Establecía los principios del liberalismo. En ella se proclama:

• Soberanía nacional
• Separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial
• La forma de gobierno es la monarquía hereditaria
• Declaración de derechos y deberes
• Confesionalidad del Estado
• Estado centralizado: burocracia centralizada, fiscalidad común, ejército nacional y mercado libre de aduanas
• Igualdad de derechos para los ciudadanos, incluidos los de América

Aunque es un símbolo del liberalismo radical, «La Pepa» reflejaba el influjo de la religión y de la nobleza. Es un texto que se convirtió en modelo para las próximas constituciones españolas, europeas y americanas. La «Revolución legal» quedaba hecha pero el pueblo había permanecido al margen del proceso, como se demostró cuando la mayoría de la población aclamó a Fernando VII cuando se restaura el absolutismo.

A pesar de su corta e intermitente vigencia (1812-1814, 1820-1823, 1836-1837), representa el punto de partida del constitucionalismo español. En ella es posible encontrar claras reminiscencias del Antiguo Régimen y conceptos revolucionarios para su época.

A la muerte de Fernando VII y a lo largo del reinado de Isabel II, se implantó definitivamente el régimen liberal diseñado en Cádiz en su vertiente política, económica y social.

Construcción y consolidación del Estado Liberal

Entre 1833 y 1874 se producen una serie de cambios políticos, sociales y económicos. España se incorporaba a la nueva realidad mientras en Europa occidental se consolidaban los logros de la Revolución liberal a través de los procesos revolucionarios de 1820, 1830 y 1848. Al acabar el reinado de Isabel II y bajo la hegemonía de la burguesía, clase social dominante, se había instaurado definitivamente el liberalismo político y se habían sentado las bases del capitalismo liberal y de la sociedad burguesa.

A la muerte de Fernando VII se iniciaba una Guerra Civil que comenzó siendo un conflicto dinástico pero que en realidad fue un enfrentamiento ideológico entre los defensores del Antiguo Régimen (Carlistas) y partidarios de las reformas (liberales) que acabó con la derrota definitiva del carlismo (1833-1840, 1846-1849, 1872-1876).

El liberalismo se había escindido en dos tendencias: el modelo moderado defendía la construcción de un Estado centralizado en el que la monarquía es una institución clave, el poder debe estar controlado por los «más capacitados», dejando al margen a gran parte de la población. El sufragio censitario determina los límites de la participación política. Por otro lado, el modelo progresista, plantea un programa más reformista sustentado en principios tales como la descentralización, el menor protagonismo de la Corona, un sufragio menos restringido que lo que defendían los moderados…

Durante las regencias de María Cristina (1834-1840) y Espartero (1840-1843) y el reinado personal de Isabel II (1844-1868) se impuso la tendencia moderada que gobernó bajo la vigencia de la Constitución de 1845 y desplazó a los progresistas del poder, salvo en el Bienio Progresista (1854-1856). O’Donnell, pero sobre todo Narváez, serán los apoyos de una reina que fue perdiendo crédito.

En la década de los 60 el moderantismo no responde a las demandas sociales y de participación. La corrupción, el favoritismo y el malestar generado por una fuerte crisis financiera y de subsistencia desembocó en la firma del Pacto de Ostende (1867) en el que las fuerzas de la oposición defendían la destrucción de lo existente y la construcción de un nuevo orden: la Revolución de Septiembre de 1868 provocaba la caída de la dinastía borbónica y ponía las esperanzas en la construcción de un régimen democrático contrapuesto al rígido moderantismo.

Se quería poner fin al régimen de los generales y dar paso al triunfo de la sociedad civil.

En los años que siguieron no se pudieron conseguir los objetivos y la gran inestabilidad política desembocó en el proceso del Sexenio Democrático (1868-1874) lo que propició la restauración de los Borbones en la figura de Alfonso XII, hijo de la reina destronada y cuyo artífice fue Cánovas del Castillo.

A la vez que se instauraba definitivamente el liberalismo político se ponían las bases del capitalismo, sistema económico de la burguesía cuyo objetivo es la felicidad y el medio para alcanzarla es la propiedad privada. La labor del Estado es garantizar el derecho a la propiedad y la proporción de la libertad necesaria para poder ejercerlo.

Esto supuso el inicio de un proceso que, aunque había comenzado en el siglo XVIII, llega a su punto culminante en este periodo con la desamortización por antonomasia de Mendizábal a partir de 1836, fundamentalmente eclesiástica, y la general de Madoz, de 1855. La desamortización fue una pieza clave de la revolución liberal burguesa. La nacionalización y posterior venta en subasta de tierras desamortizadas significó la entrada en el mercado, como propiedad libre, de muchas fincas que hasta ese momento estaban fuera de él sin que se pudieran comprar ni vender.

La tierra se convertía en una mercancía libre y cambiaba el régimen de propiedad. Desaparecía la propiedad vinculada y se generalizaba la propiedad capitalista (privada). La desamortización aportó al Estado grandes sumas de dinero y la eliminación de buena parte de la deuda pública pero, el cambio de régimen de propiedad no significó una transformación rotunda de la estructura de la propiedad agraria. La burguesía sería la mayor beneficiaria y la Iglesia la gran perjudicada junto con los campesinos más humildes.

El cambio de propiedad permitió iniciar el camino de la industrialización. A partir de los años 40 y hasta la década de los 70 entraron capitales y técnicas del extranjero (principalmente de Gran Bretaña y Francia) y la nueva burguesía española comenzó a invertir.

La industria textil catalana (algodón) experimentó un gran desarrollo junto con una incipiente siderurgia andaluza (Altos hornos de Málaga y Marbella) y el auge de la cuenca minera asturiana. La expansión del ferrocarril debía ser el indicador más fiable del grado de industrialización. La Ley de Ferrocarriles (1855) eliminó los aranceles a las importaciones de material ferroviario y concedió privilegios a las compañías explotadoras favoreciendo la entrada de capital extranjero.

La red ferroviaria se construyó con rapidez pero se había empezado demasiado tarde lo que colocó a España en una posición de desventaja.

Todo este proceso de cambios políticos y económicos, llevaría al definitivo asentamiento de la sociedad clasista que iba a sustituir a la sociedad estamental del Antiguo Régimen. La igualdad de todos los individuos y su aspiración a la felicidad por medio del binomio riqueza-propiedad, iría conformando un nuevo esquema social donde cada persona asciende o desciende según sus propios méritos y en el que quedan suprimidos los privilegios que no permitían la movilidad social.

El proceso hacia la construcción de una España liberal fue lento y frágil a causa de la inestabilidad del periodo y a la fuerte resistencia de los privilegiados ante una débil burguesía. La España del último cuarto del siglo XIX mostraba un claro atraso en relación a los países desarrollados de la Europa Occidental. A pesar de ello, el Antiguo Régimen que habían empezado a cuestionar los diputados de Cádiz en 1812 queda definitivamente estancado.