La Evolución de la Población y de las Ciudades
El siglo XIX en España se caracterizó por un crecimiento demográfico lento pero constante en comparación con otras naciones europeas. Esto se debió en gran medida a un modelo demográfico antiguo arraigado en el país, con altas tasas de natalidad y mortalidad que limitaron el crecimiento poblacional. La alta mortalidad y la baja esperanza de vida estaban vinculadas al subdesarrollo económico y social, así como a las condiciones sanitarias precarias.
Las crisis de subsistencia, las epidemias periódicas y las guerras, tanto coloniales como internas, fueron factores clave que contribuyeron a la alta tasa de mortalidad en España durante el siglo XIX. Las condiciones de vida precarias, las malas cosechas, las enfermedades epidémicas y la elevada mortalidad infantil también desempeñaron un papel importante en este aspecto.
A pesar de que algunas regiones, como Cataluña, comenzaron a experimentar una transición hacia un modelo demográfico más moderno, el país en su conjunto enfrentó dificultades para superar sus problemas demográficos. Las crisis de subsistencia, causadas por malas cosechas y condiciones climáticas adversas, fueron recurrentes a lo largo del siglo XIX, lo que contribuyó a mantener altas tasas de mortalidad en la población.
La emigración también fue un fenómeno importante durante este período. Aunque los movimientos migratorios al exterior estuvieron prohibidos hasta 1869, muchos españoles emigraron hacia América Latina, especialmente a Argentina y Venezuela, en busca de mejores condiciones de vida. Además, hubo una emigración forzosa por motivos políticos, con personas que se vieron obligadas a exiliarse a Francia o Inglaterra debido a conflictos internos en España.
La estructura demográfica de España estaba desequilibrada, con la mayoría de la población dedicada al sector primario, como la agricultura. Solo una pequeña proporción de la población estaba involucrada en el sector secundario, que experimentó una débil industrialización durante este período. El sector terciario también estaba poco desarrollado.
El éxodo rural, es decir, la migración de las zonas rurales a las áreas urbanas, fue un fenómeno importante durante el siglo XIX. Esto fue acompañado por una revolución agrícola e industrial, que contribuyó al desarrollo urbano en algunas regiones de España, como Cataluña, Valencia, Asturias y Vizcaya.
Sin embargo, el éxodo rural también generó desequilibrios entre la periferia y el interior peninsular. Las ciudades como Madrid y Barcelona experimentaron un crecimiento significativo de población, lo que condujo a la aparición de problemas como el hacinamiento y la falta de vivienda.
En Madrid, junto con Barcelona, se produjo una transformación urbana significativa con la construcción de ensanches y suburbios periféricos. A pesar de este crecimiento urbano, España seguía siendo principalmente un país rural, con solo una pequeña proporción de la población viviendo en ciudades.
La vida en las ciudades durante este período era difícil para muchas personas, especialmente para los trabajadores industriales y los campesinos que se habían trasladado a las áreas urbanas en busca de empleo. El hacinamiento, la falta de vivienda adecuada y las condiciones insalubres contribuyeron a una alta tasa de mortalidad en las ciudades españolas durante el siglo XIX.
El ejército adquirió una gran importancia durante este período como garante del orden público en un momento de inestabilidad política en España. La burguesía capitalista y la nobleza apoyaron al ejército, ya que deseaban proteger sus propiedades y mantener el status quo.
La nobleza española mantuvo su prestigio social durante el siglo XIX, a pesar de los cambios políticos y sociales que tuvieron lugar en el país. Aunque el liberalismo proclamaba la igualdad ante la ley, la nobleza seguía ejerciendo una gran influencia en la sociedad española, especialmente en el ámbito económico y político.
La iglesia perdió gran parte de su poder económico y político durante el siglo XIX, ya que pasó a depender más del Estado. Los nuevos políticos, funcionarios y empresarios que surgieron durante este período formaron parte de una clase media emergente que abogaba por el progreso económico y político en España.
Desamortizaciones: La España Rural del Siglo XIX
Las desamortizaciones en España fueron procesos en los que el Estado tomaba posesión de bienes, generalmente provenientes de derechos feudales, para convertirlos en propiedad nacional y ponerlos en el mercado. Comenzaron con Carlos III, quien desamortizó los bienes de los jesuitas, y continuaron con Carlos IV, Godoy y los Decretos de las Cortes de Cádiz entre 1811 y 1813. Estos intentaron liberar tierras amortizadas por derechos feudales.
Luego siguieron las desamortizaciones de Mendizábal en 1836, centradas en bienes eclesiásticos, y la de Madoz en 1855, que abarcó bienes de propiedad colectiva.
Desamortización de Mendizábal (1836)
La desamortización de Mendizábal, motivada por la necesidad de fondos para la guerra carlista y la estabilización económica, expropió los bienes del clero regular en 1836, seguidos por los del clero secular en 1837. Sin embargo, su ejecución total tuvo lugar más tarde, durante la regencia de Espartero en 1841. Los objetivos incluyeron:
- Obtener fondos para el Estado.
- Modernizar la agricultura.
- Cambiar la estructura de la propiedad de la tierra.
Desamortización de Madoz (1855)
La desamortización de Madoz, durante el gobierno de Espartero, se enfocó en la «Desamortización General», vendiendo bienes de propiedad colectiva, propios y comunales. Su propósito principal era impulsar la industrialización del país, mejorando la productividad agrícola y creando un proletariado agrícola. Sin embargo, esto no condujo a un desarrollo industrial significativo debido a varios factores, como:
- Inestabilidad política.
- Pérdida de colonias.
- Falta de materias primas.
- Atraso tecnológico.
A pesar de los intentos de modernización, la agricultura seguía siendo fundamental, pero su bajo dinamismo y productividad limitaron su capacidad para impulsar la economía. Los sectores industriales, como la industria textil del algodón en Cataluña y la industria siderúrgica en Asturias y Vizcaya, enfrentaron desafíos como la competencia extranjera y la falta de tecnología.
La Revolución Industrial no tuvo éxito en España debido a diversos obstáculos, como la falta de demanda interna, la dependencia exterior en tecnología y materias primas, y la escasez de capitales. A pesar de los esfuerzos por modernizar la economía, la estructura agraria siguió siendo predominantemente minifundista en el norte y latifundista en el centro y sur, lo que limitó el desarrollo industrial.
Durante el sexenio democrático (1868-74), todas las minas de España fueron desamortizadas y subastadas por el estado, pasando a ser explotadas por empresas extranjeras. Esto condujo a una colonización económica del país, con una balanza comercial deficitaria basada en la exportación de materias primas e importación de productos elaborados. A pesar de una red de carreteras y caminos deficientes, el transporte fluvial y marítimo mejoró con la navegación a vapor y la modernización de los puertos.
Construcción del Ferrocarril
La construcción del ferrocarril en España, regulada por la Ley de Ferrocarriles de 1855, permitió la entrada de capitales extranjeros. Sin embargo, la red ferroviaria resultante tenía un ancho de vía mayor que el europeo, dificultando las comunicaciones. Las empresas constructoras, mayormente francesas, inglesas y belgas, recibieron subsidios estatales a cambio de derechos de explotación durante 99 años, pero utilizaron materiales de baja calidad y obtuvieron escasos beneficios.
A pesar de esto, se mejoraron las comunicaciones regionales, facilitando la constitución de un mercado nacional. Las medidas para eliminar barreras fiscales comenzaron con las Cortes de Cádiz, suprimiendo gremios y derechos de paso. Sin embargo, regiones como el País Vasco mantuvieron regímenes fiscales propios hasta 1876. Se adoptó el sistema métrico decimal y la peseta como moneda para favorecer los intercambios comerciales.
Comercio Exterior y Finanzas
El comercio exterior se basaba en la exportación de materias primas, especialmente a Francia y Gran Bretaña. La política comercial fue proteccionista, beneficiando a grupos industriales catalanes, vascos y cerealistas castellanos, pero perjudicando a los consumidores, que demandaban una política librecambista.
En el ámbito financiero, el Banco Nacional de San Carlos, fundado para administrar la deuda pública del rey Carlos III, quebró a principios del siglo XIX, siendo reemplazado por el Banco Español de San Fernando. En 1856, se estableció el Banco de España, con monopolio de emisión de billetes desde 1874. Los primeros bancos privados surgieron después de 1855, vinculados a la construcción ferroviaria. Anteriormente, existían las Cajas de Ahorros, con un carácter más asistencial y de fomento del ahorro entre las clases medias y trabajadoras, siendo la más antigua la de Madrid, fundada en 1838. Tras la crisis económica de 1866, solo quedaron cuatro bancos privados importantes, enfocados en prestar dinero al Estado en forma de Deuda Pública en lugar de inversiones productivas.