La Transición a la Democracia

Con el fallecimiento de Franco en 1975, comenzó el periodo conocido como la Transición. El rey Juan Carlos I asumió la Jefatura de Estado. A partir de entonces se sucedieron cambios sustanciales, culminados con la aprobación de la Constitución de 1978, que transformaron España en una monarquía constitucional. En su discurso de proclamación como jefe de Estado, Juan Carlos I dejó entrever vagamente su voluntad democrática. No obstante, el rey actuó con gran prudencia y decidió mantener en el cargo al que había sido presidente del último gobierno de Franco, Carlos Arias Navarro. Este hecho decepcionó a la oposición democrática y a buena parte de la sociedad española, que sufría además las consecuencias de una grave crisis económica iniciada en 1973.

El Rey, tras los sucesos de Vitoria, consciente de que Arias se negaba a emprender una auténtica reforma política, le forzó a dimitir. Al elegir a su sucesor, Juan Carlos I tomó una decisión crucial: nombró a Adolfo Suárez, un joven político del régimen que estaba, sin embargo, dispuesto a transformarlo (julio de 1976). Suárez apostó claramente por el cambio de régimen. El proyecto de cambio se concretó en la Ley para la Reforma Política. Se trataba de una ley transitoria, con rango de Ley Fundamental, que establecía el procedimiento para la creación de unas nuevas Cortes elegidas por sufragio universal y directo. Como Ley Fundamental, requería la aprobación de las Cortes franquistas y un referéndum. Sorprendentemente, una amplia mayoría de las Cortes la aprobó.

Mientras avanzaba el proceso de democratización, creció también la violencia política. Los GRAPO y ETA intensificaron sus acciones terroristas. En junio de 1977, más de cuarenta años después, se celebraron elecciones libres en España. Venció Unión de Centro Democrático (UCD), el partido creado por Adolfo Suárez. El PSOE de Felipe González se convirtió en la segunda fuerza. En menor medida, también obtuvieron representación el PCE, los nacionalistas catalanes y vascos, y Alianza Popular de Fraga.

España caminaba hacia la democracia en medio de una grave crisis económica: la inflación y el paro no dejaban de aumentar, y el déficit creciente de la balanza de pagos amenazaba con llevar a la quiebra a la economía española. Ante esa situación, se alcanzó un gran pacto social, los llamados “Pactos de la Moncloa”, que garantizaron la estabilidad social mientras se elaboraba la Constitución.

El Estado de las Autonomías y su Evolución

El aspecto más relevante y controvertido, sin embargo, fue la estructura territorial del Estado. La Constitución establece una estructura del Estado descentralizada –Estado de las Autonomías–, pero garantiza al mismo tiempo la unidad de España. La Constitución diseña un Estado descentralizado atendiendo, sobre todo, a las reivindicaciones de autonomía de Cataluña y el País Vasco.

Se establece la posibilidad de acceder al estado autonómico por vías diferentes:

• La “vía rápida” permitía el acceso inmediato al autogobierno a las llamadas “nacionalidades históricas” (Cataluña, País Vasco y Galicia); más adelante se sumó a esta vía Andalucía (tras la celebración de un referéndum en 1980).
• La “vía lenta” fue la utilizada por el resto de comunidades que poco a poco se sumaron al autogobierno.

Cataluña y el País Vasco accedieron a la autonomía en 1979 y el resto de comunidades entre 1981 y 1983. A continuación, se inició el proceso de transferencia de competencias. En la actualidad, todas las comunidades se autogobiernan mediante su propio parlamento legislativo, elegido por sufragio, y un presidente autonómico, nombrado por dicho parlamento.

La Constitución de 1978

Una de las tareas prioritarias de las Cortes fue la elaboración de una Constitución. Se nombró a siete diputados para redactar el borrador. De este grupo de siete diputados se excluyó al PNV, lo que traerá consecuencias en el futuro. El proceso de elaboración de la Constitución fue bastante largo y hubo bastantes discrepancias y tensiones. Pero finalmente el proyecto fue aprobado por las Cortes con 551 votos de 598 posibles. El 6 de diciembre de 1978, el proyecto de Constitución fue sometido a referéndum. Con una participación del 67%, los españoles respaldaron masivamente la Constitución, con un 87,8% de los votos a favor y un 7,8% en contra.

Características de la Constitución de 1978

La Constitución consta de 169 artículos. En su contenido destaca:

1. Se define al Estado Español como “social y democrático de derecho” y fija un sistema de monarquía parlamentaria. Se configura un Estado con una división de poderes: ejecutivo (Gobierno), legislativo (Cortes) y judicial (jueces).
2. La soberanía popular y los principios de libertad, igualdad y pluralismo político.
3. Establecimiento en España de una Monarquía Constitucional.
4. Reconocimiento de un amplio reconocimiento de libertades y derechos sociales. Se abolió la pena de muerte, se reconoce el derecho a la huelga y a la sindicalización.
5. Se define España como un Estado descentralizado, cuya unidad es compatible con el reconocimiento de autonomía de las regiones y nacionalidades que la integran.
6. Se establece un sistema de garantías para el cumplimiento de la Constitución y para el ejercicio de las libertades, mediante la creación de un Tribunal Constitucional y la figura del Defensor del Pueblo.
7. El texto declara la aconfesionalidad del Estado, aunque teniendo en cuenta la religiosidad de los españoles y la cooperación con la Iglesia Católica.

La Transición entre 1978 y 1982

Tras la aprobación de la Constitución, el gobierno optó por disolver las Cortes y convocar elecciones generales en marzo de 1979. Los resultados fueron muy similares a los de 1977, con un nuevo triunfo de la UCD por mayoría simple. La nueva legislatura estuvo marcada por la sucesión de crisis políticas y económicas.

En enero de 1981, Adolfo Suárez dimitió, cuestionado por su propio partido (fracaso en elecciones autonómicas y municipales), acosado por la oposición (moción de censura del PSOE) y presionado por los militares (que le acusaban de no atajar el terrorismo y de romper la unidad de España). El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Tejero asaltó el Congreso de los Diputados, mientras tenía lugar la votación para nombrar a Leopoldo Calvo Sotelo nuevo presidente del gobierno. El intento de golpe de Estado fracasó por la oposición del rey y la falta de apoyos militares.

El gobierno de Calvo Sotelo, pese a su brevedad (1981 – 1982), aprobó algunas leyes de gran repercusión: la Ley del Divorcio y la integración de España en la OTAN. Calvo Sotelo, debilitado por las divisiones internas de la UCD, decidió adelantar las elecciones. En 1982, el PSOE, liderado por Felipe González, venció por mayoría absoluta en las elecciones generales. Con la alternancia de poder y el acceso de la izquierda al Gobierno, la Transición se da por concluida.