La Transición Española: De la Dictadura a la Democracia (1975-1982)
El reinado de Juan Carlos I comenzó en un clima de incertidumbre. Ni la oposición democrática ni los herederos del franquismo confiaban plenamente en él. El primer gobierno de la monarquía, presidido por Arias Navarro, un hombre vinculado a Franco, fue ampliamente criticado. Su gabinete, aunque heterogéneo (con figuras como Fraga), no presentó un programa político renovador, llegando incluso a alabar a Franco y su régimen. Se identificó progresivamente con los sectores inmovilistas, conocidos como el «búnker».
La falta de liderazgo de Arias Navarro fue aprovechada por los medios de comunicación, que se manifestaron abiertamente a favor de la democracia y las autonomías. El gobierno tuvo que enfrentarse a numerosos desafíos:
- Constantes huelgas.
- Aumento del terrorismo (ETA y GRAPO).
- Rechazo del «búnker» a cualquier reforma.
Ante el temor de perder la iniciativa política, el rey cesó a Arias Navarro y nombró a Adolfo Suárez como nuevo presidente. Suárez demostró rápidamente ser un líder que comprendía los deseos de cambio de la sociedad española. Formó un gabinete con ministros jóvenes y de perfil reformista, logrando frenar a los defensores del franquismo y atraer a la oposición.
Obstáculos y Avances en la Transición
La actividad política de Suárez se vio obstaculizada por varios factores:
- El terrorismo, cuyo acto más dramático fue la matanza de cinco abogados laboralistas en la calle Atocha (Madrid).
- La «Operación Galaxia», un intento de golpe de Estado que involucró a militares y guardias civiles.
- La grave crisis económica, que provocó un aumento de las huelgas.
Para superar esta situación, el gobierno impulsó la Ley para la Reforma Política (LRP). Sus objetivos principales eran:
- Transformar el sistema normativo franquista en uno democrático.
- Establecer la soberanía popular.
- Convocar elecciones a Cortes por sufragio universal.
- Elaborar una Constitución.
- Garantizar los derechos fundamentales.
La LRP fue sometida a referéndum y entró en vigor el 4 de enero de 1977.
La Legalización de los Partidos Políticos y la «Platajunta»
La aprobación de la LRP planteó dos objetivos inmediatos: restablecer las libertades y convocar elecciones democráticas. Los partidos políticos, ilegales desde la muerte de Franco, necesitaban ser legalizados. La legalización del PCE fue una decisión clave asumida personalmente por Suárez.
Suárez formó la Unión de Centro Democrático (UCD), mientras que a su derecha se situaba Alianza Popular, liderada por Fraga. La oposición también se movilizó:
- En 1974 se creó la Junta Democrática Española.
- En 1975, la Plataforma de Convergencia Democrática.
- Ambas se unieron formando la «Platajunta».
La oposición defendía la ruptura democrática para acabar con el régimen franquista y exigía:
- Un gobierno provisional fuerte.
- Amnistía general.
- Libertades políticas.
- Reconocimiento de las nacionalidades históricas.
Las manifestaciones, especialmente intensas en la primavera de 1976, obligaron al gobierno a acelerar las reformas.
Los Pactos de la Moncloa y las Elecciones de 1977
Los Pactos de la Moncloa fueron la respuesta de las fuerzas políticas y sociales a la crisis económica. Sus dos grandes objetivos eran:
- Reformar y sanear la economía, afectada por la recesión, la falta de inversiones y el aumento del precio del petróleo.
- Garantizar las libertades de expresión, reunión y asociación.
El siguiente paso fue la convocatoria de elecciones. Según la LRP, las Cortes se componían del Congreso de los Diputados y el Senado. Con una participación superior al 78%, UCD obtuvo la mayoría de los votos, pero sin alcanzar la mayoría absoluta, lo que obligó a Suárez a negociar las reformas con otros partidos.
La Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías
La principal tarea de las nuevas Cortes fue la elaboración de una Constitución. La Comisión de Asuntos Constitucionales fue la encargada de redactarla. El texto fue aprobado en referéndum a finales de 1978.
La Constitución recogía las características esenciales de las democracias occidentales y definía a España como un Estado social y democrático de Derecho. Proclamaba:
- La soberanía nacional.
- La monarquía parlamentaria como forma de gobierno.
- Los derechos humanos.
- La aconfesionalidad del Estado.
Establecía la separación de poderes:
- Legislativo: Cortes.
- Ejecutivo: Gobierno.
- Judicial: Jueces y magistrados independientes.
En 1977, Suárez había iniciado el proceso preautonómico. Se restauró la Generalitat de Cataluña y se constituyó el Consejo General Vasco. La Constitución contemplaba dos vías de acceso a la autonomía:
- Vía rápida: Para las nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia, a la que se uniría Andalucía), permitiendo un mayor autogobierno.
- Vía lenta: Para el resto de las regiones.
El proceso autonómico, condicionado por la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), culminó con la creación de 17 Comunidades Autónomas, además de Ceuta y Melilla. La Constitución establece la indisoluble unidad de la nación española, aunque reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.