Los Últimos Años del Franquismo (1973-1975)
Los estertores del franquismo, entre 1973 y 1974, fueron muy agitados, ya que era evidente que el régimen era incapaz de adaptarse a los profundos cambios socioeconómicos experimentados por el país desde 1960. Por su parte, la oposición política había incrementado sus apoyos (movimiento obrero, universitarios, intelectuales, organizaciones políticas clandestinas del interior y las fuerzas del exilio…), lo que cada vez mostraba más claramente la imposibilidad del régimen de sobrevivir políticamente tras la muerte del dictador. Esto se agravó con el asesinato de Carrero Blanco y con el impacto económico de la crisis del petróleo. El gobierno del último presidente franquista, Carlos Arias Navarro, aunque había prometido una tímida liberalización («Espíritu del 12 de febrero»), se mostró incapaz de reformar un sistema dictatorial de casi cuatro décadas de existencia.
La Transición Democrática (1975-1982)
La muerte de Franco (20 de noviembre de 1975) abrió un período de gran incertidumbre conocido como la Transición. Juan Carlos I se convierte en el Jefe de Estado y Arias Navarro continúa en la presidencia. La Transición democrática tendría como remate el año 1977 (primeras elecciones), si nos referimos a una «transición corta», o bien, si nos referimos a una «transición larga», habría que destacar fechas como 1978 (Constitución), 1981 (intento de golpe de Estado) o 1982 (triunfo electoral del PSOE), como fechas de cierre de este proceso histórico.
Tras la dimisión de Arias Navarro (continuista por falta de apoyo del rey), el rey nombra a Adolfo Suárez como Presidente del Gobierno y a Torcuato Fernández Miranda como presidente de las Cortes. Suárez, que era uno de los llamados «aperturistas» o políticos del régimen anterior, partidarios de cambios tras la muerte de Franco, adopta medidas como la aprobación de una amnistía, disolución del Movimiento Nacional y del TOP, reglamentación del derecho a la huelga… Impulsará con Fernández Miranda la puesta en marcha de la Ley para la Reforma Política (LRP), que supondrá el fin definitivo del franquismo y el inicio del proceso para celebrar unas elecciones democráticas de forma legal («de la ley a la ley») evitando rupturas traumáticas. La aprobación por parte de las Cortes franquistas de esta Ley fue conocida como el haraquiri o suicidio de las Cortes franquistas, pues aprobaron su propia disolución.
La Ley para la Reforma Política, ratificada en referéndum popular el 15 de diciembre de 1976, ponía las bases para la legalización de los partidos políticos. La extrema izquierda y la ultraderecha apostaron por la violencia terrorista para hacer descarrilar este proceso y acelerar el camino hacia la revolución unos o el retorno a la dictadura militar otros. Se sucedieron secuestros y asesinatos de miembros del ejército por parte del GRAPO y ETA, y en enero del 77 se produjo la matanza de los abogados laboralistas de Atocha (vinculados al PCE) a manos de la ultraderecha. Tras la legalización del Partido Comunista de España en la Semana Santa de 1977, contra el parecer de la cúpula militar, el Presidente Adolfo Suárez convocó elecciones a Cortes Constituyentes el 15 de junio de 1977.
Las Primeras Elecciones Democráticas y la Constitución de 1978
Estas elecciones serían las primeras democráticas desde la Segunda República. Concurrieron a estos comicios numerosas formaciones. La victoria fue para la UCD (Unión de Centro Democrático), la formación política creada por Adolfo Suárez para seguir controlando el proceso de transición política, que buscaba integrar a las diferentes corrientes del centro-derecha partidarias del sistema democrático. La segunda fuerza más votada fue el PSOE. Tanto la formación creada por el antiguo ministro franquista Fraga Iribarne, Alianza Popular (que aglutinaba a la derecha más conservadora), como el PCE fueron las grandes perdedoras. Los partidos políticos extremistas quedaron fuera del hemiciclo. La población española votaba moderación y consenso, y rechazaba aquellas formaciones que recordaban al conflicto de la Guerra Civil.
Suárez dirigió el país hasta que dimitió en 1981. En estos años aseguró el proceso de cambio «legal y pacífico», dialogó con los agentes sociales y sindicatos para solucionar la crisis económica (Pactos de la Moncloa) y se redactó la Constitución de 1978.
El 6 de diciembre de 1978 se aprueba la vigente Constitución española, en cuya elaboración destacan Gregorio Peces-Barba (PSOE), Jordi Solé Tura (PCE), Manuel Fraga (Alianza Popular) y Gabriel Cisneros (UCD), considerados los padres de la Constitución. Es una constitución progresista, democrática y de consenso, que pretendía contentar a todas las fuerzas políticas, y que fue aprobada por el Senado y por el Congreso y en referéndum. Este texto definía España como un Estado Social y Democrático de Derecho. En la parte orgánica posee soberanía popular expresada mediante sufragio universal total; el poder ejecutivo dividido entre un Jefe del Estado (monarca – Monarquía Parlamentaria: «el rey reina pero no gobierna») y un presidente de gobierno escogido por el Parlamento; en el legislativo, Cortes bicamerales con Congreso de Diputados (sistema D’Hont) y Senado como cámara de representación territorial; judicial en los tribunales. Estado aconfesional y Estado unitario pero descentralizado, con la posibilidad de concesión de estatutos de autonomía y defensor de un modelo de economía mixta. En la parte dogmática garantiza amplios derechos y libertades (huelga, asociación, prensa…).
El Gobierno de Suárez y el Intento de Golpe de Estado (1979-1981)
Las elecciones convocadas tras la aprobación de la Constitución y celebradas en marzo de 1979 volvieron a reproducir casi los mismos resultados de junio de 1977: Adolfo Suárez, con la UCD, gana por mayoría simple; Felipe González, con el PSOE, se confirmó como posible relevo; Arzallus (PNV), y Pujol, (CIU), se consolidaron como líderes nacionalistas, pero fueron unas elecciones con mayor nivel de abstención, porque la gente estaba descontenta con los políticos por la inflación, el desempleo y el terrorismo.
Durante esta nueva etapa el gobierno de Suárez se encontró con numerosas dificultades, entre las que destacan las primeras elecciones municipales para poder democratizar los ayuntamientos, donde una coalición entre el PC y el PSOE les arrebató numerosas ciudades importantes (Madrid con Tierno Galván). La cuestión autonómica, resuelta con la solución de conceder autonomía para todas las regiones del Estado, el brutal aumento del terrorismo para provocar a los continuistas para frenar la vía reformista (ETA asesina más en 1978 que durante toda la dictadura), así como el impacto negativo de la segunda Crisis del petróleo de 1979 y el aumento de la conflictividad obrera, también fueron elementos erosivos para la UCD. Todos estos factores llevan a un desgaste enorme a Adolfo Suárez, que se vio acosado por la práctica totalidad de las fuerzas políticas (intento de moción de censura del PSOE) y de las fuerzas oligárquicas, que lo culpaban de toda la inestabilidad del período. Adolfo Suárez, el 19 de enero de 1981, presentó en la televisión su dimisión como Presidente de gobierno, provocando en los españoles una gran sorpresa, sobre todo porque el presidente dimitirá argumentando que el sistema democrático estaba en peligro.
El 23 de febrero, en la sesión de investidura del nuevo presidente Calvo Sotelo, un grupo de Guardias Civiles al mando del teniente coronel Tejero asaltaron el Congreso de Diputados. En paralelo, en Valencia, el capitán general Miláns del Bosch sacó los tanques a las calles e impuso el toque de queda. Según los golpistas, el rey estaba informado de todo, dando a entender su complicidad en el golpe, pero finalmente fracasó por la intervención pública del monarca en la que declaró su adhesión a la democracia recién creada y condenó la acción de los militares golpistas. Esta intervención televisada impidió la incorporación de nuevas unidades al golpe y obligó a los golpistas a entregarse. Ese día confluyeron dos tramas, una la protagonizada por Tejero, ya condenado anteriormente por otra intentona en diciembre del 78 (Operación Galaxia), vinculado a sectores inmovilistas del búnker franquista, y otra en la que estaba implicado el general Armada, que proyectaba un gobierno de concentración nacional. Las manifestación en la calle al día siguiente respaldando la democracia por parte de la sociedad española y la posterior victoria del PSOE en las elecciones de octubre del 82 alejaron para siempre las tentaciones golpistas de ese sector del ejército más conservador.
La Consolidación Democrática: Los Gobiernos Socialistas (1982-1996)
Durante el gobierno de Calvo Sotelo continúan las disensiones internas dentro de la UCD. Llevó a cabo reformas como la Ley del Divorcio y la entrada de España en la OTAN. Ante los problemas internos, convoca nuevas elecciones generales para octubre de 1982.
Las elecciones generales de octubre de 1982 provocaron un gran cambio en la vida política española, ya que la UCD se hundía estrepitosamente. Alianza Popular recibiría gran parte de sus votantes, obteniendo unos resultados históricos, pero la victoria sería para el PSOE de Felipe González con mayoría absoluta.
El éxito político de Felipe González («Por el cambio»), al lograr ser elegido presidente de gobierno (Alfonso Guerra, vicepresidente) cuatro veces seguidas (en 1982, 1986, 1989 con los votos de la mayoría absoluta del PSOE y en 1993, con el apoyo de los votos de CIU y PNV) resultó clave para la estabilidad y consolidación del sistema democrático en España. Los gobernantes socialistas aprovecharon sus mayorías absolutas para tratar de llevar adelante un programa de cambios con el objetivo de transformar a España en un Estado plenamente democrático y modernizarlo. Tenían dos ejes claros, el ingreso de España en la CEE y en la OTAN (que culmina en 1986) y la consolidación del Estado de bienestar. Para este fin hizo un profundo reajuste de la economía española para paliar los efectos de las crisis del petróleo (73 y 79) mediante una dura reconversión industrial que afectó fundamentalmente a los sectores maduros de la industria (naval y siderúrgica) y también una profunda reforma fiscal creando el IVA y el IRPF. Acometió también una amplia reforma de la enseñanza, de la sanidad y militar.
La Proyección Internacional de España
En 1992, la celebración de las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla supuso una campaña de proyección a nivel internacional, mostrando a España como un país moderno con una democracia consolidada. Después de los fastos del 92 comenzó un período de crisis económica que, unido al descrédito del PSOE por casos de corrupción por financiación ilegal (caso Filesa), práctica de terrorismo de Estado contra ETA (los GAL), apropiación indebida de los fondos reservados para la lucha contra el terrorismo por parte de altos cargos del Ministerio de Interior (caso Roldán), llevaron a su derrota electoral en el año 96 a manos del Partido Popular de José María Aznar.
Conclusión
Como conclusión, podemos afirmar que la consolidación de la transición democrática podemos atribuirla a causas endógenas (transvase de los inmovilistas a los reformistas debido principalmente a la crisis del petróleo y la necesidad de ingresar en la CEE) y exógenas (presión de la oposición externa rupturista). La culminación de este proceso está con la entrada de España, a la vez que Portugal, en la CEE y en la OTAN en el 86. Además, en 1982 tendrá lugar el mundial de fútbol en España y posteriormente los Juegos Olímpicos, ambos símbolos del desarrollo económico de un país y de su consolidación internacional iniciada en el proceso constituyente de 1978.